Política
Sucre acorrala a la Asamblea
y pone en duda la sesión
El Comité Interinstitucional instruyó movilizaciones para impedir la reinstalación de las sesiones de la Constituyente y los campesinos decidieron movilizarse para todo lo contrario. El MAS propuso modificar el Reglamento de Debates.
• ALTO NIVEL • Las máximas autoridades de Chuquisaca encabezaron la protesta ayer en Sucre.
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Después de casi tres meses de paralización, la Asamblea Constituyente intentará hoy reanudar sus sesiones en Sucre, acorralada por dos sectores chuquisaqueños que anunciaron movilizaciones, unos para impedir que la plenaria se reinstale y otros para garantizar que ocurra lo contrario.
Por una parte, el Comité Interinstitucional de Defensa de la Capitalidad Plena convocó a los sucrenses a movilizarse para impedir que se reinstale la plenaria, ante la posibilidad de que este escenario sirva para trasladar su trabajo a otra ciudad. Por otro lado, los campesinos anunciaron en una conferencia que se movilizarán para garantizar las plenarias en Sucre y además promover la aprobación de la última propuesta que hizo el Consejo Político para resolver el conflicto sobre la capitalidad plena.
En medio de este conflictivo escenario, fuentes de la Constituyente señalaron a La Razón que a las 7.00 de hoy se reuniría la directiva del foro para definir si la plenaria sesiona hoy en Sucre a partir de las 9.00, como señala la convocatoria, aunque también se conoció que no estaba descartada la posibilidad de que la plenaria sea suspendida si no existen las garantías para ello.
Anoche, los campesinos chuquisaqueños, a través de su dirigente Florentino Barrientos, anunciaron desde su sede su decisión de movilizarse en defensa de las plenarias en Sucre y para promover la aceptación de la propuesta del Consejo Político, para lo cual anunciaron que convocarían a los delegados nombrados por ese organismo. Luego, apareció en el lugar uno de ellos, Carlos Romero, además de la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte y otros masistas.
Paralelamente, en el teatro Gran Mariscal se mantuvo toda la noche una vigilia de autoridades departamentales y estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, con el objetivo de impedir la realización de la sesión, cuya agenda incluye en su tercer punto el tratamiento de la "definición del lugar de sesiones de la Asamblea Constituyente".
Mientras tanto, el MAS ensayaba fórmulas para acelerar el proceso de aprobación de la nueva Constitución y una de ellas sería la aprobación de artículos en bloque y ya no uno por uno.
Esta información fue revelada ayer a La Razón por el alto dirigente de la bancada masista, Armando Terrazas, quien también aclaró que este tema ´seguramente saldrá del debate´ de la plenaria. ´A estas alturas, no necesitamos discutir nada que no sea rápido y elemental´, justificó.
´Si seguimos el reglamento artículo por artículo, eso es casi imposible terminar hasta el 14 de diciembre´, enfatizó Terrazas.
La jornada de ayer se caracterizó por las intensas reuniones que sostuvieron oficialistas y opositores, cada cual por su lado, en oficinas de la Casa Argandoña, donde la bancada del MAS resolvió enviar una nota a la presidenta para solicitarle la modificación del reglamento general de debates y la conformación de la Comisión de Concertación.
La asambleísta Mirtha Jiménez explicó que ´hay temas que tenemos que tratar inmediatamente: uno, es la consideración del reglamento de debates en el artículo 50, 51 y 71´. Esos puntos se refieren al periodo de trabajo (de lunes a viernes), la duración de las sesiones (seis horas continuas) y la posibilidad de reconsiderar artículos a solicitud de un constituyente con el respaldo de otros 15. Redacción Sucre
Chuquisaca y el MAS aún negociaban
Intensas negociaciones se realizaban esta madrugada en Sucre para destrabar el conflicto de la capitalidad plena y reinstalar la plenaria de la Asamblea, mientras cerca de un centenar de personas, encabezadas por las principales autoridades, permanecían en una ruidosa vigilia frente al teatro Gran Mariscal.
A la medianoche, después de una prolongada reunión de la cúpula masista en la Federación de Campesinos, el asambleísta Carlos Romero se dirigió a la vivienda del abogado y asesor del Comité Interinstitucional, Germán Gutiérrez, quien previamente había sido delegado por el líder del movimiento chuquisaqueño, Jaime Barrón, junto con el vicepresidente del Comité Cívico, Luis Gantier, para escuchar la propuesta del MAS.
La Razón fue el único diario que estuvo en el lugar cuando, una hora y 15 minutos después, los negociadores abandonaban la casa de Gutiérrez, en el barrio Valle Hermoso, a la salida del aeropuerto. Redacción Sucre
LOS ARTÍCULOS QUE EL MAS QUIERE MODIFICAR
50 • "Las y los constituyentes desarrollarán sus actividades de acuerdo al siguiente cronograma: Tres semanas en la ciudad de Sucre, de lunes a viernes; una semana en sus departamentos y circunscripciones respectivas".
51 • "Las sesiones de la plenaria serán continuas por un máximo de 6 horas, pudiendo ser declaradas en cuarto intermedio a instancias de la presidencia de la directiva".
71 • "La plenaria de la Asamblea Constituyente podrá reconsiderar un tema aprobado, siempre que lo solicite una o un constituyente, respaldado por otros quince miembros. La aprobación será con el voto de dos tercios de los presentes. La solicitud deberá ser presentada por escrito a la directiva de la Asamblea Constituyente, con 48 horas de anticipación a su tratamiento en plenaria". Son artículos del reglamento de debates de la Constituyente.
CAMPESINOS DESCONOCEN AL COMITÉ Y OPTAN POR LA PROPUESTA DEL CONSEJO POLÍTICO
Capitalinos deciden frenar sesión
El oficialismo mantiene en pie la citación a plenaria y el desenlace de esta jornada se torna incierto
Sucre/CORREO DEL SUR y Grupo Líder
La reunión del Comité precedió a la vigilia
Grupo Líder
El Comité Interinstitucional tomó una de las decisiones más difíciles desde que inició la defensa de su propuesta de Capitalidad Plena. Determinó no permitir la reinstalación de la sesión de la Asamblea Constituyente convocada para las 9:00 de hoy. Anoche empezó la vigilia y contrariamente a lo que se esperaba, la directiva mantiene en pie la citación.
Hubo sugerencias de permitir que se instale la plenaria de la Asamblea Constituyente y, paralelamente, instalar una vigilia movilizada fuera del teatro Gran Mariscal. Una mayoría de miembros del Comité Interinstitucional optó por cerrarle el paso a la continuidad de sesiones de la Asamblea bajo el argumento de que la región podría quedar como "cómplice" de una nueva ilegalidad si es que se concretaba la sesión. Pero también por la posibilidad de que se trasladen las sesiones del cónclave a otro distrito desechando por completo la demanda capitalina.
Las Juntas Vecinales, los asambleístas, la Liga Sucrense, el Comité de Vigilancia, el Sindicato de Trabajadores de Fancesa, las Juntas Escolares, parlamentarios, el Magisterio Urbano, entre otros, dejaron clara su posición. La misma que fue reforzada por supuestos de una posible intención de la bancada masista de aprobar en grande su propuesta de nuevo texto constitucional.
Tanto el Ejecutivo como el Concejo Municipal pusieron en mesa el planteamiento de pedir una disculpa pública al Vicepresidente de la República por los "agravios y acusaciones" contra los miembros del Comité Interinstitucional. La Federación Universitaria Local (FUL) fue más dura y propuso la declaración de Álvaro García Linera como enemigo público del Departamento. La decisión fue aplaudida al calor de las declaraciones que García Linera brindaba en ese mismo momento desde una emisora paceña. También apuntó su artillería contra Samuel Doria Medina; sus dirigentes propusieron que la Universidad y la Alcaldía emprendan una estrategia conjunta para recuperar las acciones de Soboce en Fancesa "por la actitud de Doria Medina en contra de Chuquisaca". Los universitarios caldearon el ambiente cuando argumentaron que noviembre se convertiría en la "revancha de Ayo Ayo" si es que la plenaria aprobaba otro acto de ilegalidad como el posible traslado de sesiones. Sin embargo, esta propuesta no tuvo fuerza y al final, se decidió no permitir que la plenaria se instale.
El Prefecto, que había orientado su posición a exigir el cambio del orden del día de la sesión, terminó alineándose a la decisión institucional e inmediatamente remitió una carta al Comando Departamental de la Policía, instruyendo que no se use la violencia en contra de los manifestantes. La actitud le mereció un aplauso cerrado. Cuando los discursos empezaron a subir de tono por la presencia de los medios de prensa, la FUL lanzó una severa reflexión: que aún no era tiempo de proselitismo sino de acciones. Y recogiendo el aplauso de la sala, invitó a los presentes a iniciar la vigilia en ese mismo instante. Así, encabezados por la FUL, las principales cabezas del Comité Interinstitucional y el prefecto David Sánchez, unas cincuenta personas iniciaron la vigilia. Partiendo del frontis del edificio central de San Francisco Xavier, se trasladaron hasta el teatro Gran Mariscal donde después de algunos discursos se dio por sentada la vigilia que pretende evitar la instalación de la plenaria. A eso de las 18:00, juntos, el Prefecto, asambleístas, parlamentarios, autoridades municipales y representantes sociales, se apostaron en las gradas del frontis del principal escenario de la Asamblea. La vigilia continuó toda la noche. Mientras la incertidumbre reinaba por la falta de pronunciamiento de los miembros oficialistas de la directiva, la vigilia se iba nutriendo así como las especulaciones de una posible suspensión de la plenaria. A las 23:30, los primeros cachorros de dinamita se dejaron sentir en el Gran Mariscal. Pese a ello, Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea, confirmó la plenaria para hoy a las 9:00. La oposición denunció que el MAS quiere medir su fuerza y, en caso de perder, justificará el traslado de la Asamblea a otra ciudad. Sucre puede vivir otra jornada violenta.
CRÍTICAS AL VICEPRESIDENTE
Indignadas, las autoridades reclamaron respeto y convocaron a la ciudadanía a resistir las advertencias del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, con las armas de la democracia y la legalidad.
El rechazo y las críticas llegaron de la mano del prefecto David Sánchez; la alcaldesa, Aydeé Nava, y el presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera.
Por separado, dijeron que García Linera lastimó la dignidad de los chuquisaqueños y, "pese a quien le pese", Sucre seguirá su lucha por la democracia y la legalidad.
En un pronunciamiento institucional, Nava sostuvo que "este tipo de prácticas deleznables son parte de un sucio juego político al que no nos vamos a prestar en ningún momento". Justificó que el rechazo a la propuesta de la Subcomisión de Capitalidad del Consejo Político fue de toda la ciudadanía sucrense.
Herrera fue más enérgico. Las críticas apuntaron al MAS pero también a la represtación paceña en el cónclave, por "las irracionalidades y las actitudes antidemocráticas" frente a la Capitalidad.
Sánchez no fue contemplativo. Consideró "que no se puede generalizar así como lo ha hecho el Vicepresidente. Hemos dados señales para que se facilite la Asamblea y como Prefecto no comparto el criterio del Vicepresidente".
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ
- Rechazar la realización de la sesión de la Asamblea Constituyente pro ser contraria a la ley.
- Rechazar la conducta de la directiva por definir una agenda arbitraria que no incorpora la Capitalidad.
- Rechazar la ilegal pretensión de trasladar la sede de la Asamblea que es y debe ser Sucre.
- Declarar la inmediata y permanente movilización para defender la legalidad.
- Plegarse a la lucha por la defensa del IDH.
- Declarar al Vicepresidente de la República, enemigo de Chuquisaca por sus ofensivas declaraciones, acusaciones e insultos contra Chuquisaca.
JUNTA ANUNCIA DESOBEDIENCIA Y DEFIENDEN A SUCRE COMO SEDE
Cívicos y autoridades de Cochabamba, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, reunidos en Tarija, incluyeron un artículo en su resolución que pide que se cumpla la Ley Especial de Convocatoria y advirtieron que si la Constitución se aprueba al margen de la ley, desconocerán su vigencia y asumirán la desobediencia civil. Para tomar esta definición se amparan en los cabildos abiertos realizados el 15 de diciembre del año pasado.
"Del mismo modo, expresamos nuestro pleno respaldo al pueblo hermano de Chuquisaca, quien con su lucha demanda el respeto a las reglas preestablecidas, a la vez de convocar a los constituyentes patriotas a sesionar en Sucre y sólo en Sucre, sede legal de la Asamblea Constituyente", dice la resolución, que cuando fue leída provocó que los presentes coreen el nombre de la capital: "Sucre, Sucre".
Agregaron que en caso de concretarse un cambio ilegal de la sede de la Asamblea Constituyente, "se convocará a todas las fuerzas democráticas del país a una Cumbre Nacional en Sucre, a fin de asumir acciones en defensa de la democracia y el Estado de Derecho". No se definió una fecha para el encuentro.
CAMPESINOS OPTAN POR LA PROPUESTA DEL CONSEJO
El Movimiento Al Socialismo anunció "una sorpresa" para anoche y cuando todos esperaban una determinación con relación a la plenaria, fue una declaración de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH). A las 21:30, Florentino Barrientos, secretario general de la Confederación de Campesinos de Bolivia, ante la ausencia de Damián Condori y Juan Picha, ejecutivos regionales que se encuentran en Chile, anunció que los campesinos aceptan la propuesta que la Subcomisión de Diálogo hizo a Chuquisaca y que fue rechazada por el Comité Interinstitucional. Aunque siempre estuvieron alejados, en las últimas semanas se había conseguido conciliar posiciones entre citadinos y campesinos, pero anoche se vio a asesores del MAS en la FUTPOCH y la emebelista Roxana Zaconeta que, aunque sin bases, apoyó todos los acuerdos firmados por el Consejo Político.
En su resolución definieron defender y garantizar la Asamblea Constituyente hasta su conclusión en Sucre y "no ser parte de la conspiración de los sectores oligárquicos de la media luna". Aceptaron la propuesta del Consejo Político que garantiza a Sucre como Capital Constitucional, la sede de los poderes Judicial y Electoral, radicar la Procuraduría de la República y el Tribunal de Enjuiciamiento de Jueces y Fiscales, las sesiones de la Comisión del Congreso, más las sesiones de inauguración y clausura, juicios de responsabilidades, elección de autoridades del Poder Judicial, leyes de reformas constitucionales y la construcción del aeropuerto de Alcantarí, la ruta Diagonal Jaime Mendoza, inversión en hidrocarburos y desarrollo agropecuario.
También resolvieron convocar al Consejo Político para que explique el alcance de los acuerdos y finalmente aseguraron que el Comité Interinstitucional sólo defiende los intereses de sectores políticos "que siempre se aprovecharon de los sectores empobrecidos".
Barrientos aseguró que es una buena propuesta para Sucre y advirtió, siguiendo la línea del oficialismo, de que la Capital podría quedarse sin nada. Además apuntó que es beneficiosa para el sector campesino.
La posición fue minimizada por el presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, quien recordó a los campesinos que sus ejecutivos firmaron un acuerdo con el Consejo Político garantizando que el tema de la Capitalidad se resolvería en la primera sesión plenaria a instalarse.
"Es una posición divisionista, partidaria y absurda. No es posición de todo el sector campesino porque son sólo dos personas, tenemos apoyo de los municipios y varias centralías. Es una posición política absurda, pero no va a poder dividirnos porque hay una férrea posición de Chuquisaca para defender la Capitalidad y la legalidad", dijo.
Política
A un paso de la meta, la Asamblea se halla frente a una encrucijada
El 85% del nuevo texto constitucional logró consensos en la Asamblea Constituyente y queda el 15% por resolver. El plazo para que concluya el foro vence en diciembre y si fracasa existe el riesgo de una confrontación.
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Tras un año y tres meses de trabajo, la Asamblea Constituyente se encuentra en una encrucijada que le señala dos caminos: el fracaso y consecuente riesgo de enfrentamiento nacional o la conclusión de su trabajo con la redacción de un nuevo texto constitucional del que el 85% ya se encuentra concertado.
Un informe realizado por el especialista Andrés Tórrez, a solicitud de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria inmediatamente después de que terminara el trabajo de las 21 comisiones de la Asamblea, concluyó que, entre los informes de mayoría y minoría, existen consensos plenos (los llama mínimos) en el 65% de los artículos que formarán parte del nuevo texto constitucional.
Otro 20% está compuesto por los que denomina consensos posibles, es decir, los temas en los que existen diferencias entre ambos informes y que, sin embargo, son posibles de concertar, mientras que el restante 15% está compuesto por los consensos críticos, que son las propuestas de la mayoría y minoría que se descartan unas a otras (ver un resumen de 20 de ellas en las páginas 12 y 13. No incluye Coca).
Luego de esto, el 15 de agosto el trabajo de la Constituyente tuvo que ser interrumpido debido al conflicto de la capitalidad y el 1 de octubre se instaló en La Paz el denominado Consejo Político suprapartidario, que comenzó a trabajar en los temas que aún continuaban en disenso (consensos posibles y críticos), registrando un avance del 20%, con lo que el 85% del futuro texto constitucional quedó concertado, según señaló en su momento el vicepresidente Álvaro García Linera, dato que ayer confirmó a La Razón el especialista Tórrez.
Vale decir que a estas alturas únicamente el 15% del nuevo texto constitucional queda pendiente de concertación para que la Asamblea pueda concluir con éxito y el país pueda contar con una nueva Constitución.
"Sería una barbaridad que todo este trabajo quede en nada, cuando el país está en puertas de consolidar una aspiración nacional", señaló Tórrez, quien dividió en dos ejes centrales el tema de los consensos críticos: los temas electorales y los estructurales.
En el primer grupo se encuentran asuntos como la composición del Congreso y la reelección y en el segundo la distribución del poder (autonomías) y el rol de los indígenas en el nuevo Estado. Dijo que los primeros son de fácil resolución, incluso vía referéndum, pero los segundos son los complejos, ya que no obstante una consulta nacional, quienes pierdan en este proceso saldrían a las calles para reclamar por sus aspiraciones.
Por ello, sugirió ampliar el trabajo de la Asamblea, tomando en cuenta que este año de trabajo sirvió más que todo para acumular las demandas de todos los sectores y muy poco para el debate. En el caso de la capitalidad, dijo que debería resolverse diseñando en la Constituyente un mecanismo para atender este tipo de demandas, de tal forma que el foro no tome decisiones directas que podrían confrontar.
El Consejo Político, durante un mes de trabajo, logró acuerdos escritos sobre el modelo económico, la visión de país y los modelos autonómicos, además de otros verbales como el de dejar la reelección para el referéndum, según dijo García Linera.
Tórrez, en coincidencia con analistas como Ximena Costa y José Antonio de Chazal, dijo que ahora la encrucijada se encuentra en concluir con éxito este proceso con amplios avances o poner el país en riesgo de un escenario de confrontación.
En las comisiones de la Constituyente se ve que la mayoría de los temas pueden ser consensuados.
Comisión Visión de País
Consensos mínimos • El oficialismo y la oposición coinciden en que el Estado sea unitario, independiente, soberano, autonómico, democrático. Prima la equidad de género, la social, la unidad, solidaridad, reciprocidad, armonía y complementariedad. La igualdad, libertad, justicia y paz social. El Estado tiene los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Es laico.
Consensos posibles • Podrían acordar un Estado social, comunitario y fundado en la pluralidad. Además de cambios en las circunscripciones electorales. La garantía de autodeterminación. La forma comunitaria a través de los usos y costumbres en la elección de autoridades y la potestad de revocar el mandato.
Consensos críticos • La oposición no acepta un Estado plurinacional ni un cambio de la división político administrativa en función de naciones originarias y nación boliviana. Ni la función social y plurinacional, ni la alternabilidad de cargos en los niveles del Estado y la postulación sin partidos políticos. (El Consejo Político logró acuerdos)
Ciudadanía, Nacionalidades y Nacionalidad
Consensos mínimos • Coinciden en 13 artículos. Quedan por consensuar siete de mayoría y 6 de la minoría. Están de acuerdo en que no es permitida la doble nacionalidad para cargos públicos electos, salvo renuncia de la otra nacionalidad. La edad para ser elegible es de 18 años, la mayoría de edad es de 18. Se garantiza la participación, libre opinión, sufragio, activismo político y voto en el exterior.
Consensos posibles • La naturalización siendo extranjero y teniendo un cónyuge boliviano o un hijo boliviano, haciendo el servicio militar o a través del Congreso. Hay diferencias en los años de esta prestación. La diversidad cultural de la nación boliviana emerge de quienes descienden de los pueblos que precedieron la Colonia.
Consensos críticos • La mayoría plantea que los pueblos indígenas tengan su nacionalidad escrita en los documentos de identificación. La edad para ser elector es de 16 años. Tienen derechos a la propiedad común, a la existencia en aislamiento si así lo desean, a toda manifestación de tipo cultural, autodeterminación política, jurídica y social. La oposición no lo acepta.
Derechos y Deberes Fundamentales
Consensos mínimos • Si bien en esta comisión sólo se consensuó formalmente un artículo y hay 43 de mayoría y 55 de minoría que no tienen acuerdo, todos coinciden en que se consignen los derechos que establece la actual Constitución como los derechos civiles, políticos, laborales, familiares y sociales, además de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. El deber fundamental de toda persona es conocer y acatar la Constitución Política y las leyes. Respetar los derechos y garantías, trabajar, educarse, tributar, asistir y alimentar a sus hijos, etc. Las garantías constitucionales se expresan a través de procedimientos que serán el debido proceso, derecho a la defensa, hábeas corpus y amparo constitucional, acción de protección de datos, de inconstitucionalidad y la acción de cumplimiento de ley y popular.
Consensos posibles • Donde hay más diferencias es en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y a la territorialidad, titulación de tierras colectivas y la gestión autónoma de sus recursos.
Consensos críticos • No se presentan diferencias irreconciliables.
Organización y Estructura del Nuevo Estado
Consensos mínimos • Se redactaron 14 artículos en consenso. Hay 32 por mayoría y 35 por minoría. Los partidos coinciden en que haya un Estado Unitario, con democracia participativa y representativa, que consigna el referéndum, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. El Estado es laico, se respeta la libertad de culto y creencia en el marco de la Constitución, al igual que los actuales símbolos nacionales. La wiphala y otros son de los pueblos indígenas. Cada región tiene derecho a usar sus propios símbolos. El idioma oficial es el castellano y en los pueblos indígenas los idiomas que en ellos predominen.
Consensos posibles • El modelo económico (que ya fue acordado en el Consejo Político). Los mecanismos de democracia participativa como la asamblea, cabildos comunitarios, consulta previa, plebiscito. Formas de participación política: mediante voto y elección por usos y costumbres.
Consensos críticos • El Estado social comunitario plurinacional versus el social de derecho. Nivel regional de gobierno. Órgano social (como poder).
Comisión Poder Legislativo
Consensos mínimos • No se logró consensuar ningún artículo. Sin embargo, se vislumbra acuerdos en respetar la equidad de género en la composición del Congreso, en que haya diputados uninominales y plurinominales, en que ningún candidato podrá representar simultáneamente a más de una circunscripción y en que las facultades del Congreso son legislar y fiscalizar.
Consensos posibles • En lo que se puede llegar a acuerdos es en la bicamaralidad del Congreso (el MAS la acepta), en el número de diputados uninominales (108) planteado por el bloque de la minoría versus 130 del bloque de la mayoría.
Consensos críticos • Son la unicamaralidad planteada por la mayoría versus la bicamaralidad de la minoría, además de que uno de cada tres diputados departamentales tendrá que ser indígena y que en circunscripciones indígenas se podrá utilizar los usos y costumbres para la elección. El tema que traba la Asamblea es que Sucre sea la sede de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Comisión Órgano Judicial
Consensos mínimos • Se redactaron 12 artículos en consenso. Hay 27 presentados por mayoría y 24 por minoría. Se puede acordar que hay un Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agrario Nacional, Tribunal Constitucional, tribunales departamentales, tribunales y jueces, además del Consejo de la Magistratura, con atribuciones para sus funcionarios. El respeto a la Constitución y los derechos fundamentales. El Tribunal es la máxima instancia de la justicia agraria, forestal y ambiental, compuesto por 7 magistrados.
Consensos posibles • La existencia de jueces vecinales y la aplicación de una nueva materia judicial de anticorrupción. El número de miembros en el Tribunal Supremo de Justicia. Las atribuciones del Tribunal Constitucional relacionadas también a temas de justicia comunitaria.
Consensos críticos • Se identifican como disensos encontrados la elección de las máximas autoridades del Poder Judicial por voto popular, la creación de tribunales indígenas y la aplicación de la justicia indígena.
Comisión Órgano Ejecutivo
Consensos mínimos • No se redactó ni un solo artículo en consenso. Se presentaron 51 por mayoría y 59 por minoría, pero se perfilan acuerdos en la elección de Presidente por segunda vuelta si no consiguió los votos necesarios.
Su elección por 5 años. Se mantiene la actual división política. Se reconoce la autonomía municipal y departamental. Para todas las autoridades rige la revocatoria de mandato. Además, el establecimiento de estado de seguridad y defensa externa, defensa interna o estado de sitio y defensa natural.
Consensos posibles • La censura del Presidente por el Congreso. Requisito de formación mínima de bachiller para ser Presidente. El vicepresidente es el presidente nato del Congreso versus el que dirige el gabinete ministerial y coordina con el Congreso y existe la figura del Vicegobernador.
Consensos críticos • La posibilidad de reelección indefinida del Presidente. Sucre como la sede del Ejecutivo. La división regional y de naciones originarias y pueblos indígenas campesinos que también tendrán la posibilidad de ser autónomos (El Consejo lo acordó).
Comisión Otros Órganos del Estado
Consensos mínimos • Se aprobaron 21 artículos por consenso, 6 presentó la mayoría y 6 la minoría.
Coinciden en la creación de la Procuraduría General del Estado. El Ministerio Público se mantiene como un órgano independiente. La defensa pública es el órgano independiente que se encarga de la defensa judicial gratuita y el Defensor del Pueblo mantiene sus roles.
Consensos posibles • Hay diferencias salvables en las atribuciones del Procurador, se plantea que tiene como función suspender temporalmente el cargo a un funcionario público hasta que se inicie el proceso administrativo por incurrir en faltas establecidas por la Constitución Política del Estado. En el caso del Fiscal, se propone que ejerce la representación de la institución por un período de 6 años sin reelección, y será designado por 2/3 en el Congreso.
Consensos críticos • Se plantea que la Procuraduría, la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo tienen como sede la ciudad de Sucre. Además, se incorpora que la capital plena de todos los órganos del Estado está en la ciudad de Sucre (Chuquisaca).
Comisión de Autonomías
Consensos mínimos • No hay artículo en consenso. Hay 56 de la mayoría y 34 de minoría. Los temas que se pueden acordar son la división territorial por departamentos, provincias y municipios. Las facultades de los gobiernos autónomos. Los niveles regionales o provinciales tienen autonomía para el ejercicio de las competencias asignadas por el nivel de gobierno superior. Elaboración de estatutos.
Consensos posibles • Conformación de territorios indígenas, figura de mancomunidades. Capacidad legislativa de los gobiernos departamentales. Facultad de legislación sobre ordenamiento territorial y distribución de tierras fiscales. Los niveles regionales o provinciales cuentan con órgano legislativo. Los gobiernos autónomos pueden asumir competencias que no son asignadas al gobierno nacional.
Consensos críticos • Conformación de regiones autonómicas. Delegación de funciones judiciales a los gobiernos departamentales y municipales. No sujeción a ningún otro gobierno autónomo de los territorios autónomos indígenas. Constitución de regiones autónomas por referéndum.
Comisión de Educación e Interculturalidad
Consensos mínimos • No hay artículos en consenso, sólo dos informes por separado. Coinciden que la educación es deber del Estado y un derecho fundamental. Es intercultural, gratuita, de calidad, fiscal y obligatoria hasta la secundaria. Al igual que la educación formal, universitaria y especial para personas con discapacidad en igualdad de derechos. Se reconoce la educación por convenio. Se reconocen a las universidades públicas y privadas. El título de bachiller es un derecho y es gratuito. La educación se reconoce como intracultural, intercultural y plurilingüe.
Consensos posibles • La educación a través de medios de comunicación. Se garantiza la inamovilidad en función de capacitación permanente. Existirá una instancia técnica de control a la calidad de la educación y las universidades comunitarias.
Consensos críticos • La educación en el marco del Estado plurinacional. No existirá injerencia de corrientes políticas ni ideológicas versus educación revolucionaria, liberadora, etc.
Según el cuadro comparativo del trabajo realizado por las comisiones en Sucre, existe 65% de consensos.
Comisión de Desarrollo Social e Integral
Consensos mínimos • Se redactaron 39 artículos en consenso. Hay 4 por mayoría y 2 por minoría. Se establece que el Estado promueve el respeto, el uso y la investigación de la medicina tradicional, además del régimen de protección especial a los gremialistas. Se protege y fortalece las formas comunitarias de trabajo. Se garantiza y reconoce la sindicalización y el derecho a la huelga. Se garantiza el acceso a los servicios básicos, a la seguridad social y a la jubilación. El matrimonio y la familia están bajo protección del Estado. La convivencia produce efectos similares al matrimonio. Los menores tienen la garantía del Estado para sus derechos.
Consensos posibles • La salud es un derecho y el Estado garantiza el acceso universal y gratuito al sistema único de salud equitativo, intercultural, participativo, descentralizado y que obtiene un presupuesto no menor al 10% de los ingresos públicos.
Consensos críticos • El reconocimiento de naciones indígenas para la gestión del sistema de salud (informe de mayoría).
Comisión de Hidrocarburos
Consensos mínimos • No se redactaron artículos por consenso. Hay 6 por mayoría y 10 por minoría. Hay acuerdo en que la propiedad de los yacimientos hidrocarburíferos sean de dominio directo de los bolivianos (as). Corresponde al Estado las actividades en toda la cadena de hidrocarburos. Reconoce como empresas estatales a YPFB y la Administradora Nacional de Hidrocarburos. Los contratos en materia de hidrocarburos tendrán que ser aprobados por el Congreso. Las personas públicas o privadas extranjeras se consideran nacionales y estarán sometidas a la legislación nacional. Los departamentos productores tendrán el 11% de las utilidades.
Consensos posibles • La creación de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos. El Estado tendrá por lo menos la participación del 50% o el 51%. 1% de regalía al Estado central y a los departamentos de Beni y Pando, y una participación no menor al 6% al TGN. El informe de mayoría propone la entrega de regalías a los departamentos no productores.
Consensos críticos • No hay diferencias sustanciales.
Comisión de Minería y Metalurgia
Consensos mínimos • Hay 8 artículos acordados. Además hay 3 por mayoría y 8 por minoría. Hay acuerdo en que el Estado, a través de sus entidades autárquicas, promueva políticas de administración, evaluación e información sobre los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero. El Estado tiene la atribución exclusiva de la comercialización de minerales metálicos y no metálicos mediante una empresa pública autárquica. También debe otorgar seguridad jurídica a la inversión privada. Otorgará concesiones bajo contratos mineros. Se revierten al Estado las concesiones mineras no metálicas. Las utilidades obtenidas por las empresas mineras serán distribuidas y reinvertidas en las comunidades indígenas, municipios, departamentos y el Estado.
Consensos posibles • La diferencia radica en que la mayoría dice que todas las riquezas mineralógicas existentes en el suelo y subsuelo son propiedad de los bolivianos. Mientras que la minoría dice que son del Estado. Las actuales concesiones se adecuarán a contratos mineros, dice la mayoría.
Consensos críticos • No hay.
Comisión de Recursos Hídricos y Energía
Consensos mínimos • Hay 13 artículos redactados por consenso y uno que plantea la mayoría y otro lo hace la minoría. Los acuerdos se circunscriben a que los recursos hídricos constituyen recursos finitos, además de que el agua es un derecho fundamental de salud para la vida. También se establece que el Estado debe proteger y garantizar el uso del agua, y se define que son responsabilidad del Estado la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.
Consensos posibles • La diferencia sustancial entre las fuerzas que hacen la mayoría y las de minoría tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales. La mayoría plantea que los recursos naturales, como fuentes de energía, así como los elementos y fuerzas físicas naturales susceptibles de apreciamiento, son de propiedad y dominio social de los bolivianos y bolivianas. Mientras que la minoría usa el mismo concepto con la diferencia de que determina que son de propiedad del Estado.
Consensos críticos • No se identificaron disensos insalvables en esta Comisión de Recursos Hídricos y Energía.
Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustrial
Consensos mínimos • Se aprobaron 10 artículos por consenso y no existen otros informes. Los acuerdos tienen que ver con el reconocimiento de la Constitución en esta materia, el rol del Estado, el fomento al desarrollo y la seguridad social, y la prioridad al desarrollo productivo, rural y agropecuario, reconociendo y garantizando las organizaciones económicas productivas.
Rol • El Estado debe generar inversión de recursos para el manejo sostenible, planificación, infraestructura, asistencia técnica y transferencia de tecnología.
Fomento • Se debe crear una entidad financiera de fomento y promoción a la producción agropecuaria y agroindustrial para el desarrollo productivo y creación de un Fondo Financiero Productivo para pequeños productores. Implementación de subvenciones e incentivos fiscales.
Seguro • Aprobación de la Ley del Seguro Agrario en caso de desastres naturales. Implementación del seguro social agrario, seguro de vejez y acceso al seguro de salud universal.
Recursos Naturales, Tierra, Territorio y Medio Ambiente
Consensos mínimos • Se aprobaron 26 artículos en consenso. La mayoría presentó 12 y la minoría 10. Se acordó que el Estado debe administrar, reconocer, respetar y otorgar derechos de propiedad. Se establece la propiedad individual y la colectiva. La propiedad debe cumplir una función social o económico social y constituye una condición para la conservación de la propiedad agraria. Se prohíbe el latifundio y se da la expropiación. El Estado tiene la obligación de fomentar el desarrollo agropecuario y a la producción agraria. Se reconoce y protege el territorio indígena originario, sus usos y costumbres.
Consensos posibles • La propiedad individual puede ser clasificada en solar, campesina y pequeña. Se posee tierra a través de la compra venta y otorgamiento de tierras fiscales. En el territorio indígena se reconoce el uso exclusivo de los recursos naturales renovables y la participación en la explotación de los recursos no renovables.
Consensos críticos • No se establecen diferencias críticas.
Comisión de Desarrollo Integral Amazónico
Consensos mínimos• 15 artículos se redactaron por consenso, mientras que la mayoría presentó un artículo y otro la minoría. Los acuerdos establecen el reconocimiento al territorio amazónico. La gestión de este territorio estará a cargo del Estado en coordinación con autoridades indígenas, campesinos u originarios de la zona y se creará un ente descentralizado responsable de la protección y fiscalización de las actividades en la zona amazónica. En caso de áreas protegidas, la creación será regulada por ley y gestión concurrente con los otros gobiernos. Los símbolos son la goma y la castaña.
Consensos posibles • La mayoría plantea que toda forma de tenencia de la tierra esté sujeta a revisión periódica para verificar el cumplimiento de la función social y económica; caso contrario, pueden revertirse los contratos de uso o aprovechamiento. Mientras que la oposición va por la caducidad de todas las concesiones de recursos forestales, instruyéndose el desarrollo legal de un nuevo régimen forestal que asegure el aprovechamiento sostenible de los recursos.
Consensos críticos • No hay.
Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas
Consensos mínimos • 13 artículos fueron aprobados por consenso. Nueve presentó la mayoría y 32 la minoría. El acuerdo plantea que la organización económica se rige por el Principio de la Economía Pluralista, que consiste en el reconocimiento de diversas formas de propiedad.
Consensos posibles • La organización económica se basa en una economía social, comunitaria, que tiene como objetivo el ´vivir bien´. La economía social comunitaria es la organización de diferentes formas económicas que se articulan. Está compuesta por empresas privadas, públicas, unidades económicas de producción y empresas de economía social. La minoría plantea que se reconoce las organizaciones económicas campesinas, la economía popular, cooperativismo, economía estatal y la de mercado. La mayoría dice que el Estado debe regular todas las relaciones económicas esenciales. La oposición indica que el Estado debe generar una economía de base ancha. Sobre la política financiera, la minoría dice que se regulará con una ley, la mayoría ya la define.
Consensos críticos • No existen.
Fronteras Nacionales y Relaciones Internacionales
Consensos mínimos • Hay 6 artículos en consenso. 11 de mayoría y 16 de minoría. Hay acuerdo en los principios básicos que se rigen las relaciones internacionales y sobre los tratados. Los demás tratados deben ser ratificados a partir de la entrada en vigor de la nueva Constitución. En la integración regional, el Estado promoverá las relaciones sobre los principios de una relación justa y equitativa. El Presidente negocia y suscribe los tratados. El Congreso tiene la facultad de ratificarlos. Los tratados que impliquen alteración de límites territoriales, integración monetaria o económica, cesión de competencias institucionales a órganos internacionales, restricción de derechos y garantías, requieren aprobación por referéndum.
Consensos posibles • La minoría plantea que los tratados internacionales en Derechos Humanos se aplicarán de forma preferente sobre la Constitución. El Estado boliviano promoverá la integración política, económica, social y cultural de Latinoamérica. Las normas internacionales que se adopten en virtud de un tratado de integración tendrán carácter supranacional.
Consensos críticos • No existen.
Comisión de Seguridad y Defensa Nacional
Consensos mínimos • Hay 2 artículos en consenso, 22 planteó la mayoría y 4 la minoría. Se encontró consenso en que las Fuerzas Armadas tienen la misión de proteger y conservar la independencia del Estado, seguridad y estabilidad de Bolivia, asegurar el imperio de la Constitución y asistir a la población. Sólo éstas pueden poseer, fabricar y usar armas de guerra. Todos están sujetos a la justicia ordinaria. En cuanto a la justicia militar, se establece que en tiempos de paz no se reconoce ningún fuero para el personal de las Fuerzas Armadas que cometan delitos, todos estarán sujetos a la justicia ordinaria. Sobre la Policía Nacional se establece que ejerce la totalidad de funciones policiales de manera integral, está regulada a través de su Ley Orgánica y reglamentos. Como institución no delibera ni participa en acciones políticas partidarias. Se crea el Suboficial Mayor de Comando.
Otros consensos • El estudio no establece consensos posibles ni críticos. Se limita a indicar los acuerdos mínimos a los que se llegó en esta comisión.
Senador propone convertir Congreso en Constituyente
• Afirman que el Parlamento debe asumir rol como ocurrió en 1967.
• En la mañana trabajará como Parlamento y en la tarde como Asamblea.
Congreso Nacional.
ANF.- El Congreso Nacional debe asumir el rol constituyente, como ocurrió en 1967, dedicando la mañana para trabajar como Parlamento y la tarde como Constituyente, propuso ayer el senador por Podemos (Poder Democrático Social), Luis Vásquez Villamor.
En su criterio, la proposición está relacionada con el poco tiempo que falta para que la Asamblea Constituyente entregue una nueva Carta Magna, tal como está previsto en la Ley de Ampliación de la Constituyente.
"Un mes es un tiempo demasiado corto para que se pueda aprobar una buena Constitución para todos los bolivianos y creo que la solución es hacer que el Congreso de Bolivia asuma también el rol constituyente", precisó.
Vásquez sostuvo que la sugerencia no implica renunciar a una nueva buena Constitución, sino evitar los conflictos actuales y sobre todo el gasto dispendioso que ha significado la Asamblea Constituyente, pues hasta la fecha no existe ni un solo artículo de la nueva Carta Magna.
Dirigiéndose a los periodistas, el senador dijo que cualquier error o defecto en la nueva Constitución sólo puede ser corregida por otra norma de igual rango.
"Una Constitución no es algo que se redacte o se legisle cada año, lleva su tiempo y en definitiva, permite que todos los bolivianos podamos tener una cierta estabilidad legislativa, porque la Constitución abarca normalmente un tiempo bastante largo desde su aprobación, entonces, creo que ya no es siquiera conveniente que la hagan", dijo.
"Entre el 8 de noviembre y el 14 de diciembre es imposible redactar un texto constitucional y no puede ni debe ser redactado en este tiempo, porque obviamente, el proceso conducirá a atropellos, gritos, violaciones del reglamento, falta de consenso y falta de acercamiento entre posiciones distintas", afirmó.
El senador podemista recordó que trabajó como consultor en muchas reformas constitucionales en el continente, y con esa experiencia recomendó que no se apruebe el texto constitucional en el poco tiempo que falta para la conclusión del plazo fijado por la ley vigente.
Consultado sobre la posibilidad de una nueva ampliación, respondió que los problemas de fondo, que no pudieron resolverse en un año y medio, continuarán entrabando el desarrollo del foro.
"Creo que es hora de que empecemos a hablar en serio y buscar soluciones de fondo. La disyuntiva no está entre salvar la Constituyente y salvar con ello la Constitución. Esta es una falsa polarización, podemos salvar una buena Constitución con un órgano distinto que se encargue de redactarla, porque no se trata sólo de ampliar plazos", concluyó.
Según asambleísta de Podemos
Trasladar sesiones fuera de Sucre será acto ilegal
Trasladar las sesiones fuera de Sucre será un acto ilegal, alegó ayer el asambleísta por Poder Democrático Social (Podemos), José Antonio Aruquipa, quien advirtió que acciones de esa naturaleza pueden desembocar en la división del la Asamblea Constituyente.
"Quisiéramos advertir que una decisión de trasladar la plenarias, las sesiones de la Asamblea Constituyente a otra ciudad que no sea Sucre no va a ser solamente un acto ilegal, puede derivar peligrosamente en la división de la Asamblea Constituyente", aseveró el constituyente.
Aruquipa, uno de los siete asambleístas paceños por Podemos, argumentó que su bancada se presentará a la sesión plenaria convocada por la presidenta del foro, Silvia Lazarte, para hoy a las 9:00, donde se definirá el lugar de sesiones del cónclave, es decir, si se ratifica a Sucre o en su defecto se decide trasladar las plenarias a otra región.
"La ley de convocatoria promulgada por el presidente Evo Morales es bastante clara: la sede legal de la Asamblea Constituyente es la ciudad de Sucre", manifestó el asambleísta al ser cuestionado sobre la posición de su agrupación política con respecto a apoyar o no un cambio de sede de las sesiones del proceso.
Asimismo, Aruquipa aseguró que la convocatoria a sesiones es una prueba de que existen las garantías necesarias para instalar la plenaria en Sucre.
En este contexto, felicitó a la presidenta del foro, Silvia Lazarte, por haber decidido retomar el cause, el rumbo, la conducción de la Asamblea Constituyente.
"El remedio que se le ha aplicado a la Asamblea Constituyente en la Vicepresidencia de la República ha sido peor que la enfermedad. Esta Constituyente, que está en estado de coma, cuidado la partan en dos y al hacer eso probablemente pueden abrir el peligroso cauce de la división del país", indicó.
Surgen en Sucre voces que critican apuesta regional
Sucre (ABI).- Mientras el Comité Interinstitucional confirmó ayer que la presión no permitirá la reinstalación de la Constituyente en tanto no se agende el tema de la capitalidad en el pleno, surgieron voces chuquisaqueñas que criticaron la apuesta regional al todo o nada.
El ex consejero de la Judicatura y uno de los asesores del Comité Interinstitucional, Germán Gutiérrez, aseguró que la dirigencia regional se precipitó al rechazar de manera contundente el ofrecimiento del Consejo Político sobre la sede del Cuatro Poder y otros ofrecimientos para el desarrollo de la región.
Gutiérrez, citado por la Red Erbol, advirtió que esa posición radical derivará, si no existe una salida viable en las siguientes horas, en un enfrentamiento entre bolivianos que pondrán en riesgo no sólo la democracia sino la integridad del país.
"Finalmente es algo bueno y es positivo si sabes hacer bien las cosas, pero si vamos a irnos al todo o al nada, yo creo que podemos quedarnos con la nada", dijo Gutiérrez.
"Es posible este riesgo afectando dramáticamente la Asamblea Constituyente y afectando dramáticamente a la democracia porque vamos a entrar entre bolivianos a la confrontación y no va a ser el pueblo contra la oligarquía, va a ser el pueblo contra el pueblo y eso sería muy grave para los bolivianos", alertó.
De su parte, el dirigente de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca (COD), César Sánchez, señaló que en un tiempo no muy lejano el Comité Interinstitucional, que encabeza Jaime Barrón, deberá explicar a las provincias chuquisaqueñas el rechazo a la última propuesta y haber apostado al todo o al nada.
El sindicalista argumentó que en la asamblea de la chuquisaqueñidad del pasado martes hubo más presencia de políticos de Podemos que representantes de las instituciones chuquisaqueñas.
"Yo manejo un criterio personal, no quiero comprometer a la COD. Para mi el tema que ha generado la capitalidad plena el Comité Interinstitucional es un debate falso, lamentablemente no se han hablado los temas puntuales, formales, estructurales que hacen al desarrollo de la región", dijo.
Presidente del Senado:
Chuquisaca debe otorgar garantías para continuidad de magno evento
El presidente de la Cámara de Senadores, José Villavicencio, reflexionó a cívicos y miembros del Comité Interinstitucional de Chuquisaca para que otorguen las garantías y contribuyan a la continuidad de la Asamblea Constituyente.
El objetivo central, dijo, es que los constituyentes terminen la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado hasta el 14 de diciembre como último plazo, y que para ello es importante que haya tranquilidad social, y sobre todo, que los asambleístas puedan tener las garantías necesarias para continuar con su labor.
"Convoco y llamo a la reflexión a todos los hermanos de Chuquisaca para que den las garantías suficientes que necesita la Constituyente para continuar con sus sesiones plenarias y en ese escenario se dé curso a un debate sobre todos los temas que fueron presentados por las diferentes comisiones", afirmó.
En su criterio, no es recomendable trasladar las sesiones de la Asamblea Constituyente a otra ciudad, pues el objetivo es darle continuidad a este proceso, respetando la Ley de Convocatoria que determina como sede de este evento a la ciudad de Sucre.
"No es recomendable que las sesiones plenarias de la Asamblea Constituyente se trasladen a otra ciudad o departamento. Creo que debemos respetar la ley, y que cuando hay una Ley Especial de Convocatoria, todo debe manejarse en el marco del cumplimiento de las determinaciones legales", añadió.
Afirma diputado Mendoza
Propuesta sólo fue pretexto para impedir cónclave
Para el diputado de La Paz, Guillermo Mendoza, la propuesta de traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre sólo fue un pretexto para impedir la realización de la Asamblea Constituyente.
Según explicación del legislador, el tema de la Constituyente se ha complicado con una serie de argumentos de sectores que siempre se opusieron a este evento, apareciendo el tema de la capitalidad como si fuese lo central de este foro.
"El traslado de los poderes fue la iniciativa para desvirtuar todo el proceso de la Constituyente, y por consiguiente, que fracase la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado, ya que el tema de la capitalidad despertó en algunos dirigentes cívicos de Sucre un salto a la palestra del protagonismo, que posteriormente, les puede dar réditos político electorales", afirmó.
Dijo que los chuquisaqueños nunca pensaron lograr tanta atención de los medios de comunicación y del país en su conjunto, que en pocas semanas lograron centralizar las informaciones sobre capitalidad como si fuera de vida o de muerte. Agregó que se conformó un bloque a la cabeza de algunas instituciones de Sucre, que más allá de lo cívico se convirtió en una acción política alineada a la denominada "medialuna".
Constituyente
Instituciones de Sucre impiden nueva sesión de la Asamblea
• Vicepresidente del magno evento anunció que no sesionarán en la Capital por "falta de garantías".
Silvia Lazarte
Sucre, (ANF).- Las instituciones de Chuquisaca decidieron anoche iniciar una vigilia en el Teatro Gran Mariscal de la ciudad de Sucre, donde estaba prevista una sesión plenaria convocada para este viernes, la misma que, sin embargo, fue suspendida por la directiva del foro ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.
La plenaria fue convocada por la presidenta, Silvia Lazarte, quien anunció que la Asamblea tenía previsto tomar una decisión sobre el traslado de la sede a la ciudad de Oruro, y además considerar otros temas que serían incluidos en "asuntos varios" que no fueron precisados.
La decisión de las instituciones chuquisaqueñas ha vuelto a poner al foro en la incertidumbre, puesto que las plenarias no lograron reinstalarse desde el pasado 15 de agosto, fecha en la cual fue aprobada la exclusión del tema de capitalidad plena de los informes de las comisiones.
Sin embargo, la decisión de impedir el reinicio de las sesiones fue objeto de una intensa discusión en el comité departamental, puesto que algunas instituciones habían sugerido permitir que la Asamblea se instale para evitar cualquier pretexto que desemboque en su eventual traslado a Oruro.
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PENDE DE UN HILO.
Finalmente, la posición planteada por la Federación de Estudiantes fue la que obtuvo mayor respaldo, puesto que los dirigentes estudiantiles advirtieron sobre una supuesta intención del MAS de aprobar "en cinco minutos" su constitución "en grande".
Los estudiantes también propusieron declarar "persona no grata" al vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, quien insistió en responsabilizar a los dirigentes de Chuquisaca por el fracaso de la Constituyente.
Los temores sobre una posible aprobación en grande de la nueva Constitución fueron expresados también por asambleístas de la oposición, quienes, a pesar de haber manifestado inicialmente que estarían presentes en la plenaria, optaron luego por respetar las decisiones del Comité de instituciones locales.
Uno de los hechos llamativos de la jornada fue la participación del prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, quien fue una de las autoridades que encabezó la instalación de la vigilia en compañía de otras autoridades locales.
Sánchez había ordenado también a la Policía Departamental no intervenir las movilizaciones salvo que éstas se tornaran violentas, algo que finalmente no ocurrió.
Por otra parte, el vicepresidente de la Asamblea, Roberto Aguilar, anunció a medios de prensa la suspensión de la plenaria "por falta de garantías", aunque no quiso adelantar cuales serán las decisiones inmediatas sobre un eventual traslado de la sede a Oruro o a otro departamento.
Pocos minutos antes de conocerse el resultado de la reunión de instituciones locales, la presidenta, Silvia Lazarte, abandonó sus oficinas en un vehículo con vidrios raybanizados, y también el personal administrativo de la Asamblea tuvo que ser evacuado antes de concluir su trabajo cotidiano.
Asambleístas de oposición consideran que una eventual convocatoria de la Asamblea en otro distrito que no sea la sede oficial "profundizará la ilegalidad" en la que -según dijeron- se ha sumido el cónclave desde el pasado 15 de agosto.
Política
El comité pidió bloquear la sesión del pleno
CHUQUISACA
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El Comité Interinstitucional por la Capitalidad Plena decidió impedir la sesión de hoy de la plenaria de la Constituyente, con movilizaciones que comenzaron la tarde de ayer y se prolongaron hasta esta madrugada. Además, declaró enemigo número uno de Chuquisaca al vicepresidente Álvaro García Linera.
En los últimos días, el Segundo Mandatario hizo declaraciones que los chuquisaqueños consideraron ofensivas, puesto que acusó a sectores de ese departamento como los autores del "secuestro" de la Constituyente, conjuntamente los empresarios cruceños y el partido Podemos.
Luego de dos horas de una reunión que estuvo abierta al público y a la prensa, el presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, leyó las seis determinaciones, entre las que destaca la primera: "Rechazar la reiniciación de las sesiones de la Asamblea Constituyente, por estar al margen de la legalidad".
Los chuquisaqueños consideran que la legalidad retornará el momento que la Constituyente anule la resolución que separó de su debate el tema de la capitalidad plena que demandan.
En el segundo punto, Chuquisaca cuestiona a la directiva de la Constituyente por definir un orden del día para su plenaria de hoy "de manera arbitraria" y sin incorporar el tema de la capitalidad plena, además de que no contó con la participación de todos sus miembros. Esta orden, en su tercer punto, incluye el tema de la definición "del lugar de sesiones de la Asamblea".
También rechaza la posibilidad de trasladar la Asamblea a otro departamento.
Por otra parte, el Comité anuncia en el punto cinco que Chuquisaca se pliega a la lucha de otros cinco departamentos por la defensa los ingresos del IDH. La movilización chuquisaqueña comenzó ayer con una vigilia en el Teatro Gran Mariscal. Redacción Sucre
Rechaza traslado de foro
Comité chuquisaqueño decidió trabar reapertura de cónclave
(EL DIARIO y agencias).- El Comité Interinstitucional de Chuquisaca determinó ayer impedir la realización de las sesiones de la plenaria de la Asamblea Constituyente mientras no se incluya en la agenda de deliberaciones la demanda de capitalidad plena.
La decisión fue asumida en la reunión de emergencia de las instituciones chuquisaqueñas que se efectuó ayer tras conocer en la víspera la convocatoria de la Directiva del foro a sesión de plenaria este viernes a las 09:00 horas para tratar el posible traslado de las deliberaciones de la Asamblea a otra ciudad.
La determinación fue anunciada por el líder del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, en instalaciones del Rectorado de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
"Hemos decidido impedir la reunión del debate de la Asamblea porque consideramos que está al margen de la legalidad, por no incluir el tema de la capitalidad y en protesta por la intención del traslado de la sede de la Asamblea Constituyente", aseguró Barrón, quien después encabezó la marcha hacia el Teatro Gran Mariscal.
De su parte, el prefecto del departamento, David Sánchez, dijo que como primera autoridad de Chuquisaca respetará y apoyará todas las decisiones del Comité Interinstitucional, incluso la activa movilización pacífica.
"Reconocemos que hay competencias nacionales, pero dentro de las competencias prefecturales se ha pedido que no haya ninguna represión en las marchas pacíficas que piden el respeto a la legalidad", precisó el Prefecto del departamento.
En tanto, asambleísta Willy Padilla dijo que no se permitirá bajo ninguna circunstancia la reinstalación de las sesiones del cónclave en el Gran Teatro Mariscal Sucre en tanto no se reponga en la agenda el tema del traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la ciudad de Sucre.
Indicó que en la reunión se resolvió también, por unanimidad, rechazar el traslado de la Asamblea Constituyente en cualquier otra región del país, defender la legalidad y declarar enemigo de Chuquisaca al vicepresidente de la República, Alvaro García Linera.
Una vez concluida la reunión del Comité Interinstitucional, un grupo de aproximadamente 51 personas se hicieron presentes en las puertas del Teatro Gran Mariscal Sucre para hacer una vigilia permanente para no permitir las reinstalaciones de las sesiones del foro, entre ellos asambleístas disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Podemos, autoridades municipales, el prefecto David Sánchez y estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier.
Por su parte, el jefe de la bancada de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Román Loayza, planteó la reformulación del orden del día de la sesión de la plenaria del viernes y que en ella se incluya la modificación de los artículos 50; 70 y 71 del Reglamento General de la Constituyente y la, conformación del Comité de Concertación.
Advirtió que si hay problemas el día viernes y se impide la reinstalación de las sesiones de la plenaria y hay persecución de asambleístas, como lo anunció ayer el Comité Interinstitucional, se considerará de inmediato el traslado a otra ciudad.
A su vez, la constituyente del MAS, Mirtha Jiménez, dijo que la decisión de su partido es continuar sesionando en la ciudad de Sucre y entregar hasta el 14 de diciembre aprobada la nueva Constitución Política del Estado.
Declaró que se respetará los acuerdos a los que arribó en la ciudad de La Paz el Consejo Político Suprapartidario y que no se reconsiderará la resolución del 15 de agosto que deja fuera del debate el tema de la capitalidad plena demandada por el Comité chuquisaqueño.
Ponchos rojos advierten con una revolución
(ABI).- Los ponchos rojos de Achacachi, en el departamento de La Paz, advirtieron con una revolución como en 1952, para construir la nueva Bolivia, hacer respetar la vigencia de la Constituyente y frenar la frustración que busca la derecha del magno evento.
El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, dijo "estamos en alerta y convocaremos a los estados mayores de los pueblos indígenas y originarios para movilizar a nuestros ejércitos y realizar una revolución en defensa de la Asamblea Constituyente".
"Agotado el diálogo y como respuesta a la intolerancia de la ultra derecha, la oligarquía cruceña y los conservadores chuquisaqueños con rasgos coloniales, planteamos no ceder nada para llevar adelante el cambio", acotó.
Por ello, sugirió formar una nueva Bolivia, pero Cochabamba por su ubicación geográfica sería la Capital de la República.
Asimismo, planteó que Potosí por su gran aporte en el pasado a la economía del país, que permitió el desarrollo de varias regiones, sea la sede del Poder Judicial.
Advirtió no dejar que el sacrificio de todos los bolivianos, en especial, de los paceños, que costo sangre se diluya.
Rojas, acusó a la alianza política de Poder Democrático Social (Podemos), a los cívicos y prefectos de la media luna, de ser autores del sabotaje total para que la Constituyente no acabe con su misión.
Prefectos y cívicos opositores anticipan desacato por el IDH y las autonomías
"Media luna" ampliada lanza dos ultimátums al Gobierno
Los prefectos y cívicos de la Junta Autonómica de Bolivia determinaron dar dos plazos fatales al Gobierno del presidente Evo Morales. Si el Poder Ejecutivo no atiende sus demandas en contra del recorte al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y en favor de las autonomías, iniciarán medidas coordinadas de presión, desobediencia civil y autonomía "de hecho".
La "media luna" ampliada, que se reunió ayer en Tarija, está formada por las prefecturas y comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Cochabamba y Chuquisaca. Este último departamento, representado sólo por los cívicos.
El primer plazo vence el 15 de noviembre. Hasta esta fecha, el Poder Ejecutivo debe retirar el decreto de redistribución del IDH, que reduce los ingresos de las prefecturas y los entrega a los municipios. De lo contrario, los departamentos que conforman la junta asumirán medidas de presión.
Desde ya, cinco mujeres tarijeñas se declararon en huelga de hambre el lunes en demanda de la derogación del mencionado decreto y para que el Gobierno no le quite recursos a la prefectura de ese departamento. Ayer se instaló el primer piquete de huelga por el IDH en Chuquisaca.
El segundo término establece que antes del 15 de diciembre se deben aprobar las autonomías departamentales en la nueva Constitución para las regiones donde ganó el Sí.
De lo contrario, Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando se declararán autónomos "de hecho", señala la resolución aprobada anoche en los ambientes del hotel Viñas del Sur, de Tarija.
Además, la Junta Autonómica manifestó su pleno respaldo a Chuquisaca en su demanda de "legalidad" en la Constituyente y advirtió que no permitirá que las sesiones de este cónclave se trasladen a otra ciudad.
Si se consuma el plan de traslado anunciado por la bancada de asambleístas del MAS, el bloque opositor convocará a una cumbre nacional en Sucre que asumirá nuevas determinaciones en relación con el proceso constituyente.
En la reunión se formó el Consejo Nacional Democrático, que será presidido por el prefecto cruceño, Rubén Costas, quien dirigirá este ente durante seis meses, para luego pasarle la posta a su par tarijeño, Mario Cossío. La Junta aprobó ayer la segunda conminatoria de este bloque hacia el Gobierno del presidente Evo Morales, pues la primera tuvo lugar en Sucre, a finales de agosto.
Allí, los opositores exigieron al Movimiento Al Socialismo (MAS) respetar las reglas preestablecidas, los dos tercios y la democracia, en el marco de la Asamblea Constituyente.
Recibidos con fiesta
Las autoridades y representantes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca se reunieron previamente en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, para luego abordar un vuelo chárter de AeroSur con destino a Tarija, adonde arribaron al mediodía.
A su llegada al aeropuerto Oriel Lea Plaza, los prefectos y cívicos se encontraron con más de 50 personas, quienes se reunieron ahí para dar la bienvenida, con la típica ronda tarijeña y con guirnaldas de flores.
Banderas de los cuatro departamentos flamearon en el lugar, mientras el prefecto cruceño Rubén Costas y el anfitrión Mario Cossío bailaban al son del erke en compañía de sonrientes mozas lugareñas. No lo hizo así el prefecto beniano, Alberto Melgar, impedido por su pierna enyesada.
El grito de autonomía se hizo escuchar en el recibimiento, al que se sumaron los representantes de Cochabamba y Chuquisaca, pues en diálogo con los medios de comunicación señalaron que desean que sus regiones se sumen al proceso descentralizador y que buscarán las vías para hacerlo.
Empresarios se sienten amenazados
Los empresarios privados de Santa Cruz dijeron que se sienten amenazados por el Gobierno y lo acusaron de querer destruir el aparato productivo regional, para dar paso a un "Estado socialista comunitarista", que deseche la propiedad privada. El comunicado fue hecho público durante el congreso departamental que llevó a cabo este sector ayer.
En el texto se describen las visiones de los directivos cruceños sobre aspectos fundamentales relativos a la democracia, que según sus conclusiones se encuentra en grave riesgo, ya que el MAS quiere imponer un proyecto hegemónico para perpetuarse en el poder realizando cambios estructurales orientados a erigir un Estado comunitario.
Para los propietarios, este objetivo ya está encaminado, ya que el Gobierno comenzó a violentar el Estado de derecho, la independencia de poderes, principalmente por los "ataques" del Ejecutivo en contra del Poder Judicial y la injerencia en la Asamblea Constituyente.
Justamente en torno al cónclave deliberativo, el pronunciamiento señala que el MAS ha impulsado la instalación de una Asamblea "que, además de tener como premisa fundamental la destrucción de nuestro exitoso modelo productivo, pretende imponer una cultura y un modelo de sociedad ajeno a nuestra forma de ser y a nuestro estilo de vida".
Denuncian intento de cercar Tarija
El presidente del Comité pro Intereses de Tarija, Reynaldo Bayard, denunció ayer que el ministro de Defensa, Walker San Miguel, estuvo el miércoles coordinando con los representantes campesinos de la región el inicio de un cerco a la ciudad desde el lunes de la siguiente semana.
"Desde el lunes se quiere cercar a Tarija por orden del Gobierno. Vino el Ministro de Defensa para organizar esta acción. Nosotros nos estamos preparando para responder".
La Prensa intentó, sin éxito, conocer la versión del Ministro de Defensa sobre la denuncia de los cívicos tarijeños.
La afirmación del líder cívico fue ratificada por el prefecto tarijeño, Mario Cossío, quien calificó la acción gubernamental como parte de su estrategia para desestabilizar a los prefectos que no son de su línea política. "Está confirmado que el Ministro vino a reunirse con la Federación de Campesinos de Tarija en un ampliado político y con los dirigentes del MAS. Llegó para organizar la conspiración y a ejecutar la movilización en contra de Tarija". El Prefecto de Tarija mencionó: "Esto que estoy diciendo ahora se confirmará en los siguientes días y se verá que la gente con la que se reunió el Ministro será la que empezará a provocar movilizaciones".
Por Bolivia
El documento firmado por la Junta Autonómica contiene los siguientes puntos:
1. Abrogación del DS 29322, los artículos del proyecto de Ley Financial 2008 que pretenden confiscar el IDH, dando un plazo hasta el 15 de noviembre para anular estas medidas, de lo contrario se asumirán medidas de protesta extrema y desobediencia civil.
Asimismo, en caso de que la Asamblea Constituyente no constitucionalice antes del 14 de diciembre el mandato del referéndum por las autonomías, se asumirá el derecho de autogobierno, en respeto al mandato popular.
2. Se demanda el cumplimiento de la Ley de Convocatoria. En caso de no cumplir, se asumirá la desobediencia civil.
Respaldo al departamento de Chuquisaca, que demanda el respeto a las leyes, a la vez de convocar a los constituyentes a sesionar en Sucre y sólo en Sucre, sede legal de la Constituyente.
En caso de concretarse un cambio de sede de la Asamblea, se convocará a una Cumbre Nacional en Sucre.
3. Conformar el Consejo Nacional Democrático (Conalde), abierto a todo ciudadano, instituciones y organizaciones sociales de todo el ámbito nacional.
4. Rechazar el intento de bloqueo o cerco por parte del MAS a cualquier departamento.
Varias personas desfilaron disfrazadas de "ponchos rojos" con máscaras de burros o vestidas de cholitas con caretas que ludían al Primer Mandatario
Signos racistas en protesta de Sucre
Sucre: en una farándula, a las puertas de la sede de la Asamblea, se mostraron máscaras de asnos que representaban a varias autoridades nacionales
Sucre / La Prensa.- Centenares de sucrenses disfrazados desfilaron anoche frente a las puertas de la sede de la Asamblea Constituyente engrosando el cerco humano en ese recinto público. La mayoría de ellos eran jóvenes vestidos de campesinos "ponchos rojos" con caretas de burros, otros simulaban ser cholas paceñas con máscaras que remedaban el rostro del Primer Mandatario y algunos hacían ademanes obscenos contra una figura que representaba a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, también con careta de burro.
La marcha fue parte de una manifestación organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, que recorrió el centro urbano y se juntó con los grupos que rodeaban la institución. Unas 200 personas marcharon disfrazadas. Varias de las indumentarias usadas hacían alusión a los trajes de los campesinos de occidente, al Presidente boliviano y al de Venezuela, Hugo Chávez.
El grupo humano recibió la simpatía de las autoridades departamentales, regionales y universitarias que rodeaban la Asamblea, acatando el mandato del Comité Interinstitucional, que resolvió impedir que se instalen las sesiones en el Teatro Gran Mariscal mientras el foro no inscriba en su agenda el tema de la capitalidad, como lo exige Sucre.
Bajo esas circunstancias, el vicepresidente del cónclave, Roberto Aguilar, informó a las 18.00 que la Directiva decidió suspender la sesión que se tenía prevista instalar, después de 86 días de inactividad. Sin embargo, Silvia Lazarte anunció, a las 21.00, que se esperaría hasta las 07.00 de hoy para ver si los manifestantes se dispersan. Si eso ocurre, señaló que se podrá dar la sesión correspondiente.
La convocatoria a los 255 asambleístas, que exasperó a las instituciones cívicas, tenía como punto central de debate decidir si se reinstalaban las plenarias en Sucre, su sede legal, o se trasladaban a otra región.
El foro suspendió sus sesiones desde el 15 de agosto debido a los disturbios que siguieron a la decisión de la Directiva de no atender el pedido de que el Ejecutivo y el Legislativo estén en Sucre.
Jugada de ajedrez
No obstante, al Comité Interinstitucional no le fue fácil tomar la decisión final de impedir el trabajo del foro y, por momentos, su férrea cohesión demostrada hasta ahora pareció naufragar.
La disyuntiva era ejecutar las movilizaciones y "brindarle" la excusa perfecta a la Directiva para trasladar las sesiones a otra ciudad o dejar que el foro instale la plenaria sin la capitalidad en debate y con el riesgo de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) apruebe en grande su proyecto de texto constitucional, que finalmente sería sometido a una consulta popular posterior.
En la reunión de emergencia de sus miembros, que se desarrolló en el Rectorado de la Universidad San Francisco Xavier, el prefecto David Sánchez, militante del MAS, planteó una vigilia que permita al foro sesionar con la esperanza de que éste cambie su agenda.
La propuesta arrancó aplausos y adherentes. Los asambleístas por Chuquisaca Edwin Velásquez y Édgar Arraya exigieron que se impida la instalación del cuerpo deliberante e igualmente obtuvieron apoyo.
Resolución
La posición de la Federación Universitaria Local (FUL), expresada a través de su secretario ejecutivo, Álvaro Ríos, fue la que inclinó la balanza para que las medidas de presión contra el cónclave se ejecuten de inmediato.
El dirigente universitario expresó que Sucre fue "engañada" y recordó que la subcomisión del Consejo Político suprapartidario se comprometió a tratar la capitalidad en la primera sesión de la Asamblea, lo cual incumplió.
El Comité resolvió rechazar el traslado de sesiones a otra ciudad, declaró movilización inmediata, defender el IDH y declarar "enemigo número uno" de Chuquisaca al vicepresidente de la República, Álvaro García Linera.
Hay diferencias entre cívicos y Prefecto
El Comité Interinstitucional declaró por unanimidad "enemigo número uno" de Sucre y Chuquisaca al vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, por las expresiones "ofensivas" que dirigió contra la región. Sin embargo, la primera autoridad del departamento, David Sánchez, explicó que consideraba al segundo hombre del país como su amigo y no su enemigo.
García Linera denunció el martes, en un mensaje a la nación, "el secuestro" de la Asamblea Constituyente por parte de dirigentes y grupos políticos de la ciudad de Sucre, a quienes calificó de "minoría racista y fascista" que, sostuvo, busca evitar la refundación del país.
Así lo aseguró luego de conocer la decisión de representantes del Comité Interinstitucional que rechazaron la última propuesta sobre la sede de los poderes del Estado. El Vicepresidente reveló que los cívicos sucrenses fueron los que diseñaron el 90 por ciento del planteamiento, pero que, a último momento, lo rechazaron de manera inexplicable. Al respecto, el dirigente Jaime Barrón rechazó la acusación.
"La Constituyente está secuestrada, chantajeada y presionada por una alianza circunstancial de esas tres minorías" con referencia a algunos "dirigentes intransigentes de Sucre, del opositor Podemos y de una minoría empresaria" de Santa Cruz.
Según la alcaldesa Aideé Nava, las "declaraciones desaprensivas y las amenazas irascibles" del Vicepresidente y las decisiones de la Directiva significan el desahucio de la vía democrática.
El magistrado Alarcón ve un control social
El presidente de la Corte de Justicia de La Paz, Ricardo Alarcón, aunque aclaró que no conoce oficialmente el informe sobre la creación de la Unidad de Seguimiento al Poder Judicial, dijo que la nueva oficina forma parte de la lógica de control social anunciada por el Ejecutivo y adelantó que su funcionamiento no le preocupa, ya que "lo recto no tiene arrugas".
"No me inquieta mayormente, ya que los jueces siempre han obrado con imparcialidad. No me preocupa mucho. Hay que ver el contenido y las atribuciones de la Unidad de Seguimiento, hay que ver las previsiones que toma, el tipo de trabajo".
Con respecto a la posibilidad de que la creación de la oficina se pueda interpretar como una injerencia a la independencia del Poder Judicial, el magistrado explicó que "podría interpretarse como intervención al Poder Judicial, pero tomaremos desde el lado bueno, que viene a ser un control social que se viene a dar en entidades públicas en busca de la idoneidad".
Regiones dan plazo a Evo por el IDH y autonomía
Reunión. Seis regiones exigen la anulación de la nueva redistribución del dinero del gas y cierran filas por la sede del foro constituyente. El Gobierno califica de desafortunadas las determinaciones
AL SON DE LA TONADA. Prefectos y cívicos fueron recibidos con música tarijeña. El prefecto Costas baila con una chapaca
Campesinos aceptan la propuesta
Cristian Peña y Lillo - Tarija
Los representantes de Cochabamba, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, en contracorriente con muchos de los discursos y propuestas planteados por los sectores que participaron de la reunión en la capital chapaca, decidieron dar dos ultimátums al Gobierno.
El primero tiene como plazo el 15 de este mes, tiempo en el cual se pide que el Poder Ejecutivo abrogue el Decreto Supremo 29322, que redistribuye los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH); elimine los artículos de la Ley Financial 2008, que pretenden confiscar esos recursos, y haga la devolución del dinero retenido a las regiones por regalías petroleras.
El otro interpreta que las acciones gubernamentales buscan truncar las autonomías departamentales y la descentralización, por lo cual afirman que si la Asamblea Constituyente no constitucionaliza hasta el 14 de diciembre el mandato del referéndum autonómico, los cuatro departamentos donde ganó el Sí asumirán su derecho democrático de autogobierno.
Cumplidos ambos 'plazos fatales', los representantes de las seis regiones llevarán a cabo medidas de presión; sin embargo, estas dos decisiones, estampadas en el documento final que fue aprobado por la plenaria, reunida en el auditorio del hotel Viña del Sur, en principio tenían otro norte.
Por su parte, el viceministro Fabián Yaksic, calificó los dos ultimátums como 'desatinados y contradictorios' al discurso que manejan sobre descentralización y autonomía. Según Yaksic, en el plazo por el IDH, los prefectos y cívicos que se reunieron ayer demuestran su oposición a la descentralización económica hacia las provincias y municipios, al pretender distorsionar el tenor del nuevo decreto, que instruye la nueva redistribución de los recursos del gas, Mientras, en el segundo punto queda demostrada la intencionalidad de esas autoridades para boicotear el foro constituyente, en su afán de poner en vigencia un segundo plan a través del estatuto autonómico en las regiones que ganó el sí a las autonomías.
Durante la reunión en Tarija, los transportistas ratificaron el paro de 24 horas para el próximo miércoles que su sector efectuará, a escala nacional. A la vez, la resolución también pidió que las mujeres que estaban en huelga de hambre en la sede del comité tarijeño suspendan la medida. El pedido fue aceptado.
Durante la jornada se especuló con el inicio de un paro cívico en las seis regiones, pero la propuesta no tenía el apoyo por sectores de Cochabamba y Santa Cruz, por lo que fue anulada. Al menos así definieron el prefecto de Tarija, Mario Cossío, y su par de Pando, Leopoldo Fernández, la resolución del encuentro. "Éste es el último plazo que le damos al Gobierno", dijo Cossío, y Fernández indicó: "No hubo contraposiciones en las demandas de la gente, sólo que cuando pedimos que se rectifiquen algunas acciones equivocadas por parte del Gobierno, nosotros tenemos que dar un nuevo plazo. Pero esto es un ultimátum, porque tiene un plazo perentorio".
Para hacer cumplir ese mandato se conformó el Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por los representantes cívicos, prefecturales, municipales y sociales de los seis departamentos, el mismo que será presidido durante seis meses por el prefecto cruceño, Rubén Costas. Dicha autoridad, que no fue posesionada en el acto, fue enfática al afirmar que las decisiones ya están asumidas y resaltó el hecho de que el encuentro tarijeño ya no mostró una 'media luna', sino "una luna en crecimiento".
La presidenta de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, María Elva Pinckert, como resumiendo los discursos lanzados por los diferentes sectores, exigió acción y no más encuentros.
Nadie pidió mesura, ni nuevas mesas de diálogo ni posibles encuentros con el Gobierno para buscar alternativas que no impliquen el asumir medidas de presión, ya que, afirmaron, el Poder Ejecutivo responde con agresiones e insultos las propuestas de mediación que se plantearon antes.
Todos tuvieron la oportunidad de hablar. Los universitarios y juntas vecinales llamaron a la resistencia de todas las regiones y se propusieron a sí mismos como los ejecutores de las medidas que se determinen.
Algunos dirigentes indígenas, como el beniano Marcial Fabricano, criticaron al presidente, Evo Morales, a quien calificaron de traidor y propulsor del racismo entre bolivianos.
El presidente del Concejo Municipal cruceño, Óscar Vargas, buscó reafirmar la unidad del encuentro tarijeño al asegurar que se acabó el término de 'media luna' y recalcó que los cívicos, prefectos, sectores indígenas y sociales son de hoy en adelante "los dos tercios en defensa de las autonomías".
Finalmente, la resolución da un respaldo total a las determinaciones de los chuquisaqueños, pero también exige a los constituyentes sesionar sólo en la capital del país y no en otra región.
De cambiarse la sede del cónclave, se convocará una cumbre nacional en Sucre, para definir medidas de presión en la búsqueda del restablecimiento las sesiones.
Acusan al Gobierno de crear malestar
El presidente del Comité pro Intereses de Tarija, Reynaldo Bayard, aseguró ayer, durante la re
El Congreso es visto como una opción para cambiar la CPE
Asamblea. La propuesta fue de Podemos, por considerar que no hay tiempo en la Constituyente. El oficialismo y otros sectores de oposición descartaron esa posibilidad. La capitalidad aún no tiene respuesta
PARLAMENTO. La sustitución de la Asamblea por el Congreso dependerá de modificaciones a las normas legales
Aideé Rojas
Transferir al Congreso la potestad de reformar la Constitución Política del Estado, ante un eventual fracaso de la Asamblea Constituyente, fue propuesto ayer por parlamentarios de la oposición. Sin embargo, para el oficialismo la sugerencia es inviable y carece de legitimidad.
A juicio del senador Luis Vásquez, de Podemos, el Legislativo tendría que asumir funciones de Congreso Constituyente debido al poco tiempo (35 días, entre hábiles y fines de semana) que tienen los asambleístas para aprobar la Carta Magna y entregar el nuevo texto constitucional el próximo 14 de diciembre. "Hasta la fecha no hay ni un solo artículo aprobado", dijo.
Según Vásquez, ese mismo rol asumió el Parlamento en 1967, año en el que el Legislativo trabajó por la mañana como Congreso y por la tarde como Constituyente para hacer las modificaciones a la CPE. Además, aclaró que aprobar el planteamiento no significa renunciar a una nueva Constitución, sino que se evitaría los conflictos sociales y, sobre todo, el gasto económico que significa el foro constituyente.
Sin embargo, la propuesta de Vásquez no fue bien recibida en el oficialismo. El constituyente Carlos Romero, del MAS, la calificó de inviable por considerar que el Parlamento sólo está facultado para hacer modificaciones parciales a la Constitución, siempre y cuando en esta legislatura se haya aprobado una ley de necesidad de reforma con los temas específicos de modificación, para que en el siguiente periodo de Gobierno se proceda a realizar los cambios, por dos tercios de votos sobre aspectos mencionados en la ley.
A criterio de Romero, el Consejo Político que se reunió en La Paz, a la cabeza de Álvaro García Linera, logró un 80% de avance en los temas relacionados con el modelo de Estado, autonomía y el punto que faltaría consensuar está relacionado a la nueva estructura del Estado boliviano.
En la misma línea, el senador masista Antonio Peredo restó importancia a la propuesta que hizo Vásquez, por considerar que el Poder Legislativo no tiene competencias para hacer cambio total a la Carta Magna."Es más o menos decir: como no tengo zapato nuevo, le voy a poner un parche a la suela, eso no sirve" opinó el masista.
El planteamiento de la oposición, tampoco es bien vista por los asambleístas de APB, pues a criterio del constituyente Mariano Aguilera, si no hay cambio de actitud tanto en la extrema derecha como la izquierda radical, no se podrá consolidar en ningún escenario de debate los cambios que esperan los bolivianos.
La politóloga Jimena Costa lamentó que la propuesta de sustitución de la Asamblea por el Congreso haya salido de parte de la oposición sin esperar el desenlace la plenaria convocada por la directiva de la Constituyente.
Si bien el Congreso tiene atribuciones para hacer las reformas a la Carta Magna, aclaró Costa, lo óptimo hubiese sido que la sociedad civil solicite que el Parlamento reciba los cambios consensuados por los asambleístas y a través de una ley de necesidad de reforma se introduzcan esos cambios en la actual Constitución.
Ante el fracaso del foro, la diputada por Unidad Nacional Roxana Gentile, dice que se deberá hacer reforma en el Congreso y proceder a debatir los cambios para el país, a fin de mantener la paz social.
Cardenal pide no temer a la adversidad
Amparado en el documento de Aparecida, emitido en la quinta Conferencia del Episcopado de Latinoamérica y del Caribe, celebrada en Brasil, el cardenal Julio Terrazas pidió, durante la inauguración de la 85 asamblea anual de obispos, no tener miedo y seguir en las dramáticas circunstancias de la vida".
Durante la inauguración de este evento, el prelado hizo hincapié en el mensaje que dio el papa Benedicto XVI al inicio de su pontificado, cuando invocó a no temer y contribuir a la apertura de las puertas a Cristo.
"Es un momento de tensiones, de amenazas, lenguajes violentos e incomprensiones cimentadas en una cultura de enfrentamientos generalizados", dijo el cardenal, en momentos de incertidumbre en los que vive el país a causa del recorte del IDH y la crisis en la que se encuentra el foro constituyente.
Por su parte, el nuncio apostólico, monseñor Ivo Scapolo, afirmó que la propuesta que hizo la Iglesia católica boliviana a la Asamblea Constituyente debe ser escuchada y atendida, pues busca proteger los valores fundamentales como la libertad religiosa, educativa, la vida humana, el matrimonio entre varón y mujer y la familia.
Los religiosos están reunidos en Cochabamba para participar en la 85 asamblea anual de la Conferencia Episcopal Boliviana. /ANF
Queda sin efecto la legitimidad
Erwin Rojas / Abogado
El convertir al Parlamento en un Congreso Constituyente significa dejar sin efecto varias normas legales que regulan la Asamblea Constituyente, además de la legitimidad.
Hay alternativas para que la Asamblea salga de la crisis, como por ejemplo dejar que cumpla su mandato y que se disuelva y después aprobar una nueva ley para convocar a otro proceso constituyente con nuevas reglas y normas.
Otra opción es que se disuelva el actual proceso constituyente y se apruebe una ley para convocar a un referéndum nacional para consultar al pueblo boliviano si está de acuerdo en que el Parlamento nacional se convierta en Congreso Constituyente, a fin de hacer las reformas a la Constitución, o se convoca a una nueva Asamblea Constituyente.
En el resto del país
No al egocentrismo
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, demandó a las autoridades de Gobierno, partidos políticos opositores y comités cívicos excluir el egocentrismo, la intransigencia y la irracionalidad para reencaminar la Constituyente y privilegiar el diálogo. Albarracín envió una carta a autoridades de La Paz, Chuquisaca y al Gobierno para continuar con el diálogo.
Achacachi amenaza
Los ponchos rojos de Achacachi, de La Paz, advirtieron con una revolución como en 1952 para construir la nueva Bolivia, hacer respetar la vigencia del foro y frenar la frustración del magno evento que busca la derecha. El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, dijo: "Estamos en alerta y convocaremos a los estados mayores de los pueblos indígenas.
Empresarios temen
Empresarios privados manifestaron que se sienten amenazados por el Gobierno, cuyas autoridades aseguraron que pretenden destruir el aparato productivo nacional para dar paso a un Estado socialista, sustentado en un modelo económico comunista. Ese gremio se reunió ayer en un congreso regional denominado Democracia y Libre Empresa.
Respaldo al 'Vice'
Dirigentes de Conamaq y organizaciones alteñas se pronunciaron ayer respecto a la posición del 'Vice', Álvaro García Linera, que anunció cambios radicales sobre la propiedad y la distribución de la riqueza en la nueva Carta Magna, y manifestaron que apoyarían al Gobierno siempre y cuando consulte con ellos sobre el manejo de los recursos naturales
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