Política / Asamblea
MAS y Podemos juegan con un plan para doblegarse y no ceder
ESTRATEGIA • El autor del presente análisis sostiene que los principales partidos hacen de "águilas" y "palomas" para avanzar con su proyecto, en el escenario llamado a generar acuerdos.
• UN HITO • La disputa en la aprobación del Reglamento para la forma de votación fue un parteaguas en la relación política.
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Franco Gamboa R.
Sociólogo
Los asambleístas tuvieron una excesiva visión dramática de la Constituyente, razón por la que asumieron la concertación como un fracaso, y vieron a los pactos de gobernabilidad como negativos, lo cual estimuló estrategias desestabilizadoras en la oposición que desconfiaba del MAS y el gobierno. Las negociaciones muestran el enfrentamiento entre aquellos que se consideran "águilas" y quienes se asumen como "palomas".
El águila sobrevuela y diagnostica el terreno donde cazará a su presa, es decir, el objetivo final es obtener el 100% de beneficios en cualquier negociación. Su oponente es la paloma que busca transmitir la imagen de víctima ante la opinión pública para evitar perder todo en los conflictos; pero, durante la Asamblea, fue muy claro que las palomas aspiran a convertirse en águilas porque su interés final es cazar las mejores recompensas. Así, ocultan sus intereses y no les es posible ceder hasta que alguien sea doblegado por completo.
Las confrontaciones durante la aprobación del artículo 70, sobre el sistema de votación del reglamento de debates, partieron en dos las deliberaciones de la Asamblea: el apoyo del MAS para lograr la mayoría absoluta y las posiciones de Podemos que demandaba los 2/3 para subsistir como oposición. Estas actitudes se trasladaron a la redacción de los informes de comisiones por "mayoría" y "minoría" en julio del 2007, lo que provocó la ruptura de los canales de comunicación entre todas las fuerzas políticas. Este distanciamiento evitó la generación de relaciones de confianza que se necesitaban para identificar una visión de país renovada, inclusiva y reconciliadora dentro de la Asamblea.
Los partidos más grandes, MAS y Podemos, reforzaron y refuerzan todavía las estrategias de sometimiento total que se expresa por medio de la relación entre el águila que quiere el todo por el todo, y la paloma que pretende transmitir su posición de víctima, a la espera del momento oportuno para convertirse también en águila. Esto liquida el diálogo y es muy agotador para articular consensos sobre los temas de mayor preocupación como la estructura institucional del Estado, el futuro de los hidrocarburos y los sectores estratégicos de la economía, la problemática de la tierra como recurso de desarrollo, las autonomías, los derechos y las garantías fundamentales de las personas en un régimen de libertades democráticas.
La Asamblea como espacio de construcción institucional de acuerdos nacionales negociados, no pudo generar valor público donde se destaque la posibilidad de ceder algo para evitar más enfrentamientos. Como en el juego de las negociaciones se concentró en ser víctima o cazador, las aspiraciones de transformación social y política no pudieron ser canalizadas por medio de una relación fluida entre los asambleístas y la sociedad civil.
La Constituyente abrió demasiadas brechas de confianza y aislamiento, cuyo resultado es el desprestigio de las palabras pacto o consenso. Las águilas en algún momento también quieren aparecer como palomas, estimulando un clima de opinión carente de valores reconocidos por los otros negociadores que puedan durar en el tiempo.
La Asamblea corre el riesgo de ser juzgada negativamente por la ciudadanía que, probablemente, asumió que el proceso constituyente es inapropiado para la creación de valores públicos y soluciones útiles en términos de mejores resultados para una reforma política eficaz, mejores condiciones para lograr una buena vida y mayor confianza en las instituciones democráticas que son expresión directa de un sistema político que no superó la crisis de Estado desde octubre trágico del año 2003.
Insistir en las relaciones políticas entre águilas y palomas para las negociaciones en la Asamblea provoca efectos contraproducentes: primero, la eliminación del juego de aquellos considerados como enemigos políticos. Segundo, la mayoría absoluta solamente impulsa un proyecto único de poder y construcción de valores públicos con sesgos étnicos y de clase.
En este caso, no se puede negar que los grupos indígenas y los movimientos sociales, que defienden al Movimiento al Socialismo (MAS), tienen expectativas políticas legítimas que podrían considerarse como generadoras de valor público transformador; sin embargo, las águilas que estimulan excesivos sesgos de clase, étnicos y partidarios, no parecen darse cuenta de que las definiciones "valiosas" para la sociedad boliviana cambiarán constantemente como resultado de la experiencia democrática y el debate públicos. Es por esto que la existencia de la oposición adquiere relevancia para poner límites al ejercicio arbitrario del poder político.
El Gobierno y la oposición se necesitan
El sociólogo Franco Gamboa sostiene que la desestabilización en la Asamblea Constituyente está siendo sustentada perjudicialmente por la oposición de Podemos, lo cual también conduce a la destrucción de la reconciliación y la esencia del valor público.
La probabilidad de recuperar credibilidad y eficacia en la Constituyente pasa por comprender la necesidad de una combinación entre un Gobierno fuerte y una oposición reconocida en esa condición.
"Un gobierno fuerte como quería el MAS, debe fructificar junto a la competencia de una oposición política reconocida como interlocutor válido porque de esta manera un régimen democrático logra el mejor balance entre rendición de cuentas, innovación y eficiencia", agrega el investigador.
Con esa consideración, añade que la estrategia de doblegar al opositor "demuestra ser excesivamente costosa e inútil para desactivar conflictos".
Política / Asamblea
Cívicos buscan
un paro total
En las últimas horas se intensificó el proceso de coordinación para garantizar el bloqueo de las vías de conexión interdepartamental. Los campesinos, gremiales, junta de vecinos y transporte no acudirían a la convocatoria.
• EL CENTRO DE LAS PROTESTAS • La ciudad de Sucre se ha convertido en el nuevo escenario de las movilizaciones. En la foto del jueves se ve a los manifestantes en la plaza 25 de Mayo.
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Mientras el Gobierno denuncia que el paro en seis regiones es pagado y su convocatoria "unilateral y antidemocrática", los cívicos intensifican la coordinación en diferentes provincias, de tal forma de conseguir contundencia con el bloqueo de vías de interconexión departamental.
Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija suspenderán actividades el martes en defensa de la democracia y la institucionalidad, protesta que será seguida, el jueves y viernes, de un paro judicial en defensa de los tribunos que envió a juicio el MAS y que, sin embargo, retornaron a sus funciones.
El vicepresidente de los cívicos cruceños, Luis Núñez, afirmó que el martes "no se moverá ni una hoja, a no ser que haga viento", y agregó que el movimiento cívico provincial coordina el bloqueo de carreteras.
Jhon Cava, presidente cívico de Chuquisaca, aseguró que el paro será departamental y, en esa línea, explicó que comisiones de cívicos en las provincias y de la asociación de municipios se trasladan a diferentes regiones para organizar esta medida.
Sucre es el centro de las movilizaciones desde el 15 de agosto, cuando una plenaria de la Asamblea Constituyente decidió excluir del debate el tema del traslado de los poderes.
En Cochabamba, sin embargo, no existe la certeza de paralizar el departamento teniendo en cuenta que los cocaleros del Chapare son afines al MAS. El líder cívico Óscar Zurita reconoció esta debilidad, pero anunció que en la ciudad incluso se cerrará el aeropuerto Jorge Wilstermann.
En Beni se ultiman los preparativos. El titular del ente cívico, Alberto Melgar, informó que están "cansados de tanto atropello en la Constituyente", por lo que el martes "se cerrarán fronteras con Brasil, el aeropuerto y se bloqueará" las vías de acceso. Pando decidió ayer participar activamente de la protesta. Su representante cívica, Ana Melena, sostuvo que "nos sumamos a la medida de las cinco regiones con un paro movilizado".
Los empresarios también se pronunciaron en la línea de las demandas cívicas, rechazando el totalitarismo y pidiendo diálogo.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció en rueda de prensa que estos paros "obligados, pagados son decisiones unilaterales y antidemocráticas", y añadió que traerán pérdidas por $us 20 millones.
Asimismo, acusó a las autoridades judiciales de "convertir la justicia en un instrumento político" y a los empresarios de mantener un "libreto del pasado".
De las movilizaciones se desmarcaron los indígenas del oriente. Su dirigente, Adolfo Chávez, explicó que no son parte de la estructura cívica y no participarán de las movilizaciones.
Similar posición tomó la Confederación de Juntas Vecinales. El dirigente Benjamín Cáceres dijo que "se ha pedido a las juntas vecinales no confrontar el país".
Por su parte, el dirigente vecinal de El Alto, Nazario Ramírez, manifestó que se definió que los campesinos, gremiales y transportistas "no harán caso a la convocatoria" cívica.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, espera que "con un diálogo entre La Paz y Sucre se desarticulen los conflictos".
PANORAMA GENERAL
Acciones • Los cívicos de seis regiones preparan un paro de actividades en el área urbana y rural de sus departamentos.
Resistencia • Las organizaciones sociales afines al Gobierno decidieron que no acatarán la convocatoria para el martes.
Gobierno • Quintana calificó la organización de la medida de "unilateral y antidemocrática", y aseguró que es pagada.
Mediación • El Defensor del Pueblo confía en el diálogo entre Chuquisaca y La Paz sobre la capitalidad.
Política / Asamblea
El Gobierno sentencia que la justicia se usa políticamente
REACCIÓN
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La decisión del Poder Judicial de paralizar sus actividades por 48 horas "daña aún más su imagen y convierte a la justicia en una herramienta política", aseguró ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Los administradores de Justicia decidieron paralizar sus actividades el jueves y viernes en defensa de los tribunos Elizabeth Íñiguez, Martha Rojas, Wálter Raña y Artemio Arias, que fueron llevados a juicio de responsabilidades por el MAS el jueves. Aunque los acusados decidieron seguir en funciones amparados por una resolución de la Comisión de Derechos Humanos que archiva los obrados de este caso.
Quintana consideró que el paro judicial "es una decisión desafortunada" y que, en vez de parar, debían dedicarse más a sus labores y "no convertir a la justicia en una herramienta política".
Política / Asamblea
Los cívicos anuncian que la ONU y la OEA los recibirán
AUDIENCIA
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El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Núñez, aseguró ayer que una comisión presidida por la dirigencia cívica de ese departamento será recibida la próxima semana en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar que el Gobierno vulnera los principios democráticos.
De acuerdo al líder cívico, la comisión llevará los documentos que sustentarán y probarán la denuncia. Aunque no precisó cuántas personas integrarán dicha comitiva, adelantó que ésta estará encabezada por Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico cruceño.
Branko Marinkovic, en momentos en los que oficializó el paro cívico a nombre de la defensa de la democracia y, particularmente, de la institucionalidad del Tribunal Constitucional, anunció que acudiría a ambas instituciones a denunciar los excesos.
Rebrota conflicto por tierras en comunidades indígenas de Apolo
Las peleas por tierras, en el norte de La Paz, aumentan en intensidad. Campesinos de Apolo y de las 20 provincias paceñas definirán medidas de presión hasta el 31 de agosto.
Mientras los grupos indígenas lecos y tacanas denuncian abusos, por ejemplo la quema de sus viviendas, el Gobierno busca consensos y anuncia un plan de dotación de suelos para los habitantes del norte paceño.
Según la agencia Enlared, campesinos y colonos de Apolo y las 20 provincias de La Paz tendrán un ampliado el 31 de agosto y decidirán las medidas de presión para hacer escuchar sus demandas.
Los dirigentes se quejaron de la política de distribución de tierras de las autoridades nacionales. A todo esto se suma el reclamo de los indígenas, quienes aseguraron que son víctimas de provocaciones.
En mayo, los campesinos de Apolo protagonizaron un bloqueo de caminos e ingresaron al parque Madidi para crear asentamientos, como medida de protesta por la falta de atención a un pliego de tres puntos.
Los reclamos de los campesinos de ese sector eran la apertura del camino Apolo-Ixiamas a través del Área de Manejo Integrado del parque; el inmediato inicio de exploración de petróleo y la revisión de dotación de tierras a los indígenas.
Para el alcalde de Apolo, Alejandro Huanca, el principal problema se relaciona con la tenencia de tierras: Este punto está totalmente pendiente, justamente la gente se está movilizando nuevamente, declaró, a tiempo de anunciar el ampliado para el 31 de este mes./ABI
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