28 de agosto 07

Especiales / De acuerdo

El desafío de la Asamblea consiste en fijar el alcance de los derechos colectivos



• COMUNIDAD AYOREA • Los pueblos originarios apelan a la autodeterminación como un derecho para conservar sus tradiciones.
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Los asambleístas deben tomar en cuenta la discusión que ha surgido entre sectores que consideran a los derechos colectivos como parte de los derechos fundamentales y aquellos que consideran los derechos humanos como patrimonio exclusivo de los individuos.
Gonzalo Jordán

Existe un amplio consenso al momento de afirmar que los derechos humanos no solamente deben ser el fundamento de mayor peso en las constituciones estatales, sino que además deben emplearse como el principal criterio para elaborar las normas legales y conceptualizar los regímenes políticos. Sin embargo, frente al dilema de si los derechos colectivos deben ser considerados como parte de los derechos humanos o no, devienen posiciones encontradas, que podría afectar su incorporación o exclusión en el texto constitucional.

Algunas corrientes perciben en los derechos colectivos una opción clara para lograr el reconocimiento de las distintas nacionalidades que coexisten en el territorio de influencia de un solo país, como sucede en Bolivia.

Los distintos grupos que defienden esta posición consideran que los derechos colectivos deben ser incorporados dentro del texto constitucional, no solamente porque es la manera más efectiva de alcanzar los objetivos trazados, sino principalmente porque estas medidas forman parte de los derechos humanos, por tanto, el Estado no sólo tiene el deber de reconocerlos, sino también de respetarlos y defenderlos.

Al otro lado de la moneda se ubican aquellos que adoptan una posición liberal, al subrayar que la concepción de los derechos humanos surgió frente a la necesidad de establecer barreras a las arbitrariedades de la monarquía y el abuso de las distintas tiranías políticas, con el propósito de defender "al individuo contra el absolutismo tribal, y delimitar los límites infranqueables de cualquier poder estatal sobre los ciudadanos". Esta perspectiva considera que los derechos humanos están orientados a potenciar la individualidad y protección de los individuos, y no su anulamiento en lo común.

Para comprender mejor este debate, conviene entender la definición de los términos en conflicto. En general, se acepta que los derechos humanos van ligados a la dignidad de las personas. En este sentido, cualquier ser humano, independientemente de su edad, religión, sexo o condición social, goza de ellos.

Una de las formas más aceptada de clasificar a los derechos humanos es la llamada tres generaciones, conceptualizada a partir de las tres nociones que fueron la consigna de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. La primera comprendería los derechos fundamentales civiles y políticos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, de expresión y de opinión. Dentro de la segunda generación figuran los derechos económicos, sociales y culturales: es el caso del derecho al trabajo, a la salud, educación o de participar en la vida cultural del país. Por último, aparecen los derechos de solidaridad, como el derecho a la paz, a la autodeterminación de los pueblos o a vivir en un medio ambiente sano.

En cuanto a esta clasificación, el sociólogo Arturo Villanueva, especialista en derechos de pueblos indígenas y funcionario del Ministerio de la Presidencia, sostiene que es importante considerar que ha sido planteada por razones históricas, pero también políticas, en tanto responde a una visión liberal de los derechos humanos, que le otorga al individuo un papel protagónico, de allí que desde esta posición los derechos colectivos adquieren una connotación inferior y ambigua.

Rescatando el otro término en discusión, Diana Urioste, investigadora especialista en temas de género y secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, afirma que los derechos colectivos o comunitarios se hallan íntimamente relacionados con el medio en donde habitan los distintos pueblos o grupos étnicos y las costumbres que éstos manifiestan. De allí que aspectos como la administración comunal de territorios o la aceptación de usos y costumbres, en cuanto a formas de organización y elección de autoridades se refiere, entrarían dentro de este ámbito. Desde esta perspectiva, los derechos colectivos podrían entenderse como derechos humanos de tercera generación, en tanto pregonan la autodeterminación de los pueblos. Empero, también se relacionan con aspectos culturales, considerados como derechos humanos de segunda generación.

Por otro lado, Villanueva aclara que es importante señalar que los derechos de los pueblos indígenas o de otros sectores particularmente vulnerables no deben ser entendidos como una concesión, sino más bien como "la objetivización de hechos y valores propios e inherentes que caracterizan a un grupo, sector o población; cuya protección y respeto son indispensables para garantizar su pleno desenvolvimiento" y en algunos casos su supervivencia.

Ahora bien, en la práctica, los derechos colectivos han sido concebidos como una reivindicación de las minorías frente a las mayorías. No obstante, los derechos culturales fundamentales forman parte del patrimonio de todos los seres humanos. De allí que para ciertos intelectuales la concepción de los derechos colectivos como derechos humanos culturales puede acarrear algunas contradicciones, no solamente teóricas sino también prácticas.

Reflexionando la discusión desde una perspectiva teórica, Villanueva afirma que, si se acepta que los derechos de los pueblos indígenas "responden al permanente y continuo avance en la dignificación del hombre y la concientización de los valores éticos y morales de la humanidad", entonces no sería razonable asumir que los derechos colectivos puedan ir en contra de los derechos humanos, considerando que los derechos fundamentales son interdependientes, indivisibles y complementarios, es decir, que no debe existir "ningún tipo de supeditación de unos respecto de otros", pues de lo contrario ya no serían derechos, sino más bien privilegios.

Urioste considera que al momento de contrastar diferentes sistemas de valores, probablemente se podría presentar algunas contradicciones, especialmente en relación a los derechos individuales de las mujeres y de los niños, ya que en algunas comunidades no existe una normativa específica que considere la violencia doméstica como un delito: "Al no estar inmersos en dinámicas estatales, muchas veces estos grupos o comunidades han estado marginadas también del conocimiento y del ejercicio de los propios derechos humanos e individuales".

Sin embargo, se requieren de estudios más profundos para determinar si el orden normativo de algunas comunidades originarias y de grupos indígenas efectivamente reconoce o no los derechos individuales específicos de las mujeres. En este sentido, la Coordinadora de la Mujer ha iniciando investigaciones con el propósito de resolver este vacío.

De todas maneras, si las normas son establecidas coherentemente, no sería difícil "garantizar que los sistemas de justicia originarios contemplen elementos de protección de derechos individuales", y que bajo ningún motivo estén orientados a solventar tiranías. Por otro lado, como precisa Urioste, no hay que olvidarse que, después de todo, ningún sistema de organización es puro, que las sociedades continuamente se retroalimentan unas de otras. Por tanto, los sistemas de justicia originales bien podrían complementarse con el sistema occidental, y viceversa.

La justicia comunitaria bien podría complementarse con el sistema de justicia occidental, y viceversa.


Especiales / De acuerdo

Las reivindicaciones indígenas precisan incluirse en la Carta Magna
Debate • Es importante circunscribir derechos constitucionales que garanticen el pleno desenvolvimiento de los pueblos indígenas, y a la vez potencialicen y protejan los derechos individuales



• DESPLIEGUE COMUNITARIO • Los derechos colectivos pretenden asegurar el desenvolvimiento de los pueblos indígenas.
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Dentro del actual proceso de construcción nacional, es indispensable reconocer que en nuestro territorio conviven diversos pueblos originarios, con sistemas de organización diferentes al impuesto por el Estado, y cuya concepción sobre el mundo difiere de la occidental. El desconocimiento de estas diferencias ha influido para que el aparato estatal funcione a favor de algunos grupos de poder, en desmedro del interés de la mayor parte de la población.
En 1995, con el propósito de atenuar carencias tan evidentes, se implementaron algunas reformas en la Constitución Política: el artículo 1 define la naturaleza multiétnica y pluricultural de la sociedad boliviana, y el artículo 171 confiere a los pueblos originarios algunos derechos.

La investigadora Carla Valcarce examinó el alcance de estas medidas y propuso algunas consideraciones con el fin de saldar los vacíos que aún persisten. Así, por ejemplo, en relación al artículo 171 se podría entender como un avance significativo que pasa del papel a la práctica, en la medida en que se pretende consolidar el rasgo multiétnico y pluricultural adoptado en el primer artículo de la Carta Magna.

Esta medida procura impulsar el reconocimiento, respeto y protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas: "el artículo 171 fija las bases para que la Constitución reconozca los derechos colectivos de los pueblos, abre la posibilidad de que las autoridades originarias asuman el poder público, aunque sea en el marco de las municipalidades, y abre las posibilidad de una institucionalización positiva de los valores y organización de los diversos pueblos originarios".

A pesar de estos avances, Valcarce considera que aún queda mucho por hacer, además de varias carencias que podrían y deberín resolverse a través del actual debate constitucional.

Por ejemplo, los derechos indígenas no han sido formulados "como derechos diferenciados y esa es una debilidad", porque al no estar diferenciados, tales determinaciones forman parte de los derechos universales reconocidos a todos los individuos que habitan en el territorio nacional.

El carácter general del artículo 171 representa otra de las deficiencias a considerar, pues si bien reconoce derechos sociales, económicos y culturales a los pueblos indígenas, no contempla derechos civiles ni políticos.

Por otro lado, una de las dificultas descansa en la ubicación del artículo señalado, pues se encuentra dentro del régimen especial agrario, situación que reduce la concepción étnica en torno a consideraciones agrícolas y campesinas, que representan solamente un aspecto entre los muchos que constituyen la vida indígena.

Finalmente, se encuentra la naturaleza legal de estas determinaciones que limita su eficiencia, puesto que "el artículo 171 es una norma constitucional programática". Esto significa que para poder ser efectiva esta medida requiere de la intervención de una norma legal que delimite sus alcances.

A tiempo de plantear estas deficiencias se sugiere algunas propuestas. Por ejemplo, para que la aplicación de los derechos indígenas se lleve a cabo directamente, es decir, sin la intervención de una norma secundaria, Valcarce considera que éstos precisan ser formulados explícitamente en el texto constitucional, enunciados en lo posible como derechos, tomando en cuenta que la interculturalidad debería ser un criterio que atraviese todos los capítulos de la Constitución: "La sola enunciación constitucional, por más deficiente que sea, garantiza que no se dicten normas opuestas".

En cuanto a la primera debilidad mencionada, se sugiere rescatar la experiencia de otras constituciones de América Latina, como la de Ecuador, México o Venezuela, en donde los derechos indígenas son tratados como derechos colectivos; tratamiento que le otorgaría la titularidad a la colectividad, y no así a los individuos, aunque los integrantes de estas comunidades podrían beneficiarse de los derechos mientras éstos puedan ejercerse de manera individual. Cabe aclarar que este procedimiento no excluye la titularidad individual del resto de los derechos fundamentales, reconocidos a todos los habitantes del país.

Desde esta perspectiva, el principal propósito de reconocer derechos colectivos a favor de grupos o comunidades indígenas sería el hacer "respetar y garantizar derechos diferenciados, particulares, distintos a los universales, en la medida en que reflejan una cosmovisión diferente de aquella en que está fundada el resto de la sociedad".

En relación a este punto, cabe señalar que la titularidad de los derechos colectivos, entendidos como derechos fundamentales de tercera generación, está generando visiones contrapuestas en distintos ámbitos académicos. Fernando Savater, catedrático de filosofía de la Universidad Complutense, considera que si bien los sujetos colectivos, ya sean entidades comerciales o culturales, corporaciones, grupos indígenas o naciones, pueden tranquilamente ejercer otros derechos como una entidad legal, no pueden ser titulares de los derechos humanos, entendidos como el mínimo común denominador de la dignidad humana, "por la sencilla razón de que no hay seres humanos colectivos".

Diana Urioste, especialista en investigaciones de género, coincide con esta posición al afirmar que los derechos humanos se relacionan directamente con individuos, pero que éstos terminan constituyendo colectividades. Por lo tanto, la protección de los derechos individuales también conduce a garantizar la protección de derechos colectivos. En este sentido, todos los derechos individuales tenderían a "colectivizarse".

En cualquier caso, como podemos observar, los argumentos se encuentran dentro de un orden teórico antes que práctico, de allí que convendría preguntarse si sería pertinente trasladar tal discusión al debate constitucional, habida cuenta de la incapacidad que han manifestado algunos de los asambleístas para resolver temas contradictorios de índole ideológica.

La protección de los derechos individuales también conduce a garantizar la implementación de los derechos colectivos


El Evento

Miles de campesinos se movilizan por la Asamblea
SUCRE • La marcha también exigió diálogo y advirtió con poner en riesgo la sede del Judicial.



• MARCHA EN LA CAPITAL • Mujeres del Mercado Campesino expresar su compromiso con las demandas chuquisaqueñas.
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Miles de campesinos de Chuquisaca marcharon ayer por las principales calles de Sucre para expresar su respaldo a la continuidad de la Asamblea Constituyente y pedir el inicio de un diálogo, al más alto nivel, con el propósito de resolver el conflicto de la capitalidad plena. También alertaron que la sede del Poder Judicial estaría en riesgo si este tema fuera a un referéndum.
La movilización de campesinos llegados desde la mayoría de los municipios del departamento se desarrolló en completa calma y rápidamente disipó las presunciones de un posible enfrentamiento con los citadinos, que en gran parte apoyan la demanda del traslado de poderes a Sucre.

Durante el discurso central, ofrecido bajo una persistente llovizna al frente de la Corte Suprema, el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, Damián Condori, defendió la Asamblea al señalar que "durante más de 500 años hemos sido excluidos y ahora queremos ser incluidos en la nueva Constitución Política´.

Remarcó que la Asamblea es producto de una lucha conseguida por los pueblos indígenas en las calles ´con gases y con balas´.

Con relación a la capitalidad plena, insistió que este tema no es de fondo, pero ´debe discutirse en base al diálogo´. Posteriormente, el secretario general de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Florentino Barrientos, dijo que la propuesta de su sector en este tema es que se debata al más alto nivel, con la participación del Defensor del Pueblo, la Iglesia Católica y Derechos Humanos, entre otros sectores.

´Es mentirle al pueblo de Sucre (decir que) con referéndum vamos a ganar la capitalía plena´. Alertó que ´con el referéndum vamos a arriesgar el Poder Judicial, que es lo que tenemos´.

´¿Quién nos puede garantizar, con el referéndum, los tres poderes del Estado? Nadie, hermanos. ¿Por qué no nos dicen bien claro aquellos que están haciendo huelga de hambre?´, agregó para cuestionar el movimiento encabezado por el Comité Interinstitucional de la Capitalidad Plena.

En el transcurso de la marcha, los campesinos recibieron críticas de parte de ciudadanos de Sucre. Barrientos y Condori denunciaron que se trataba de trabajadores de la Alcaldía.

En su recorrido, que partió de los cuatro puntos cardinales, los manifestantes portaron wiphalas y banderas bolivianas, además de carteles en apoyo al Gobierno, al respeto de la democracia y a favor de la capitalidad plena con diálogo. Redacción Sucre

MANIFESTACIONES

Vigilia • Un grupo de los campesinos que ayer se movilizó en la capital del país se quedará para hacer una vigilia de respaldo a la Constituyente. Su permanencia llegaría a dos semanas, según la Prefectura.

Encuentro • Los sectores sociales afines al MAS confirmaron su presencia en la cumbre convocada para el 10 de septiembre en Sucre. El Vicepresidente dijo que esperaba ver a 100.000 personas.


Una turba de colonizadores atacó recinto de huelguistas en Trinidad

Sucre/Grupo Líder


Al promediar las 17:00 de ayer, en Trinidad, una turba de colonizadores de Yucumo y San Pablo atacó el recinto donde unas horas antes se había levantado el piquete de huelga de hambre en defensa de la democracia y la Capitalidad Plena. El último huelguista dado de baja ayer en la capital beniana fue el chuquisaqueño Pablo Paz, que ayunó durante seis días. Horas después se produjo el ataque. Según el dirigente cívico juvenil del Beni, José Luis Peña, la "turba enardecida" arremetió contra el edificio del Comité Cívico de Beni donde se instaló la huelga de hambre. Se rompieron pasacalles que propugnaban la Capitalidad Plena y se quebraron los parabrisas de los taxis que fueron contratados para convocar al paro cívico de hoy en esa capital oriental.
LA POBLACIÓN DE LA CAPITAL RECIBIÓ A LOS MARCHISTAS EN UNA JORNADA TRANQUILA

Demanda de Capitalidad resaltó en marcha de campesinos

La marcha se manifestó a favor de la Asamblea, en apoyo al Gobierno y en pro del diálogo para zanjar la Capitalidad, pero fuera del cónclave

Sucre/Grupo Líder y CORREO DEL SUR

Masiva concentración que confluyó en el Parque Bolívar

Foto: CORREO DEL SUR



Capitalidad sí, pero fuera de la Asamblea Constituyente. Ayer, ese fue el pedido de alrededor de 5.000 campesinos llegados de varios rincones de Chuquisaca que se manifestaron por las calles de Sucre a favor de la Asamblea Constituyente, en apoyo al presidente de la República, Evo Morales, y en pro del diálogo para solucionar el pedido de capitalidad plena, pero fuera del cónclave.
A las 14:40 de ayer, una alfombra humana con wiphalas y ponchos multicolores bajó por la calle Calvo hacia la plaza 25 de Mayo.
La movilización estaba anunciada como pacífica y a favor de la capitalidad plena. Lo primero fue cumplido a rajatabla. Los indígenas venidos principalmente del norte chuquisaqueño no agredieron ni fueron agredidos, pero el apoyo al pedido de retorno de los poderes sólo se expresó a través de carteles que pedían el retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo con diálogo y sin confrontación.
La preocupación de que la jornada podría derivar en enfrentamientos comenzó a disiparse en la reunión que convocó el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Pérez, en la mañana. Se sentaron representantes institucionales, el Comité Interinstitucional y la Federación de Campesinos; juntos se comprometieron a pacificar la movilización fijada para expresar su respaldo a la Asamblea.
A las 14:50, el miedo a un enfrentamiento se hizo evidente cuando una marcha de venteras del Mercado Campesino hizo su ingreso a la plaza desde la calle Aniceto Arce portando banderas chuquisaqueñas y carteles a favor del retorno de los poderes. Los campesinos detuvieron su avance creyendo que era una movilización a su favor, pero cuando vieron los carteles quisieron reanudar su marcha. Fueron persuadidos de lo contrario por grupos de personas que coordinaban su movilización.
En su mayoría, los campesinos decidieron pasar por la plaza callados, pero hubo quienes mostraron abiertamente su oposición a la capitalidad.
Hubo intercambio de palabras, pero no pasó de aquello. Ante el grito de "capitalía" de los transeúntes, grupos de marchas respondían "qué muera". Los más gritaban consignas en contra de "los oligarcas de Santa Cruz", en contra de la Media Luna y de los políticos tradicionales, mientras algunos reclamaban por los universitarios para medir fuerzas con ellos en las calles. Y venían preparados para ello. En las filas de marchistas se habían acomodado a las mujeres y personas mayores al medio, mientras que los extremos fueron ocupados por jóvenes armados con palos. Sin embargo, no hubo violencia, incluso el propio rector y presidente del Comité Interinstitucional por la Capitalidad Plena, Jaime Barrón, salió a aplaudir a los campesinos.
Los más exaltados de la marcha fueron los no campesinos. Se trataba de un grupo de citadinos que se unió a la movilización y gritaba consignas contra la derecha. Muchas personas los identificaron como funcionarios prefecturales, que fueron citados oficialmente para sumarse a la manifestación e incluso se les cobró un "aporte voluntario" para pagar el transporte y la alimentación de quienes llegaron de las provincias.
Empero, en todo momento, los campesinos fueron escoltados por marchas de comerciantes pro capitalidad, que cuando llegaron al parque Bolívar, lugar de su concentración, se dispersaron.

LOS DISCURSOS
A las 15:15, empezaron a llegar los campesinos al parque Bolívar. Unos 15 minutos más tarde iniciaron los discursos. Hubo cuatro oradores. Evaristo Ninaja, representante de los campesinos de Cinti; Flora Aguilar, de las mujeres Bartolina Sisa; Justo Arancibia, del Chaco, y el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, Damián Condori.
Los discursos centraron su intensidad en la defensa de la Asamblea Constituyente y el apoyo a la Capitalidad pero en un escenario de diálogo ajeno al cónclave. Las palabras coincidieron en la defensa de la gestión del presidente Evo Morales. Aunque el pronunciamiento de los campesinos no fue contundente, sí se mostró apoyo a la Capitalidad.
Cuando hacía uso de la palabra una oradora campesina de la Federación Bartolina Sisa, un hecho aislado se robó la atención. Un grupo de jóvenes de pollera fueron obligadas a retirar su pancarta que decía "la sede sí se mueve". En su letrero se identificaron como representantes de la comunidad de Ckochis pero ni siquiera eso sirvió para convencer a un grupo de asambleístas y campesinos que las desplazaron y obligaron a guardar su pancarta ante su impotencia y sus lágrimas. Cuando le tocó el turno de hablar a Damián Condori, el dirigente pidió una Bolivia unida, no dividida y aseguró que apoyan la Asamblea Constituyente porque no quieren quedar excluidos de la nueva Constitución.
El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, que representa a los campesinos del norte y centro del Departamento, aseguró que la condición de capital de Sucre no está en discusión, porque el Gobierno no quiere quitársela.
En su opinión, Chuquisaca no debe prestarse al juego de la derecha, que con un tema "que no es de fondo", como la capitalidad plena, quiere hacer fracasar los cambios estructurales en la Asamblea.
Explicó que cree que la demanda chuquisaqueña debe discutirse en un diálogo entre La Paz y Sucre y luego aseguró que se miente e ilusiona a la ciudadanía con un referéndum, ya que calcula que es imposible que lo ganen. Condori parte del supuesto de que la única salida de un referéndum es la que propone la bancada masista de La Paz, es decir, con pregunta abierta y con la posibilidad de que los poderes del Estado se vayan a cualquier distrito del país. Es así que por ejemplo, a La Paz considera que la apoyará Oruro, a Santa Cruz toda la Media Luna, mientras que Sucre se quedaría sola.
Aseguró que esta no es la última vez que marcharán sobre Sucre y que vendrán a respaldar a los asambleístas del MAS. Luego, fue más duro, aunque sus palabras fueron la excepción. Calificó a las banderas chuquisaqueñas como pañuelitos blancos similares a los que sacó a las plazas el ex presidente Carlos Mesa contra Evo Morales y aseguró que sólo son ondeados "por elites de 'culitos blancos' que quieren vivir como vinchucas de nosotros". Finalmente, sostuvo que había racismo en Sucre y Santa Cruz y pidió solucionar el pedido de Capitalidad plena con diálogo.
Media hora después del inicio de los discursos, todo había terminado. El ex diputado masista Germán Yucra inició un ritual andino e invocó a los mártires de la lucha campesina para que no permitan la división en el país, mientras el secretario general de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Florentino Barrientos, anunció que el próximo 10 de septiembre la movilización será mucho mayor.
Como lo adelantaron los movimientos sociales afines al MAS desde la misma Vicepresidencia de la República, vendrían entre 50.000 y 100.000 campesinos. Dijo que las nueve federaciones de campesinos del país ya están listas para acudir a Sucre con tan sólo un llamado. También reconoció que ayer no se reunió a los 10.000 campesinos que se pretendía y calculó que sólo eran unos 6.000. Al final, el grupo de marchistas se fue dividiendo en grupos más pequeños, que se organizaban para volver a sus regiones. No se quedarán dos semanas como lo dijo el prefecto de Chuquisaca, David Sánchez; pero aseguran que se turnarán para llegar a Sucre y vigilar que la Asamblea Constituyente continúe su avance, así sea sin el tratamiento de la Capitalidad Plena.

FUE UNA MARCHA PACÍFICA
- La marcha se caracterizó por ser continua, rápida y pacífica, al margen de la detonación de bulliciosos petardos.
- Desde muy tempranas horas, vendedores del Mercado Campesino expusieron sus productos para los marchistas. En un recorrido, este diario constató que las wiphalas fueron las más comercializadas.
- También resaltaron las banderas bolivianas, entremezcladas con polleras, mantas, sombreros, abarcas, la infaltable coca y los vivas al gobierno del MAS y el retorno de los poderes, pero en base al diálogo.
- La movilización fue aprovechada también por la organización sin techo para solicitar viviendas solidarias.
- Desde Icla trajeron mensajes de repudio a la discriminación, mientras que la gente de Zudánez exhibió llamados a la unidad y justicia social.
- De Tarabuco se expresó un cerrado respaldo al trabajo de la Asamblea Constituyente y de Lechuguillas, un pedido de desagravio público hacia la wiphala. Desde Azurduy, se planteó un pedido de renuncia del presidente del Comité Cívico, Jhon Cava.
- La gente del Distrito 6 también se hizo presente en Sucre y en sus cartelones anotó: "Gracias a la Operación Milagro puedo ver de nuevo", "Desarrollo para Chuquisaca" y "Bolivia unida Sucre capital".
- El ex dirigente campesino y actual asambleísta del Departamento Esteban Urquizu remarcó el respeto mostrado por la marcha y se quejó de los insultos de algunos malos ciudadanos.
- Encabezaron la marcha algunos asambleístas y legisladores oficialistas, además de autoridades municipales del partido en función de gobierno.

El Evento

Los cívicos apuestan al paro y
el Gobierno, a la normalidad
En Santa Cruz y Beni existen advertencias contra quienes no asuman la medida. La Policía acuarteló a sus efectivos en los departamentos involucrados. El Ministerio de Trabajo declaró ilegal la movilización cívica y anunció descuentos.



• ORGANIZACIÓN DEL PARO • Funcionarios del Comité Pro Santa Cruz afinan detalles para la movilización de hoy.
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Opiniones sobre esta Nota

Los movimientos cívicos de seis departamentos y los sectores sociales afines al Gobierno medirán hoy en las calles su capacidad de convocatoria, los primeros apostando al éxito de un paro de 24 horas en contra del Ejecutivo y los otros intentando neutralizar esta medida, para demostrar que oculta un trasfondo político: derrocar a Evo Morales.
El Poder Ejecutivo, mediante el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que se trata de un "paro político" manipulado por intereses minoritarios y el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida, por lo que anunció descuentos a quienes no asistan a laborar.

Los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba ratificaron ayer el paro a partir de las cero horas de hoy, mientras los dirigentes de los sectores sociales progubernamentales anunciaron que habrá normalidad. Aunque ambos frentes aseguran que sus acciones serán pacíficas, el Comando de la Policía determinó el acuartelamiento de sus efectivos.

"Estamos en emergencia y el acuartelamiento nos permite duplicar nuestros recursos humanos", explicó el comandante general, Miguel Vásquez.

En Santa Cruz, no obstante que el Comité Cívico anunció una jornada de protesta pasiva, la Unión Juvenil Cruceñista anunció patrullajes de control de cumplimiento del paro. Uno de sus dirigentes, Samuel Brawn, anunció que pincharán llantas de los vehículos y no permitirán que se abran los negocios.

En el otro frente, el presidente del Comité Cívico Popular, Jaime Choque, sostuvo que ellos también saldrán en brigadas para hacer respetar a quienes no apoyan el paro, mientras el dirigente campesino del denominado Bloque Oriente, Jacinto Herrera, advirtió que "si vienen a obligar a parar, la gente se va a resistir".

Ayer, la actividad en el Comité Pro Santa Cruz era intensa, con la distribución de pases de circulación y refrigerios a los encargados de hacer el control del paro en las rotondas de la ciudad.

En Beni el panorama es similar. El presidente del Comité de Huelga, Jesús Hurtado, advirtió a la agencia ANF que los "policías cívicos" encargados de hacer cumplir el paro serán drásticos con las personas que no acaten la medida, porque ´la suspensión de actividades debe ser rotunda´.

´Hay personas que están queriendo dividir a la población, contrarrestando este mandato del pueblo beniano. Habrá bloqueo y al que no esté de acuerdo con el paro, mejor es que no salga de su casa, porque no nos responsabilizaremos de lo que pueda ocurrir´, amenazó Hurtado.

No obstante, los sectores que no respaldan el paro protagonizaron una marcha ayer en la tarde y anoche se reunieron para definir medidas de protección para quienes hoy no acaten la medida. Según informó desde Trinidad radio Patujú, en la marcha participaron campesinos, gremiales, vivanderos, constructores, profesionales libres y organizaciones indígenas.

En Cobija, los cívicos se reunieron con diferentes organizaciones sociales para promover el paro, tras lo cual sus dirigentes garantizaron su éxito. Sin embargo, el representante de la Central Obrera Departamental, Alberto Moreno, dijo que los sectores sociales no la apoyarán. "No encontramos razones, el departamento no tiene demandas".

En Chuquisaca, Cochabamba y Tarija el panorama es similar: los cívicos organizando el paro y garantizando su éxito, y los dirigentes de los sectores sociales anticipando su fracaso y convocando a que la población trabaje.

A nivel nacional, la Central Obrera Boliviana convocó a sus afiliados a "no acatar el paro de la media luna", mientras una disposición administrativa del Instituto Nacional de Seguridad Social prohibió a los trabajadores de las cajas de salud plegarse a la medida bajo advertencia de que una contravención "será penada con la máxima sanción".

El ex presidente y jefe de Podemos, Jorge Quiroga, dijo que no comparte con medidas como el paro, pero justificó la necesidad de condenar los abusos.

"No soy amigo de los paros, pero sí amante de la democracia, y frente a los abusos que se están cometiendo… eso debe ser rechazado por todos los bolivianos".

"Habrá bloqueo y al que no esté de acuerdo con el paro, mejor es que no salga de su casa".
Jesús Hurtado, del Comité de Huelga del Beni.

Las regiones ante el paro

En las seis regiones existe división respecto a la medida de hoy.

SANTA CRUZ
Control • La Unión Juvenil anunció patrullajes de control. El Comité Cívico Popular, además de organizaciones campesinas e indígenas, decidió no acatar la medida. Ambos sectores hablan de paz, pero se preparan para defenderse.

CHUQUISACA
Huelga • Los chuquisaqueños anuncian un paro contundente, unidos en su pedido de capitalidad plena. La medida se realiza a 13 días del inicio de la huelga de hambre que reúne a cerca de 600 personas. Los campesinos no lo acatarán.

TARIJA
Disputa • Las organizaciones sociales vinculadas al MAS y los cívicos se disputan el respaldo de la población, unos en contra y otros a favor del paro. Bermejo respalda la medida, que estará acompañada de bloqueos y cierre de fronteras.

BENI
Marcha • Una marcha de sectores sociales realizada ayer en Trinidad rechazó el paro y anunció que no acatará la medida. La Prefectura, la Alcaldía y el Comité Cívico son los principales promotores y aseguran que tendrán éxito.

PANDO
Defensa • Los cívicos anticipan el éxito del paro, aunque la Central Obrera Regional y otras organizaciones sociales anunciaron que no lo acatarán. Sus dirigentes se reunieron anoche para definir estrategias de defensa de los disidentes.

COCHABAMBA
División • Los transportistas no acatarán la medida, al igual que otras organizaciones sociales. Los cívicos, en cambio, están seguros del éxito de su medida. Se anuncia el control militar de los puentes de acceso a la ciudad de Cochabamba.

El paso a paso de la movilización campesina

Sucre/Grupo Líder y CORREO DEL SUR


La pacífica movilización de los campesinos comenzó con la concentración a las 13:30 de ayer y, para las 16:00, ya había congregado a más de 5.000 personas.
Momentos antes, la multitud gritó "unidad nacional y Sucre capital" y se abrió paso en las calles al ritmo de erkes y pututus.
No hubo incidentes ni mayores provocaciones, ni de parte de los campesinos ni de la población. De hecho, los manifestantes fueron aplaudidos y recibidos con pañuelos blancos desde varias viviendas, cuyos propietarios recibieron con agrado las pancartas a favor de la Capitalidad Plena, aunque algunas que demandaban su tratamiento en el cónclave fueron retiradas por los organizadores.
La gente partió desde diversos puntos de la ciudad, se unió en la plaza 25 de Mayo, pasó por el teatro Gran Mariscal y finalizó, sin enfrentamientos, en el Parque Bolívar donde se instaló un mitin.
Fueron más de dos horas de caminata. Uno de los grupos comenzó su recorrido en el sector del Abra con unas 3.000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos vestidos con trajes típicos de cada región de Chuquisaca.
Asimismo, la zona de Horno K'asa fue escenario para la concentración de unos 2.000 campesinos que llegaron de los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre, subcentralías de la provincia Oropeza y comerciantes del Mercado Campesino.
Ese grupo humano fue creciendo con la adhesión de varias personas mientras hacía el recorrido ya citado.
Casi en el último tramo se acoplaron los comerciantes con banderas chuquisaqueñas y bolivianas, gritando a viva voz: "Bolivia unida, Sucre Capital".
El apoyo de los comerciantes de este centro de abasto fue notorio porque los vendedores cerraron sus puestos desde las 13:00 para luego concentrarse en la marcha.
Casi a la misma hora en la que partió la multitud del Abra, cerca de 300 campesinos, liderados por comunarios de Yotala y Cabezas, salieron desde la zona del Cementerio General hacia la concentración.
También, a paso firme y rápido marcharon pacíficamente unos 200 campesinos del Distrito 8, con una mayoritaria presencia de mujeres.
En otro sector, por inmediaciones de la primera rotonda de la Avenida Juana Azurduy, alrededor de 200 personas, en su mayoría adultos, iniciaron su paso.
Los marchistas recorrieron la avenida Juana Azurduy de Padilla hasta llegar a la Jaime Mendoza. De allí cruzaron hasta la Avenida del Maestro, bajaron la Venezuela y se dirigieron a la calle Pilinco doblando por la Ravelo hasta llegar a la calle Aniceto Arce y después a la plaza central. Se unieron al resto de los campesinos y bajaron por la calle Arenales hasta inmediaciones del teatro Gran Mariscal y el parque Simón Bolívar, donde finalmente se concentraron.