La FAM propone un acuerdo para destrabar la Asamblea
Concertación • En el nuevo escenario de debate, podrían participar las instituciones y organizaciones sociales territoriales.
• indígenas • Marcha de la CIDOB exigiendo incluir la autonomía indígena en la Constitución. El sector es uno de los convocados para el diálogo.
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La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) en palabras de su vicepresidente, el concejal paceño Luis Revilla, propone que a fin de destrabar la Asamblea Constituyente, en el país se cree un ´escenario de diálogo y de concertación´ que posibilite la discusión más objetiva de las reformas y el nuevo texto constitucional.
Por lo menos en el tema de autonomías y descentralización, Revilla considera que en la Asamblea es necesario 'bajar' el debate del nivel de la consigna y de las visiones generales en que hasta ahora se ha desarrollado a ver los problemas más concretos y reales de la construcción del futuro ordenamiento territorial del país.
Para el directivo edil, en la tarea de generar el escenario de diálogo y de concertación, están obligados a estar todos, mayoría y minorías: ´No se puede aprobar una Constitución en la mitad del país, en ocho departamentos y en uno no, así sea Pando, el más pequeño´, aludió a la necesidad de que el nuevo texto constitucional sea de consenso y no de imposición.
En esta nueva propuesta de la FAM, la Asamblea Constituyente, con toda su importancia, es una parte más de dicho escenario de diálogo y concertación, acaso la más significativa, pero no la única. La Asamblea es el ´eje´ en el que se concretará el gran acuerdo nacional que hoy propone la FAM: ´En términos políticos y en términos sociales´, en este nuevo debate autonómico, afirma Revilla, ´tienen que estar las organizaciones sociales, los cívicos, los prefectos; tienen que estar los municipios, los partidos políticos, y, por supuesto, los asambleístas´.
El presidente del concejo paceño, por lo demás, critica la forma en que se está entendiendo el debate. Cuando se habla de concertar, no se debe entender el juego de toma y daca: que a una propuesta le venga una contrapropuesta, o que a la 'imposición' de la mayoría sobrevenga el 'bloqueo' o veto de la minoría: ´concertar es dialogar, es llegar a acuerdos que permitan establecer un camino para el conjunto del país, no es aceptar unas cosas, ni tampoco imponer otras cosas´.
El concejal adelantó que la FAM está en pleno proceso de socialización de su propuesta de diálogo y concertación, a través de sus asociados en todo el país. El asociativismo municipal tiene la posibilidad y la responsabilidad de hacer este trabajo, señaló.
Ayuda mucho el que la FAM fue una de las pocas instituciones regionales que presentó una sola propuesta a la Constituyente, pese a la división del país después de referéndum sobre las autonomías.
Desacuerdo con autonomías regional y provincial
Para los municipios del país, si bien la Asamblea Constituyente ha tomado en cuenta la propuesta municipal que la FAM presentó a principios de año, en los informes de la Comisión de Autonomías, aún persisten algunos aspectos que preocupan a la entidad matriz de las alcaldías, señaló su vicepresidente, el concejal Luis Revilla Guerrero.
Más en el Informe de la mayoría que en el de la oposición, el tema al que se oponen los munícipes es la posible generación de unas futuras ´autonomías regionales o provinciales´. Esta propuesta, además de no provenir del conjunto del país, crearía un caos administrativo, de formas de gobierno regional sobrepuestas y además de que por su costo no serán sostenibles, destaca Revilla.
La región se la concibe más como un espacio de planificación del desarrollo, tal como se da hasta ahora, pero de ahí a que sea una forma de gobierno, no es lo adecuado, insiste el directivo edil.
Otro tema que provoca la desconfianza municipal es que en los informes se insista que la elección de concejales en el futuro sea de la misma forma que los actuales diputados uninominales. Si bien fue la FAM la que propuso la elección directa del concejo, lo hizo con la idea de que el concejal sea electo por ´circunscripción municipal´.
´No es posible equiparar la uninominalidad de un diputado a la del municipio, el concejal tiene que velar por el conjunto del municipio, no por el distrito donde ha sido elegido, tiene que tener una visión de conjunto´, destaca el presidente del concejo paceño.
Definir al concejal de la misma forma que el diputado uninominal, señala, creará muchos problemas, como la ingobernabilidad.
Los cambios por cabildo deterioran la democracia
PRESIONES • En siete meses, ya son 14 los alcaldes destituidos por la sola movilización.
• Conflictos • En el municipio paceño, el Palacio Consistorial suele ser el objetivo de la presión de diversos sectores, como los gremiales (foto).
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A la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia le preocupa el deterioro de la democracia y la institucionalidad que se da en algunos municipios, señaló su presidente, Atiliano Arancibia, a propósito de 14 cambios de alcalde ocurridos en el año a través de movilizaciones sociales.
Independientemente de que una movilización social contra un alcalde sea o no justa, su cambio o designación mediante actos de fuerza, daña a la democracia local; está en juego el futuro, según Arancibia, pues aquí hay una "bomba de tiempo" por el peligro que significa que esta práctica pueda generalizarse a más municipios del país.
El presidente de la FAM reconoció que, pese a los avances de la democracia local, aún existen debilidades institucionales en este nivel de gobierno. Uno de los mayores problemas de gobernabilidad lo genera, por ejemplo, el Voto Constructivo de Censura, frente al cual la FAM ya propuso a la Asamblea Constituyente la vigencia de la revocatoria de mandato a través de una consulta ciudadana, como una forma del destitución del alcalde.
El ex alcalde de Yamparáez, Atiliano Arancibia, recordó que los problemas de gobernabilidad en los municipios por lo general se presentan por la falta de transparencia en el gobierno municipal, la poca eficiencia que pueda mostrar, pero sobre todo porque la gestión se aleja de la ciudadanía, no promueve la participación democrática de los sectores sociales y vecinales en el quehacer de la municipalidad.
En la mayoría de las acciones de fuerza con que se cambia y designa autoridades, hay que ver, señala Arancibia, no sólo la falta de una cultura y valores democráticos en ciertos sectores de la población, sino también la pugna de intereses políticos y partidarios más bien particulares.
El máximo directivo de los municipios del país anunció que hasta antes que finalice el mes de agosto la FAM llevará adelante una reunión de su directorio para tratar éste y otros temas que preocupan a los municipalistas.
Según un registro realizado por la agencia de noticias Enlared Municipal, un cabildo obligó a Eliana Sánchez, del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), a renunciar a la Alcaldía de Nazacara en la provincia Pacajes de La Paz. La población la acusó de malversar recursos; pese a que la justicia determinó el retorno de esta autoridad, fue resistida por esas organizaciones.
En otro caso, un cabildo comunal de Sapahaqui obligó a chicotazos a renunciar al alcalde Ángel Ramos, de Nueva Fuerza Republicana. La comunidad nombró a Graciela Quispe, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como nueva autoridad.
La mutua desconfianza restó lucidez al debate autonómico
La deliberación que hubo en la primera etapa de la Asamblea Constituyente pudo ser más rica. Según especialistas, aún es tiempo para proponer mayor debate al ente deliberativo.
• Asamblea • La directiva de la Constituyente en una reunión con los presidentes de comisión. Esta es una de las instancias del Foro que podría jugar un importante rol en las labores del cuerpo deliberante.
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En gran medida, el debate por las autonomías se vio reducido en su productividad a causa de la mutua desconfianza entre las visiones de mayoría y minoría, entre ´occidente´ y ´oriente´, entre autonomía indígena y departamental. Para usar una imagen sugerida por el asesor general del Viceministerio de Descentralización, Diego Cuadros: ´Algunos piensan en la Constituyente como un lugar donde uno va a sacar cosas para sí, y creo falta la conciencia de que a la Asamblea todos debemos ir a aportar´.
A un año de haberse iniciado la Asamblea y con el resultado de, al parecer, posiciones irreconciliables, Ventana Ciudadana apuesta por la positiva y buscó dos opiniones más bien contrarias, la del citado asesor gubernamental Diego Cuadros y del ex asesor del Comité Cívico de Santa Cruz en el tema de descentralización, Mario Galindo.
Buscó y planteó: ¿cómo se puede salir del entrabamiento? De entrada, ambos coinciden en que ciertamente hay que aportar más elementos al debate. Por ahí alguno es la punta del ovillo.
Plantear, por ejemplo, que ya no se puede seguir pensando unilateralmente en las autonomías sin plantear al mismo tiempo el fortalecimiento del Estado nacional. Cuadros va más allá: serán unas autonomías ´truchas´ aquellas que se quieran asentar arrinconando al Estado, debilitándolo; de hecho, la viabilidad misma de la regiones se juega en cuánto de sólido sea el Estado.
Cuadros incide en que por qué tanto escándalo con aquello del ´Estado Plurinacional´, si esto sólo es un reconocimiento de lo que ya existe, las 36 nacionalidades, y que si no lo hacemos, más temprano que tarde volverá a surgir el problema, y muy probablemente de forma violenta.
De otro lado, Galindo reclama que ya está bueno aquello de reducir el sentido de la capacidad legislativa, propia de toda autonomía, con ser sólo ´normativa´ en el país; normativa-administrativa, según la pregunta del referéndum de julio del 2006. Además, cuestiona, qué tanto asusta cuando se trata de una capacidad ´en el marco de las competencias´ de cada autonomía, de la Constitución y de las leyes.
Una preocupación común es el tema fiscal, que lo mismo no se habría tratado como se debe en la Asamblea. Galindo se pregunta cómo podrá ser posible sostener financieramente hasta cuatro niveles de gobierno subnacional: el indígena, el municipal, el regional o provincial y el departamental, propuestos por el MAS. Cuadros, en cambio, señala que al pensar en la autonomía departamental, preocupa que se siga en la ´lógica de la regalía´, el aferrarse a la sola fortuna de haber tenido hidrocarburos en el subsuelo. Es un espejismo creer que este ingreso será estable, sin ver cambios de mercado y precios del hidrocarburo; que la solidaridad debería empezar por redistribuir el IDH a través de fondos de compensación y amortiguamiento, y que cada autonomía se esfuerce por generar riqueza e impuestos propios.
Ausencias en los informes
Para el asesor general del Viceministerio de Descentralización, Diego Cuadros, tanto en el informe de mayoría como en el de minoría, existen por lo menos cuatro carencias.
Una básica es que en ningún lado se habla de lo que se puede llamar ´control del Estado´: la potestad que constitucionalmente debería tener el Estado de actuar en caso de que algún nivel autonómico rompa con la institucionalidad y ponga en peligro al conjunto del país. La Constitución más autonomista, la española, recuerda, le dedica sendos capítulos a esta forma de control estatal.
Otro hecho explícito en ambos informes es la ausencia de algún mecanismo de coordinación y de información entre los niveles autonómicos y el nacional. Espacios institucionales en que estén obligados a coordinar alcaldes, prefectos y gobierno nacional. Asimismo, mecanismo de transparencia, intercambio y difusión de información: que además de saber qué hace cada autonomía, un potosino tranquilamente acceda a lo que hace la prefectura o gobierno de Santa Cruz.
En un llamado de atención a la FAM, Diego Cuadros cuestiona que aquello de la Carta Orgánica Municipal (lo que equivale al Estatuto Departamental) deba ser un hecho obligatorio de todos los municipios. Esta Carta, que es una ´mini Constitución´ debería ser optativa, señala, en la medida en que el municipio lo desee e, incluso, en vista de si está o no en condiciones de dotarse de esta norma local.
Asimismo, el asesor gubernamental cuestionó el manejo que en ambos informes se hace de la provincia, a la cual se le da una importancia que en la mayoría de los casos no tiene. Definitivamente, ésta no puede ser una más de las autonomías, señala.
Las competencias autonómicas serán el nuevo campo de batalla
Para la Federación de Asociaciones Municipales, hasta ahora no se ha discutido con suficiente empeño el tema de saber qué hace cada quien y con qué recursos financieros, sus atribuciones.
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Pese al distanciamiento entre la mayoría y la minoría en el tema de las autonomías, una preocupación común de ambas, expresada en sus informes, son las competencias o atribuciones que cada una le da a los distintos niveles de gobierno. Precisamente este ámbito, el saber qué hace cada quien, es el nuevo escenario que los municipios, a través de la Federación de Asociaciones Municipales, plantean como el nuevo espacio de debate para avanzar en la Asamblea.
Las competencias en los informes presentados por la mayoría y la minoría a la Comisión de Autonomías figuran como listas de las acciones que deberán desarrollar los distintos niveles de gobierno.
Para el vicepresidente de la FAM, el concejal paceño Luis Revilla, si bien las competencias están descritas en los Informes de los asambleístas, aún no se las ha considerado de la mejor manera, ´el problema es que la redacción de esas competencias no está clara, si se lee en el detalle, todavía se pueden encontrar márgenes en que pueden presentarse duplicidades, conflictos de competencias en los distintos niveles´.
Es el informe de la mayoría de la Comisión de Autonomías el que le da mayor atención, a través de un capítulo entero: ´Competencias del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales´.
En las competencias del nivel nacional los dos Informes coinciden en que son atributo nacional las diferentes formas de legislación básica, desde la económica hasta salud, educación, pasando por nacionalidad, medioambiente, recursos naturales, entre otros.
En el ámbito económico, ambos documentos atribuyen potestad nacional en el ordenamiento de la banca, el sistema monetario, aduanas, hacienda, entre otros.
Los informes también insisten en común acerca de la tuición nacional sobre las FFAA y la seguridad nacional; sobre el régimen de la administración pública y en la política de migración.
Los mayores disensos en cuanto a las competencias nacionales se presentan cuando en las atribuciones presentadas por la minoría, se dispone alguna excepción a favor de los ´departamentos autónomos´, como en el caso de la policía, que mientras en el documento de la mayoría está como competencia privativa del nivel nacional, en el documento de la minoría se establece la posibilidad de que aquellos departamentos puedan formar la suya.
Asimismo existe divergencia en el tema de recursos naturales: mientras para la mayoría el manejo y control es privativo, exclusivo del nivel nacional, la minoría sugiere que los gobiernos municipales y departamentales autónomos puedan establecer ´normas adicionales de protección´.
En el ámbito departamental, ambas propuestas coinciden en que el principal rol del gobierno departamental es el desarrollo y promoción económica de la región. También ambas instancias le dan un mayor rol en la gestión de la salud y de la educación.
Mientras el documento de la minoría, en educación sólo otorga la posibilidad de tuición sobre los proyectos educativos y currícula; el informe en mayoría, además, establece para el departamento la potestad de planificar y administrar el ´régimen de recursos humanos´ en educación y salud.
En la propuesta de mayoría se enfatiza la concurrencia que debe haber tanto con los municipios como con los ´gobiernos territoriales indígenas y originarios´. En la propuesta de la minoría, en cambio, existe una serie de facultades que se da al departamento, como la creación de tasas e impuestos departamentales, o que éste pueda intervenir en el ordenamiento territorial de la región; también se le permite legislar y regular el funcionamiento de la policía departamental, entre otros aspectos.
Para el nivel municipal, en ambos Informes se establece un papel preponderante en desarrollo humano y la administración de los servicios públicos, como educación y salud, desarrollo turístico, policía, tránsito, saneamiento básico. En ninguno de los documentos se habla de la capacidad de crear impuestos de los gobiernos municipales, sólo de recaudarlos.
Competencias de lo plurinacional
El debate de las competencias o atribuciones que debe llevar adelante cada nivel autonómico es de tal importancia, señala Luis Revilla, que incluso el dilema del ´Estado plurinacional´ y, por consiguiente, de las autonomías indígenas, puede resolverse más fácilmente si se lo discute desde la perspectiva de qué hace cada quién y con qué recursos.
Aparte de la reivindicación cultural y social que se debe tener en cuenta a momento de ver la existencia de las autonomías indígenas, el tema es qué en concreto van hacer como futuros nuevos gobiernos regionales.
Además de constituir alguna nueva forma de gobierno, la autonomía indígena lo mismo se tratará de una entidad pública, que igual tendrá que servir a la ciudadanía. Entonces, desde ahora es importante saber cuáles finalmente serán sus competencias.
La discusión de las autonomías y la descentralización a través del enfoque de las competencias, también ayudaría a resolver el problema que enfrenta al gobierno contra los autonomistas de oriente, el hecho de saber hasta dónde llega aquello de la ´capacidad legislativa´ de las autonomías.
El problema no es el concepto o la visión que se pueda tener de tal o cual autonomía o forma de gobierno, destaca Revilla; si las autonomías norman (gobierno) o legislan (autonomistas), sino más bien en qué lo hacen y cómo; precisamente, el tema de las competencias. Lo mismo se puede decir de la ´autonomía plena´ que demandan para sí los municipios.
Al fin, cualquier autonomía será un proceso
Experiencia
• cuadros • El asesor destaca que tampoco hay que tener prejuicios contra el centralismo, que en ciertos casos es necesario.
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Hay una imagen ciertamente falsa, según Diego Cuadros, y es que se piensa que a la mañana siguiente de haberse aprobado la Constitución, "funcionarán" las autonomías. Por el contrario, ese día será el inicio de un largo y gradual proceso de transformación del Estado, tanto hacia un régimen autonómico como ante uno de sólo descentralización.
Esta idea de proceso debe estar incorporada en la nueva Constitución Política, según el asesor ministerial: que en la Carta Magna se prevea requisitos para llevar adelante una autonomía, que incluso contenga la posibilidad de optar o no por una forma de descentralización.
Asimismo, también se tendrá que considerar el caso de un ingreso variado y asimétrico y en varios años, de las unidades territoriales al nuevo régimen autonómico o la mejora de su forma de descentralización.
Si bien hay temas "de principio" como aquel de que "con nueve departamentos se entra a la Constituyente, y con nueve se sale", tampoco la Carta Magna puede prohibir el derecho de crear, en el futuro, nuevos departamentos o secciones municipales.
En relación a las competencias y atribuciones de cada nivel autonómico, el Viceministerio de Descentralización, señala Cuadros, propone que en general haya la siguiente distribución: las competencias políticas para el nivel nacional, las económicas para el departamento, y las sociales para el municipio.
Las competencias autonómicas serán el nuevo campo de batalla
Para la Federación de Asociaciones Municipales, hasta ahora no se ha discutido con suficiente empeño el tema de saber qué hace cada quien y con qué recursos financieros, sus atribuciones.
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Pese al distanciamiento entre la mayoría y la minoría en el tema de las autonomías, una preocupación común de ambas, expresada en sus informes, son las competencias o atribuciones que cada una le da a los distintos niveles de gobierno. Precisamente este ámbito, el saber qué hace cada quien, es el nuevo escenario que los municipios, a través de la Federación de Asociaciones Municipales, plantean como el nuevo espacio de debate para avanzar en la Asamblea.
Las competencias en los informes presentados por la mayoría y la minoría a la Comisión de Autonomías figuran como listas de las acciones que deberán desarrollar los distintos niveles de gobierno.
Para el vicepresidente de la FAM, el concejal paceño Luis Revilla, si bien las competencias están descritas en los Informes de los asambleístas, aún no se las ha considerado de la mejor manera, ´el problema es que la redacción de esas competencias no está clara, si se lee en el detalle, todavía se pueden encontrar márgenes en que pueden presentarse duplicidades, conflictos de competencias en los distintos niveles´.
Es el informe de la mayoría de la Comisión de Autonomías el que le da mayor atención, a través de un capítulo entero: ´Competencias del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales´.
En las competencias del nivel nacional los dos Informes coinciden en que son atributo nacional las diferentes formas de legislación básica, desde la económica hasta salud, educación, pasando por nacionalidad, medioambiente, recursos naturales, entre otros.
En el ámbito económico, ambos documentos atribuyen potestad nacional en el ordenamiento de la banca, el sistema monetario, aduanas, hacienda, entre otros.
Los informes también insisten en común acerca de la tuición nacional sobre las FFAA y la seguridad nacional; sobre el régimen de la administración pública y en la política de migración.
Los mayores disensos en cuanto a las competencias nacionales se presentan cuando en las atribuciones presentadas por la minoría, se dispone alguna excepción a favor de los ´departamentos autónomos´, como en el caso de la policía, que mientras en el documento de la mayoría está como competencia privativa del nivel nacional, en el documento de la minoría se establece la posibilidad de que aquellos departamentos puedan formar la suya.
Asimismo existe divergencia en el tema de recursos naturales: mientras para la mayoría el manejo y control es privativo, exclusivo del nivel nacional, la minoría sugiere que los gobiernos municipales y departamentales autónomos puedan establecer ´normas adicionales de protección´.
En el ámbito departamental, ambas propuestas coinciden en que el principal rol del gobierno departamental es el desarrollo y promoción económica de la región. También ambas instancias le dan un mayor rol en la gestión de la salud y de la educación.
Mientras el documento de la minoría, en educación sólo otorga la posibilidad de tuición sobre los proyectos educativos y currícula; el informe en mayoría, además, establece para el departamento la potestad de planificar y administrar el ´régimen de recursos humanos´ en educación y salud.
En la propuesta de mayoría se enfatiza la concurrencia que debe haber tanto con los municipios como con los ´gobiernos territoriales indígenas y originarios´. En la propuesta de la minoría, en cambio, existe una serie de facultades que se da al departamento, como la creación de tasas e impuestos departamentales, o que éste pueda intervenir en el ordenamiento territorial de la región; también se le permite legislar y regular el funcionamiento de la policía departamental, entre otros aspectos.
Para el nivel municipal, en ambos Informes se establece un papel preponderante en desarrollo humano y la administración de los servicios públicos, como educación y salud, desarrollo turístico, policía, tránsito, saneamiento básico. En ninguno de los documentos se habla de la capacidad de crear impuestos de los gobiernos municipales, sólo de recaudarlos.
Competencias de lo plurinacional
El debate de las competencias o atribuciones que debe llevar adelante cada nivel autonómico es de tal importancia, señala Luis Revilla, que incluso el dilema del ´Estado plurinacional´ y, por consiguiente, de las autonomías indígenas, puede resolverse más fácilmente si se lo discute desde la perspectiva de qué hace cada quién y con qué recursos.
Aparte de la reivindicación cultural y social que se debe tener en cuenta a momento de ver la existencia de las autonomías indígenas, el tema es qué en concreto van hacer como futuros nuevos gobiernos regionales.
Además de constituir alguna nueva forma de gobierno, la autonomía indígena lo mismo se tratará de una entidad pública, que igual tendrá que servir a la ciudadanía. Entonces, desde ahora es importante saber cuáles finalmente serán sus competencias.
La discusión de las autonomías y la descentralización a través del enfoque de las competencias, también ayudaría a resolver el problema que enfrenta al gobierno contra los autonomistas de oriente, el hecho de saber hasta dónde llega aquello de la ´capacidad legislativa´ de las autonomías.
El problema no es el concepto o la visión que se pueda tener de tal o cual autonomía o forma de gobierno, destaca Revilla; si las autonomías norman (gobierno) o legislan (autonomistas), sino más bien en qué lo hacen y cómo; precisamente, el tema de las competencias. Lo mismo se puede decir de la ´autonomía plena´ que demandan para sí los municipios.
Lo plurinacional es compatible con la autonomía
Propuesta
• Diversidad • La sociedad boliviana contiene diversas culturas, pueblos y formaciones sociales.
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En el texto "Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías", del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Franz Barrios Suvelza y Xavier Albó establecen la posibilidad de complementar el denominado Estado plurinacional y el sistema de autonomías.
Esta unidad será posible, señalan, en la medida en que se trate el problema del Estado con una alta prioridad del "enfoque intercultural", tanto en lo relativo a la estructura estatal, como en relación de la propia sociedad civil.
El desafío consiste en construir el Estado intercultural, de "modo que esta dimensión aparezca en sus leyes y se plasme en sus instituciones"; que efectivamente, el ineludible hecho de la interculturalidad nacional se traduzca en las diversas instituciones del país.
Otra prevención a que llaman los autores es que con la reivindicación indígena, no se tendría que desarrollar la sensación de que se está "volteando la tortilla", que al final todo el esfuerzo nacional sólo derive en un Estado sólo indígena.
Los autores también proponen que lo plurinacional solamente será posible si se deja de ver a las naciones o nacionalidades originarias exclusivamente como futuros estados. Lo que más bien se pretende, insisten, es que siendo Bolivia una Nación-Estado, hecho que deben aceptar indígenas y no indígenas, lo mismo debe albergar en su interior a las nacionalidades o naciones indígenas.
En cualquier caso, encarar la "cuestión indígena" es ineludible para resolver lo nacional, señalan.
Opinión
Evaluación de un año de la "Revolución Agraria"
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Desde hace una década insistimos en que el modelo monoproductor de la soya no es conveniente a Santa Cruz ni a Bolivia, pues concentra la propiedad de la tierra.
MIGUEL URIOSTE*
El 3 de junio del 2006 el Gobierno inició la llamada Revolución Agraria. Meses después, el Presidente afirmó que en muchas comunidades campesinas no hay propiedad privada de la tierra y que por eso es necesario fortalecer los derechos colectivos y así evitar la acumulación de riqueza familiar.
El comunitarismo de la propiedad de la tierra —expresado en los programas gubernamentales— corresponde a una concepción que nos recuerda al dogmatismo colectivista que se aplicó de manera forzada y estéril en otros países. Después de medio siglo de la primera Reforma Agraria, constatamos que decenas de miles de pequeños productores campesinos-indígenas reclaman derechos propietarios familiares juntamente con los comunales. Ésta es una de las principales modificaciones que debió introducirse en la Ley de Reconducción Comunitaria y debiera ser un tema para la Asamblea Constituyente.
La Ley INRA del 96 cometió el mismo error del gobierno, intentó forzar la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades al establecer que toda nueva dotación sería obligatoriamente a título colectivo y que aquellas comunidades que quisieran acceder a un territorio comunitario debían renunciar a sus derechos propietarios familiares. Salvo algunas excepciones, no existen familias campesinas indígenas de los valles y altiplano que hayan renunciado a sus derechos familiares para cederlos a su comunidad.
Contraponer la propiedad familiar versus la propiedad comunal en el altiplano y los valles, donde hay más de medio millón de unidades productivas, es no reconocer la realidad rural de estas dos regiones que concentran el 80% de la población rural del país.
La distribución no planificada de 800 tractores en diferentes ecorregiones puede generar mayor rendimiento agropecuario en el corto plazo, pero provocará desempleo rural, pues cada tractor reemplazará a miles de trabajadores rurales, además del peligro de compactación de suelos y su consecuente deterioro. En el corto plazo la distribución de tractores resulta políticamente rentable, pero debe ir acompañada de organización, capacitación y tecnología, de lo contrario se estará ayudando al empobrecimiento de los suelos y a la destrucción del medio ambiente.
El Gobierno aprobó la creación del Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Desde hace varios años -en el marco de las políticas neoliberales- el Fondesif, ahora BDP, había colocado alrededor de 60 millones de dólares a una tasa de interés del 8% que llegaba al productor al 21%. Lo que hizo el gobierno de Evo Morales es dictar una norma por la cual se instruye la recuperación de estos 60 millones de dólares para ser reubicados a través del sistema financiero de las microfinanzas, a una tasa de interés del 6%. El hecho es que la anunciada banca de desarrollo no cuenta con financiamiento nuevo, sólo dispone de 60 millones que ya tenía colocados el Fondesif desde hace años. Lo novedoso es que ahora se obliga a las entidades microfinancieras a colocarlo al 6% anual, con la probabilidad de que esos 60 millones de dólares nunca sean recuperados por el Estado.
Conquistar mercados externos para productos ecológicos toma tiempo y requiere de estrategias de calidad y sostenibilidad, que deberán estar vinculadas a cadenas productivas. Lo que se hizo son apenas algunos contactos con posibles interesados en comprar productos ecológicos que pueden tardar largos años en concretarse. Por otro lado, desde hace una década insistimos en que el modelo monoproductor de la soya no es el que conviene a Santa Cruz ni a Bolivia, pues, entre otras razones, concentra la propiedad de la tierra, no genera empleo directo y destruye los bosques. La Prefectura de Santa Cruz no puede ignorar los riesgos que implica el monocultivo de la soya para el futuro ambiental del departamento y debiera prohibir los desmontes descontrolados que realizan productores soyeros.
No son los migrantes —pequeños productores andinos— quienes ejercen la principal presión por la tierra, son empresas trasnacionales e inversiones extranjeras que encuentran que en Bolivia la tierra es abundante y barata. De hecho, gran parte de la élite boliviana que vive en Santa Cruz subsiste gracias a un mercado no transparente de tierras —venta o alquiler— recibidas gratuitamente del Estado.
La consigna de propiedad plena y absoluta de los recursos naturales, del suelo y del subsuelo, exclusivamente para los pueblos indígenas, equivale a la elitaria demanda autonómica departamental que no quiere compartir sus recursos naturales con el resto.
Una Revolución Agraria es necesaria, pero una que reemplace el modelo monexportador de la soya por otro integral, ambientalmente sostenible y centrado en la seguridad alimentaria de manera que supere el minifundio en el occidente y genere empleos dignos, agropecuarios y no agropecuarios, en el área rural. Los biocombustibles pueden aumentar la dependencia alimentaria y deteriorar los suelos.
*Economista, especializado en Desarrollo Rural. Es el actual director de la Fundación Tierra.
La frase
"El lenguaje correcto es sentarse como buenos bolivianos y confrontar las ideas sanamente".
MARIO COSSÍO, prefecto de Tarija, al comentar el "lenguaje" de acciones de confrontación que estaría llevando adelante el Gobierno.
Crítica de las autonomías indígena y departamental
Gonzalo Colque*
Lo que mal comienza mal acaba, este adagio asoma con más frecuencia cuando uno escucha hablar de autonomías.
La opción de autonomía departamental fue mutando, desde una opción segregacionista en su origen hasta planteamientos más sensatos. Pero en ningún momento se convirtió en una propuesta integradora, por su propia naturaleza, a pesar de que se la consideró como la opción más elaborada en términos operativos. Así, es lógico que los llamamientos a movilizaciones y estados de emergencia por prefectos y comités cívicos del oriente sean más para defender "su" autonomía que para construir la unidad nacional.
El slogan "autonomía es unidad" en un intento tardío por convertir la autonomía departamental —esa llana exigencia de transferencia de recursos y de autogobernarse por sí mismos— en sinónimo de aquella autonomía genuina que tiene dos cualidades: una, pasar de un modelo centralista a uno sin periferias y con el centro diseminado por todas partes; y, dos, que sea acorde con el interés nacional o responsabilidad social. Lo segundo fue ignorado desde el principio. Ganó la demanda de libertad de las regiones sin responsabilidad social. En el referéndum sobre autonomías, el "sí" de los departamentos aspirantes no estuvo condicionado al "sí" nacional.
Ante esto no quedó al Gobierno y sus constituyentes más que convertir la legítima aspiración de las autonomías indígenas en el peón sacrificado para contrarrestar el avance de las departamentales. Frente a frente, autonomías departamentales y autonomías indígenas. ¿El resultado? Con seguridad una Bolivia con varias autonomías vagas y desorden institucional. Una vez más, la urgencia de reaccionar ante las autonomías departamentales postergó la reivindicación de los pueblos indígenas y originarios.
Existen varios temas pendientes en la cuestión indígena. La vehemencia con que se elaboró la figura autonómica indígena de alcance regional, relegó la construcción de instituciones base o gobiernos locales indígenas, llámese comunidades, ayllus o municipios indígenas. Sin el fortalecimiento previo de estas células de autonomía indígena, poco o nada se avanzará en otros niveles.
Otra cuestión es la integración de formas comunitarias con el concepto de tierra y territorio. Sabemos que las formas comunitarias persisten y que en la práctica están vinculadas con el control de un territorio, al margen de las formas de regulación de la tenencia de tierra a nivel interno. Acá, lo que hace falta es la integración de esa gestión territorial con las formas socioorganizativas comunales pero, sobre un marco regulatorio de relaciones con el resto de las entidades descentralizadas del Estado, para que se garantice la seguridad jurídica frente a posibles disputas intracomunales. Así, se requiere de un marco normativo renovado que defina interrelaciones entre la persona, la comunidad y el Estado. En gran medida esto pasa por un rediseño más serio de los derechos colectivos de propiedad sobre la tierra y no por aquellos planteamientos que exigen autonomía absoluta para territorios indígenas sin ningún vínculo con el Estado.
Definir las formas de participación política en comunidades y territorios indígenas es otro tema pendiente. Es el eje para el rediseño de municipios indígenas u originarios, es decir para la formación de gobiernos locales de base comunal. No se trata de una simple manía indigenista sino que es imperioso mejorar la gobernabilidad, transparencia y participación ciudadana al interior de los municipios rurales con mayoría indígena.
*Investigador. Coautor del libro Los nietos de la Reforma Agraria.
Política / Asamblea
La Constituyente culpa al Parlamento
La presidenta del foro rindió su informe ayer. Admitió errores, pero criticó al Congreso por imponer los 2/3 y no hacer cálculos políticos. Llamó a los asambleístas a acelerar su trabajo.
• SESIÓN DE HONOR • 217 de los 255 asambleístas asistieron ayer al Teatro Gran Mariscal para participar en el acto.
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La presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, acusó ayer al Congreso de ser corresponsable en el fallido intento de haber entregado la nueva Constitución Política del Estado (CPE) este 6 de agosto, y apeló a la "conciencia" de sus colegas para reencauzar su labor y cumplir este mandato en los cuatro meses que se amplió su trabajo.
Las declaraciones las realizó en la sesión de honor que se instaló en Sucre para rendir el informe de gestión de la Asamblea. La cita empezó con casi una hora y media de retraso porque se esperaba al presidente Evo Morales, quien a último momento decidió no asistir y optó por participar de un partido de ráquet en una cancha del estadio Patria.
La falta de "cálculo político" en los plazos y la incorporación de los dos tercios de voto fueron identificados por Lazarte como los elementos que incidieron en el incumplimiento del mandato, toda vez que "perdimos muchos meses en hacer el reglamento" por diferencias en estos temas.
En un momento de autocrítica, reveló que parte del retraso también se debe a los permanentes viajes de sus colegas. Reflexionó que, sin un cambio de actitud y de toma de conciencia, ahora tampoco lo lograrán. "Por eso digo debemos ser conscientes y hacerlo en cuatro meses".
La Ley de Convocatoria fijó un plazo máximo de un año para redactar el nuevo pacto social. El viernes, el Congreso, a petición del cónclave de Sucre, amplió por cuatro meses su mandato.
La ley aprobada para la prórroga establece el respeto a los informes de la mayoría y minoría, así como la aprobación en grande del texto constitucional de mayoría, para luego (en el debate en detalle) incorporar el informe de minoría.
Esta determinación fue calificada por algunas fuerzas políticas de la Constituyente como una usurpación de funciones (respecto a su reglamento), tema que los asambleístas tratarán mañana en la primera sesión plenaria de esta nueva etapa.
En parte de su mensaje-informe al Congreso, el Mandatario consideró que los asambleístas entraron a "un desquite" (una nueva oportunidad para obtener la aprobación) al solicitar la ampliación. Silvia Lazarte dijo que Morales "tenía toda la razón de decirnos (esto)", pero descartó que se hayan "aplazado", arguyendo que no fueron ellos los autores de la Ley de Convocatoria.
El presidente del Senado, José Villavicencio, deslindó cualquier responsabilidad del Parlamento en el incumplimiento del mandato de los constituyentes, y les recomendó buscar consensos para diseñar la Carta Magna.
"No creo saludable, de parte de la presidenta de la Constituyente, querer traspasar su ineficiencia al Congreso (...). Nosotros le hemos dado todas las condiciones para que puedan hacer un trabajo durante un año; le hemos aprobado una ley, un presupuesto y cuando se aprueba los dos tercios hace que todas las minorías sean incluidas", sostuvo.
La Constituyente se estructuró en 21 comisiones que hasta el 21 de julio debían entregar informes en mayoría y minoría. Tres de ellas no cumplieron el plazo; una es la Comisión de Defensa.
Las diferencias también se reflejaron en temas marcados por posiciones políticas y regionales antagónicas (modelo de Estado, uni o bicamaralidad, capitalidad, autonomías y reelección presidencial, entre otros). Lazarte también denunció presiones de los movimientos sociales y se animó a decir "que no existen garantías" para trabajar en Sucre.
Morales desistió de participar de la sesión de honor de los constituyentes y optó por enviar una carta en la que pide "disculpar mi injustificada ausencia" y ser recibido el 17 de agosto.
El Jefe de Estado optó por jugar un partido de ráquet, retando a dos policías, desde las 18.27 hasta las 19.50 en el estadio Patria, luego de una jornada de tensión en Sucre, razón por la que tampoco asistió al desfile cívico.
Sienten que no hay garantías
Los constituyentes no se sienten con garantías para trabajar en Sucre y, a través de su presidenta, Silvia Lazarte, demandaron seguridad y advirtieron que, de persistir esta situación, harán una evaluación y asumirán una determinación.
"Algunos han presentado sus propuestas y ahora vienen a hacer cumplir sus propuestas tomando, interviniendo a las comisiones. ¡Cómo es que nos van a hacer así!, y nadie dice nada", reclamó ante el apoyo de sus colegas que aplaudieron esta parte de su intervención.
"Nadie dice nada; de este departamento ninguna autoridad se preocupa", agregó Lazarte al hacer referencia a las constantes protestas de los sectores sociales en Sucre, reclamando que sus pedidos se incorporen en los informes de las comisiones.
El sábado, dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qollasuyu (Conamaq), molestos por los términos de la ampliación de la Asamblea, pusieron un candado a las puertas del Teatro Gran Mariscal (donde sesiona el cónclave) exigiendo el cierre de este órgano.
"No hemos venido porque hemos querido, hemos venido porque el pueblo nos ha dado este mandato... ese pueblo mismo que diga, ese pueblo mismo que nos haga respetar a los constituyentes y estos ambientes que hagan respetar", sostuvo.
Puntos de vista
"El 'aplazo' es culpa del MAS"
Guillermo Richter.
Jefe del MNR.
"En la mañana (de ayer), Evo Morales ha señalado el aplazamiento de los constituyentes. En realidad, si hay una valoración de ese tipo es un mea culpa del Presidente porque, sin duda, quien ha tenido la inmensa responsabilidad de que esto institucionalmente funcione ha sido el MAS".
"Hay que ser autocríticos"
Samuel Doria Medina.
Jefe de UN.
"Creo que hay que ser autocríticos. La presidenta de la Asamblea mencionó que en un año se han tenido 67 reuniones plenarias, eso quiere decir que se trabajó dos meses de los 12 que hubo Asamblea (...). De aquí en adelante habrá que tener mayor eficiencia y voluntad".
"El MAS bloqueó por 9 meses"
Rubén Darío Cuéllar.
Jefe de Podemos.
"Debido a interpretaciones antojadizas que se hizo al reglamento, esta Asamblea perdió nueve meses valiosísimos para trabajar el texto constitucional (...). Se trata de que el MAS asuma su responsabilidad histórica de haber bloqueado, por nueve meses, la labor de la Asamblea".
"Se ve una pelea de poderes"
CARLOS ROMERO.
Constituyente del MAS.
"Hay aspectos trascendentes del discurso de Lazarte. Primero, fortalezas y debilidades de la Asamblea; segundo, una crítica muy rígida al Congreso Nacional que muestra que hay un sentimiento de disputa y conflicto de poderes (...). Pero, ésta es la vía para resolver esto".
Política / Asamblea
La Paz articula la defensa nacional de la capitalidad
Reunión • El comité de emergencia analizará las fechas de las medidas de presión.
• TEDÉUM EN LA PAZ • (De izq. a der.) el secretario prefectural, el Pdte. de la Corte de Distrito y el Prefecto, ayer en la Catedral.
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Las entidades de La Paz analizarán hoy la fecha tentativa para un paro cívico y los mecanismos para articular una movilización nacional con participación de los movimientos sociales en defensa de la capitalidad, tema que hasta ayer no fue retirado del debate constituyente, como lo exigió un cabildo en El Alto, el 20 de julio.
El presidente del Consejo Mayor de Desarrollo Regional de La Paz y miembro del comité de emergencia en defensa de la permanencia de los dos poderes en la sede de gobierno, Luis Revilla, informó ayer que las medidas de presión se definirán en función al curso que tomará el tema de la capitalidad en la Asamblea.
"Es previsible que después del 15 de agosto se produzca un paro departamental con suspensión de actividades públicas y privadas", señaló. Asimismo, adelantó que también se articula una movilización nacional con organizaciones sociales que rechazaron la consideración de este tema.
Una cumbre social, reunida en Sucre el 27 de julio, decidió, entre otros aspectos "convocar al diálogo y unidad de los departamentos de La Paz y Chuquisaca y rechazo al tema de la capitalidad plena". En función de este pronunciamiento se busca articular una movilización nacional, dijo.
"Nuestras organizaciones e instituciones paceñas están tomando contacto con estas organizaciones en todo el país a objeto de coordinar una movilización social en defensa de la unidad del país y en rechazo a la manipulación del traslado de la sede de gobierno", afirmó.
El tema no estuvo ausente este 6 de Agosto de la efeméride patria en Sucre. Un grupo de personas apostadas en la plaza 25 de Mayo demandó, a gritos y con pancartas, capitalidad plena, en momentos en que el presidente, Evo Morales, daba su informe-mensaje al Congreso Nacional.
El titular de la brigada de constituyentes de La Paz, Macario Tola, informó que los representantes paceños se reunirán hoy para analizar los avances en el mandato del cabildo y eventuales medidas de presión, aunque descartó un repliegue.
El prefecto de La Paz, José Luis Paredes, informó que apoyarán todas las medidas que asuma el comité de emergencia de defensa de la sede de los poderes.
Al igual que en La Paz (20 de julio), en Sucre también se realizó el 25 de julio una movilización para exigir la capitalidad plena.
Los cabildos
El Alto • Una multitudinaria movilización se concentró en la Ceja en defensa de la permanencia de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo en La Paz, exigiendo la unidad.
Proclama • En su artículo 5 establece que, en caso de que el tema de la capitalidad continúe en debate en la Constituyente después del 6 de agosto, se iniciará un paro indefinido y una movilización nacional.
Sucre • Una marcha realizada el 25 de julio terminó con el juramento de defender la capitalidad plena para Sucre.
Evaluación • La Paz evaluará hoy los avances logrados hasta el momento en su demanda y anuncia iniciar movilizaciones.
Política
Analizarán los impasses de Evo y los prefectos
Cívicos
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Los cívicos de cuatro regiones, que mañana se reunirán en Santa Cruz para tomar una posición sobre la ampliación de la Constituyente y su demanda autonómica, incluirán en su agenda los perjuicios que provocan los impasses entre el Presidente y los prefectos de la oposición.
A la cita, que se desarrollará a cinco días del fracaso de un segundo intento de diálogo entre Evo Morales y el prefecto de Tarija, Mario Cossío, confirmaron su asistencia los representantes de Tarija, Beni, Pando y la región anfitriona, Santa Cruz.
"El tema de que el Gobierno haya dejado plantado a nuestro Prefecto es una burla con Tarija. Nosotros tenemos una reunión el 8 de agosto en Santa Cruz y ahí nada raro que se saque determinaciones a nivel nacional, a falta de la voluntad política que tiene el Ejecutivo con los departamentos para sentarse a dialogar", sostuvo ayer el presidente cívico de Tarija, Reynaldo Bayar.
Según la vicepresidenta de la entidad, Patricia Galarza, a la reunión también fue invitado Evo Morales, "para que asista y conjuntamente con todos los cívicos analicemos la profunda crisis política y social que está atravesando nuestro país, especialmente los departamentos donde los prefectos no tienen la línea política del Gobierno".
Para Bayar otra señal de confrontación es la presencia de los Ponchos Rojos en la parada militar de hoy en Santa Cruz. Sobre el caso particular de Tarija, señaló que el jueves habrá una reunión del comité y sus instituciones.
Adrián Oliva, asesor prefectural de Tarija, dijo que "el Prefecto no tuvo ningún contacto con el Gobierno después del día viernes" (cuando el diálogo se cayó).
Diálogo fracasado
Martes 31 de julio • El prefecto Cossío y su gabinete llegaron ese día para una reunión con el Presidente en el Palacio, pero el Ejecutivo postergó la cita para el 3 de agosto, sin previo aviso.
Viernes 3 de agosto • El encuentro de esa noche duró minutos, pues una vez instalado, Cossío y su equipo abandonaron el Palacio debido a que el Mandatario lo llamó mentiroso. Para el Gobierno, Cossío fue irrespetuoso.
Política
Sectores sociales evaluarán al gabinete y piden ajustes
Las organizaciones afines al MAS sostendrán un encuentro, aún sin fecha definida. Los sectores observan la falta de compromiso de los ministros con sus bases y piden afinidad.
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Los sectores afines al partido en función de Gobierno (MAS) evaluarán al gabinete ministerial del presidente Evo Morales en una reunión que aún no tiene fecha definida; sin embargo, los líderes consultados ayer por este medio demandaron del Primer Mandatario algunos ajustes.
"Se hará una evaluación de todos los ministros, viceministros y de los directores, muchos de ellos apoyan el proceso de cambio, pero otros no lo hacen plenamente. No entraré en detalle, pero hay mucha debilidad en muchos ministerios", manifestó Gerardo García, vicepresidente del MAS.
El dirigente masista citó como ejemplo a la ministra de Desarrollo Agrario y Rural, Susana Rivero, asegurando que actualmente existe descontento de parte de las entidades de base respecto a la gestión de esta autoridad del Ejecutivo.
García anticipó que la reunión de las organizaciones sociales se llevará a cabo luego de los actos de este martes en Santa Cruz. En ella se evaluará la gestión de las autoridades del gabinete ministerial y se sugerirá al presidente Evo Morales algunas modificaciones, aunque adelantó que aún no hay fecha establecida para el encuentro que será en La Paz.
Por su parte, el dirigente de la Fejuve de El Alto, Nazario Ramírez, indicó que en el congreso de su organización, las bases determinaron pedir el cambio del ministro del Agua, Abel Mamani; en tanto que el dirigente de la Central Obrera Regional de esa ciudad, Claudio Álvarez, afirmó que los cambios deben estar sujetos al mejoramiento del sistema político y administrativo.
El dirigente campesino de Tarija Luis Alfaro (MAS) aclaró que en última instancia los cambios de gabinete le competen al Presidente, aunque criticó a Rivero.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, Fidel Zurco, fue más enfático al exigir el cambio de los ministros de la Presidencia y Desarrollo Rural a nombre de su sector a nivel nacional.
En tanto que sectores como los cooperativistas, el magisterio urbano y las entidades que aglutinan a los indígenas de tierras bajas y altas (Cidob y Conamaq, respectivamente) dejaron de ser parte de la base social del MAS.
El 1 de agosto, representantes cívicos de siete regiones (excepto La Paz y Potosí) demandaron la salida de cuatro ministros y un viceministro por su responsabilidad en la espiral inflacionaria, el desabastecimiento y la presencia de extranjeros en el país.
Las autoridades observadas son el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas; de Hacienda, Luis Arce; de Desarrollo Agrario y Rural, Susana Rivero; de Producción y Microempresa, Celinda Sosa; y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Opiniones
"Queremos los tres ministerios"
Nazario RamÍrez. Fejuve de El Alto.
"Nos interesa que hayan tres ministros alteños en el gabinete y el Gobierno seguramente elegirá a sus más allegados: el Ministerio del Agua, con o sin el cambio de Abel Mamani, el de Trabajo y el de Salud porque en El Alto estamos totalmente abandonados en ese campo".
"El Alto rechaza a Abel Mamani"
claudio Álvarez. Ejecutivo de la COR El Alto.
"Tenemos una observación a Abel Mamani, que no cumple con El Alto que lo eligió y se olvidó de sus hermanos al no atender sus necesidades en alcantarillado y servicio de aguas; en distritos alejados como el 7, 8 y 9 no cuentan con los servicios básicos".
"Un productor para ese cargo"
Luis alfaro. Dirigente campesino de Tarija.
"Los sectores cuestionan a la ministra Susana Rivero. Creo que no es malo sugerirle al Presidente que sea un productor el que ocupe esa cartera. En Tarija la autoridad no estuvo ligada al área desde un comienzo. Si no está a ese nivel, no se puede obligar a una persona".
"Observamos a dos ministros"
Fidel zurco. Líder de los colonizadores.
"Como sector observamos a dos ministros. La de Desarrollo Rural (Susana Rivero) y de la Presidencia (Juan Ramón Quintana). La ministra nunca tuvo relaciones con los sectores sociales, y el de la Presidencia nos cerró las puertas y nunca ha tenido coordinación con las organizaciones".
El Evento
Entre incidentes, Evo dice
que el país superará a Suiza
Cientos de personas se juntaron para criticar al presidente Evo Morales por no haber apoyado su pedido de capitalidad plena para Sucre. Hubo peleas y detenidos, aunque luego volvió la calma.
• PLAZA 25 DE MAYO • Cientos de ciudadanos protestaron contra el Gobierno, que dio la espalda a su demanda regional.
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La rivalidad entre grupos de masistas y capitalistas empañó el festejo del Gobierno nacional este 6 de agosto, jornada que pasa a la historia por la violencia física y verbal en la plaza 25 de Mayo. Como nunca antes, el mensaje-informe a la nación del Presidente y el desfile cívico militar quedaron ensombrecidos por una demanda regional: la capitalidad.
Insultos de grueso calibre, detenidos y un desfile de instituciones que se caracterizó por el airado pedido del traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre, fue el escenario vivido ayer durante siete horas, contando desde el primer acto oficial: la iza de la bandera. El tradicional paso patriótico de militares, trabajadores y estudiantes de la Capital, este año, no contó con el saludo del Primer Mandatario desde el balcón de la Casa de la Libertad, que permaneció semivacío y sin ninguna autoridad nacional.
El cuerpo diplomático, autoridades bolivianas, invitados especiales y periodistas internacionales, además de los medios de comunicación nacionales y público en general, fueron testigos de momentos de alta tensión, que incluyeron cánticos discriminatorios. Entretanto, en la Casa de la Libertad, durante tres horas y 40 minutos, Morales ofreció al país una evaluación del trabajo realizado por su gobierno durante el último año.
La impaciencia de los espectadores y la presión de las instituciones —encabezadas por la Universidad San Francisco Xavier— obligaron a la banda del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade a acompañar el tradicional desfile, pese a que el Presidente continuaba con su discurso.
Ocurrió a las 13.20, cuando el forcejeo del rector Jaime Barrón y otras autoridades universitarias con las fuerzas del orden rompió el cerco policial. Minutos antes, un solitario benemérito de la Patria, cansado de esperar la finalización del discurso presidencial, inició el recorrido con sus 96 años a cuestas y el Himno Nacional entonado por la concurrencia en todo su paso.
Durante las horas previas, varios centenares de sucrenses se apostaron frente a la Casa de la Libertad para clamar con banderas y pancartas por su demanda de capitalidad plena; pero la posterior llegada de un grupo de seguidores del Gobierno enardeció los ánimos. Mientras Morales le hablaba al país, desde afuera recibía insultos que, además, estaban dirigidos al vicepresidente Álvaro García; estas dos autoridades no apoyaron el pedido chuquisaqueño.
´Evo y Linera traidores´, decía un improvisado cartel en la plaza. Pero, los estribillos se fueron convirtiendo en agresiones que faltaron el respeto a la investidura de las máximas autoridades del país: "Evo, cabrón; Linera maricón", gritaba la gente.
Las agresiones también tomaron un tinte racista y discriminatorio, cuando los sectores movilizados gritaron en coro "ignorantes", "váyanse a bañar", "dejen de joder, no saben ni leer" o "masistas al corral, Sucre capital". Del otro lado les respondían "ladrones", "socios de Goni", "asesinos" y "divisionistas vendepatrias".
Entre los bandos enfrentados se advirtió la participación de funcionarios municipales (a favor de la capitalidad plena) y prefecturales (en apoyo al Presidente). Entre los primeros llamó la atención el respaldo a las autonomías, lo cual motivó que los masistas los acusaran de estar manipulados por otros intereses.
Pronto, los incidentes pasaron de las palabras soeces a los golpes. A raíz de estos enfrentamientos, la Policía informó de las detenciones de Efraín García y Luis Claros, por faltas a la autoridad. Luego, ambos fueron liberados.
Los ánimos del público recién se apaciguaron con el inicio del desfile, aunque las fricciones continuaron entre los guardias de seguridad y los periodistas con la tumultuosa salida de Morales, Linera y sus ministros.
En medio de los incidentes, el máximo dirigente del Pacto de Unidad, Isaac ávalos, anunció que propondrá a la Constituyente una reforma para que el informe presidencial se realice en diferentes capitales y que se analice la posibilidad de cambiar la sede de la Asamblea, por un tema de seguridad. Redacción Sucre
Iglesia pide resguardar la soberanía
El arzobispo de Chuquisaca, monseñor Jesús Pérez, señaló ayer que la soberanía e independencia del país "siempre están en peligro", y pidió a los bolivianos "mirar la realidad de los acontecimientos que suceden" y lograr los objetivos de soberanía nacional.
Lo hizo durante el tedéum celebrado con motivo del 182 aniversario de la independencia nacional, en presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente álvaro García Linera y varias autoridades invitadas.
Aseveró que los bolivianos "son conscientes de los avances en pro de una Bolivia soberana e independiente, pero con esa esperanza de que hay aún mucho camino por recorrer para conseguir la unión tan deseada y querida por todos".
Se refirió a la fundación de la República en Sucre, a la que calificó como "cuna de la nacionalidad e independencia", y aplaudió a quienes lograron "la unidad de un país pluricultural, creyente y empobrecido". Sucre, ANF
El Evento
García Linera afirma que el proceso de cambio en el país es irreversible
MENSAJE • El Vicepresidente ve grupos que ponen en riesgo a Bolivia.
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"Bolivia está viviendo el proceso de transformación más importante de su historia y el más importante del continente". Con esta afirmación el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, justificó este lunes los cambios que vive en la actualidad el país, los que llamó irreversibles.
El Segundo Mandatario aseguró que "son tiempos de cambio y ya no se puede ir hacia atrás".
Agregó que la nueva generación de políticos tiene el deber de "afrontar y resolver las heridas que se arrastran desde la formación de Bolivia". Entre ellas señaló la ausencia de las mujeres y de los indígenas en la redacción de la primera Carta Magna que tuvo el país. Además del carácter colonial con el que se estructuró la economía de la nueva República y la posterior "destrucción del patrimonio nacional".
Con este discurso, García Linera, en su calidad de presidente nato del Congreso, inauguró la sesión de honor que se llevó a cabo en la Casa de la Libertad de Sucre, en honor a los 182 años de la independencia de Bolivia.
En su alocución, la autoridad aseguró que la conducción del proceso de transformaciones está en manos de los sectores más pobres y marginados del país, y que su principal palestra es la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, el Vicepresidente también advirtió que "toda revolución engendra una contrarrevolución tan o más fuerte", en referencia a "algunos pequeños grupos que quieren que la historia vuelva atrás poniendo en riesgo la unidad de la Patria".
Además, destacó que la comunidad internacional está atenta a todas las transformaciones que atraviesa la nación.
Presidente prefirió jugar raqueta antes que asistir a la Asamblea
Sucre/Grupo Líder
"Está haciendo deporte para despejar un poco la mente". Así respondió el vocero de Palacio Quemado, Álex Contreras, cuando se le consultó sobre el motivo por el cual el presidente Evo Morales, dejó de asistir a la sesión de honor de la Asamblea Constituyente a la que, hasta el medio día de ayer, había asegurado su presencia.
Para justificar la ausencia al cónclave, envió una carta donde en líneas generales, se excusó y pidió ser recibido en el hemiciclo el próximo 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional.
Tanto Contreras como el prefecto David Sánchez habían indicado después del mensaje que dio Morales en la Casa de la Libertad, que iba a cumplir con toda la agenda prevista, donde resaltaba su asistencia al cónclave. Pero no sucedió así, aunque no dejó la ciudad.
Pero a quienes sí se vio en la sesión de honor fueron al vicepresidente Álvaro García Linera; al presidente del Senado, José Villavicencio, a la legisladora masista Nemecia Achacollo y al viceministro Héctor Arce, que coparon el palco de honor. También estaban presentes los ministros de Hidrocarburos, Salud, Relaciones Internacionales, Trabajo, Desarrollo Rural, la Presidenta de la ABC y varios otros representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Tras el vino de honor, anoche, varios asambleístas del MAS partieron rumbo a Santa Cruz; otras autoridades se irán junto a Evo para estar en la Parada Militar.
Rechazan que la ampliación de sesiones de Asamblea sea desquite como dijo Evo
Sucre/Grupo Líder
A quien pareció más molestarle el "aplazo" que le puso Evo Morales a la Asamblea fue al jefe de bancada del MNR, Guillermo Richter. "Si el presidente valoró el aplazo de los constituyentes, es un mea culpa del Presidente porque quien ha tenido la inmensa responsabilidad de que esto funcione ha sido el MAS, y la experiencia muestra que en dos ocasiones cuando se estaba a punto de consolidar un gran acuerdo nacional el MAS pateó el tablero", respondió. Samuel Doria Medina (UN) atribuyó tales declaraciones a que el presidente Evo Morales "no sabía qué más decir porque no quería enfrentar al público afuera (de la Casa de la Libertad). No le encuentro otra explicación después de que él ha sido el que más ha interferido en la Asamblea Constituyente". Para el dirigente campesino y asambleísta, Isaac Ávalos, es necesario reconocer los errores, sobre todo quienes apoyan el proceso de cambio. "Cuando hay errores hay que decirlos no hay por qué ocultarlos a ver si así se mejora", respondió el constituyente. El vocero masista René Navarro negó que estos cuatro meses de ampliación sean el desquite para los asambleístas, más bien dijo que los que se aplazaron y sin derecho a redesquite son los congresistas porque quieren dar pautas de funcionamiento al foro.
¿REPRESALIAS?
Masistas hablan de cambiar la sede de la Constituyente
Incluso ayer se sugirió que los actos centrales del 6 de Agosto sean rotatorios
Sucre/CORREO DEL SUR
La idea de cambiar de sede a la Asamblea surgió en la sesión de la Asamblea Constituyente
El mal rato que ayer pasó el presidente de la República, Evo Morales, por su rechazo al pedido de Capitalidad Plena, empezó a generar una serie de amenazas dirigidas claramente al pueblo chuquisaqueño.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) salió en defensa de las autoridades de Gobierno y amenazó, a través de sus representantes con cambiar la sede de la Asamblea Constituyente y de los festejos centrales del 6 de Agosto fijados en Sucre.
La primera en salir al frente fue la presidenta del foro, Silvia Lazarte, quien al final de su discurso informe de gestión, en el teatro Gran Mariscal de Ayacucho, advirtió que de continuar la "falta de respeto" contra las autoridades y los constituyentes no
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