21 de octubre 07

el diario

Alternativa del Consejo Político
Proponen crear Cuarto Poder para solucionar conflicto por capitalidad

EL TEMA DE LA CAPITALIDAD PLENA ES LA "PIEDRA EN EL ZAPATO" DE LA CONSTITUYENTE.

• Se trata del denominado "Control Social" que se concentraría en la ciudad de Sucre.
• También está en negociación traslado de algunas entidades descentralizadas y la creación de otras nuevas.
La creación de un Cuarto Poder que tendría su sede en Sucre es una de las alternativas que se manejan para dar fin al conflicto entre La Paz y Chuquisaca por el tema de la capitalidad plena.

En entrevista con EL DIARIO el analista político, Carlos Cordero, dijo que surgió en los últimos días al interior del Consejo Político Suprapartidario, la propuesta de crear un nuevo Poder del Estado al que se denominaría de "Control Social", con lo que se equilibraría la relación entre La Paz y Chuquisaca de albergar, cada una, dos poderes.

Actualmente en la Sede de Gobierno funcionan los poderes Ejecutivo y Legislativo y en la capital de la República, sólo el Judicial.

"Con este nuevo planteamiento, dos poderes del Estado se concentrarían en La Paz el Ejecutivo y el Legislativo y dos en la ciudad de Sucre, es decir, el Judicial y el de Control Social", dijo Cordero.

Agregó que también "está en negociación el traslado de algunas entidades de menor rango a Sucre y la creación de otras nuevas, como parte de un plan de desarrollo, lo cual dará lugar a un equilibrio, en ese marco, los chuquisaqueños y las instituciones paceñas tienen que aceptar esta salida".hola norah



Asamblea Constituyente
Capitalidad se convirtió en una "piedra en el zapato" del foro
• Analista afirma que surgió una propuesta para crear un cuarto poder del Estado que se concentraría en Sucre, como parte de un plan de desarrollo.

Poderes Legislativo y Ejecutivo


Según el analista político, Carlos Cordero, la capitalidad es un tema que se ha convertido en una "piedra en el zapato" de los 255 constituyentes, que en breves días deben definir y dar una propuesta razonable sobre este punto en el marco de la unidad nacional.

Según el experto, es importante que los constituyentes más allá de ver intereses de grupo partidarios o regionales, deben ver la unidad del país y actuar con la "cabeza fría" para evitar un enfrentamiento entre bolivianos.

"Ha llegado el momento en que los 255 constituyentes deben definir y dar a conocer una respuesta sobre este tema, porque éste se ha convertido en obstáculo para la Constituyente, pues éste ha sido motivo para determinar un receso en este evento magno que tiene como rol principal elaborar la nueva Constitución Política del Estado", afirmó.

Aclaró que el 90 por ciento de los 255 constituyentes no trabajaron, porque en el Consejo Político sólo estuvieron desempeñando funciones 30 personas, sin embargo, sostuvo, que los 200 constituyentes ausentes serán protagonistas cuando se reinicien las sesiones de la Asamblea.

Lo interesante de la política y la Asamblea, sostuvo, es que éstos acuerdos partidarios, primero tienen que pasar por el consentimiento de los asambleístas, quienes tienen que deliberar y luego emitir su voto, por lo que tiene que ser tolerantes, tener serenidad y sabiduría voluntad política.

En su criterio, no se puede mantener a la ciudadanía en la incertidumbre, porque la capitalidad no es un tema aislado y más bien se ha convertido en el centro neurálgico de este evento, más allá de quienes plantearon el traslado de poderes de La Paz

"También se calificó el tema de la capitalidad como el cerrojo que puso el movimiento cívico cruceño en la Asamblea Constituyente, ahora es probable que fracase el magno evento y si la Asamblea está al borde del colapso, se debe a la insurrección popular y ciudadana que se produjo en la ciudad de Sucre y que obligó a dar un receso a este foro", enfatizó.

Asimismo, manifestó que cualquier tema que se plantea en la instancia donde se debaten aspectos de la Constitución Política del Estado y la capitalidad, siempre se toca intereses, y que en ese marco, actúan los sectores sociales y las autoridades de turno.

Cordero expresó que más allá de los errores, dilaciones y conflicto que se produjo en el sistema de partidos políticos, la causa última fue el movimiento cívico chuquisaqueño. Si hoy se ha conformado este Consejo Político Suprapartidario para lograr avances importantes, de nada servirá si no hay acuerdo en el pleno de la Constituyente sobre la capitalidad.

En este momento, dijo, el Comité Cívico y la ciudadanía chuquisaqueña tienen la llave de la Asamblea Constituyente, ya que la suprapartidaria, los asambleístas y el Gobierno que trabajan en este momento y no dan una señal clara, un compromiso de que todos los temas serán tratados en la Asamblea Constituyente incluyendo la capitalidad, es seguro que continuarán los conflictos en torno a esta demanda.

"La salida más extrema puede ser trasladar la Asamblea a otro distrito, lo que daría lugar a que este evento pierda legitimidad, sin embargo, el objetivo para tratar todos los temas puede tener una agenda paralela bajo comisiones reservadas y en contacto con los comités cívicos de La Paz y Chuquisaca".

El experto, manifestó que un aspecto importante es debatir el tema de la capitalidad en la Asamblea con pluralidad con democracia y en libertad y otra cosa es tratar con una parte de los asambleístas. Mencionó que para superar el conflicto se propuso crear un cuarto poder del Estado, el Control Social, que se concentraría en la ciudad de Sucre.

"Con este planteamiento, dos poderes del Estado se concentrarían en La Paz como el Ejecutivo y el Legislativo y dos en la ciudad de Sucre, es decir, el Judicial y el Control Social. Esta negociación para que las entidades puedan trasladarse a Sucre como parte de un plan de desarrollo, dará lugar a un equilibrio, en ese marco, los chuquisaqueños tienen que aceptar esta salida así como las instituciones de La Paz", añadió.

Advirtió finalmente, que si no hay acuerdo sobre este planteamiento todo lo avanzado en el Consejo Político de Concertación de la Suprapartidaria no habrá valido de nada.



Consejo Autonómico maneja temas regionales con marcado tinte político
El Consejo Autonómico que agrupa a cuatro departamentos, Santa Cruz, Pando Beni y Tarija, maneja los temas regionales con marcado tinte político y divisionista, expresaron varios parlamentarios.

El diputado de Unidad Nacional (UN), Peter Maldonado, manifestó que existe un grupo de cívicos y prefectos que tienen la intención de crear problemas las veces que tienen oportunidad de hacerlo, poniendo como ejemplo, la renta para los ancianos a través del IDH, tema que se convirtió en político.

"Sin lugar a dudas, el gérmen de la división y el separatismo del país está en los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones que tienen otros intereses, muy alejados de la unidad nacional, pues incluso expresaron que buscan su independencia", añadió.

Respecto al caso de la renta vitalicia para los ancianos, expresó que estos comités agrupados en el Consejo Autonómico, aprovecharon para hacer conocer sus intenciones en un marco político más que de defensa de este sector de la población boliviana.

En su criterio, estos son los sectores conservadores del país que continúan en su propósito de resquebrajar la unidad del país, sin embargo, responsabilizó al Gobierno para que estos grupos continúen con su propósito.

"Es preocupante como la derecha se agrupa casi de inmediato, ante cualquier error que comete el Gobierno, y en este caso los prefectos y cívicos de la 'media luna' no sólo que se colocan como un frente sino que levantan banderas, y lo lamentable es que no sólo son estos sectores, sino otros distritos que se alinean como parte de un proceso de desestabilización democrática", agregó.

Sin embargo, sostiene que el pueblo conoce a aquellas personas que tienen intereses de grupo que sólo buscan conservar sus privilegios y además pretenden mostrar al actual Gobierno como débil y sin brújula.

Maldonado dijo que de todo este problema social y económico, los favorecidos son los políticos, porque les genera audiencia, declaraciones en la prensa, les genera falsos discursos, falsas posiciones, y por supuesto, a este juego ingresan los dirigentes de los comités cívicos.



Conflicto sigue frenando reinicio de sesiones en Cónclave


(ANF).- La Asamblea Constituyente no reiniciará sesiones el lunes 22 de octubre próximo tal como estaba programado, debido a que el Consejo Político suprapartidario no logró elaborar consensos para superar el conflictivo tema de la capitalidad, que enfrenta a los departamentos de La Paz y Chuquisaca.

Sin embargo, los asambleístas de las fuerzas políticas con representación en el foro determinaron extremar esfuerzos durante este fin de semana para presentar y aprobar una propuesta destinada a superar este tema que originó el receso del cónclave, que ya lleva alrededor de 40 días sin realizar sesiones para garantizar la entrega del nuevo texto constitucional hasta el 14 de diciembre próximo.

La presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, dijo que el subcomité de asambleístas que fue creado para tratar el tema de la capitalidad, concluyó la propuesta que será analizada este fin de semana por el Consejo Político que busca viabilizar el cónclave.

La autoridad señaló que este tema será considerado hasta el martes o miércoles de la próxima semana, por lo cual las sesiones del plenario de la Asamblea no se reiniciarán el lunes.

"Si acaso falta poco nomás ya, entonces por lo menos se va prolongar hasta el lunes o el miércoles, pero depende de este sábado o domingo (la solución a este tema que es estructural)", manifestó.

Entretanto, los asambleístas del UN, Samuel Doria Medina y Angel Villacorta, manifestaron que si el tema de la capitalidad no es resuelto en los próximos días, la Asamblea corre el riesgo de cerrar sus puertas definitivamente.

Sin embargo, el jefe de Bancada del MNR en la Asamblea, aún mantiene la esperanza de que el informe elaborado por el subcomité que debate el tema de la capitalidad sea considerado por el Consejo Político, instancia que será finalmente el que determine cómo administra el documento y cómo elabora una estrategia en función del mismo. "El escenario es no perjudicar a ninguno de ellos (La Paz y Chuquisaca) tratando de cubrir las expectativas de ambos", manifestó.

El vicepresidente Alvaro García Linera y el asambleísta del MAS, Raúl Prada, anunciaron que si la Asamblea fracasa, se pasará de un escenario legal, que es el cónclave, a otro conflictivo, la lucha en las calles, para aprobar el texto constitucional, que se adelantó, será el que fue elaborado por el partido en función de Gobierno.

AVANCES

Richter dijo que por el momento, la asamblea avanzó en la estructura del Poder Legislativo, que puede ser bicameral, con representación de los pueblos indígenas, que el MNR dice que sí(dando su visto bueno), o será unicameral como plantearon el MAS y otras fuerzas políticas.

Al momento, la suprapartidaria logró acuerdos en el tema del modelo económico del Estado, las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas y últimamente la visión de Estado pluricultural comunitario y autonómico entre otras cosas.

jornada net

Comisión "secreta" buscará consenso sobre la capitalía
Serán dos las personas que elaborarán su propuesta de solución del litigio y darán un "ultimátum" a La Paz y Chuquisaca, advirtiéndoles sobre el cierre de la Asamblea si no la aceptan.


La Paz, (EFE)
sábado 20, octubre 2007

El gobierno boliviano y parte de la oposición acordaron que el Vicepresidente, Álvaro García Linera, nombre dos personas que "en secreto" busquen un consenso entre Sucre y La Paz sobre la sede de los Poderes estatales, como último intento para evitar el fracaso de la Asamblea Constituyente.

El Primer Vicepresidente de la Asamblea, el oficialista Roberto Aguilar, anunció ayer que un Comité de diálogo hizo ese encargo a Linera para tratar de resolver el conflicto que tiene bloqueada la Constituyente, por el reclamo de Sucre de ser sede del gobierno y el Parlamento, que actualmente residen en la Paz.


Esas personas elaborarán su propuesta de solución del litigio y darán un "ultimátum" a las ciudades rivales, advirtiéndoles sobre el cierre de la Asamblea si no la aceptan, explicó Aguilar.

"El peligro es que ésta es ya la última posibilidad. Si Sucre dice no, ahí ya tomamos la decisión de cerrar la Asamblea", dijo el constituyente oficialista en una reunión con corresponsales de prensa extranjera en la Paz.

Sucre es la capital oficial de Bolivia, pero solo alberga a los máximos órganos judiciales y a la Asamblea temporalmente, y ahora reclama la sede del gobierno y el Parlamento, en un litigio promovido y respaldado por los dirigentes y autoridades de Santa Cruz, bastión de la oposición al gobierno de Evo Morales.

El comité de diálogo creado a principios de mes por el gobierno y parte de la oposición, bautizado Consejo Político Suprapartidista, logró acuerdos en otros asuntos clave, como las autonomías regionales e indígenas, o el tipo de Estado que tendrá Bolivia, pero no la pugna por la sede de los Poderes.

Según Aguilar, sin el reclamo "absolutamente inmanejable" de Sucre, la nueva Constitución estaría lista el 14 de diciembre, cuando termina la prórroga que se dio la Asamblea al terminar su mandato inicial de un año en agosto pasado sin haber redactado ni una sola línea.

La Constituyente suspendió sus sesiones hace dos meses, apenas aprobada la prórroga, por violentos disturbios en Sucre que dejaron decenas de heridos e incluyeron persecución por las calles de asambleístas del partido del Presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Los dirigentes de Sucre se enardecieron porque se excluyó de la agenda de la Asamblea su reclamo de ser capital plena y única.

Aguilar culpó de la crisis a los medios de comunicación, de los que afirmó que "han sido nefastos (...), provocando a la gente a la violencia y al enfrentamiento".

Aceptó que, "en lo formalmente democrático, Sucre tiene razón en que se discuta" su reclamo en la Asamblea, pero agregó que si se produce el debate se creará un "conflicto mayor" por las movilizaciones que pondrá en marcha La Paz.

El "secreto" sobre las personas encargadas de afrontar el problema, y que sean solo dos, se justifica porque, según Aguilar, si se forma una comisión "en menos de una hora está en la prensa", pues "hay gente malintencionada".

Puso como ejemplo a Jose Antonio Aruquipa, constituyente de Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), y dijo que en una ocasión, "para romper el trabajo de la Comisión, salió a la prensa y dijo ׳están tratando esto, esto y esto׳".

Podemos no ha firmado ninguno de los acuerdos del Consejo Político, pero Aguilar anota que ya no son necesarios sus votos para alcanzar los dos tercios que requiere el pleno de la Constituyente para aprobar sus Resoluciones.

Aguilar calcula que los acuerdos tienen "un margen de 173-180" votos, por encima de los 170 necesarios.

Agregó que en breve se decidirá si se reanudan las plenarias de la Asamblea el próximo lunes, como estaba previsto, o si el Consejo Político necesita unos días más.


Política

El Consejo Político cesa 2 días para hallar consensos
AVANCES • Se presentaron dos informes de subcomisiones. Mañana se retoma el trabajo.

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Opiniones sobre esta Nota

A un día de tomar la decisión de ampliar sus labores de concertación, para dar viabilidad a la Constituyente, el Consejo Político decidió ayer declarar un cuarto intermedio hasta el lunes, luego de examinar algunos puntos sobre la temática tierra y territorio, y la forma de representación política indígena.
El constituyente del MAS Carlos Romero informó que el receso obedece a la necesidad de concertar estos temas en discusión con organizaciones de los pueblos indígenas, pero su colega de AS Óscar Mamani informó que varios constituyentes del Consejo viajaron a sus regiones.

Dos subcomisiones presentaron ayer sus informes. Una fue la de tierra y territorio, que se discutirá el lunes en el Consejo Político, y que, entre otros temas, plantea "garantizar la propiedad colectiva sobre la tierra, priorizar la distribución de tierras fiscales a los sectores excluidos".

En el caso de la explotación de recursos no renovables en tierras pertenecientes a indígenas, éstos serán consultados sin un carácter vinculante a la decisión que estará en manos del Estado.

En cuanto al tema del Legislativo, se presentó un informe sin acuerdos. La uni o bicamaralidad del Congreso, como la representación indígena directa, en circunscripciones especiales o por voto, son parte del debate.

Mamani dijo que proponen una representación indígena por circunscripción especial, para garantizar la participación de este grupo. Destacó que todas las fuerzas apoyan la presencia indígena; resta definir la forma.

LOGROS Y DESAFÍOS

Acuerdos • Hasta el momento, el Consejo Político pactó acuerdos sobre el modelo económico, los niveles autonómicos y la estructura del Estado.

Labor • Actualmente se discute las competencias autonómicas. La capitalidad también forma parte de sus deliberaciones a partir de una subcomisión.



Álvaro garcía linera, vicepresidente
"Temo que el país se radicalice si la Asamblea fracasa"
Por: Pablo Ortiz









"Si se cierra la Asamblea, me preocupa una exacerbación de las luchas de los sectores populares"

Grupo Líder.- Han pasado 14 horas desde que el Consejo Político da vueltas sobre las competencias autonómicas y la organización del Congreso sin llegar a acuerdos. La noche ya se ha instalado cómoda en la Vicepresidencia de la República y la mayoría de los asambleístas ya se ha marchado. En el día de su cumpleaños, Álvaro García Linera lo ha pasado trabajando. Cerca de las 10 de la noche aún atiende llamadas y tiene reuniones pendientes. ¿Los festejos?, para otro día, y los regalos que llegan son pasados de manera metódica por el detector de metales y revisados por expertos en explosivos. El Vicepresidente luce cansado y se mantiene despierto gracias a trufas de chocolates hechas en Sucre. Aun así, en la larga conversación evitará hablar de la capitalidad por miedo a entorpecer las gestiones. Sí lo hará sobre los acuerdos sobre economía, autonomía y definición de Estado que ha alcanzado en cuatro semanas de diálogo. Revela que hay sectores radicales que no pertenecen al MAS que están pensando en extremar sus exigencias si la Asamblea fracasa. Antes de sentarse a dialogar, su asistente le pasará por última vez, el teléfono y rogará que la entrevista sea corta. Ella también lleva 14 horas de trabajo.

—Tras el violento conflicto en Viru Viru, ¿desde el Gobierno se percibe una exacerbación de líderes regionales enfrentados con el Presidente?

—Siento que, ciertamente, hay una exacerbación de las tensiones regionales y hay que estar atentos a ello, reducir las tensiones, canalizar las demandas legítimas, denunciar las partes ilegítimas, pero eso es cierto: estamos entrando en un nuevo periodo de exacerbación de las luchas de clase, usando el viejo texto de Karl Marx, bajo la forma de luchas regionales y étnicas, que son como se visibilizan públicamente. En el fondo son luchas abiertas por el poder. Ahora hay una gran diferencia entre esto y lo que vivimos en 2003. En ese momento se confrontaban dos horizontes de país, ahora lo que se confronta es un horizonte de país con atrincheramientos locales defensivos. Capaz eso pueda cambiar con el tiempo y esas expresiones locales puedan convertirse en un nuevo horizonte de país, pero fíjese que nadie discute el núcleo. No escucho a nadie hablar de que se deben volver a privatizar los recursos naturales. Ése es un sentido común que se impuso, sean de derecha o de izquierda tenemos que hablar de eso, si no, uno está perdido. No veo a nadie que quiera arrinconar en un apartheid político a los indígenas. Está claro que los indígenas entraron para bien o para mal y todo mundo quiere tener a su indígena, aunque sea inventándoselo y trayéndolo al balcón. Si usted se fija en los ejes discursivos, son los mismos y lo que hay es un sentido común basado en la presencia estatal, la igualdad de derechos, las autonomías y la descentralización del poder. Todo esto se enfrenta con radicalizaciones de uno de estos ejes en el ámbito regional. Ésa es la diferencia con el año 2003, cuando hablábamos del empate catastrófico. No por ello son menos relevantes ni peligrosas.

—¿Aún existe la posibilidad de una salida violenta en el país? Se habla de una plataforma movilizadora, pero según lo que se entiende de su advertencia de "nos vemos en las calles", es que no sólo se refería a que el MAS sacará a sus movimientos sociales, sino que en la calle caben todos, oficialistas y opositores.

—Así es. La Asamblea Constituyente fue propuesta como lugar democrático de ensamblaje de intereses del país. Es un escenario conflictivo pero dialógico. Es, a su modo, el reconocimiento de las fuerzas emergentes, el derecho de las fuerzas replegantes a sentarse a la mesa e incorporar sus derechos y puntos de vista en el horizonte del país. Si eso se cierra, los sectores conservadores pueden decir que es un buen logro, lo cerramos; pero pueden dar lugar a que en algunas alas de los sectores populares ya no se planteen reconocer el derecho del otro, sino consolidar su propio interés. Eso es preocupante. No necesariamente es una confrontación bélica o una guerra civil, pero es una exacerbación de las luchas de los sectores populares. Les decía a los constituyentes cuando los reuní la primera vez que si fuera derecha cometía un grave error al desperdiciar la Asamblea, porque ahí tengo certidumbre y opción de que me tomen en cuenta. En el otro escenario es pura correlación de fuerzas. Quizá me vaya bien como derecha, pero quizá me va a ir mal. Se multiplica por "n" el ámbito de la incertidumbre y lo que necesitan los sectores empresariales es certidumbre.

—¿Existe esa posibilidad hoy en Bolivia?

—Había comenzado a oír en los sectores más radicales que están fuera del MAS esos debates. Los sectores de El Alto, algunos sectores indígenas del norte de Potosí se preguntan cómo cuestionar los límites de la tierra. En el Congreso y en la Asamblea podemos dialogar sobre el tema, con argumentos de una actividad productiva. En esos escenarios lo podemos entender y aprender. En otros escenarios no se entiende eso y se va a la reflexión simple: yo tengo dos hectáreas para mi familia y cómo puede ser que una vaca tenga cinco o por qué otra persona va a tener 10 mil hectáreas. En esta lógica simple se pone en duda todo.

—¿Eso indica que volveremos a 1953, con toma de haciendas y violencia?

—Ojalá que no se dé eso, pero la derecha conservadora y antidemocrática, que está cerrando los espacios a los escenarios pacíficos de resolución de estos temas, está empujando a los sectores más radicales de los movimientos sociales a pensar en una radicalización de sus planteamientos en temas de tierra y acumulación de las riquezas. Y eso no lo queremos. ¿Por qué estamos aquí, por qué le he dedicado cuatro semanas de mi vida como Vicepresidente a encerrarme 15 horas con los constituyentes? Por que queremos impedir que se desplegue esta ala radical, pero eso no lo están queriendo entender algunas fuerzas conservadoras. Estamos dando muestra de que queremos concertar, pero otros vienen aquí por puro formalismo y le han dado el que en paz descanse a la Asamblea. Nosotros estamos aquí para pactar y lo vamos a demostrar con los hechos. Éste es el mejor y quizá el último escenario para pactar intereses.



—Si se da el peor escenario, ¿el Gobierno actuará como Gobierno pese a que algunas de las organizaciones que usted señala son parte del instrumento político?

—Actuaremos pacificando. Para eso somos Gobierno, para hacer respetar las leyes, las normas, para garantizar la tranquilidad del país. Ésa es nuestra obligación y nuestro juramento, pero se habilita un nivel de incertidumbre muy riesgoso para las propias fuerzas conservadoras que no supieron aprovechar el escenario de diálogo, de paz y de esfuerzos que la historia nos dio como generación. Ellos tendrán la responsabilidad histórica de haber asfixiado ese escenario y de haber provocado la emergencia de fuerzas sociales que cuestionarán de manera radical el latifundio, la propiedad de la tierra y las riquezas.

—En este contexto, ¿cómo evalúa los acuerdos firmados en el Consejo Político suprapartidario?

—Creo que los tres acuerdos tienen sus cosas en común. Cada uno habla de cosas distintas, pero tienen temáticas históricas que son parte de nuestras vidas, pero que también son parte de nuestras tensiones diferentes. Como si fueran caras de un mismo bloque histórico. Ahora se conjunciona lo comunitario, lo estatal y lo privado, que tienen un correlato regional en el segundo acuerdo: cuando se trabaja la temática de las autonomías departamentales como desconcentración del Estado, pero a la vez con una fuerte influencia de un empresariado regional ascendente. Pero a la vez está la autonomía indígena, que es una especie de reconocimiento político a la fuerza material comunitaria y económica. Esto a su vez tendrá un correlato en la definición de Estado, que recoge la dimensión económica, la dimensión territorial y le da un contenido estatal. Somos un Estado unitario, social de derecho, que engarza con todo un vínculo social de un Estado que protege, que cuida lo educativo, que redistribuye, que está presente en la economía y en la forma moderada de la distribución territorial del poder. Y tenemos lo plurinacional comunitario, que es un aporte boliviano a las definiciones de Estado, quedando establecido que lo plurinacional rompe con la lectura napoleónica de que toda nación tiene un Estado. Aquí definimos que somos una nación con muchas naciones.

—¿No será un Estado con muchas naciones?

—Mejor, pero también una nación de naciones, donde todos tenemos un espacio común, pero también existen particularidades donde se les reconoce su historia, su aporte, su identidad y su contribución. Y también tenemos un Estado autonómico y descentralizado. Con ello, los tres grandes ejes de tensionamiento histórico, la parte moderna, la parte comunitaria y la parte del Estado articulador de la comunidad, quedan sintetizados en la forma compleja de definir nuestro Estado.

—¿Qué evitará que se conformen ghetos a partir de esas definiciones?

—Si solamente hubiéramos definido autonomía indígena sin Estado plurinacional, lo que usted dice sería correcto. La autonomía indígena se hubiera convertido en el encapsulamiento de derechos, de oportunidades, de reconocimientos, de recursos en un ámbito local. Pero la introducción del concepto del Estado plurinacional, por lo tanto un proceso de incursión de lo indígena en el Estado, que lo atraviesa todo, como lo atraviesa todo lo mestizo, hace que el reconocimiento de lo indígena no se circunscriba al ámbito autonómico. Por eso, en el ámbito de las competencias de las autonomías indígenas ya no está en debate el tema de los recursos naturales, como lo estaría si no se hubiera definido un Estado plurinacional en sociedades donde lo indígena son minorías.

—¿Eso quiere decir que los indígenas no tendrán la propiedad y la administración de los recursos naturales en sus territorios?

—No, ya no, porque eso es del Estado, donde los indígenas son copartícipes del Estado. Es por eso la importancia del debate sobre la soberanía y la presencia imperativa de los nueve millones de bolivianos en la propiedad y la gestión de los recursos naturales. No podría haberse dado eso si los indígenas se hubieran quedado encerrados en el reconocimiento de lo local. Allí se hubieran peleado por los recursos naturales, pero como incursionan en el Estado y son uno más de sus colores, ya la propiedad no queda en los pueblos indígenas sino en el Estado. Ahí el peligro de un encapsulamiento de los indígenas se rompe.

—Con la madurez política de los pueblos indígenas a la que hace referencia, ¿es necesaria la representación directa, con elección de usos y costumbres en el Parlamento? En otras experiencias indígenas, la representación directa está destinada a las minorías ¿Se aplica esto en toda Bolivia o sólo en tierras bajas, donde los indígenas son minorías?

—En todos los países donde hay indígenas siempre se ha legislado para sobrerrepresentarlos donde son minorías. En un ámbito político e institucional donde esas minorías tenían muy pocas posibilidades de incursión. En Bolivia, la actual Constitución en el fondo así fue diseñada: como una forma silenciosa de exclusión a los indígenas. Lo interesante que ha sucedido en los últimos 20 años es un proceso de reapropiación y transformación de estructura institucionales y de prácticas políticas que fueron diseñadas para excluir indígenas. Eso se dio por la habilidad de convertir su mayoría demográfica en política. El mecanismo para lograr eso fue la conversión de su capacidad organizativa en capital político. La fuerza asociativa para el trabajo, la cosecha; para el debate, para la reflexión la ha convertido en fuerza electoral. El capital organizativo se ha convertido en capital político, lo que a su modo también se ha hecho en el campo empresarial, donde el capital económico se ha convertido en capital político. Eso permite una reapropiación de las estructuras liberales, como el voto y un cambio que ha permitido que los indígenas puedan convertirse en mayoría política. Esto fue favorecido por la densidad demográfica indígena, que con este mecanismo hizo que su mayoría demográfica se convierta en mayoría política, pero hay lugares donde no son mayoría política y es donde se está discutiendo la pertinencia de un tipo de representación especial que ayude a la sobrerrepresentación de las minorías. En tierras altas y valles no es necesario este reconocimiento, pero está claro que esto no va a suceder en tierras bajas. Allí se está buscando en qué medida se puede cambiar eso. Sobre este tema se están haciendo consultas.

—Para todos estos cambios se necesita un Estado fuerte, ¿dónde está el equilibrio si además se habla de una distribución del poder?

—En el control de las fuentes fundamentales del excedente, de los recursos naturales. El Estado concentra los excedentes, las fuerzas centrífugas quedan contenidas con un imán fuerte. El gran problema del neoliberalismo fue que redujo el Estado y habilitó fuerzas de dispersión, fue catastrófico porque entramos en un proceso fuerte de disgregación de la estructura estatal y social del país, pero esas posibles fuerzas centrífugas incluso se pueden potenciar en la medida que el imán que equilibra las fuerzas le dé cohesión al Estado. Eso es obligatoriamente la base material de unas autonomías sostenibles es un núcleo fuerte y duro. La base de las autonomías es la nacionalización. No es un clishé, si el Estado controla 20, 30, 40 por ciento, ahora controlamos el 25 por ciento del Producto Interno Bruto, ésa será la base material y la garantía del equilibrio. El que en verdad puede conducir la realidad de la demanda autonómica es un Gobierno que le haya dado mucha fuerza a la reconstrucción y potenciamiento del Estado. No lo podrían hacer las élites anteriores. El gran error de las antiguas élites que ahora son autonomistas es que eran achicadoras del Estado y se daban cuenta, porque viniendo del debate autonomista, cuando ingresaban en el Estado, se daban cuenta de que con más autonomía esto iba a colapsar. Este avance no fuera posible si no se combinara mucha autonomía con concentración estatal de la economía. El tercer tema es que usted sabe que el referéndum no incorporó facultad legislativa…

—Pero hay un asunto que usted debe saber mejor que nadie, no se incorporó la palabra "legislativa" para que no acusen a los proponentes de separatistas.

—No, se olvidaron. Los que se dieron cuenta fueron los intelectuales de Santa Cruz 20 días después. No se dieron cuenta, no pelearon por ello, no lo tomaron en cuenta, no lo tuvieron en su cabeza. Se lo digo porque yo redacté la pregunta. Ningún senador o diputado se dio cuenta.

—¿Y usted se dio cuenta?

—Claro. Además estaba a la espera de cuándo iban a darse cuenta. Era un problema no tener claro lo que era la autonomía. Ahora es el MAS el que viabiliza y devuelve a la gente el concepto de autonomía, ya que en el referéndum no se votó por cualidades legislativas, sino por capacidad administrativa. Si hubiéramos tenido apego a la pregunta del referéndum no habría capacidad legislativa. Ésa sería una lectura jurídica intachable, pero políticamente mezquina. Teníamos todos los argumentos legales e históricos para hacerlo, pero no queríamos actuar de manera mezquina, y sin ningún tipo de presión dijimos que no puede haber autonomía sin facultad legislativa. Hemos firmado un acuerdo, pero las fuerzas conservadoras que tienen alguna representación en los departamentos donde ganó el Sí no la firmaron por otro tipo de cálculos que no tienen que ver con el acuerdo, sino con posicionamientos. Ahora el debate es en qué ámbitos deberán legislar. Unos colocan una lista grande; otros, una más pequeña, pero en un terreno definido por ese acuerdo en el que lamentablemente ni Podemos, ni el MNR y Camino al Cambio quisieron meter la mano ahí para enmendar su error del año pasado.

—Uno de los temas para no firmarlo fue que no aceptan que un decreto supremo tenga mayor jerarquía que una ley departamental.

—Eso se está corrigiendo y no estará en la misma tabla.

—Existe la impresión de que hay una posición demasiado centralista en el oficialismo y otra casi federalista en la oposición, pero en el fondo parece que ninguno de los dos bloques tiene claro qué es autonomía, ¿cómo se puede llegar a acuerdos de esa manera?

—Esas palabras yo las firmo, completamente. Pero con una diferencia, un pedazo de los compañeros del MAS aceptaron la capacidad legislativa, y los compañeros de las fuerzas pequeñas tienen la voluntad de oír, aprender y trabajar; pero en la oposición veo la voluntad de dilatar acuerdos. Aquí hay fuerzas políticas que no han venido a viabilizar la Asamblea Constituyente, sino a obstaculizar la Asamblea y están así. Pero somos pluralistas y participan en el debate. Hemos pasado días enteros escuchando argumentos, incorporándolos, para que luego no firmen. Hemos soportado eso y lo vamos a seguir haciendo. Hay fuerzas que no quieren a la Asamblea dentro de este comité político. Lo que hacen es patear los temas, mezclarlos y asfixiarlos con la idea de que este Comité Político no vuelva a firmar más documentos. Ahí se requiere tomar decisiones políticas.

"No quisimos dar pretexto de un muerto como bandera"

—El jueves 18 sucedió una situación especial en Santa Cruz, donde el Gobierno actuó con muy poco tacto considerando el contexto cruceño. ¿No fue un exceso o una metida de pata militarizar Viru Viru?

—Soy un convencido de que autonomía es un gran proceso de desconcentración territorial del poder, pero soy un convencido de que autonomía no puede ser ni egoísmo regional del hermano rico para el hermano pobre, como por muchos quiere ser visto, ni apropiación privada de la riqueza regional, ni pretexto para corrupción. En el caso de AASANA, está claro que la bandera noble de la autonomía se la ha utilizado para encubrir corrupción escandalosa.

—¿No ocurrió más bien que el pueblo cruceño se sintió agredido?, tomando como contexto de la intervención las declaraciones de Hugo Chávez de convertir a Bolivia en Vietnam...

—No. Lo que usted tiene en ese aeropuerto es una banda semidelincuencial que usaba los dineros públicos como caja chica. Esa denuncia de los 250 mil dólares que han ingresado en una cuenta privada es como para sentirse avergonzado para defender semejante barbaridad. Había personas que se acercaban al piloto para cobrarles dinero que luego metían a su propio bolsillo. Eso es el viejo far west. Así estaba el aeropuerto de Santa Cruz en los últimos dos meses. Eso tiene que parar. Se usa una toma militar sin usar armas de fuego, sólo se usó fuerza y sorpresa en la idea de restablecer legalidad y luego, con instituciones representativas, dialogar los mecanismos de la mejor selección del directorio y autoridades para que se cierre este ciclo de corrupción y transparente las cosas.

—El repliegue del Ejército se toma en Santa Cruz como una derrota del Gobierno.

—Se usó la Policía y usted dice por qué se replegó. Se tenía la información desde las 04.00 del jueves que había personas con armas cortas que comenzaron a desplazarse en la búsqueda de un muerto, de una bandera para movilizar más a la región. Si comparamos la movilización de ayer de mil personas con las grandes movilizaciones de cuando los sectores cívicos convocaban a defender la región, se dará cuenta de que las cosas han cambiado mucho.

—A la movilización del viernes se estima que asistieron 20 mil personas…

—Creo que es un poco menos, pero no voy a discutir los números. Lo que digo es que eso era controlable policialmente, pero nunca vamos a dar el pretexto de un muerto como bandera movilizadora o para aglutinar a fuerzas conservadoras.

"Dialogamos para impedir que se despliegue esta ala radical. A la derecha le conviene pactar ahora"



El MAS reclama la definición de un "gran acuerdo nacional"
La CPE rayará la cancha de las normas departamentales






Los futuros departamentos autónomos sólo podrán aprobar sus normas regionales bajo un marco de competencias establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes nacionales que señalen límites a sus atribuciones.

Así lo adelantó a La Prensa el especialista Franz Barrios Suvelza, quien participó esta semana en los debates técnicos del Consejo Político suprapartidario que define el diagrama de atribuciones que tendrán los cuatro niveles de gobierno autonómico: departamental, regional o provincial, indígena y municipal.

Según el acuerdo firmado el jueves por 11 partidos políticos que componen aquella instancia de concertación, el nuevo régimen territorial prevé la aplicación de las autonomías departamentales de forma automática en los departamentos donde ganó el Sí en el referéndum del 2 de julio de 2006.

El documento indica que los alcances de la autonomía son la elección directa de sus autoridades y la "facultad legislativa exclusiva" para emitir normas departamentales en el ámbito de su jurisdicción y de las competencias asignadas por la nueva Constitución Política del Estado y una ley marco de autonomías y descentralización.

Estas disposiciones se instrumentarán a través de un estatuto autonómico departamental que será aprobado por dos tercios del total de los miembros del órgano legislativo departamental y sometido a consulta ciudadana.

En los debates abiertos en la Asamblea Constituyente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaba la posibilidad de que las entidades autonómicas puedan aprobar su propia legislación, bajo el argumento de que aquélla era una atribución exclusiva del Congreso Nacional.

El bloque cívico de la denominada "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) y los partidos de la oposición, especialmente Podemos, sostenían que sin "cualidad legislativa" no había posibilidad de hablar de autonomía real.

En diálogo con este medio, el principal asesor sobre las autonomías del Comité pro Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, destacó que sólo la "cualidad legislativa" hace posible la conformación de una entidad autonómica. Sin embargo, reconoció que el debate sobre las competencias de aquellas unidades es parte de una difícil negociación entre los partidos políticos.

El MAS, en cambio, acepta que tuvo que ceder posiciones en función de un gran "acuerdo nacional". El asambleísta del oficialismo Román Loayza aseguró que su partido busca, ante todo, la definición de una nueva Constitución que refleje la diversidad del país y que tenga en cuenta las demandas de los pueblos indígenas.

Un paso histórico, pero...

En el documento aprobado en el Consejo Político, el MAS y sus partidos aliados accedieron a otorgar dicha atribución legislativa. El problema se abrió en relación con los límites y competencias que tendrán los departamentos para ejecutar dicha "cualidad legislativa".

Las fuerzas políticas reconocieron la legitimidad del referéndum por las autonomías, pero también incluyeron las demandas de los pueblos originarios a contar con un instrumento jurídico constitucional que les garantice su existencia política, cultural, social y económica.

El gran drama, empero, es qué le toca a cada uno de los niveles. Barrios Suvelza afirma que la distribución de competencias "debería seguir un orden lógico con base en las funciones que deben tener los niveles nacional, departamental y municipal, fundamentalmente".

Un gobierno nacional fuerte

Una vez depuradas las largas listas de atribuciones que circulan al respecto, el experto destaca que hay un núcleo de competencias "rígidas" para el nivel nacional que se aplica en casi todos los Estados modernos del mundo.

Hay cuatro pilares de materias exclusivas o "privativas" de la nación: la defensa del territorio, las Fuerzas Armadas, las relaciones internacionales y la emisión de moneda. En estos asuntos no es posible delegar ni mucho menos desconcentrar funciones.

Un segundo grupo de atribuciones "delegables" para el nivel nacional son aquellas tareas que se legislan exclusivamente en el Congreso, pero con el detalle de que su administración puede otorgarse por encargo a órganos subnacionales. En este bloque ingresan los recursos naturales no renovables estratégicos, tierra, correos y otros servicios estatales.

El tercer pilar de competencias "compartibles" son las que, aunque son legisladas por el nivel nacional, el Estado central está obligado a traspasar su administración a los niveles subnacionales, departamentales o municipales.

En ese ámbito entran la justicia, la Contraloría General, regulación sectorial y Corte Electoral. Las cuatro competencias forman parte del sistema de control y justicia del Estado que, si la Constitución así lo establece, su administración debe ser delegada a los departamentos. Las cortes superiores de distrito, por ejemplo, pueden ser parte de estos circuitos judiciales departamentales que están bajo la norma nacional; no dependen de los gobiernos subnacionales, pero se administran de forma independiente en el nivel intermedio. Aquí se podría incluir, según el analista, a la Policía y la política de seguridad ciudadana.

Barrios Suvelza destaca que con este marco de atribuciones nacionales se crea un sistema de competencias delegables a los departamentos y municipios que no afecta las prerrogativas del Estado central y fortalece la descentralización del gobierno nacional.

Los niveles subnacionales

El primer bloque de competencias son las denominadas "concurrentes, piramidales y compartidas".

En este punto, la Constitución permite a los departamentos o municipios legislar, es decir, establecer sus propias normas. Sin embargo, estas leyes se articulan a una Ley Básica de Desarrollo.

Se trata de materias en las que la Carta Magna da una primera señal a los niveles subnacionales, como si se tratara de "candados" que limitan los márgenes hasta donde pueden ir dichas legislaturas. Es una relación piramidal que establece qué competencias tendrán dichas normas departamentales.

Aquí entran educación, salud, ordenamiento espacial, medios de comunicación y alícuotas sobre impuestos nacionales.

El núcleo de las autonomías estará en un segundo grupo de atribuciones cuya legislación es "exclusiva" de los departamentos, según el caso.

Barrios Suvelza destaca: "Aquí deberíamos jugarnos como país y dar a las regiones la capacidad para legislar en materias que tienen que ver con el desarrollo económico". En este bloque ingresan: el estatuto departamental, los impuestos regionales, ganadería, manufactura, industria, desarrollo rural y perfiles de exportación.

También los municipios

Además, se debe definir un tercer catálogo de competencias para el nivel municipal donde, según Barrios Suvelza, se incluyan las tasas municipales, la seguridad ciudadana, el saneamiento básico, el alumbrado público, el ordenamiento territorial, la infraestructura urbana, la asistencia social y la vivienda.

En este estrato, según los acuerdos firmados en el Consejo Político, se articulan las autonomías indígenas.

El experto destaca que, por su particularidad, el territorio indígena autónomo recibirá otras atribuciones diferenciadas como la justicia originaria y la organización política.

Las regiones, según el analista, sólo podrán ser viables si se las entiende como una sumatoria de municipios, tal como funcionan en la actualidad las mancomunidades, las que tendrán atribuciones y competencias agregadas según sus perfiles sociales, culturales y económicos de desarrollo.

El mayor desafío es establecer un sistema equilibrado de competencias.

El Consejo Político aún no encontró una salida a esta discusión entre los niveles.

Santa Cruz demanda más atribuciones para hacer cumplir su demanda de autonomía.

EL COMITE DE MOVILIZACIONES ESTÁ ENCARGADO DE DELINEAR LA ESTRATEGIA

Chuquisaca alista medidas para el retorno de la Constituyente

Los miembros de la Directiva presentaron un Habeas Corpus Para el Comité Interinstitucional se busca una"chicana" judicial

Sucre/CORREO DEL SUR

Los chuquisaqueños alistan medidas de presión para esta próxima semana cuando la Asamblea Constituyente tiene previsto retornar a su sede de funciones. El Comité de Movilizaciones ya delinea las estrategias a seguir si es que el cónclave no decide reponer la propuesta de la Capitalidad Plena. Pero el conflictivo asunto no sólo se librará en las calles sino también en los estrados. El dictamen judicial por el cual el Ministerio Público investiga a la directiva de la Asamblea Constituyente podría enfrentar a los operadores de justicia de estas dos regiones, una vez que ayer los asambleístas recurridos interpusieron un recurso de Habeas Corpus en la Corte Superior de Distrito paceña. El hecho no tardó en ser calificado como una "chicana" jurídica que pretende politizar el litigio legal que sigue la comisión jurídica del Comité Interinstitucional en Sucre. Aunque el Consejo Político Suprapartidario se tomó tres días más, hasta este próximo jueves, para concluir con la búsqueda de acuerdos en los temas más conflictivos que impiden el avance de la Asamblea Constituyente, el Comité Interinstitucional resolvió continuar con la organización de sus medidas de hecho ante la eventual falta de respuesta de la instancia política que ha tomado las riendas del cónclave. La decisión fue ratificada ayer por el presidente cívico, Jhon Cava, quien dijo que se continuará con las determinaciones asumidas en la reunión de organizaciones e instituciones regionales del pasado viernes. En esa oportunidad se decidió exigir que la Asamblea Constituyente retorne a la sede de sus funciones, Sucre, y retome sus actividades en el marco de la legalidad y la democracia anulando el veto a la propuesta de Capitalidad recogida de seis informes de comisiones y asumiendo su deliberación en las plenarias. De no atenderse esta exigencia, la región tomará de nuevo las calles. Para el rector y presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, la decisión es clara. "No se permitirá que en Sucre se redacte ninguna Constitución que esté al margen de la legalidad".

EN LO JUDICIAL
Otra de las determinaciones del Comité Interinstitucional fue continuar con el proceso legal iniciado en contra de los miembros de la Directiva de la Asamblea que decidieron no acatar el amparo constitucional que dejó sin efecto la resolución de plenaria que había disuelto la propuesta de la Capitalidad. En esa línea, el pasado jueves, tres miembros de la directiva que no se presentaron a prestar declaraciones informativas en la Fiscalía de Distrito se libraron de que se les emita una orden de aprehensión, dada su ausencia a la cita de la autoridad fiscal. Un apersonamiento oportuno de una de las miembros de la directiva, lo evitó. Justificó la inasistencia argumentando que la directiva está trabajando en La Paz hace dos semanas. Ayer desde La Paz, el cuarto vicepresidente de la Directiva, Ángel Villacorta, informó que se presentó un recurso de Habeas Corpus a la Corte Superior de ese Distrito y se espera el sorteo del caso en las próximas horas. Inmediatamente el hecho fue interpretado como una "chicana jurídica" pro el Comité Jurídico del Comité Interinstitucional. Los abogados Jaime Hurtado y Germán Gutiérrez coincidieron en ello y señalaron que la presentación del recurso de Habeas Corpus adolece de varios vicios, entre ellos, que fue presentado en un Distrito que no tiene competencia con el caso en cuestión y que los denunciados ya confesaron públicamente su intención de desacato al dictamen judicial del Tribunal de Garantías Constitucionales. Gutiérrez acusó a los denunciados de ser "reos por atentado a garantías constitucionales" y denunció que pretenden llevar el litigio a terreno político pretendiendo evadir sus responsabilidades. Para Hurtado no corresponde una figura de Habeas Corpus porque no hay "persecución" alguna contra ningún miembro de la directiva. Sin embargo, adelantó que la "chicana" apuntaría a "cruzar" la sentencia constitucional de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca con el Habeas Corpus que pudiera concederle la Corte Superior paceña. Así se libraría una pulseta regional también en el ámbito jurídico. Sin embargo, Hurtado advierte de que dicha "jugada", propia del accionar de los abogados, no es una idea nueva por cuanto ya existe jurisprudencia en casos similares. "No se puede cruzar una sentencia constitucional con un Habeas Corpus, hay bastante jurisprudencia", concluyó.