En suspenso reanudación de debate de asambleístas
• Mañana podrían definir el día, la hora y el lugar de sesiones de constituyentes.
Directiva de la Asamblea Constituyente.
La Directiva de la Asamblea Constituyente definirá mañana el día, la hora y el lugar donde se reanudará el debate de los constituyentes, y este lunes la Comisión de Integración y Compatibilización presentará su informe final.
El asambleísta, Carlos Romero, dijo que hasta el domingo pasado se avanzó un 70 por ciento del proceso de compatibilización que verifica que los informes de mayoría y minoría de las 21 comisiones del foro fueron debidamente recogidos.
Además, de los acuerdos del Consejo Político y las convergencias de las diferencias de las 16 fuerzas políticas en el texto en grande de la nueva Constitución Política del Estado.
"Hemos avanzado aproximadamente en un 70 por ciento y el lunes (hoy), al final del día se va a concluir indefectiblemente con esa revisión. Ese es el cronograma que nos hemos trazado y de acuerdo al ritmo de avance efectivamente se va a poder cumplir", aseguró Romero a la Agencia Boliviana de Información.
El asambleísta admitió que no se logró establecer acuerdo en el tema de la reelección presidencial y en la estructura del Parlamento para definir si va a ser unicameral y bicameral, pero que en los demás temas pese a haber algunas observaciones de forma existe un unánime acuerdo.
Romero evitó confirmar si el martes la Directiva de la Asamblea Constituyente fijará cuándo se convoca al debate, porque esa es una decisión que debe ser asumida por esa instancia.
Sin embargo, el asambleísta por Unidad Nacional (UN) y cuarto secretario del cónclave, Angel Villacorta, ratificó la decisión de que no se tocará el tema del lugar donde se instalará el debate hasta que no se presente el informe de la Comisión de Integración y Compatibilización.
Pero que eso no significa que la Directiva no se reúna el lunes en el edificio de la Lotería Nacional para considerar otros temas administrativos que están pendientes de ser analizados.
"Tenemos todavía temas administrativos y algunos que conllevan con la correspondencia que necesariamente deben ser tratados y algunos puntos de la correspondencia, por lo que mañana la Directiva se reúne desde las 09.00", precisó Villacorta.
De su parte, el asambleísta Emilio Gutiérrez (UN) dijo que en la jornada de este domingo la Comisión incluyó en el texto constitucional en grande los acuerdos alcanzados en el Consejo Político, además de las sugerencias de las minorías.
"Creemos que dos o tres puntos van a ser dilucidados por el pueblo a través del referéndum dirimidor. Pero hay una decisión y es la de trabajar por el nuevo texto constitucional sobre la base del consenso y el diálogo", aseguró.
Persiste distanciamiento
Diálogo convocado por el Presidente en riesgo de fracaso
• A la cita de este martes, sólo asistirían los prefectos de Potosí y Oruro.
• En tanto, cívicos de 4 departamentos inician anunciada huelga de hambre.
Entre reproches y amenazas, el presidente Evo Morales espera que los prefectos acepten dialogar mañana.
Se anticipa un fracaso del diálogo convocado para este martes por el presidente Evo Morales a los prefectos de los nueve departamentos para superar el clima de confrontación que vive el país, debido a que desde hoy inician una huelga de hambre en 4 departamentos.
Las primeras autoridades de Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez y de Pando, Leopoldo Fernández respectivamente, aseguraron que no acudirán a la cita por considerar que el llamado del Primer Mandatario no incluye la discusión de sus demandas.
Además, el Prefecto cruceño condicionó el diálogo propuesto por el Jefe de Estado al asegurar que éste primero debe "pedir perdón" por las muertes que se registraron en Sucre.
Ayer el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, anunció que no asistirá al encuentro.
Ya que considera que esta reunión será sólo una pérdida de tiempo; sin embargo, dejó entrever que asistiría a éste a menos que el Gobierno se comprometa a abordar temas que atingen a las prefecturas.
Con instalación de piquetes de huelga de hambre comienzan nuevas medidas de presión en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, en el marco del creciente enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la oposición.
Mario Cossío, de Tarija, y Manfred Reyes Villa de Cochabamba anticiparon que acudirían al encuentro si el Gobierno anulase el recorte de los recursos prefecturales provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) y retornase la "legalidad" a las plenarias de la Asamblea Constituyente.
El viernes pasado el vicepresidente Alvaro García Linera sostuvo que esta convocatoria al diálogo es un esfuerzo del Presidente de la República, de quien dijo, tiene un espíritu democrático y que el Gobierno sigue confiando en que habrá una respuesta positiva de aquellas autoridades que tienen una actitud con un comportamiento democrático.
En su criterio, lo más importante es que se abran al diálogo en un escenario que servirá para exponer todos los planteamientos y demandas para solucionar los problemas presentados en el país.
HUELGA DE HAMBRE
Entretanto, los cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija comenzarán hoy su anunciada huelga de hambre, incluso la capital oriental amenazó con suspender el pago de impuestos a las arcas del Estado en contra de la nueva Constitución Política del Estado y la Renta Dignidad. Los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba analizan la posibilidad de sumarse al ayuno en el transcurso de esta semana.
Misión gubernamental viajó a Washington
Evo Morales y opositores se acusarán en la OEA
• Los parciales apelarán a la Carta Democrática Interamericana y buscarán contacto con el secretario de la OEA, José Miguel Insulza.
MINISTRO DE GOBIERNO, ALFREDO RADA VÉLEZ.
ANF.- El presidente Evo Morales y el bloque regional de oposición política a su Gobierno llevarán sus diferencias y acusaciones, sobre la aprobación de la nueva Constitución, al terreno multilateral de las organizaciones internacionales. El primer escenario de disputa será en Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por una parte, Morales decidió enviar una misión especial al organismo interamericano para denunciar la estrategia que los opositores a su Gobierno estarían ejecutando sobre la base de la violencia y en contra de todos los valores democráticos.
La misión, compuesta por funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de la Presidencia, acusará esta semana a los opositores de "sembrar violencia para cosechar muertes" con acciones orientadas a la generación de condiciones de inestabilidad política a partir de posiciones antidemocráticas y xenófobas, dijo el ministro de Gobierno Alfredo Rada.
Los emisarios –de uno y otro lado– apelarán a la Carta Democrática Interamericana y buscarán contacto con el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, además de varias autoridades del organismo internacional, entre los que se encuentra el boliviano Víctor Rico, encargado de situaciones de conflicto emergentes en el bloque.
"La democracia ha sido quebrantada en el país y por tal motivo se presentará la denuncia correspondiente ante la Organización de Estados Americanos", dijo el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard. Similares anuncios fueron expuestos por el líder de los cívicos de Santa Cruz, Branko Marinkovic y el prefecto del Beni, Ernesto Suárez.
"Es una estrategia tremendamente peligrosa; nosotros la estamos denunciando ante el país y ante los foros internacionales. Ha viajado una comisión del Gobierno a la Organización de Estados de Americanos para denunciar que la oposición conservadora en Bolivia (se organiza) para impedir el proceso de cambios que se está dando en nuestro país (y para) desgastar al presidente Evo Morales", subrayó el ministro Rada.
Morales, quien convocó a un diálogo para este martes a los prefectos del país, lleva esta problemática al escenario internacional tras haber recibido –según sus propias palabras– información sobre la presencia de francotiradores opositores durante las violentas jornadas del 24 y 25 de noviembre en Sucre que rodearon la aprobación "en grande" de la nueva Carta Magna y cuando murieron tres civiles.
Esos días, la Asamblea Constituyente sesionó en el Liceo Militar, aduciendo condiciones de inseguridad atribuidas a las movilizaciones a favor de la capitalidad plena para Sucre y a las anunciadas vigilias de campesinos y cocaleros que respaldan al Gobierno.
La oposición al nuevo texto constitucional aprobado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y nueve de sus aliados en la Asamblea, fue expresada por los prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; Beni, Ernesto Suárez; Pando, Leopoldo Fernández; Santa Cruz, Rubén Costas y Tarija, Mario Cossío, además de los cívicos de estos departamentos a los que se sumaron las organizaciones de Chuquisaca.
Estos actores políticos formaron el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) y también anunciaron que llevarán una denuncia ante la OEA y otros organismos internacionales por la forma "dictatorial y arbitraria" en la que el MAS aprobó el nuevo texto constitucional.
la razon
Al Cierre
García dice que
rogó para dialogar
CONFLICTOS • El Vicepresidente habló de la asamblea, capitalidad y de los hechos violentos.
• REUNIÓN • El Vicepresidente durante un encuentro con la oposición en mayo pasado.
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El vicepresidente Álvaro García Linera reveló anoche que se acercó personalmente a las fuerzas de la oposición para proponerles un diálogo constructivo sobre la Constituyente y que sus líderes optaron por rechazarlo.
"Hicimos esfuerzos hasta el agotamiento extremo. ¿Qué más me quedaba? Supongo que rogar. Y creo que he rogado (...) literalmente hemos rogado diálogo a Podemos, hemos rogado a los cívicos de Santa Cruz", dijo el Mandatario en una entrevista difundida ayer por Canal 7.
El Vicepresidente mencionó el caso del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el líder cívico de esa región, Branco Marinkovic, quienes no atendieron la propuesta de diálogo. "Ellos decidieron matar a la Constituyente y eso nos frustra, porque una parte de Bolivia podría quedar al margen", agregó.
Respecto a la situación actual de la asamblea, García dijo que el Gobierno continuará invitando a las fuerzas contrarias, identificadas como Podemos, cívicos cruceños y los prefectos, hasta el 14 de diciembre, fecha en la que la Asamblea Constituyente debe presentar la carta magna, aprobada en grande y en detalle.
Sin embargo, el Vicepresidente aseguró que el Gobierno considera que se puede trabajar con otras fuerzas minoritarias, ya que "hay que diferenciar las minorías". Entre los grupos reconocidos está el MNR y UN. Sin embargo, insistió en Podemos como responsable de los conflictos.
García Linera también se refirió a la capitalidad. Dijo que el tratamiento del tema fue similar al de la búsqueda de diálogo para el proyecto de CPE.
Explicó que la capitalidad comenzó como un problema pequeño que fue creciendo sin control, alimentado por el "doble discurso" de los dirigentes del comité interinstitucional.
Aseguró que los representantes del Comité fueron quienes tuvieron la iniciativa para resolver la capitalidad con propuestas que fueron presentadas por el Gobierno como si fuesen suyas.
El Vicepresidente explicó que la propuesta final —que incluía la creación del cuarto poder, inversión en aeropuerto y carretera y sesiones del Congreso—, que fue avalada por 14 fuerzas, nació en Sucre. "Del documento el 90 por ciento fue de Sucre (...) A la hora, hora y media, habiendo estado en Sucre el señor (Gabriel) Dabdoub, lo rechazan y lo declaran como un insulto", agregó la autoridad.
García Linera también expresó su repudio a la violencia.
Política
El MAS dice que está a 5 asambleístas de los 2/3
REACCIONES • Serían 10 de Podemos, 5 del MNR y 5 de UN. Dos de ellos descartan esa posibilidad, pero Doria Medina es más reservado.
• LA POLÉMICA SESIÓN • Un grupo de asambleístas votan en la plenaria que aprobó el texto constituyente en grande.
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El MAS aseguró que está cerca de conseguir la participación de 20 asambleístas de tres partidos opositores en la plenaria final del foro, con lo que estaría a cinco del objetivo de reunir a 170, que conforman 2/3 del total (255), y abriría la opción a aprobar la Carta Magna en las dos estaciones que faltan: detalle y final.
El constituyente masista Víctor Borda, uno de los encargados de estas negociaciones, reveló ayer que se tiene conversaciones adelantadas con 10 asambleístas de Podemos, cinco del MNR y cinco de UN.
"Para aprobar la Constitución en detalle se necesita 2/3 de los presentes y para la aprobación final se requiere 2/3 (170) del total de los asambleístas (255)", explicó Borda.
"Hay algunos constituyentes de Podemos, particularmente del sector del occidente, que podrán viabilizar la sesión. Se realizan conversaciones. Mañana (por hoy) tenemos una reunión con ellos. No están de acuerdo particularmente con la propuesta de su partido respecto al tema de las autonomías. Son 10".
Una fuente de Podemos, que pidió no ser identificada, dijo que ese frente conoce de dos personas que fueron tentadas y aseguró que esas gestiones no tendrán el resultado que busca el MAS.
Luego, Borda señaló que hay cinco asambleístas del MNR que comprometieron su asistencia con la propuesta de las autonomías. No olvidemos que el último acuerdo que se ha suscrito va mucho más allá del referéndum, porque éste sólo da capacidad normativa y administrativa. "En nuestro acuerdo se le da facultad legislativa en el ámbito de las competencias departamentales. Esta potestad la firma una constituyente de Beni y ella ha asegurado que otros 4 constituyentes".
Al respecto, el asambleísta Guillermo Richter (MNR) comentó: "Desmiento completamente esa aseveración, hace tiempo lo dice el MAS, quiero decir que nosotros tomamos decisiones orgánicas y nadie del partido puede ir al margen de la decisión de conseguir un gran acuerdo nacional por la vía de la aprobación de un texto que recoja las aspiraciones de cambio democrático. Es falso. Esperamos que el MAS retroceda dos pasos, deje de lado la aprobación en grande y abra un espacio de diálogo constructivo por el bien del país", complementó.
El asambleísta Borda señaló que UN condiciona su participación al tema de la seguridad. "Hay alguna resistencia del jefe, Samuel Doria Medina, pero otros, con excepción del asambleísta de Cochabamba Ricardo Pol, estarían en la plenaria. Existe un acercamiento. Los cinco estarían dispuestos si es que nos ponemos de acuerdo en el tema de las competencias de las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas, pero falta eso. Otro gran tema es el de recursos naturales. Ellos plantean que es de competencia de los prefectos, nosotros postulamos que sea a nivel nacional".
El jefe nacional de UN, Samuel Doria Medina, al ser consultado si hay un acercamiento con el MAS, fue escueto y señaló: "Estamos trabajando para que haya un proceso de concertación".
Hoy termina la revisión
El asambleísta del MAS, Carlos Romero, dijo que hoy hasta el final del día se terminará con la revisión de la propuesta de Constitución que será introducida a la plenaria final.
"Hemos avanzado aproximadamente en un 70 por ciento y mañana (hoy) al final del día se va a concluir indefectiblemente con esa revisión. Ése es el cronograma que nos hemos trazado y de acuerdo al ritmo de avance efectivamente se va a poder cumplir", aseguró Romero a la agencia gubernamental.
Además, de los acuerdos del Consejo Político y las convergencias de las diferencias de las 16 fuerzas políticas en el texto en grande de la nueva Constitución Política del Estado.
Romero señaló que hasta ayer se avanzó un 70 por ciento del proceso de compatibilización que verifica que los informes de mayoría y minoría de las 21 comisiones del foro constitucional fueron debidamente recogidos.
El asambleísta dijo que no se logró establecer acuerdo en el tema de la reelección presidencial y en la estructura del Parlamento, pero que el resto está listo.
Política
Cuatro regiones inician su pelea más dura y el MAS busca los 2/3
Cincuenta ayunadores se instalarán en Santa Cruz, otros piquetes en Tarija y Pando, además de marchas en Beni que darán comienzo hoy a los movimientos en contra del Gobierno. Sucre y Cochabamba aún analizan sumarse al bloque.
• BAJO PRESIÓN • Después de una vigilia de jóvenes alrededor de la Escuela Básica de Policías, a las 17.05 de ayer, salieron a un bus los efectivos que llegaron como refuerzo desde Cochabamba.
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Cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni comenzarán a partir de hoy una semana de protestas con la instalación de al menos tres piquetes de huelga de hambre, marchas y desacato.
La defensa de la democracia, el reclamo por el recorte de los recursos de las prefecturas por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la firme oposición a la nueva Constitución Política del Estado que pretende aprobar la Asamblea Constituyente y la represión en Sucre y Pando son las puntas de lanza del movimiento cívico que empezará esta mañana.
En el sur, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayar, informó ayer que el primer piquete será instalado en dependencias del Comité pro Intereses del departamento de Tarija
"Con el transcurrir de la semana el movimiento se irá masificando de acuerdo a un programa que lo haremos conocer mañana (hoy)", agregó. En la semana se conformarán otros grupos de huelguistas en las provincias del departamento.
Consultado sobre si una de las medidas de protesta podría ser dejar de pagar impuestos, sostuvo que eso no está descartado.
"La extrema medida que mañana (hoy) iniciamos irá acompañada por otras acciones más, que luego las haremos conocer", indicó.
En tanto, en Santa Cruz se anunció que esta mañana el primer piquete de huelguistas con 50 personas será instalado en las oficinas del Comité Cívico. Participarán dirigentes cívicos, autoridades de la Prefectura, directivos del autotransporte urbano, líderes agropecuarios y también universitarios.
"Serán 50 ó 100, eso lo vamos a decidir en una reunión ampliada de directorio, donde cada uno de los 19 sectores dirán quiénes van al ayuno", explicó ayer el vicepresidente del Comité Cívico Luis Núñez.
La tensión en Santa Cruz crece en contra de la Policía. Un grupo de jóvenes hizo vigilia en la Escuela Básica de Policías, tras la llegada de 80 efectivos, que fue confirmada por el Comadante Departamental, pero más tarde desmentida por el Gobierno.
Para mañana se prevé una marcha y para el miércoles habrá una caravana de vehículos hasta las dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para protestar por la escasez del diesel en el país.
Se conoció ayer una resolución de los comités cívicos del valle, que determinó no pagar los peajes en las distintas trancas del oriente boliviano. La firman las provincias de Florida, Manuel Murguía Caballero y Vallegrande, además de los municipios de La Guardia y también La Angostura. Ayer apareció además un graffiti en la plaza 24 de Septiembre, que señala: "Evo Santa Cruz es tu tumba".
En Pando, la presidenta del Comité Cívico, Ana Melena, confirmó anoche que esta mañana se instalarán dos grupos de huelguistas, el primero en las oficinas del Comité Cívico y el segundo en las aulas de la Universidad Amazónica de Pando.
"La Federación de la Prensa y los mototaxistas son los primeros que se sumarán a este piquete. Yo lo haré en la semana", añadió la dirigenta pandina.
En Beni aún no se instalarán piquetes de huelga de hambre, pero esta tarde marchará el Comité Cívico Femenino. Se reunirán consejeros departamentales, que estuvieron en las provincias, para tomar otras medidas. Para mañana se anunció una caravana de las juntas vecinales y el miércoles otra marcha con ganaderos y mototaxistas.
En las últimas horas se conformó además el Comité Interinstitucional en Defensa del IDH, que integran, entre otros, la Prefectura, la Universidad de Beni y la Asociación de Municipios de aquel departamento.
En Sucre, hasta ayer no se tomó ninguna determinación para sumarse a las protestas, en el entendido de que esa ciudad estuvo movilizada las últimas semanas. En todo caso, el Comité Interinstitucional dijo que se reunirán durante esta jornada.
En Cochabamba, el vicepresidente del Comité Cívico, Javier Bellot, dijo que mantienen en suspenso cualquier medida mientras evoluciona la propuesta de diálogo del Gobierno.
TENSIÓN
Incertidumbre • Ayer un grupo de jóvenes hizo una vigilia al frente de la Escuela Básica Policial ante la llegada de 80 policías de Cochabamba. Al respecto, el comandante Luis Caballero dijo que es para reforzar la seguridad ciudadana en esa ciudad.
Juicio • El Colegio Nacional de Abogados interpondrá un juicio de responsabilidades por homicidio contra Evo y los policías.
El Defensor • El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, exhortó ayer a la paz y anunció que hoy sostendrá una reunión con el cívico Branko Marinkovic.
Susceptibilidad • Ayer corrieron rumores sobre la declaración de un estado de sitio antes del inicio de la huelga de hambre y por eso la ciudadanía estuvo atenta al movimiento de tropas policiales y militares.
Política
La Paz se reúne el miércoles por la capitalidad
RESOLUCIÓN
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El Comité de Emergencia de La Paz convocará este miércoles a una Asamblea a todas las organizaciones de la sede de gobierno con el propósito de analizar la resolución que fue aprobada la anterior semana por el cónclave, referida a constitucionalizar la capital de la República en la ciudad de Sucre.
El coordinador del Comité, Luis Revilla, dijo que "esto causó preocupación en instituciones paceñas que consideran que esta resolución no recoge el sentimiento en sentido de que no se mueva ninguna institución de la ciudad de La Paz". Recordó que esta resolución también fija la sede de los poderes Judicial y Electoral, y algunas actividades del Congreso, en Sucre.
Revilla explicó que paralelamente existe otro criterio en sentido de que no se debería obstaculizar el proceso constituyente planteando la mencionada preocupación. Sin embargo, será la Asamblea de la Paceñidad la que defina cuáles serán los pasos a seguir. "Es una situación difícil para La Paz, velar sus intereses y apoyar la Asamblea", declaró.
El Gobierno recuperó las empresas estatales, crea otras y protege la industria nacional
Evo inicia el desmontaje del neoliberalismo
La anulación de la libre contratación, la nacionalización de los hidrocarburos y de la Empresa Metalúrgica Vinto, la recompra de las refinerías, la creación de empresas estatales, la distribución directa de carne, la elevación de los aranceles para la importación de algunos alimentos, y el freno y registro de exportaciones marcan las siete medidas con las que el Gobierno encaró hasta la fecha el proceso de desmontaje del neoliberalismo.
La mayor parte de éstas fueron ejecutadas con decretos supremos, para lo cual no necesitó respaldo del Congreso.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, declaró a La Prensa que se ha dado un cambio radical, porque antes regía la libre importación y exportación, y una política agropecuaria que privilegiaba al sector agroexportador. "Antes podías exportar todo lo que querías sin importar el mercado interno, ahora el Estado preserva la soberanía alimentaria y el mercado interno".
El siguiente paso, agregó, será la intervención estatal en la producción de manufacturas y en todos aquellos sectores que sean estratégicos para el desarrollo del país.
Los cálculos del Poder Ejecutivo son que a partir de todas estas acciones el Estado pasó a administrar el 20 por ciento de la economía. Antes no se llegaba ni al nueve por ciento.
Según Arce, de esta forma se controla el excedente económico para reinvertirlo en el aparato productivo.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, complementó que el siguiente año se avanzará en el desmontaje de la armadura legal del neoliberalismo: la eliminación de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), que crea las superintendencias, y la Ley de Capitalización.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" define como uno de sus objetivos contribuir al proceso de transformación del país, desmontar el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo y el neoliberalismo y cambiar el patrón de desarrollo primario exportador.
Este esquema vigente en Bolivia desde 1985 se sustentó bajo los principios del Consenso de Washington que promovía la liberalización comercial, la privatización de las empresas públicas, la libre entrada de capitales, entre otros aspectos. La construcción del neoliberalismo duró 20 años y el Gobierno en su Plan de Desarrollo se fija un plazo hasta 2011 para desmontarlo.
El modelo fue una respuesta para frenar la hiperinflación desatada en el Gobierno de la UDP- MIR (1982-1985).
Para frenar la espiral de precios, agravada luego por la caída de la cotización internacional del estaño en 1985, el Gobierno del ex presidente Víctor Paz Estenssoro aplicó una política de shock que tuvo como herramienta principal el Decreto 21060.
Sobre esa base, en años posteriores, se articularon normas y leyes que dieron lugar a la privatización y capitalización de empresas estratégicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) concretadas por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Pese a sus críticas a este proceso, los ex presidentes Hugo Banzer y Jorge Quiroga privatizaron las refinerías de YPFB.
Los ajustes
Para revertir el esquema heredado, el Gobierno comenzó los cambios el 1 de mayo de 2006, cuando eliminó la libre contratación al abrogar el artículo 55 del Decreto Supremo 21060.
En forma paralela, mediante el Decreto 28701 dio paso a la nacionalización del gas natural y el petróleo, obligó a las empresas petroleras a entregar toda su producción a YPFB y tributar un 30 por ciento adicional en los megacampos. Ese proceso se consolidó con la firma de los nuevos contratos de operación con las compañías en octubre de 2006. Como resultado, Bolivia obtuvo más ingresos, pero YPFB aún no se fortalece y tuvo problemas para abastecer el mercado con diésel y gas licuado de petróleo (GLP).
La tercera medida antineoliberal ocurrió en febrero de este año con la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto y su expropiación a la suiza Glencore.
La cuarta acción trascendental fue la recompra en junio de las refinerías Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel privatizadas por Petrobras en 1999 en 104 millones de dólares. El Gobierno las recuperó luego de pagar 112 millones.
El siguiente paso del Ejecutivo fue el inicio de las gestiones para recuperar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), pero las negociaciones con Telecom Italia quedaron truncadas, tras la decisión de la compañía de iniciar un arbitraje ante el temor de una eventual nacionalización.
La quinta medida implementada por el Gobierno fue la creación de compañías estatales. En agosto dio vida a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que contribuirá a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Comenzó con un capital de 24 millones de dólares y en primera instancia trabajará con la siembra de arroz y papa.
En marzo del próximo año levantará vuelo la compañía Boliviana de Aviación (Boa) con cinco aeronaves y un capital de 18 millones de dólares. Hasta el segundo semestre funcionarán Papeles de Bolivia con una inversión de 18 millones; Cartones Bolivia, cuatro millones, y siete plantas procesadoras de leche.
La sexta acción tendiente a quebrar el libre mercado, pero ante todo frenar la especulación de precios, fue la intervención de Emapa en la compra y distribución directa de carne de Beni a la población en los mercados de La Paz para abastecerlos y rebajar el precio de 30 bolivianos el kilo a 21 bolivianos.
Por último, el 21 de noviembre, el Ejecutivo, mediante el Decreto 29350, subió los aranceles de importación para algunos productos sensibles a fin de proteger la industria nacional (ver recuadro). La liberalización de aranceles y de cualquier obstáculo al comercio en la década de los 90 había sido una constante del libre mercado en los años 90. El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, dijo que a la par se debe incentivar a los productores nacionales.
La séptima medida que se impulsó con el Decreto Supremo 29339 fue la prohibición de las exportaciones de carne de res, arroz, maíz en grano, trigo y harina, aunque después el Gobierno se retractó y aseguró que sólo se aprobó un registro de ventas.
El Ejecutivo apuesta a consolidar los cambios constitucionalizándolos en la nueva Constitución aprobada en grande en el cónclave de la semana pasada. En frente tiene el rechazo de las regiones.
Se va contra la globalización y todavía no se rompieron las reglas
Los analistas opinan que las medidas implementadas por el Gobierno para sentar una mayor presencia del Estado en la economía van en contrasentido a la globalización y que hasta el momento el neoliberalismo sigue vigente.
El economista Alberto Bonadona expresó que la presencia estatal en la producción de alimentos sólo para abastecer el mercado interno no tiene mayor trascendencia. Sólo en la medida en que el Gobierno pueda impulsar cadenas productivas vinculadas a la exportación o crear una industria de transformación del gas consolidará un Estado productor fuerte.
"Si el Estado quiere hacer inversiones, debe realizarlas en áreas que realmente le den una presencia fuerte en la economía".
El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Armando Méndez, por su lado, opinó que en general el desmontaje del neoliberalismo se quedó en el discurso.
El director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Abraham Pérez, sostuvo que el Estado ahora tiene presencia en los hidrocarburos y la minería, pero el modelo aún sigue vigente. Esto porque no se terminó de desmontar la parte legal que lo sostiene. Agregó que se mantienen varios decretos, leyes y funcionarios que lo sustentan.
La Constitución Política del MAS estatiza la economía
El proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobado en grande apuesta por el Estado en el control de la economía y constitucionaliza la prohibición de que los recursos naturales sean privatizados en el futuro.
Se reconocen tres tipos de economía: la comunitaria, la estatal y la privada. En el primer caso, se reconocen y apoyan las relaciones económicas que se desarrollan en el área rural, por ejemplo, el trueque y el ayni, que es el intercambio de productos en las comunidades andinas.
En el segundo caso, se otorgan facultades al Estado para que sea el gestor de la producción e industrialización de los recursos naturales respetando las normas medioambientales con el objetivo de crear empleos y excedente para el país.
En el tercer ámbito, el Estado respetará la propiedad privada siempre y cuando cumpla con la función económica social y respete las leyes laborales y la sujeción a las normas medioambientales. La nueva Carta Magna prohíbe la acumulación de poder económico y garantiza una redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos.
El texto constitucional remarca a su vez que "toda la inversión extranjera estará sometida a las leyes bolivianas y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable".
En 2008 romperán el armazón legal
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, anunció que 2008 será el año del resquebrajamiento de todo el armazón legal que dio sustento al modelo neoliberal vigente desde 1985.
Hasta el momento, la participación en los sectores estratégicos de la economía fue el principal logro del Estado.
En forma paralela, el Gobierno conformó una comisión integrada por varios ministerios que analizan el modelo y que presentarán hasta los primeros meses del próximo año una serie de leyes y decretos para acabar con la normativa heredada.
A partir de la vigencia del Decreto 21060 se fijó la libre importación, la apertura de la economía al capital privado nacional e internacional en desmedro del Estado, el que simplemente se quedó con el rol de regulador.
Al amparo de esta normativa nació la Ley de Privatización en el Gobierno de Jaime Paz Zamora, la de capitalización, del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), entre otras que terminaron de consolidar un modelo económico que ya tiene más de 15 años en el país.
"Se anuló la libre contratación, pero aún existen aspectos monetarios y leyes conexas que siguen vigentes. El 21060 es la matriz de todo un modelo económico que se concretó en una serie de leyes y decretos".
La autoridad recordó que el esquema de desarrollo propuesto a partir de 1985 privilegió al mercado por encima de las personas.
La protección de la industria nacional
El Gobierno decidió elevar los aranceles para la importación de ropa; manufacturas en madera y en cueros; y productos agrícolas, como la cebolla y el tomate, con el propósito de proteger a la industria nacional y armonizar políticas con la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur.
La medida está contenida en el Decreto 29350, que modifica el Arancel Aduanero de Importaciones y fija alícuotas de ceropor ciento, 5 cinco 10 por ciento, 15 por ciento y 20 por ciento. Antes y bajo la vigencia del Decreto 22585 de 20 de agosto de 1990 se había fijado una escala de cero, 5 y 10 por ciento.
El viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Guzmán, explicó que el objetivo de la medida apunta sobre todo a la protección de la producción nacional y al resguardo del empleo.
Empresarios ven la ruptura del libre mercado
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia reconoció que las medidas implementadas por el Gobierno han comenzado a resquebrajar el modelo de libre mercado y restarle protagonismo al sector.
El presidente de la organización, Roberto Mustafá, explicó que hoy se cuenta otra vez con una empresa estatal como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que produce y se ocupará de toda la cadena del sector.
"Estamos ingresando en un modelo de Estado más productor; ésa es la gran diferencia y creo que a través de la Constitución el Gobierno camina a conseguir lo que conciben como economía socialista".
Mustafá cree que el sector privado quedará desplazado y no habrá lugar para la empresa. Recordó que los empresarios aún no conocen los alcances que tiene la economía social, comunitaria que el Gobierno pretende impulsar.
El Gobierno recuperó las empresas estatales, crea otras y protege la industria nacional
Evo inicia el desmontaje del neoliberalismo
La anulación de la libre contratación, la nacionalización de los hidrocarburos y de la Empresa Metalúrgica Vinto, la recompra de las refinerías, la creación de empresas estatales, la distribución directa de carne, la elevación de los aranceles para la importación de algunos alimentos, y el freno y registro de exportaciones marcan las siete medidas con las que el Gobierno encaró hasta la fecha el proceso de desmontaje del neoliberalismo.
La mayor parte de éstas fueron ejecutadas con decretos supremos, para lo cual no necesitó respaldo del Congreso.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, declaró a La Prensa que se ha dado un cambio radical, porque antes regía la libre importación y exportación, y una política agropecuaria que privilegiaba al sector agroexportador. "Antes podías exportar todo lo que querías sin importar el mercado interno, ahora el Estado preserva la soberanía alimentaria y el mercado interno".
El siguiente paso, agregó, será la intervención estatal en la producción de manufacturas y en todos aquellos sectores que sean estratégicos para el desarrollo del país.
Los cálculos del Poder Ejecutivo son que a partir de todas estas acciones el Estado pasó a administrar el 20 por ciento de la economía. Antes no se llegaba ni al nueve por ciento.
Según Arce, de esta forma se controla el excedente económico para reinvertirlo en el aparato productivo.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, complementó que el siguiente año se avanzará en el desmontaje de la armadura legal del neoliberalismo: la eliminación de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), que crea las superintendencias, y la Ley de Capitalización.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" define como uno de sus objetivos contribuir al proceso de transformación del país, desmontar el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo y el neoliberalismo y cambiar el patrón de desarrollo primario exportador.
Este esquema vigente en Bolivia desde 1985 se sustentó bajo los principios del Consenso de Washington que promovía la liberalización comercial, la privatización de las empresas públicas, la libre entrada de capitales, entre otros aspectos. La construcción del neoliberalismo duró 20 años y el Gobierno en su Plan de Desarrollo se fija un plazo hasta 2011 para desmontarlo.
El modelo fue una respuesta para frenar la hiperinflación desatada en el Gobierno de la UDP- MIR (1982-1985).
Para frenar la espiral de precios, agravada luego por la caída de la cotización internacional del estaño en 1985, el Gobierno del ex presidente Víctor Paz Estenssoro aplicó una política de shock que tuvo como herramienta principal el Decreto 21060.
Sobre esa base, en años posteriores, se articularon normas y leyes que dieron lugar a la privatización y capitalización de empresas estratégicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) concretadas por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Pese a sus críticas a este proceso, los ex presidentes Hugo Banzer y Jorge Quiroga privatizaron las refinerías de YPFB.
Los ajustes
Para revertir el esquema heredado, el Gobierno comenzó los cambios el 1 de mayo de 2006, cuando eliminó la libre contratación al abrogar el artículo 55 del Decreto Supremo 21060.
En forma paralela, mediante el Decreto 28701 dio paso a la nacionalización del gas natural y el petróleo, obligó a las empresas petroleras a entregar toda su producción a YPFB y tributar un 30 por ciento adicional en los megacampos. Ese proceso se consolidó con la firma de los nuevos contratos de operación con las compañías en octubre de 2006. Como resultado, Bolivia obtuvo más ingresos, pero YPFB aún no se fortalece y tuvo problemas para abastecer el mercado con diésel y gas licuado de petróleo (GLP).
La tercera medida antineoliberal ocurrió en febrero de este año con la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto y su expropiación a la suiza Glencore.
La cuarta acción trascendental fue la recompra en junio de las refinerías Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel privatizadas por Petrobras en 1999 en 104 millones de dólares. El Gobierno las recuperó luego de pagar 112 millones.
El siguiente paso del Ejecutivo fue el inicio de las gestiones para recuperar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), pero las negociaciones con Telecom Italia quedaron truncadas, tras la decisión de la compañía de iniciar un arbitraje ante el temor de una eventual nacionalización.
La quinta medida implementada por el Gobierno fue la creación de compañías estatales. En agosto dio vida a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que contribuirá a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Comenzó con un capital de 24 millones de dólares y en primera instancia trabajará con la siembra de arroz y papa.
En marzo del próximo año levantará vuelo la compañía Boliviana de Aviación (Boa) con cinco aeronaves y un capital de 18 millones de dólares. Hasta el segundo semestre funcionarán Papeles de Bolivia con una inversión de 18 millones; Cartones Bolivia, cuatro millones, y siete plantas procesadoras de leche.
La sexta acción tendiente a quebrar el libre mercado, pero ante todo frenar la especulación de precios, fue la intervención de Emapa en la compra y distribución directa de carne de Beni a la población en los mercados de La Paz para abastecerlos y rebajar el precio de 30 bolivianos el kilo a 21 bolivianos.
Por último, el 21 de noviembre, el Ejecutivo, mediante el Decreto 29350, subió los aranceles de importación para algunos productos sensibles a fin de proteger la industria nacional (ver recuadro). La liberalización de aranceles y de cualquier obstáculo al comercio en la década de los 90 había sido una constante del libre mercado en los años 90. El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, dijo que a la par se debe incentivar a los productores nacionales.
La séptima medida que se impulsó con el Decreto Supremo 29339 fue la prohibición de las exportaciones de carne de res, arroz, maíz en grano, trigo y harina, aunque después el Gobierno se retractó y aseguró que sólo se aprobó un registro de ventas.
El Ejecutivo apuesta a consolidar los cambios constitucionalizándolos en la nueva Constitución aprobada en grande en el cónclave de la semana pasada. En frente tiene el rechazo de las regiones.
Se va contra la globalización y todavía no se rompieron las reglas
Los analistas opinan que las medidas implementadas por el Gobierno para sentar una mayor presencia del Estado en la economía van en contrasentido a la globalización y que hasta el momento el neoliberalismo sigue vigente.
El economista Alberto Bonadona expresó que la presencia estatal en la producción de alimentos sólo para abastecer el mercado interno no tiene mayor trascendencia. Sólo en la medida en que el Gobierno pueda impulsar cadenas productivas vinculadas a la exportación o crear una industria de transformación del gas consolidará un Estado productor fuerte.
"Si el Estado quiere hacer inversiones, debe realizarlas en áreas que realmente le den una presencia fuerte en la economía".
El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Armando Méndez, por su lado, opinó que en general el desmontaje del neoliberalismo se quedó en el discurso.
El director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Abraham Pérez, sostuvo que el Estado ahora tiene presencia en los hidrocarburos y la minería, pero el modelo aún sigue vigente. Esto porque no se terminó de desmontar la parte legal que lo sostiene. Agregó que se mantienen varios decretos, leyes y funcionarios que lo sustentan.
La Constitución Política del MAS estatiza la economía
El proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobado en grande apuesta por el Estado en el control de la economía y constitucionaliza la prohibición de que los recursos naturales sean privatizados en el futuro.
Se reconocen tres tipos de economía: la comunitaria, la estatal y la privada. En el primer caso, se reconocen y apoyan las relaciones económicas que se desarrollan en el área rural, por ejemplo, el trueque y el ayni, que es el intercambio de productos en las comunidades andinas.
En el segundo caso, se otorgan facultades al Estado para que sea el gestor de la producción e industrialización de los recursos naturales respetando las normas medioambientales con el objetivo de crear empleos y excedente para el país.
En el tercer ámbito, el Estado respetará la propiedad privada siempre y cuando cumpla con la función económica social y respete las leyes laborales y la sujeción a las normas medioambientales. La nueva Carta Magna prohíbe la acumulación de poder económico y garantiza una redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos.
El texto constitucional remarca a su vez que "toda la inversión extranjera estará sometida a las leyes bolivianas y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable".
En 2008 romperán el armazón legal
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, anunció que 2008 será el año del resquebrajamiento de todo el armazón legal que dio sustento al modelo neoliberal vigente desde 1985.
Hasta el momento, la participación en los sectores estratégicos de la economía fue el principal logro del Estado.
En forma paralela, el Gobierno conformó una comisión integrada por varios ministerios que analizan el modelo y que presentarán hasta los primeros meses del próximo año una serie de leyes y decretos para acabar con la normativa heredada.
A partir de la vigencia del Decreto 21060 se fijó la libre importación, la apertura de la economía al capital privado nacional e internacional en desmedro del Estado, el que simplemente se quedó con el rol de regulador.
Al amparo de esta normativa nació la Ley de Privatización en el Gobierno de Jaime Paz Zamora, la de capitalización, del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), entre otras que terminaron de consolidar un modelo económico que ya tiene más de 15 años en el país.
"Se anuló la libre contratación, pero aún existen aspectos monetarios y leyes conexas que siguen vigentes. El 21060 es la matriz de todo un modelo económico que se concretó en una serie de leyes y decretos".
La autoridad recordó que el esquema de desarrollo propuesto a partir de 1985 privilegió al mercado por encima de las personas.
La protección de la industria nacional
El Gobierno decidió elevar los aranceles para la importación de ropa; manufacturas en madera y en cueros; y productos agrícolas, como la cebolla y el tomate, con el propósito de proteger a la industria nacional y armonizar políticas con la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur.
La medida está contenida en el Decreto 29350, que modifica el Arancel Aduanero de Importaciones y fija alícuotas de ceropor ciento, 5 cinco 10 por ciento, 15 por ciento y 20 por ciento. Antes y bajo la vigencia del Decreto 22585 de 20 de agosto de 1990 se había fijado una escala de cero, 5 y 10 por ciento.
El viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Guzmán, explicó que el objetivo de la medida apunta sobre todo a la protección de la producción nacional y al resguardo del empleo.
Empresarios ven la ruptura del libre mercado
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia reconoció que las medidas implementadas por el Gobierno han comenzado a resquebrajar el modelo de libre mercado y restarle protagonismo al sector.
El presidente de la organización, Roberto Mustafá, explicó que hoy se cuenta otra vez con una empresa estatal como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que produce y se ocupará de toda la cadena del sector.
"Estamos ingresando en un modelo de Estado más productor; ésa es la gran diferencia y creo que a través de la Constitución el Gobierno camina a conseguir lo que conciben como economía socialista".
Mustafá cree que el sector privado quedará desplazado y no habrá lugar para la empresa. Recordó que los empresarios aún no conocen los alcances que tiene la economía social, comunitaria que el Gobierno pretende impulsar.
l oficialismo espera reanudar las sesiones de la Asamblea esta semana
El MAS debatirá 5 bloques de la Carta Magna, no artículos
El Movimiento Al Socialismo (MAS) discutirá su texto constitucional por bloques, es decir, que en la etapa en detalle ya no se debatirá artículo por artículo, sino que se dividirá la Carta Magna en cinco partes, sobre las cuales los asambleístas deberán deliberar en la plenaria.
La bancada masista dividió su proyecto de Constitución en cinco partes: Las bases del Estado, Estructura y Organización del Estado, Organización y Estructura Territorial del Estado, Organización y Estructura Económica del Estado, y Primacía y Reforma de la Constitución y Disposiciones Transitorias.
Antes de las modificaciones realizadas al Reglamento de Debates de la Asamblea, aprobadas el anterior sábado por 147 constituyentes en el Liceo Militar de Sucre, donde también se ratificó el proyecto de Constitución en grande impulsado por el oficialismo, el proceso de votación consistía en la lectura de los artículos y el debate de éstos sin ningún tipo de restricción al número de oradores y al tiempo que empleen, para que luego se vote por cada articulado.
Ahora, el proceso consiste en que se lea el contenido de cada uno de los 408 artículos, luego se delibere el texto por bloques, sin ingresar al debate en detalle, y por último se proceda a votar por cada artículo, por dos tercios de los votos de los presentes en la plenaria.
Incluso los debates serán limitados sólo a los oradores de las 16 bancadas, quienes tendrán de uno a dos minutos para su intervención. Para las exposiciones, se fijó un límite de 15 minutos.
Asi lo explicó el asambleísta Raúl Prada (MAS), quien aseguró que el foro retomará sus sesiones esta semana, una vez que se defina el lugar de reunión. Y señaló que aún no se conoce si se emplearán una o más sesiones para la aprobación de los artículos, pero afirmó que las plenarias serán "por tiempo y materia".
Esta forma de aprobación fue ratificada por el constituyente Carlos Romero (MAS), el que adelantó que aparte se optó fusionar las etapas de aprobación en detalle y en revisión para acortar tiempos, empero, esta versión no fue confirmada por otros dirigentes masistas consultados.
La Asamblea Constituyente debe culminar sus sesiones hasta este 14 de diciembre.
De acuerdo a un reporte de la agencia ABI, la Directiva del foro definirá este martes el día, la hora y el lugar donde se reanudará el debate de los constituyentes, y, hoy, la Comisión de Integración y Compatibilización presentará su informe final.
El cuarto vicepresidente de la Asamblea, Ángel Villacorta (UN), afirmó que la Directiva no definirá el lugar y fecha de las plenarias hasta que la comisión referida culmine su labor.
Dicha repartición tuvo reuniones ayer, en las cuales avanzó hasta un 70 por ciento del trabajo de compatibilización que verifica que los informes de mayoría y minoría de las 21 comisiones del cónclave fueron recogidas en el texto constitucional aprobado en su estación en grande.
Romero señaló que no se logró establecer acuerdo en el tema de la reelección presidencial y en la estructura del Parlamento (para definir si va a ser unicameral y bicameral), pero que en los demás temas, pese a haber algunas observaciones de forma, existe un "unánime acuerdo".
El asambleísta Emilio Gutiérrez (UN), por su parte, expresó que ayer la comisión incluyó en el texto constitucional "en grande" los acuerdos alcanzados en el Consejo Político Suprapartidarios, además de las sugerencias de las minorías.
"Creemos que dos o tres puntos van a ser dilucidados por el pueblo a través del referéndum dirimidor. Pero hay una decisión, y es la de trabajar por el nuevo texto constitucional sobre la base del consenso y el diálogo".
Luego de la aprobación "en detalle", el referido comité comenzará su labor para consensuar los artículos en disenso, los que irían a consulta popular.
Según la explicación de Prada, la Asamblea procederá, por último, a aprobar el texto constitucional en su instancia en revisión. El trabajo en esta etapa sería mancomunado entre el Comité de Concertación, la Directiva de la Asamblea y las plenarias.
Sin embargo, las modificaciones que el MAS hizo al Reglamento de Debates de la Asamblea mantienen lo establecido anteriormente sobre esta instancia, es decir, que se necesitan dos tercios de votos del total de los constituyentes para aprobar los artículos del texto constitucional.
Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista en canal 7, instó a la oposición a aceptar el diálogo. Prada, por su parte, advirtió a la oposición en una charla con la radio Patria Nueva de la siguiente manera: "Si quieren meter algo de su Constitución, que vengan al comité de Compatibilización".
Hasta el momento, el frente opositor encabezado por Poder Democrático y Social no ha participado de esta instancia.
Además, Prada aseguró que este proceso debe culminar antes del 14 de diciembre. El sábado, el jefe de bancada masista, Román Loayza, ya anunció que para esa fecha se organizará, incluso, "una fiesta para entregarle al Presidente (Evo Morales) y al pueblo su nueva Constitución".
Sin embargo, aún restará llevar a cabo los dos referéndumes constituyentes: el dirimidor, en el cual se consultará al pueblo sobre los artículos en disenso; y el ratificatorio, que aprobará el texto constitucional global.
Estas dos consultas populares están incluidas en las reformas al Reglamento de Debates del foro, que señalan que ambos procesos deben hacerse con un lapso de 120 días entre sí.
Evo quiere que referéndum para "toda la CPE"
En una entrevista hecha al presidente Evo Morales por la agencia internacional Reuters, el mandatario boliviano admitió que "yo prefiero someter toda la Constitución al pueblo. Nadie puede tenerle miedo a la decisión del pueblo".
Según la publicación, el dignatario de Estado dejó entrever también que no descarta la reelección indefinida, de acuerdo a lo que plantea el proyecto de Constitución masista aprobado en grande el 24 de noviembre en Sucre y que se dió en medio de violentos choques entre población y policías, con el saldo de tres personas muertas.
Sin embargo, Morales sostuvo su deseo de volver a vivir como un cocalero más en el Chapare. "Yo quiero volver al Chapare, pero si el pueblo me dice que siga, habrá que ver".
Apuntes
La Comisión de Compatibilización deberá entregar su informe el día de hoy.
La Directiva del foro se reunirá de inmediato y fijará el lugar y fecha de las sesiones.
La o las sesiones que restan del cónclave se declararán por "tiempo y materia".
Asambleístas del MAS adelantaron que las plenarias se retomarán esta semana.
Se acortarán tiempos, el MAS no debatirá artículos sino bloques de la Carta Magna.
LE QUEDAN 12 DÍAS A LA CONSTITUYENTE PARA TERMINAR LA REDACCIÓN DE LA NUEVA CPE
Asamblea: Oficialismo sigue indeciso y oposición se pone firme
Masistas piensan en Cochabamba, La Paz u Oruro, pero cada ciudad conlleva riesgos para el desarrollo del trabajo de los asambleístas
Grupo Líder
Mientras el oficialismo se mantiene indeciso sobre dónde se reinstalarán las sesiones y la oposición asegura que no acudirá a otra sede que no sea la legal, Sucre, el tiempo se acaba para la Constituyente y sólo quedan 12 días para entregar la nueva Constitución Política del Estado, que debería estar aprobada en grande y en detalle hasta el 14 de diciembre. La cúpula masista, conformada por los presidentes de las diferentes brigadas de asambleístas, los miembros de la Directiva, el Presidente y el Vicepresidente, debatieron ayer por la tarde en la Sede de Gobierno cuál será la nueva sede de la Asamblea Constituyente. Establecieron que los factores negativos para trasladar el foro a La Paz radican en el riesgo de generar una fuerte regionalización de los resultados de este debate; en Oruro está latente la amenaza de los mineros cooperativistas de presionar por el debate de la Capitalidad Plena y en Cochabamba temen que se repitan conflictos similares a los ocurridos en enero de este año.
Al concluir esta reunión, se informó que la directiva de la Asamblea definirá el martes el día, la hora y el lugar donde se reanudará el debate de los constituyentes, pues hoy lunes la Comisión de Integración y Compatibilización presentará su informe final.
El asambleísta Carlos Romero dijo que se avanzó en un 70 por ciento del proceso de compatibilización, que verifica que los informes de mayoría y minoría de las 21 comisiones del foro constitucional fueron debidamente recogidos, además de los acuerdos del Consejo Político y las convergencias de las diferencias de las 16 fuerzas políticas en el texto en grande de la nueva Constitución Política del Estado.
REELECCIÓN PRESIDENCIAL
El asambleísta admitió que no se logró establecer acuerdo en el tema de la reelección presidencial y en la estructura del Parlamento para definir si va a ser unicameral y bicameral, pero que en los demás temas -pese a haber algunas observaciones de forma- existe un unánime acuerdo.
El constituyente Emilio Gutiérrez (UN) dijo que en el encuentro también se dispuso incluir en el texto constitucional en grande, los acuerdos alcanzados en el Consejo Político además de las sugerencias de las minorías.
El vocero del MAS en el cónclave, explicó que para elegir la nueva sede primará la consideración de paz y tranquilidad que las regiones puedan brindar, además de la necesidad de evitar cuestionamientos de orden político para que el texto constitucional goce de legitimidad y respaldo. En ese marco, dijo que la ciudad de Oruro se constituye en escenario apropiado para llevar adelante el tratamiento en detalle del nuevo texto de la Constitución Política del Estado.
¿AVANCES?
La Asamblea Constituyente avanza y una muestra de ello es que ya están en marcha los comités de Integración y Compatibilización, según informó anoche el asambleísta, Raúl Prada (MAS), quien llamó a la oposición a sumarse al trabajo del conclave si todavía quiere incorporar las propuestas de las minorías. Una vez definido el lugar en el que se reinstalen las sesiones, el oficialismo podría convocar a una sesión plenaria y apresurar el procedimiento para la aprobación en detalle del nuevo texto constitucional. Para Prada una vez convocada la plenaria, que aguarda toda la bancada masista, se aplicará el reglamento modificado que permite la reducción de tiempos de deliberaciones y una metodología abreviada para aprobar lo más rápido posible el nuevo texto de la Constitución en su fase en detalle. "En el Comité de Integración y Compatibilización se trabaja para la incorporación de los artículos en minoría; los disensos irán al Comité de Concertación y si no serán remitidos al referéndum", detalla Prada con lo cual asegura que la Asamblea Constituyente no está paralizada.
Una de las posibilidades que ahora permite el reglamento interno del cónclave es trabajar por tiempo y materia con lo cual el oficialismo está seguro de acabar antes del 14 de diciembre.
LO QUE VIENE
Para hoy el oficialismo tiene una agenda recargada. Habrá reunión con la directiva, con el presidente Evo Morales, el Comité de Integración, preparará su informe, habrá concentración del MAS y se aguardará la convocatoria a la plenaria. "No se ha paralizado la Asamblea, va a continuar y hay la voluntad de dialogar con todas las fuerzas que vengan a participar democráticamente. La oposición es una minoría que debería participar porque es el única chance que tiene de incorporar los artículos de minoría en el texto constitucional final, tienen que demostrar que no están en la sedición, en la conspiración y que tienen la voluntad de transferir el conflicto a la deliberación y a la decisión electoral en el referéndum del pueblo", aseveró. Finalmente, Prada adelantó que la resolución de la plenaria de la Asamblea aprobada el pasado viernes 24 de noviembre en el Liceo Militar será respetada. Así, el Comité de Integración deberá modificar la propuesta de texto constitucional que el MAS viene socializando e incorporar la constitucionalización de la condición de Sucre como ciudad Capital y la creación del cuarto poder electoral. La resolución citada define dos poderes para Sucre (Judicial y Electoral) y dos para La Paz (Ejecutivo y Legislativo) además de oficinas del Legislativo y Ejecutivo e inversión y desarrollo, en la Capital de la República. "Se van a incorporar todos los acuerdos políticos", concluyó.
RESIDENTES BOLIVIANOS EN MADRID PROTESTARON FRENTE A LA EMBAJADA
Alrededor de setenta bolivianos residentes en Madrid, se reunieron el sábado frente a la Embajada de Bolivia para pedir respeto a la democracia, la legalidad y la justicia, en una manifestación pacifista que fue fuertemente custodiada por la policía local. La protesta, que fue convocada vía E-mail por un grupo de ciudadanos independientes, comenzó a las 10:00, hora en la que empezaron a llegar los primeros manifestantes con banderas y pancartas en las que se pedía respeto a los derechos humanos. Sin embargo, ante la presencia de los seis furgones policiales que custodiaban el orden público, muchos de los manifestantes optaron por retirarse, presumiblemente ante la falta de documentos de residencia legal en territorio español. Según informó Indiana Ascarrunz, portavoz de esta manifestación por la paz, la reunión contó con el permiso del Ayuntamiento de Madrid y tuvo el propósito de llamar la atención de la opinión pública. Con ella se pretendió alzar la voz de los bolivianos que se encuentran fuera del país y que no quisieron quedar indiferentes ante los difíciles momentos que atraviesa Bolivia.
Claudia Pariente para CORREO DEL SUR, desde Madrid.
LA OPOSICIÓN INSTALARÁ UN ACTO DE DESAGRAVIO Y NO SESIONARÁ EN OTRA SEDE DISTINTA A SUCRE
"Vamos a dar la cara para desagraviar al pueblo chuquisaqueño y ofrecerle un sentido patriótico de solidaridad a la lucha por sus reivindicaciones". De esa manera el segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Mauricio Paz (Podemos), anunció la instalación de un acto de desagravio en la ciudad de Sucre. Aunque inicialmente la cita estaba prevista para la jornada de hoy, no se descarta que la misma se realice recién mañana para asegurar una mayor presencia de los constituyentes de la oposición. Se espera que una mayoría de los asambleístas de oposición asistan y puedan demostrarle a Chuquisaca su rechazo ante la intransigencia en la cual la Asamblea Constituyente no recogió una demanda justa como es la Capitalidad Plena y por esa misma intransigencia se generó el estado de malestar y confrontación que terminó con la muerte de tres ciudadanos chuquisaqueños y más de 300 heridos, según detalló Paz. La iniciativa y muestra de solidaridad con Chuquisaca pretende ser un acto ajeno de lo político y más bien tendrá tintes de convicción nacional y social, dijo. Según Paz, se espera una masiva participación de los opositores y no habrá discurso central. A pedido de muchos constituyentes que pretenden asistir a la convocatoria, el evento recién se realizaría este martes debido a las conexiones de vuelos y por previsiones logísticas.
"Los masistas no tienen la dignidad y la prestancia política por eso no están entendiendo el acto. Los que estemos nos solidarizaremos con el proceso constituyente", acotó. Finalmente, el segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente detalló que desde el 15 de agosto, su agrupación ciudadana adelantó que no reconocería la instalación plenaria en otra ciudad. Considera que convocarse a otro escenario distinto al de Sucre, no sólo tendrá como agravante la vulneración al reglamento de la Asamblea sino un "agravante delictivo" porque se aprobó la facultad de llamar a sesiones en cualquier lugar del territorio nacional a la presidenta Silvia Lazarte, en una cuestionada sesión del Congreso donde se pagó a senadores de oposición. Podemos -dijo- no asistirá a un escenario convocado por Silvia Lazarte bajo concepto de irregularidad porque ella junto al resto de los directivos masistas ya llevan en el hombro el luto y la sangre de bolivianos. Los jefes de bancada de oposición se reunirán en los siguientes días para evaluar las nuevas decisiones que surjan desde la directiva.
Hoy se termina la revisión de la CPE
Asamblea. El oficialismo quiere aprobar el texto constitucional en cinco bloques. Pueden haber disensos
Acción. Podemos piensa llevar adelante un acto para rendirle tributo a los tres muertos y protestar por el veto al pedido que hace Sucre de la capitalidad plena
EL DEBER/ Agencias
La directiva de la Asamblea Constituyente definirá mañana el día, la hora y el lugar donde se reanudará el debate de los integrantes del foro, y para hoy se tiene previsto que la Comisión de Integración y Compatibilización presente su informe final.
El asambleístas Carlos Romero dijo que hasta este domingo se avanzó un 70% del proceso de compatibilización que verifica que los informes de mayoría y minoría de las 21 comisiones del foro constitucional fueron debidamente recogidos. Además, de los acuerdos del Consejo Político y las convergencias de las diferencias de las 16 fuerzas políticas en el texto en grande de la nueva Constitución Política del Estado.
"Mañana (lunes) al final del día se va a concluir indefectiblemente con esa revisión. Ése es el cronograma que nos hemos trazado y de acuerdo al ritmo de avance efectivamente se va a poder cumplir", aseguró Romero a la oficialista Agencia Boliviana de Información.
El asambleísta admitió que no se logró establecer acuerdo en el tema de la reelección presidencial y en la estructura del Congreso para definir si va a ser unicameral y bicameral, pero que en los demás temas, pese a haber algunas observaciones de forma, existe un acuerdo unánime.
Romero evitó confirmar si el martes la directiva de la Asamblea fijará cuándo se convoca al debate, porque ésa es una decisión que debe ser asumida por esa instancia.
Sin embargo, el asambleísta por Unidad Nacional (UN) y cuarto secretario del cónclave, Ángel Villacorta, ratificó la decisión de que no se tocará el tema del lugar donde se instalará el debate hasta que no se presente el informe de la Comisión de Integración y Compatibilización.
"Tenemos todavía temas administrativos y algunos que conllevan con la correspondencia que necesariamente deben ser tratados, por lo que mañana la directiva se reúne desde las 9:00", precisó Villacorta.
De su parte el asambleísta Emilio Gutiérrez (UN) dijo que en la jornada de este domingo la comisión incluyó en el texto constitucional en grande los acuerdos alcanzados en el Consejo Político, además de las sugerencias de las minorías.
El vocero del MAS, Marco Carrillo, reiteró que no se podrá definir sobre el lugar, la hora y el día de las deliberaciones del foro mientras no presente un informe final de la revisión. "Creemos que el debate debe ser en un lugar donde no se tenga problemas y cuestionamientos de orden político de ninguna naturaleza, sino que el texto constitucional goce de la legitimidad y el respaldo de la aprobación para evitar niveles de confrontación y enfrentamientos", señaló.
Por otra parte se conoce que el oficialismo llevará adelante, en la próxima semana, la aprobación por bloques de la nueva Carta Magna que emerja de la revisión que se está realizando. Los bloques en los que se dividió el texto constitucional son: Bases del Estado; Organización y estructura territorial; Organización y estructura económica; Primacía y reforma de la Constitución; y Disposiciones transitorias.
Por su parte el asambleísta Raúl Prada invitó al bloque opositor a participar de las sesiones que se realicen, "porque de otra manera los artículos de la minoría no serán incluidos".
Desde la oposición, parlamentarios y constituyentes calificaron de ilegal la acción del MAS y señalaron que se resistirán a esta Carta Magna.
Vocero ataca nuevamente a los medios
El portavoz de Palacio Quemado, Álex Contreras, ayer hizo un llamado para alertar que algunos medios de comunicación tergiversan la información para ponerla al servicio de determinados políticos y empresarios.
"Nosotros queremos dirigirnos a los bolivianos, bolivianas que nos escuchan en el campo y en la ciudad, que lamentablemente hay algunos medios de comunicación comerciales que están tergiversando y están desinformando", dijo el funcionario a través de la gubernamental Radio Patria Nueva.
En contacto con esta emisora, que cuenta con una red de radioemisoras instaladas en varias localidades rurales del país, Contreras lamentó que estos medios no estén cumpliendo con su función social.
"La población boliviana tiene que ser muy consciente de esta situación", añadió el vocero y pidió a la población respaldar el proceso de cambio que lleva adelante el Presidente de la República.
Oposición instalará acto de desagravio en Sucre
"Vamos a dar la cara para desagraviar al pueblo chuquisaqueño y ofrecerle un sentido patriótico de solidaridad a la lucha por sus reivindicaciones". De esa manera el segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Mauricio Paz (Podemos), anunció la instalación de un acto de desagravio en la ciudad de Sucre. Aunque inicialmente la cita estaba prevista para la jornada de hoy, no se descarta que la mismas se realice mañana para asegurar una mayor presencia de constituyentes de oposición.
Se espera que una mayoría de los asambleístas de la oposición asistan y puedan demostrarle a Chuquisaca su rechazo ante la intransigencia en la cual la Asamblea Constituyente no recogió una demanda justa y por esa misma intransigencia se generó el estado de malestar y confrontación que terminó con la muerte de tres ciudadanos chuquisaqueños y más de 200 heridos, según detalló Paz.
Bajo la iniciativa de Podemos, la muestra de solidaridad pretende ser un acto ajeno de lo político y más bien de convicción nacional y social.
Según Paz, se espera una masiva participación de los opositores y no habrá discurso central. A pedido de muchos constituyentes que pretenden asistir a la convocatoria el evento recién se realizaría este martes debido a las conexiones de vuelos y por previsiones logísticas.
"Los masistas no tienen la dignidad y la prestancia política por eso no están entendiendo el acto. Los que estemos nos solidarizaremos con el proceso constituyente", acotó.
Finalmente, el segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente detalló que desde el 15 de agosto, su agrupación ciudadana adelantó que no reconocería la instalación plenaria en otra ciudad. Considera que de convocarse a otro escenario distinto al de Sucre, es cometer un 'agravante delictivo' a lo ocurrido.
García Linera: habrá una nueva CPE en diciembre
Mensaje. El Vicepresidente llamó a dialogar a las minorías
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