Política / Asamblea
MAS y oposición empiezan a destrabar la Constituyente
El referéndum consultivo es la principal traba del acuerdo; sin embargo, hay disposición en el MAS y Podemos para flexibilizar sus planes. García convocó a sesión de Congreso este jueves, para tratar la ampliación de la Asamblea.
• CONTROL • Campesinos de Totora, Cochabamba, realizaron ayer una jornada de vigilia en el colegio Junín. Hacen un seguimiento al trabajo de las comisiones en defensa de la Asamblea.
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Luego de más de una semana, oficialistas y opositores avanzaron ayer en cinco puntos de la negociación para destrabar y ampliar el plazo de la Asamblea Constituyente, quedando como único escollo el tema de las consultas nacionales para decidir sobre los artículos en disensos y ratificar el nuevo texto constitucional.
Los avances del acercamiento también repercutieron en Sucre, donde el oficialismo decidió retirar su polémico informe de minoría en la comisión Visión de País, y el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, convocó para el jueves a la sesión de Congreso en la que tratará el tema de la ampliación del plazo de trabajo de los asambleístas hasta el 14 de diciembre, tal como ellos lo solicitaron.
´Hemos avanzado en cinco puntos del acuerdo y nos hemos trancado en este sexto punto, pero todavía no podemos hablar de que se cerró el acuerdo... Yo mantendría la posición de que hay que ser optimista, estamos avanzando con lentitud, pero estamos avanzando´, afirmó García al evaluar la reunión de jefes de bancada, poco antes de formalizar la convocatoria del jueves.
Los temas en los que se llegaron a acuerdos no se limitan al plazo de ampliación. ´ (Incluyen) la fecha del trabajo de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre, el financiamiento, el respeto a las mayorías y minorías (en la aprobación en la plenaria) y el respeto al resultado del referéndum (autonómico), entre otros", explicó García Linera. Otro de los acuerdos incluiría el respeto a los dos tercios de voto en algunas etapas de la aprobación.
El tema que impidió el acuerdo es el del referéndum. Poder Democrático y Social (Podemos) plantea que se realicen dos, uno para definir los artículos que no logren los dos tercios de apoyo en la Constituyente y otro, después de 120 días, para ratificar o rechazar el texto íntegro de la nueva Carta Magna. El primero se aprobaría por mayoría absoluta a nivel nacional y el segundo sería a nivel departamental.
Contrariamente, el Movimiento al Socialismo (MAS) propone que se realice un solo referéndum que tenga tres casillas, la primera para aprobar el texto constitucional consensuado, la segunda donde se incorpore la propuesta de la mayoría y la tercera, la de minoría. La aprobación se daría a nivel nacional con el 50% más uno de los votos.
La principal diferencia entre ambas propuestas, según el jefe de bancada del MAS en Diputados, Gustavo Torrico, está en el carácter departamental de los resultados que plantea Podemos. ´Plantea dos momentos electorales, que no sería tanta la diferencia sino fuera porque en el segundo momento electoral plantea la separación tácita del país´, dijo.
La jefa de bancada de Podemos en Diputados, Lourdes Millares, respondió que ´ese (carácter departamental de los resultados del referéndum) es un tema que estamos dispuestos a discutir en el marco de buscar viabilidad a la Asamblea", aunque aclaró que "un tema en el que no vamos a retroceder es en que tienen que ser dos referéndums totalmente separados, por tiempos, para que la población informada ejerza su derecho a rechazar o aprobar la nueva Constitución´.
Parlamentarios masistas que participaron en la reunión señalaron que la opción de las dos consultas nacionales tampoco está descartada para ellos.
Propuestas
Acuerdos • El MAS y Podemos acordaron ampliar el plazo de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre, además de aprobar un nuevo presupuesto para su funcionamiento.
Desacuerdos • Se centran en el referéndum de aprobación del texto constitucional. Podemos plantea dos consultas, una con resultados a nivel departamental. El MAS cree que debe haber un solo referéndum con resultados nacionales.
Política / Asamblea
El oficialismo cede y busca destrabar dos comisiones
OBJETIVO • En Visión de País decidió retirar su segundo informe y en Legislativo hay logros.
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Para reencaminar la Asamblea Constituyente, el MAS decidió retroceder en dos de las tres comisiones conflictivas que hasta ayer entrabaron el proceso.
La principal decisión la tomó en la Comisión Visión de País, donde sus constituyentes aceptaron la propuesta de la oposición como informe de minoría y, para incluirla, decidieron retirar el segundo informe oficialista que aparecía como el de minoría.
El constituyente de Visión País, Mario Orellana (MAS-MSM), en declaraciones a La Razón, informó que luego de una extensa reunión de los oficialistas en su comisión, decidieron enviar una nota a la directiva de esa instancia para que el presidente, Félix Cárdenas, considere el retiro del respaldo al informe de la minoría presentado por asambleístas del MAS-MSN, CN y AS, el cual había impedido que se tome en cuenta el presentado por los miembros de la oposición.
"A partir de eso busquemos una salida definitiva, obviamente que se traduciría en la incorporación del informe de Podemos como el primer informe por minoría", señaló Orellana.
La oposición, con su inasistencia al trabajo de las comisiones mixtas de concertación, prácticamente tiene bloqueada la Constituyente desde que el MAS decidió desdoblarse en Visión de País para tener presencia en los dos informes.
Paralelamente, en la Comisión Legislativo, anoche, el oficialismo cedió ante la presión de la directiva de la Asamblea Constituyente para presentar su informe por mayoría, al que le hizo complementaciones pero también algunas modificaciones.
Por otro lado, el constituyente David Vargas confirmó a este medio que a las 9.00 de hoy, los siete constituyentes que forman parte de la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional se reunirán con todos los miembros de la directiva de la Asamblea, para buscar una salida a la crisis.
Esta comisión se encuentra enfrentada por dos informes que no lograron ser presentados oficialmente ante la directiva de la Constituyente. Redacción Sucre
Política / Asamblea
La Asamblea cierra sus labores administrativas y se paralizará
PANORAMA • Los contratos del personal concluyen mañana y los asambleístas tendrán que trabajar seis días extra. La plenaria fue convocada de urgencia y hoy analizará este tema.
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A la Asamblea Constituyente se le acabaron los recursos económicos y mañana, 1 de agosto, perderá a prácticamente la totalidad de sus 650 funcionarios administrativos, además que los 255 asambleístas deberán trabajar ad honorem durante los seis días que le quedan para cumplir con su periodo constitucional, informó ayer el oficial Mayor Administrativo, Camilo Torres.
´Mañana (por hoy) todavía se trabaja. A partir del primero de agosto tuviéramos que dejar de trabajar, porque ya no existen los recursos para el funcionamiento´, declaró a La Razón. No obstante, una reunión de la directiva realizada la noche de ayer decidió convocar para hoy a una sesión de la plenaria en la que se tomarán decisiones sobre el presupuesto con que cuenta el foro.
Según informó el tercer vicepresidente de la Asamblea, Ricardo Cuevas, la Constituyente funcionaría hasta el lunes 6 de agosto con el remanente de su presupuesto del período 2007.
De acuerdo al oficial mayor, hasta el 6 de agosto sólo permanecerán en sus puestos alrededor de 20 personas, que cumplirán la tarea del cierre de gestión.
Este medio consultó a Torres si había dinero para pagar a los constituyentes y este respondió: ´No hay, no hay recursos´. En consecuencia, el oficial mayor agregó que ´las personas (constituyentes) que se queden y trabajarían, será ad honorem´.
El 2006, los constituyentes cobraron el mes de agosto completo, pese a haber asumido legalmente el 6, con lo cual se compensaría la falta de pago de los seis días de agosto del 2007.
Ante la ausencia de una norma que garantice la asignación adicional de un presupuesto a la Constituyente, asesores, secretarios técnicos, secretarias, ujieres y otros funcionarios administrativos ocuparán sus puestos sólo hasta hoy en el teatro Gran Mariscal, el colegio Junín y la Casa Argandoña, las tres infraestructuras donde funcionó la Asamblea desde el 1 de agosto del 2006.
Ayer, varios funcionarios fueron vistos preparando sus pertenencias para abandonar la sede de sus funciones, ya que en todos los casos sus contratos fenecieron o lo harán hoy. No obstante, el panorama podría variar luego de la plenaria que sesionará en la tarde. Redacción Sucre
LOS RECURSOS
2006 • Al principio del trabajo de la Asamblea Constituyente se aprobó un presupuesto de 37 millones de bolivianos para su funcionamiento, monto del cual se gastó alrededor del 79%.
2007 • Este año, el presupuesto aprobado fue de 67 millones de bolivianos, monto del que los asambleístas gastaron cerca del 85%, según datos oficiales.
Propuesta • La plenaria fue convocada para hoy, justamente para tomar decisiones sobre el tema del presupuesto. Una idea inicial es utilizar los remanentes del monto recibido este año.
Cálculo • La propuesta para los próximos cuatro meses de ampliación, hasta el 14 de diciembre, asciende a 41 millones de bolivianos, según la Asamblea.
Política / Asamblea
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El paro de La Paz sería a mediados de agosto
El paro que decidió el Cabildo paceño si hasta el 6 de agosto no se retira de la Asamblea Constituyente el tema de la capitalidad plena para Sucre, no comenzará al día siguiente de esa fecha, sino "a mediados de agosto", según explicó el presidente del Consejo Mayor de Desarrollo Regional de La Paz, Luis Revila. No obstante, aseguró que la decisión es irrevocable y que se cumplirá en los términos aprobados.
El MAS no interferirá en el tema de la capitalidad
La bancada de asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), aseguró que respetará los informes de mayoría y que en el caso del tema de la capitalidad dejarán que sean los constituyentes de Chuquisaca y La Paz, de esa fuerza política, quienes definan el tipo de solución que se dará al dilema, informó desde Sucre la agencia gubernamental ABI, con el respaldo de las declaraciones del constituyente oficialista Orlando Ceballos.
Política / Asamblea
La elección indígena quedó fuera del debate en la Constituyente
DECISIÓN • No habrá 70 parlamentarios elegidos por usos y costumbres, como pidió el Pacto de Unidad. Todos los legisladores serán designados con criterios de apoyo en las urnas.
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Tras una prolongada reunión, el MAS no accedió ayer el pedido de los movimientos sociales de tener en el nuevo Congreso unicameral un cupo de 70 escaños indígenas con legisladores electos por usos y costumbres.
El presidente de la Comisión Legislativo, César Cocarico (MAS), al concluir la sesión en la que el oficialismo aprobó temas adicionales de su informe, tras las observaciones recibidas por la directiva de la Constituyente, confirmó anoche a La Razón que los indígenas o campesinos podrán acceder a curules, en circunscripciones indígenas y en base al respaldo en las urnas y no mediante sus usos y costumbres.
Hasta anoche, Legislativo sólo tenía informe por minoría, pues la mayoría había pedido complementar el suyo. Eso ocurrió ayer.
Cocarico explicó que el MAS hizo ´rectificaciones y complementaciones´ a su documento final. Los dos informes serán remitidos hoy a la directiva.
Destacó como "cambio sustancial´ el de las circunscripciones indígenas, que, según dijo, se podrán constituir sin tomar en cuenta el criterio de los límites departamentales y la continuidad geográfica. Puso de ejemplo al pueblo guaraní, actualmente dividido en tres departamentos, como uno de los beneficiados con esta medida.
De acuerdo con el artículo 58 de la propuesta de CPE del Pacto de Unidad, la futura ´Asamblea Plurinacional´ o Congreso unicameral debería estar conformada por 167 miembros, de los cuales 70 representarían a ´cada una de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, afrodescendientes y comunidades interculturales, elegidos, nominados o designados directamente por normas propias´.
El MAS, cuya base social está en el Pacto de Unidad, aprobó en la Comisión Legislativo que la Asamblea Plurinacional ´estará conformada por 157 miembros: 130 diputados elegidos por circunscripciones uninominales, 27 diputados de circunscripciones departamentales. Elegidos 3 por cada departamento, de los que por lo menos uno será indígena, originario o campesino´.
Cocarico confirmó que el informe por mayoría de su comisión mantuvo la decisión de que los indígenas o campesinos tengan al menos un diputado, con un máximo de tres por departamento. Sin embargo, advirtió que la propuesta puede ser modificada en el debate de la plenaria.
Según Cocarico, ´no se trata de que algunos pueblos indígenas, por más que tengan pocos habitantes, puedan tener directamente su representación; no es así. Ellos tienen que reunir o cumplir, principalmente, con el criterio de población´.
En cuanto a los usos y costumbres, expresó que ´nosotros lo hemos visto como un conflicto muy grande´. Explicó que no se puede obligar a esto cuando no hay ´circunscripciones indígenas puras, si se me permite el término´, porque ´siempre están incrustados de pueblos o ciudades intermedias". Redacción Sucre
Antecedentes
El pedido • El Pacto de Unidad, en su propuesta de reforma del texto constitucional, demandó una cuota de 70 legisladores indígenas elegidos por usos y costumbres, en representación de las naciones indígenas y originarias. La demanda fue incluida en el informe inicial que elaboró el MAS.
La respuesta • El informe en mayoría aprobó que habrá una cuota indígena mínima, parecida a la que actualmente tienen las mujeres, de un indígena de cada tres candidatos a parlamentarios en circunscripciones departamentales, a los que se podrían sumar otros elegidos en circunscripciones indígenas, pero siempre por voto directo.
La circunscripción • El número poblacional que se requerirá para formar una circunscripción indígena podría variar de acuerdo con los habitantes de cada territorio. Esto será definido a través de una ley de la república, por lo tanto, la Asamblea no constitucionalizará una cifra mínima o máxima, según señala el informe.
"Nosotros la hemos visto (la elección por usos y costumbres) como un conflicto muy grande",
César Cocarico
Política
Cívicos van a la cita de Tarija con posiciones duras
Entre mañana y el jueves sostendrán un encuentro los prefectos y cívicos de Tarija —que serán los anfitriones—, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Chuquisaca. Hablarán de la Constituyente, las autonomías y del seguro de salud, entre otros.
• LOS PREPARATIVOS EN EL ORIENTE • El personal del aeropuerto El Trompillo realiza trabajos, el jueves 26, para acondicionar el lugar que será escenario del desfile del 7 de agosto.
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Los prefectos y cívicos de seis departamentos, considerados la oposición al Gobierno, endurecen su postura sobre la Asamblea Constituyente, las autonomías y el tema de la capitalidad, entre otros, con miras a la reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Tarija entre mañana y el jueves.
Los dirigentes cívicos tarijeños recibirán a sus similares de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Chuquisaca para tratar temas nacionales y regionales, explicó Jaime Apala, vicepresidente del Comité Cívico de Cochabamba.
"(Vamos a tratar) los puntos del Comité Cívico de Cochabamba, así como el presupuesto de la Prefectura, los hidrocarburos, el tema de los caminos, los impuestos y regalías, los ítems de salud y educación. Y en los temas nacionales está, sobre todo, el de la Asamblea Constituyente, el tema de la capitalidad y las autonomías que son temas coyunturales", dijo.
Reynaldo Bayard, presidente del Comité Cívico de Tarija, informó anoche que hoy definirán como región si realizarán o no los festejos patrios el 6 de agosto, fecha para la cual convocaron a un cabildo para declararse autónomos. En esta región también redactan el estatuto autonómico. Los cívicos de ese departamento preparan la agenda y todos los detalles del encuentro.
Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico del Beni, sostuvo que asistirá a la reunión en la que "analizarán lo sucedido en Tarija, sobre los bloqueos que ha tenido por parte del Gobierno, el tema de la ampliación de la Asamblea Constituyente (...) nosotros no apoyamos la posible ampliación, Nosotros defendemos la ley. Vamos a ser los protectores de la legalidad".
Roberto Gutiérrez, vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, indicó que "es momento que todos los bolivianos nos pongamos de acuerdo en encontrar puntos de coincidencia, en vez de seguir buscando puntos de confrontación". Luego de confirmar su presencia en la reunión de Tarija, señaló que espera la asistencia del presidente Evo Morales a ese encuentro de carácter nacional.
El prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar (MAS), negó que se fuese a reunir con otros prefectos porque no había recibido ninguna invitación de su colega de Tarija, Mario Cossío, por lo que llamó a la reunión "una más de las que hace la oposición al Gobierno central".
Otro de los puntos que se tocarán en la cita será la capitalidad. Apala aseveró que no está de acuerdo con el traslado de la sede de gobierno, pero lo que están pidiendo es "que los comités cívicos de La Paz y Sucre hablen sobre este tema".
Aguilar considera que una reunión de este tipo, en vísperas de los festejos de las fiestas patrias, podría generar un ambiente de tensión y susceptibilidad en la población boliviana.
"No es tiempo de oposición o de crear zozobra, me parece conveniente que si hay una reunión, habría que hacerla junto al Ejecutivo y no de manera separada como quieren hacerlo", explicó.
Política
Al filo del plazo, la Asamblea está atrapada en 2 ciudades
GOBIERNO • Para las autoridades del Ejecutivo, el único escenario de tensión está en la Constituyente. El resto son temas "manejables".
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A siete días de cumplirse el plazo de un año otorgado por la Ley de Convocatoria, la Asamblea Constituyente se encuentra atrapada entre dos ciudades: de La Paz espera la decisión del Congreso sobre su futuro y de Sucre, salir del acecho de diversos sectores sociales que presionan al foro.
Para el Gobierno, según señaló el vocero del Palacio, álex Contreras, este es el único escenario de tensión nacional, "que puede ser resuelto con políticas de concertación", ya que el resto de los problemas tienen relación con demandas regionales y sectoriales.
"No vemos mayores conflictos en Sucre, en Santa Cruz existen amenazas, como en Tarija con el tema de la autonomía de facto, que para nosotros es inconstitucional, por lo que no creemos que existan demandas o movilizaciones fuertes, sino que son posibles de controlar garantizando las fiestas patrias".
Mientras en La Paz la ampliación del plazo para la Asamblea avanza a paso lento, la bancada del MAS insiste en que el proyecto de nueva Constitución comenzará a ser aprobado este 2 de agosto en su estación en grande.
La subjefa masista, Mirtha Jiménez, indicó que hasta este miércoles buscarán consensos para llevar el jueves a la plenaria ´un texto más o menos depurado´, para que sea aprobado por mayoría absoluta (128 votos), como señala el Reglamento de Debates. Sólo el MAS tiene 130 votos y con sus aliados llega a 142.
En este año de funcionamiento, la Asamblea nunca dejó de trabajar bajo la presión social, tanto del occidente como del oriente, acentuada en las últimas semanas por el Pacto de Unidad y por representantes de Chuquisaca y La Paz, que disputan la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en medio de amenazas como la del paro cívico convocado por los paceños en caso de no ser atendidos en sus demandas.
Las medidas de presión se han concentrado en las vigilias que ahora caracterizan el trabajo de los constituyentes. Ayer, desde muy temprano y como parte de las últimas decisiones del Pacto de Unidad, un contingente de campesinos totoreños constataba la inactividad reinante en la jornada de lunes en el colegio Junín.
´Van a replegarse poco a poco de diferentes organizaciones; no simplemente de Cochabamba, sino también de otros departamentos´, anunció el dirigente Nicanor Churata. Paralelamente, los profesionales del país continúan con movilizaciones exigiendo mantener la inscripción a sus colegios. Redacción Sucre
ALGUNAS PRESIONES
Regiones • La Paz anunció un paro si hasta el 6 de agosto no se retira el pedido de la capitalidad plena para Sucre.
Profesionales • Los colegios de profesionales organizan para hoy y mañana movilizaciones de protesta en Sucre.
Pacto • Campesinos e indígenas realizan una vigilia para garantizar la inclusión de sus demandas en la Asamblea.
Política
Las FFAA aseguran que en la parada no habrá wiphalas
TENSIÓN • El Ministro de Defensa reconoció que pudo evitar el malestar que se generó por el tema si lo coordinaba antes con las autoridades cruceñas. En Santa Cruz anuncian crucificarse.
• UNA FOTO DE SUCRE • Como estos representantes originarios, quienes desfilen el martes sólo podrán portar la tricolor boliviana.
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Las FFAA anunciaron que no permitirán, en la parada militar del 7 de agosto en Santa Cruz, que los originarios desfilen con wiphalas u otras banderas que no sean la tricolor y que sólo se aceptará que pronuncien a su paso consignas nacionales. Mientras, el Gobierno reconoció que se equivocó y advirtió que debió tomar en cuenta a las autoridades cruceñas para la organización.
Entretanto, indígenas de alto y bajo Izozog, disidentes al Gobierno nacional, anunciaron que se crucificarán frente a la parada indígena militar del 7 de agosto recordando la masacre de Curuyuqui, ocurrida el 28 de enero 1884 en Camiri, Santa Cruz.
Ayer, en Trinidad, el comandante del Ejército, Freddy Bersatti, advirtió que los militares contemplarán dos aspectos para el paso de los grupos de originarios en el desfile del martes. "Uno, solamente llevarán la bandera nacional. Respetamos otras manifestaciones como la wiphala, pero es regional, sectorial, que no viene al caso en el festejo, que es a nivel nacional; y dos, aceptaremos consignas sólo a nivel nacional, como ser integridad, unidad y otros aspectos. Queremos representación de símbolos y eslogans estrictamente nacionales", reiteró.
También en la capital del Beni, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, advirtió que está "aclarado que se trata de un homenaje a nuestras FFAA, y no tiene ninguna otra connotación, y mucho menos confrontacional".
Empero, más temprano, reconoció a la agencia ANF la responsabilidad que tuvo el Gobierno en el clima de opinión contradictoria que se formó en Santa Cruz sobre la parada.
"Tal vez ha faltado algo de información de nuestra parte, en eso tenemos que ser autocríticos (...) debimos informar personalmente a las autoridades (de Santa Cruz)", señaló el Ministro de Defensa, cuando informó que desde ayer se reparten las invitaciones formales para que las autoridades estén presentes en lo que debería ser, dijo, "una verdadera fiesta de integración nacional". San Miguel confirmó además que el sábado estuvo en Santa Cruz, donde se reunió con autoridades militares y departamentales. "Todo está superado", sostuvo. El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz señaló que "el Gobierno manifiesta constantemente que es incluyente con la sociedad civil. Nosotros creemos que era importante que las FFAA hubieran invitado a sectores sociales como la COD, o grupos indígenas que no tienen la línea política del Ejecutivo. Eso creó mucha susceptibilidad y por eso el directorio del Comité Cívico convocó a una Asamblea de la Cruceñidad el 2 de agosto, donde se analizará si es que realmente se formularon las invitaciones que se han anunciado a través de los medios, pues la participación de esta gente es muy importante". Por otra parte, Bersatti explicó que las FFAA hacen esta parada cada año en La Paz, Sucre y otros departamentos, con presupuestos que ya están contemplados en el Plan Operativo Anual de cada fuerza. "Tenemos todo programado, no hay gastos extraordinarios". Pero, quedó claro que son los militares los que corren con los gastos de las delegaciones.
"Cada gran o pequeña unidad que tiene asiento cerca de poblaciones donde hay originarios, los organiza con un oficial, y los transporta en camiones o buses militares", aseveró.
En lo que hay contradicciones es en el número de participantes. El jefe del Ejército advirtió que serán "como 2.000 originarios. En cuanto a militares, alrededor de mil efectivos. Santa Cruz tiene trascendencia nacional, creo que es una oportunidad para que se consolide como una ciudad de vocación y que alberga a todo el país". Por su parte, el portavoz del Palacio de Gobierno, álex Contreras, en una entrevista a la radio oficial Patria Nueva, informó que se tiene prevista la participación de unos 2.000 indígenas de todo el país, dato que coincide con el ofrecido por Bersatti, pero acotó que serán 3.000 los oficiales y 5.000 premilitares y soldados.
Política
Los empresarios piden a Morales pacificar el país
Comunicado
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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunió ayer en la ciudad de Santa Cruz y advirtió que cualquier derramamiento de sangre en la parada militar del 7 de agosto, con la participación de indígenas, será responsabilidad del Gobierno y solicitó al Ejecutivo "pacificar" al país.
Los empresarios, en la tarde de ayer, emitieron un comunicado con cuatro puntos que fueron leídos por el presidente de la CEPB, Roberto Mustafá.
"El cerco a Tarija por los campesinos afines al MAS, con la participación de súbditos extranjeros, los bloqueos a Potosí y a su universidad, el amedrentamiento a Sucre y a su Asamblea Constituyente muestran que el Gobierno, en el propósito de imponer su proyecto hegemónico, no tiene reparo de enfrentar a hermanos bolivianos. En ese marco, advertimos que la movilización de grupos irregulares hacia Santa Cruz puede ocasionar derramamiento de sangre y será responsabilidad única de quienes hoy nos gobiernan", señala el primer punto del comunicado que emitieron y fue leído por Mustafá.
"Consideramos que la Asamblea Constituyente retome el espíritu democrático con que fue concebida y que se convierta en un verdadero escenario integrador, donde todos sean escuchados sin imposiciones ni confrontaciones; sería un gravísimo error si el Gobierno y el MAS presionan la aprobación de una Constitución que no represente al conjunto de los ciudadanos", señala el punto dos.
Luego, la organización que agrupa a los empresarios del país rechaza el control social a las compañías privadas.
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