3 de julio

Especiales / De acuerdo

PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE PRISMA
La ficha legislativa Nº 011

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Artículo (Consejo Económico y Social)
El Estado promueve la participación de todos los ciudadanos en la deliberación sobre los asuntos económicos, sociales, políticos y ambientales. El Consejo Económico y Social es el foro institucionalizado para llevar a cabo el diálogo y la concertación entre los actores económicos y sociales. Su composición, atribuciones no legislativas ni reglamentarias, y formas de funcionamiento en cada uno de los niveles territoriales serán establecidas por ley.



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En el debate constitucional se ha propuesto la incorporación de un mecanismo de fiscalización del uso de los recursos por parte de las instancias estatales y públicas. Sin prejuzgar sobre los méritos intrínsecos que pueda tener la fiscalización social, convendría considerar asimismo la institucionalización de la concertación social, al estilo de los consejos económicos y sociales que funcionan hace tiempo en Europa y varios países de América Latina.

Dichos consejos complementan la arquitectura de la democracia representativa y el Estado de Derecho, al constituirse en un foro de la democracia participativa para los agentes económicos y sociales. Están compuestos por representantes de la sociedad civil organizada con la finalidad de orientar las políticas públicas en materias socio-laborales y económicas, y combinan por lo general tres características fundamentales:

La representación de intereses, porque complementan la participación ciudadana mediante la emisión del voto en las elecciones, con un foro institucionalizado de representación de los diferentes intereses corporativos, proporcionando una función adicional a la representación política expresada en el Parlamento.

El diálogo social, porque son espacios de deliberación, coordinación y concertación de políticas públicas y estrategias de desarrollo, que facilitan la cohesión social.

La institucionalización, porque su funcionamiento está normado a nivel constitucional en la mayoría de los casos, o por leyes expresas, en otros. En ningún caso cuentan con facultades legislativas, pero constituyen un ingrediente esencial de la gobernabilidad democrática moderna.

Más allá de tales rasgos, cada país ha establecido un mecanismo de acuerdo con sus tradiciones institucionales, culturas deliberativas y agenda de objetivos particulares. También las competencias y los dictámenes que emiten son diferentes y se acomodan a las características de cada caso. Un criterio importante a tomar en cuenta es que su establecimiento es un proceso que requiere un trayecto de aprendizaje y consolidación.

Para entender mejor

Algunos términos que se emplean sobre el lugar o la migración de los poderes u órganos del Estado necesitan aclaración para evitar el uso y abuso de cada uno de ellos. Adjuntamos las palabras de mayor utilización y polémica:

Asiento: Localización o aparcamiento físico, constitucional y legal de uno o varios órganos del Estado.

Anexión: Incorporación de todo o parte del territorio de un país o una región a otro, con dependencia de éste.

Capitalía: Término equívoco para referirse a capitalidad. El ensayo de Javier Mendoza, La mesa coja. Historia de la Proclama de la Junta Tuitiva del 16 de Julio de 1809, contiene un análisis de la "cuestión capitalía" del siglo XIX.

Capitalidad: Calidad o status de capital de una ciudad a la cabeza del Estado, en general donde se ubica el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Condición de ser una población capital de un territorio.

Centralismo: Hegemonía de una ciudad o región en desmedro de otra(s), calificada como excluyente o absorbente, sin delegación de funciones vía descentralización o desconcentración.

Centro estratégico: Núcleo vital (heartland) de un país, como garantía de equidistancia y equilibrio, asumiendo un papel de bisagra en la integración nacional.

Geopolítica: Estudio de la pugna de centros de poder o hegemónicos, desigualdades regionales, multi o bipolaridad.

Radicatoria: Señalamiento de la ubicación de una persona, un bien o una institución en un lugar y tiempo determinados, siendo de derecho o de hecho.

Recuperación: Rescate de algo propio, perdido anteriormente por diversas causas.

Reivindicación: Lo contrario de usurpación, significando restitución de titularidad o dominio legítimo.

Retorno: Vuelta al lugar de origen, regreso a la residencia principal, mediante un acto o proceso legal o violento.

Reubicación: Fijación del nuevo centro de actividades de personas, bienes o instituciones, por mandato de la ley o situaciones de hecho.

Sede: Domicilio principal, equivalente a lo en que en sentido mercantil consiste la "casa matriz". Puede ser permanente (definitiva) o temporal (transitoria o provisional).

buscando en Internet

www.constituyente.bo

Toda la información actualizada sobre la Asamblea Constituyente.

www.apostamosxbolivia.org

Difunde información sobre derechos y obligaciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía y sobre la Asamblea Constituyente.

http://www.apdhb.org

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Entidad civil, pluralista, democrática que busca el ejercicio y vigencia plena de los derechos humanos en todos los sectores, independiente de toda filiación política y religiosa conformada por voluntarios todos y todas identificadas con sus principios.

http://www.mujeresconstituyentes.org

El Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia es una iniciativa conformada por cuatro redes nacionales que trabajan desde hace más de una década en la búsqueda de una sociedad con mayores niveles de equidad, democracia y justicia social, a través del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

http://www.cides.edu.bo

Información completa sobre los Posgrados en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés.

http://www.vivalaciudadania.org

Se ocupa de Ciudadanía, Democracia, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos humanos, Globalización, Paz.

Para seguir leyendo

— SER (Social Economisch Raad) Consejo Económico y Social de los Países Bajos: Crecimiento del bienestar por y para todo el mundo. Resumen en Castellano del dictamen relativo a la política socioeconómica a mediano y largo plazo. La Haya, Octubre 2006. www.ser.nl

— Iglesias, Enrique V.: El papel del Estado y los paradigmas económicos en Latinoamérica, en Revista de la CEPAL Nº 90, Santiago de Chile, diciembre 2006.

— Mayorga, Fernando: Acerca del Estado Plurinacional, en Propuestas para la Asamblea Constituyente. Instituto PRISMA, julio 2007.

— Albó, Javier y Franz Barrios: Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías. Documento de Trabajo. PNUD, septiembre 2006.

— Machinea, José Luis y Guillermo Cruces: Instituciones de la Política Social: objetivos, principios y atributos, en Serie Informes y Estudios Especiales Nº 17, CEPAL. Santiago de Chile, julio 2006.

—Ortiz & Retamozo: Visión Productiva y la Constitución Política del Estado. Descripción y Análisis Técnico-Legal, en Publicaciones 2006, Maestrías para el Desarrollo (MpD) -Universidad Católica Boliviana, La Paz, diciembre 2006.





Especiales / De acuerdo

Sin consensos, la CPE durará poco
JOSÉ ANTONIO OCAMPO previene de la necesidad de aprovechar el espacio democrático que auspicia una Asamblea Constituyente.



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A horas de concluir su mandato como funcionario jerárquico en Naciones Unidas, Deacuerdo conversó con José Antonio Ocampo, economista destacado a nivel mundial que visitó Bolivia en tres oportunidades distintas en los últimos cuatro años. El diálogo se centra en las perspectivas de nuestro país.
Considerando la nuevas corrientes de ideología y económicas, en su opinión, ¿cuál es la situación de Sudamérica?

Sudamérica está viviendo un momento muy positivo, básicamente por la conjunción de dos factores; primero los altos precios de las materias primas en el mercado mundial de los que el continente es exportador—productos mineralógicos y agropecuarios—y en segundo lugar por la coincidencia de eso con las bajas tasas de interés en un ambiente de financiación muy favorable. Vivimos similar periodo en la década de los 70 y se dio un crecimiento muy importante, en ese momento Argentina aprovechó muy bien. Ahora la prolongación de esta época de bonanza depende de muchos factores, particularmente de la capacidad que muestren los países de acumular reservas y acelerar la captación de capital y afrontar la renovación tecnológica.

En este contexto, ¿cómo encuentra a Bolivia?, ¿cuál es su visión a la distancia?

Bolivia ha tenido un desempeño económico positivo este año, se han incrementado sus captaciones de venta de gas, gracias a la buena gestión en el cambio de los contratos petroleros, hecho que ha incrementado las finanzas públicas y la acumulación de reservas.

Y en lo político, ¿qué nos puede comentar con una Asamblea Constituyente en plena realización?

Desafortunadamente la Asamblea Constituyente no ha sido la ruta que conduzca a los bolivianos a un nuevo acuerdo social, tal como se planeó en las últimas tres administraciones de Estado, lo que se tiene son tensiones constantes. En lo personal guardo la esperanza de que las fuerzas políticas y regionales encuentren a último momento el camino de la concertación.

¿Tiene alguna recomendación que ayude al país a hallar el camino del reencuentro?

Lo más importante es recordar a los ciudadanos la necesidad de aprovechar la oportunidad excepcional que significa el cambio de una constitución, y que es necesario arribar a acuerdos que satisfagan a la mayoría. El gran peligro es que las constituciones que no están basadas en consensos nacionales tienen una vida muy corta y su efecto no es conveniente para Bolivia.

Estamos cansados de las constituciones débiles que han emergido de las Asambleas en América Latina y no han reflejado el deseo de las mayoría, por lo tanto no son duraderas.

El control social ha sido aplaudido por un porcentaje mayoritario de la población y es un tema que impulsa el MAS en la Asamblea Constituyente.

¿Un mecanismo de control sobre otro ya establecido dentro de la normativa jurídica vigente en el país no debilita o descarta al segundo?

Hay formas de hacer el control social que creo que son positivas, pero obviamente no puede entrar en contradicción con las otras formas de control que establecen las normas republicanas. El control social, otro vértice de la expansión de la participación ciudadana, tiene en tal sentido unas posibilidades favorables, lo demuestran los experiencias de otros países que ya la han incluido como Colombia que incorporaron mecanismos de esta naturaleza. Lo importante es recordar que estos instrumentos no pueden ir en contravía con los otros mecanismos de control que de tiempo atrás han encontrado la democracia para funcionar adecuadamente.

¿Cómo se puede encontrar el equilibrio que propicie el ingreso de un nuevo control sin destruir lo constituido?

En general es recomendable incluir la revocación de mandatos, permitir a la iniciativa popular presentar proyectos de ley y el control a la acción de los funcionarios públicos.

Usted conoce de cerca la evolución social de otros países. ¿Nos puede decir si estas herramientas han logrado detener la corrupción y han contribuido al mejor rendimiento de las instituciones del Estado?

Sobre corrupción no hay verdaderamente una palabra final acerca de que funciona y que no funciona, pero existen dos aspectos que ayudan a mejorar el control, es la acción fiscal y el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, éstos últimos siempre juegan un papel muy importante al fiscalizar, pero nunca sustituyen el ejercicio que debe existir al cumplir la ley.

¿Encuentra ventajas o desventajas en la coexistencia de dos tipos de justicia como la que se arraiga en las costumbres indígenas y la justicia ordinaria que, la última, está vigente en el país?

La combinación de distintos procesos judiciales no es incompatible con el buen funcionamiento de la justicia, lo que debe estar claro es que las otras formas de justicia deben estar claramente subordinadas a las normas que establecen las constituciones y se ejercen de acuerdo a ley, este último aspecto es fundamental en la democracia moderna porque garantiza la presunción de inocencia y del derecho de todo ciudadano de tener un juicio imparcial cuando es acusado. Es posible permitir otras formas de justicia como la indígena o comunal para la resolución de conflictos de manera que pueden cumplir un papel complementario, pero nunca sustituir el aparato normal de justicia.

¿Cuál es su opinión de un Estado plurinacional en el que se reconozcan a varias naciones dentro de un mismo país?

Es una formulación compleja y un buen ejemplo es India, donde tienen un excelente proceso democrático en el que conviven distintas naciones y donde se dan tensiones pero no es comparable con Bolivia.

En el país se discute el tema autonómico y entre tanto el Tesoro de la Nación distribuye recursos sin delimitar competencias y, en algunos casos, los nuevos administradores acaban revirtiendo estos recursos.

La decisión de darle participación en el impuesto a los hidrocarburos a los departamentos y otras instancias sin asignar competencias es un grave error. Es inevitable incluir esta discusión dentro de la Asamblea Constituyente, lo lógico es hacer la distribución de recursos en función a las competencias, no tiene ningún sentido entregar recursos para los que no existe competencia como tampoco tiene sentido entregar competencias sin recursos, ambos deben ir de la mano.

EL PERFIL

La persona • José Antonio Ocampo Gaviria, economista, ocupó el cargo de ministro de Agricultura y Desarrollo Social en Colombia, fue secretario General de la CEPAL y ex secretario General Adjunto de Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales.

Escritor de diversos libros sobre economía.


Especiales / De acuerdo

El Estado plurinacional requiere de un cuidadoso análisis
Si se desea mejorar el sistema de representación y fomentar una estructura nacional que impulse una interrelación equitativa entre las personas, la creación de un Estado igualitario e incluyente es imprescindible.




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Gonzalo Jordán
Han pasado más de diez meses desde la implementación de la Asamblea Constituyente, sin embargo aún no se perciben resultados. Y es que en la Asamblea se deben discutir problemas complejos, como el Estado plurinacional, la demanda de autonomías, el control social o el traslado de poderes, dificultades cuyo origen se remonta varios siglos atrás, inclusive antes de la conquista.

De todas maneras, si nuestra intención es alcanzar la concertación a través del diálogo, la Asamblea Constituyente es el espacio idóneo para discutir y resolver los problemas estructurales, así como la falta de representatividad que históricamente ha caracterizado a los diferentes gobiernos nacionales.

Entre los distintos temas que se deben incluir en el debate constituyente, el Estado plurinacional representa uno de los más complejos, pues se trata de un principio que apunta a la transformación de las actuales estructuras, instituciones y relaciones de la sociedad.

En el ensayo Acerca del Estado plurinacional, que se publicará en los próximos días, Fernando Mayorga sostiene que la noción de Estado plurinacional fue propuesta en primera instancia por la Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia y, posteriormente, fue asumida parcialmente por el Movimiento al Socialismo. Desde entonces, adquirió centralidad al interior de la Asamblea.

La noción de Estado plurinacional, íntimamente ligada al concepto de interculturalidad, proviene de una reflexión sociológica impulsada principalmente desde los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador, que cuestiona la incapacidad representativa del Estado neocolonial, y a la vez busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturales diferentes.

Para Mayorga, tal noción, que concibe a las comunidades o grupos étnicos como naciones originarias y pueblos indígenas, se ha desplazado del campo sociológico al diseño institucional, en tanto sostiene que "el Estado debe ser la expresión de la diversidad étnico-cultural de la sociedad". Ambas propuestas, la del MAS y la de las Organizaciones Indígenas, coinciden en este punto, sin embargo, en cuanto a la forma de implementación, plantean algunas diferencias.

La propuesta del MAS, en relación al modelo de Estado, reconoce el "carácter unitario del territorio", mientras plantea que la diversidad cultural de la sociedad debe plasmarse a través "del reconocimiento constitucional de nacionalidades indígenas y originarias", a pesar de que la mayoría de las experiencias estatales de diseño institucional que vinculan democracia y pluralismo nacional "se relacionan con el federalismo". Empero, agrega Mayorga, en el actual debate constituyente ninguna de las proposiciones considera la alternativa de un modelo federal.

Desde esta perspectiva, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos son considerados "como colectividades diferenciadas de la ciudadanía en tanto cuerpo electoral", y se les concede autonomía territorial, así como la potestad de definir su forma de gobierno. Sin embargo, Mayorga considera que, como la propuesta planteada por el MAS reconoce solamente tres niveles en la estructura territorial del Estado (nacional, meso o intermedio y local), la noción de Estado plurinacional es utilizada nominalmente, en tanto "que las nacionalidades no son entendidas como comunidades nacionales con atribuciones de autogobierno a partir de las cuales se reconfigure la división política-administrativa del país".

Por su lado, las Organizaciones Indígenas perciben como finalidad última del Estado plurinacional la autodeterminación de sus "naciones", con el propósito de "definir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, y en ese marco reafirmar nuestras estructuras de gobierno, elección de autoridades y administración de justicia". Y es justamente allí en donde reside la mayor diferencia entre ambas propuestas, ya que las autonomías indígenas son dotadas de principios y competencias para la gestión de sus recursos naturales.

En cualquier caso, el Estado plurinacional implica la modificación del sistema de representación política y de las características del proceso político decisional, en tanto demanda una representación directa de los pueblos y naciones indígenas y originarios según usos y costumbres.

Bajo esta perspectiva, se plantea una fórmula mixta para elegir representantes en los distintos poderes del Estado: el voto universal por criterio poblacional —un ciudadano, un voto— para circunscripciones uninominales y territorios departamentales (denominados interculturales), y la elección de representantes mediante usos y costumbres en los territorios de nacionalidades indígenas y originarias.

De acuerdo con Mayorga, se trata en realidad "de una combinación que, en ciertos aspectos no implica coexistencia sino diferenciación de los sujetos sociales y del sentido de la representación y la participación política, en tanto se efectúa una distinción entre democracia participativa indirecta y directa".

Asimismo, la vaguedad y ambigüedad implícitas en la elección de representantes en función a los usos y costumbres de cada una de las naciones originarias, impediría formalizar efectivamente un sistema de representación política. Otro de los elementos que para Mayorga va en desmedro de la democracia representativa sería "la ausencia de partidos políticos y organizaciones ciudadanas como modalidades organizativas para la disputa electoral y la conformación de poderes públicos".

Estos aspectos ponen en evidencia "el predominio del sujeto de la representación respecto al sistema de representación política de la sociedad, debido a la centralidad de una visión étnico-cultural que convierte la diferencia en diferenciación", aspectos que debilitarían la representatividad del sistema político así como el Estado de Derecho.















Especiales / De acuerdo

¿Nos bloqueamos o cedemos en las intransigencias?
Editorial

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A los y las constituyentes les hemos encargado producir un acuerdo de largo plazo, pero la responsabilidad sigue siendo colectiva de la comunidad boliviana.

Previsiblemente, la Asamblea Constituyente no pudo cumplir el plazo para entregar sus documentos en las numerosas 21 comisiones en las que se ha organizado. Y es que persiste la intransigencia de unos y otros porque sus planteamientos aparezcan tal cual los conciben, sin margen ninguno para concertar, que es para lo que están allí. Detrás de ello está la desconfianza de los líderes de las sendas posiciones, así como una manera de entender la política como guerra.

Aquí sólo podemos tratar los temas más candentes, veamos: el paquete más grande está por el lado del Estado plurinacional vs. el Estado de las autonomías departamentales. Lo plurinacional predica la presencia de los pueblos indígenas no "sólo" como culturas o etnias, sino como "verdaderas" naciones. No sería eso de preocuparse si no estuviera asociado al reclamo de propiedad de recursos naturales —vía territorios— y un tipo de autonomías poco compatibles con un marco general jurídico para todos/as. Donde ya aparecen las dificultades que parecen insalvables es en calificativo de "comunitario". El Vicepresidente interpreta eso como la "entrada" epistemológica que encontramos por ejemplo en autores canadienses contemporáneos, significando que para entender procesos de socialización e identidad la atención debe ponerse en lo comunitario antes que en lo individual. En los textos producidos para los debates desde fuerzas afines al MAS (el Pacto de Unidad), el significado implícito —y a veces explícito— es que el "bien comunitario" debe estar por encima del individual y esa comunidad suele únicamente referir a la "nación étnica": los pueblos indígenas. Si queda duda de que esto sea así, basta escuchar al presidente de la Comisión Visión país de la Constituyente, cuyos informes fueron rechazados por la directiva de la Constituyente.

Del lado de las autonomías departamentales, la cerrazón a que únicamente haya éstas como nivel "meso", refuerza la resistencia del MAS y afines a tratarlas con la legitimidad que el referéndum del 2006 les dio, no sólo en los cuatro departamentos donde ganó, sino en el conjunto del país (más del 40%), que por esa vía la ciudadanía reiteró la necesidad de cambio concertado. La inicial propuesta desde Santa Cruz se ha ido modificando en sus aspectos más ríspidos (recaudación y porcentaje para la región como el control de recursos naturales), que la ha ido mostrando viable, pero ahora amenaza a restituirse en el tema de control departamental de la tierra y ya aparecieron iniciativas de privados, incluso en solicitadas pagadas por los medios, para no "ser avasallados" a título de defensa de la unidad nacional y resistencia civil.

Con el tema de la capitalidad se ha intentado "torpedear" la mayoría del MAS abriendo viejas heridas, de la época cuando la vía "natural" para resolver entuertos era la confrontación violenta. La unanimidad nacional que recién tuvimos para rechazar el veto a la altura en el fútbol debiera también estar presente para reconocer que la sede de dos de los poderes del Estado ha radicado en La Paz la mayor parte de nuestra vida republicana, incluso antes de la malhadada "guerra federal". Aprendamos de esa confrontación que no hay ganadores en esas muestras de violencia fraticida. El Presidente y su entorno tienen que saber que no votamos por el Mallku precisamente por su discurso revanchista, y sí por él porque mostraba un talante más conciliador y realista, como cuando defiende el cultivo de la coca con argumentos de mercado. Los dirigentes de la oposición, nos han mostrado en su postulación de país "intercultural" y también en el informe casi final de la Comisión de desarrollo rural, que es posible alcanzar acuerdos para darnos un futuro a nuestros hijos y nietas. Incluso esa aceptación desde la oposición más numerosa debiera fácilmente expresarse en considerar un pluralismo jurídico, por supuesto también pensado como proceso que es preciso ir desarrollando a partir de cierta expresión institucional. Lo avanzado, entonces, en hacer viable las autonomías en el nivel "meso" no debiera estar sujeto a caprichos de los más mezquinos de los miembros del agro-business como tampoco a los inusitados neo-centralistas.

Por ello todavía es posible y deseable salidas como en su momento hicieron los españoles al inventar el neologismo de "nacionalidades" en vez de naciones y también dicha expresión aparece en la Constitución del Ecuador, de las más avanzadas en interculturalidad, así como el proceso de conformación de autonomías pautado ciudadanamente; esto es, con consultas verificables a ciudadanos/as. Es este tipo de protagonismo ciudadano que es posible y deseable alcanzar y no ese engendro de "cuarto poder" que prorrogaría el débil Estado que tenemos. La notable mayoría de bolivianos y bolivianas que hemos votado en Diciembre del 2005 y julio del 2006, para no remontarnos a 2004 (julio y diciembre) hemos optado por un cambio con unidad y en marcos democráticos, y ello fue sólo posible porque algo de institucionalidad democrática hemos alcanzado, siquiera para permitirnos ese margen de pactos precarios. A los y las constituyentes, indígenas originarios, mestizos, de tierras altas y bajas, les hemos encargado producir un acuerdo de largo plazo, pero la responsabilidad sigue siendo colectiva, de la comunidad boliviana si se quiere, y dentro de ella a su dirigentes, políticos, cívicos, sindicales e intelectuales. Generacionalmente, el no asumirla nos pesará el resto de nuestras vidas y seguiremos siendo la cenicienta del Continente y no habrá a quien echar la culpa, pues eso ni sirve a gente con mayoría de edad y responsabilidad ciudadana.

Gonzalo Rojas Ortuste


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Control social requiere una normativa precisa
Controversias • La demanda por incorporar mecanismos de control social podría generar conflicto de competencias dentro del aparato estatal.



• REACCIONES • La propuesta de control social encuentra dificultades y oposición de parte de las instituciones afectadas.
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Durante una encuesta solicitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los resultados señalaron que aproximadamente el 80% de los bolivianos coincide en afirmar que existe la necesidad de ejercer un control de la sociedad sobre el Estado.
El tema del control social ha ido adquiriendo importancia gradualmente entre los distintos ámbitos de la sociedad del país, hasta convertirse actualmente en una de las consignas centrales del debate constitucional. En un estudio elaborado para Prisma, Roger Cortez examina el origen y la evolución del término control social y reflexiona en torno a las propuestas que algunos sectores han planteado para ser consideradas en la Asamblea Constituyente.

De acuerdo con Cortez, el concepto de control social empieza a ser utilizado por primera vez en 1994, como parte de las modificaciones establecidas por la Ley de Participación Popular, que establecía como una nueva competencia de los municipios la de "responder a las peticiones, representaciones y actos de control social de las Organizaciones Territoriales de Base y al Comité de Vigilancia".

Sin embargo, no es sino hasta la implementación de los Diálogos Nacionales, a principios del siglo XXI, con el fin de discutir y definir la forma de distribución de los recursos de alivio a la deuda externa, que este tema adquiere relevancia.

Bajo la perspectiva de Cortez, durante los siguientes años, como consecuencia de la desconfianza que en la sociedad civil se fue acumulando frente a la arbitrariedad y el prebendalismo de las prácticas estatales, la conceptualización del control social pasó de ser un mecanismo de supervisión a convertirse en un aspecto de confrontación y de deslegitimación del Estado.

Actualmente, tal y como está planteado, la noción de control social "condensa las aspiraciones de superar la democracia formal y representativa hacia una participativa y de tendencia directa". De allí que se haya convertido en un tema central dentro de la Asamblea Constituyente.

En este sentido, Cortez asegura que en el debate constituyente "existen posibilidades muy favorables para consensuar la inclusión del control social dentro de la nueva Carta Magna como principio constitucional". Por otro lado, considera que el sometimiento a un control social de parte de las autonomías departamentales podría facilitar su inclusión en la nueva Constitución Política del Estado, convirtiéndose de esa manera en una herramienta que permita la resolución de uno de los problemas más conflictivos.

Tomando en cuenta la incapacidad que han manifestado muchos de los órganos encargados de controlar y fiscalizar la utilización efectiva y transparente de los recursos estatales, y de aquellos responsables de impartir justicia, en caso de implementarse en el texto constituyente la figura del control social, cabe preguntarse qué nos motiva a esperar mayor eficiencia de parte de este sector. De igual manera, en caso de que se presenten contradicciones entre el Poder Judicial y el control social, cabe preguntarse quién tendría la última palabra y quiénes fiscalizarían a los fiscalizadores, siguiendo la lógica planteada.

Pasando de las demandas sociales a las normas constitucionales, se ha constatado que la propuesta del control social encuentra dificultades y oposición de parte de las instituciones afectadas, como en el caso de las universidades públicas, implicaciones que deben ser consideradas en el debate constituyente, para evitar conflictos de interés en los órganos estatales.










el deber

Festejo autonómico con firma de pacto indígena
Aniversario. La Prefectura, municipios y cívicos se unieron a través de un acuerdo con representantes de cinco pueblos originarios del oriente. El Gobierno criticó la acción y la calificó de una prebenda




Unión. Rubén Costas aseguró que este convenio es para evitar más intentos de confrontación y desunión entre los cruceños
Christian Peña y Lillo H.


Los representantes de cuatro pueblos indígenas del departamento -guarayos, ayoreos, chiquitanos y guaraníes-, además de los moxeños de Ichilo, originarios de Beni, firmaron ayer un pacto por la unidad y la defensa de la autonomía departamental. Este acuerdo fue suscrito en el marco del festejo del primer aniversario de la victoria por el Sí en el referéndum del 2 de julio de 2006, donde Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz eligieron convertirse en regiones autonómicas.
El constituyente por el MAS José Bailaba criticó el acuerdo y cuestionó la presencia de los dirigentes, a los cuales les restó representatividad. "Lamentablemente no tienen credibilidad", aseguró el asambleísta y recordó que el pasado sábado hubo una concentración en Concepción para apoyar las autonomías indígenas. Además, indicó que todos los representantes de los pueblos orientales están preparándose para una marcha que realizarán a Chuquisaca, para exigir su autodeterminación.
Por su parte, el viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, comentó que el pacto suscrito al caer la tarde de ayer tiene una connotación de prebenda y cuestionó la propuesta realizada, al argumentar que en el borrador del estatuto autonómico presentado por la mañana en el Consejo Departamental, lo indígena queda anulado. "¿Quiénes son esos indígenas que acompañaron en esta firma?", cuestionó Yacsik.
Con una plaza 24 de Septiembre abarrotada de gente y varias cuadras alrededor de la misma llenas de personas, los cruceños festejaron el primer aniversario de la victoria por el Sí autonómico y los líderes departamentales reafirmaron ante la gente su compromiso de hacer respetar el voto de la población.
En un ambiente festivo y de algarabía, el prefecto, Rubén Costas, pidió a la población mantener la resistencia democrática hasta conseguir el reconocimiento de la Asamblea Constituyente al modelo de autonomías departamentales y no de otro tipo.
"Ya no dicen que las autonomías son para dividir al país o que son de los oligarcas. Ahora el discurso que les queda es el de las autonomías indígenas", afirmó Costas, y en un tono firme gritó ante la multitud: "Que no se atrevan los que denominan hoy las autonomías indígenas a poner un pie en las TCO (Tierra Comunitaria de Origen), porque son de nuestros cuatro grandes pueblos y nosotros, sus hijos, los vamos a ayudar a defenderlas".
De esta manera Costas preparó el camino para el regalo que llegó luego, cuando describiendo como un pacto de sangre, cultura y orgullo para evitar más confusiones anunció la unión entre los mestizos y los originarios cruceños, además de la adhesión de los moxeños benianos que migraron y ahora viven en la provincia Ichilo.
"Esto es para que nunca más se animen a intentar dividirnos y enfrentarnos", sostuvo Costas, para luego cederle la palabra al secretario de Autonomías de la Prefectura, Carlos Dabdoub, que leyó el acuerdo que fue firmado por los indígenas Bonifacio Barrientos, José Urñavi, Fernando Chipeno, Víctor Hugo Velasco, Carmelo Justiniano y Amalio Jiye.
Pacto social y político de unidad de los pueblos de Santa Cruz, así se denominó el documento que busca hacer frente al discurso gubernamental que quiere incluir dentro del modelo de autonomías las indígenas, pero con el mismo rango que las departamentales, intento con el cual discrepan las instituciones cruceñas.
De la alianza forman parte el gobierno departamental, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), el Comité pro Santa Cruz y otras instituciones cruceñas.
Dabdoub detalló los puntos del pacto, que son los siguientes: reconocer la autonomía departamental como herramienta de desarrollo solidario, inclusivo y como factor de unidad; garantizar que la autonomía indígena sea parte sustancial de la autonomía departamental; el gobierno departamental debe tener facultades para titular y proteger las TCO; el estatuto cruceño debe establecer la representación directa de los indígenas en la asamblea legislativa departamental; debe crearse el Fondo Indígena de Santa Cruz; no se permitirán cercenamientos, avasallamientos o asentamientos en ninguna TCO, áreas protegidas, tierras fiscales o tierras productivas, y defender la integridad del territorio indígena.
Para cerrar el festejo, al menos en los discursos, el titular cívico, Branko Marinkovic, dijo que la autonomía aún corre peligro y convocó a los cruceños a responder a las agresiones del Gobierno, con propuestas. Luego siguió la fiesta.

Guarayos y porteños reafirmaron el Sí

En la plaza 10 de Noviembre de Puerto Suárez y en la plaza principal de Guarayos, los habitantes de estas poblaciones reafirmaron su decisión de convertir a Santa Cruz en un departamento autónomo.
Los porteños comenzaron su actividad, desde las 16:30, con la presencia de personas que llegaron desde los municipios de El Carmen, Puerto Quijarro y de Puerto Suárez. Los oradores que recordaron la victoria en el referéndum autonómico fueron el sacerdote Leo Zecner; el subprefecto, Manuel Pérez ,y el presidente del Concejo Municipal, Manuel Ángel Chasagnez. Al final del encuentro se dio a conocer una resolución del Consejo Provincial, en la cual se ratifica la decisión autonómica dada el 2 de julio de 2006.
Por su parte, los guarayos, que tuvieron de manera simultánea festejos en las poblaciones de Urubichá y El Puente, a través del subprefecto de la provincia, Daniel Aeguazú, dijeron que se quiere un gobierno autónomo para que la región pueda manejar sus recursos de acuerdo con sus necesidades. A su turno, el alcalde interino, Leonardo Zeballos, mencionó que Bolivia se encuentra postergada por culpa del centralismo extremo y totalitario. /D.A. y W.C.

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Martes 3, julio de 2007

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La Asamblea se amplía hasta el 14 de diciembre
Sesión. Luego de casi siete horas de debate, los constituyentes alcanzaron la votación necesaria para prorrogar el cónclave más allá del 6 de agosto. Los partidos políticos mostraron sus divisiones










Votación. Fueron 150 los constituyentes que definieron esta madrugada la prórroga de su mandato en la Asamblea
Red Líder. Sucre


La Asamblea Constituyente decidió pedirle al Congreso que amplíe su periodo de sesiones hasta el 14 de diciembre. En una sesión que se prolongó por más de seis horas, los 217 representantes que estuvieron presentes en la plenaria se enfrascaron en una discusión que parecía estéril y que hizo temer que no se llegaría a los dos tercios, pero al final lograron que se prorrogue el plazo de deliberaciones: 170 asambleístas votaron por el sí, 22 por el no, 14 se abstuvieron y ocho no votaron. Eso fue para aprobar la resolución, pero como el documento fijaba dos fechas (6 y 14 de diciembre), hubo que hacer una nueva votación. En ella, 150 se decantaron por el sí, 8 por el no, 26 se abstuvieron y 25 no votaron. Con ello se alcanzó dos tercios para acordar la fecha.
Sin embargo, para llegar a esa votación se tuvo que pasar por discursos arduos. El problema y el eje de discusión fueron las bases sobre las que se redactó el proyecto de resolución. Podemos, durante toda la plenaria, reclamó lo autorreferencial del documento, ya que se basaba en el artículo 1 del reglamento interno de debates que indica el carácter originario de la Constituyente. También criticaron que la única justificación que se dio para ampliar el plazo es que ya se estaba acabando el tiempo dado por la ley especial de convocatoria (hasta el 6 de agosto) y los errores en los que incurrieron los asambleístas. Y sobre esto versaron las diferentes intervenciones. Mientras Podemos acusaba al MAS de haber perdido ocho meses en la discusión sobre si la Asamblea debía aprobar la nueva Constitución por dos tercios o por mayoría absoluta, los masistas hablaban de la falta de un proceso preconstituyente y de la negativa de la oposición (Podemos) de concertar al interior de las comisiones.
Por momentos se temió que no se alcanzarían dos tercios para ampliar la Asamblea. Las divisiones internas del MAS y de Podemos hacían imprevisible la votación final. Y eso se pudo intuir desde el inicio de la sesión, cuando dos asambleístas del oficialismo y uno de la oposición se quejaron de que no habían sido incluidos en la lista de oradores y más aún cuando los jefes de bancada comenzaron a hablar. Pese a que habían estado en discusiones durante toda la semana pasada, cuando hicieron uso de la palabra se demostró que el debate no estaba acabado.
Así, por ejemplo, Juan Zubieta (Mcsfa) aseguró que los cuatro meses propuestos no garantizaban nada; llamó a los asambleístas a emular a Ecuador y ampliar la Asamblea sin plazo. Orlando Ceballos (MBL) abogó por el Estado plurinacional y el carácter originario de la Asamblea, y aseguró que no había necesidad de pedir permiso al Congreso.
Esas palabras bastaron para que la oposición reaccione. Hugo Oliva (MIR) reclamó que se le diga a la población cuál es el motivo para el incumplimiento del plazo fijado y saludó los festejos por el año de la victoria de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el referéndum autonómico. La mayoría de los asambleístas de la oposición se refirieron a la división de visiones políticas que afectan los acuerdos. Freddy Soruco fue uno de ellos y usó como ejemplo los impasses en la Comisión Defensa y Seguridad. Óscar Zamora (Camino Al Cambio) también pidió no ir más allá de las autonomías departamentales, mientras que Samuel Doria Medina (UN) dijo que aún se pueden llegar a consensos, pero para ello pidió poner en regla a la Comisión Visión de País. En este punto coincidieron los asambleístas de Podemos Gamal Serham y Rubén Darío Cuéllar.
Así la Asamblea logró ampliar su periodo, pero además definió un nuevo cronograma, que incluye la ampliación de trabajo en comisiones hasta el 13 de julio, las comisiones mixtas hasta el 27, la aprobación del texto en grande hasta el 6 de agosto y la ampliación final hasta el 14 de diciembre. Ahora, el Congreso tiene la palabra.

Al Estado le costará Bs 41 millones

"Somos originarios acá dentro de la plenaria, pero reconocemos que somos derivados cuando se trata de pedirle plata al Tesoro General de la Nación", dijo el podemista Wilder Vaca cuando recordó que el único motivo que el MAS acepta que la prórroga de la Asamblea sea aprobada por el Congreso es que se necesitan fondos para seguir pagando sueldos por cuatro meses más. Ayer, desde La Paz, el ministro de Hacienda, Luis Arce, aseguró a ANF que el TGN desembolsará lo necesario para garantizar el funcionamiento de la Asamblea. Recordó que el presupuesto mensual de la Constituyente es de Bs 9,1 millones, por lo que en cuatro meses y medio de ampliación se deberán erogar Bs 40.950.000.
Más allá de ello, Arce aseguró que tomará contacto con la Asamblea para definir un presupuesto y las medidas necesarias para garantizar que los recursos lleguen hasta Sucre.
Por otro lado, el diputado de Podemos Edwin Jiménez denunció ayer que asesores de la Unidad Técnica de Apoyo a la Asamblea Constituyente (UTAC) perciben sueldos superiores a los Bs 14 mil, vulnerando las disposiciones legales del actual Gobierno.

La resolución

Considerando. Que pese a los esfuerzos realizados por la Asamblea y debido a factores internos y externos, no se logrará cumplir con los plazos.
Que la ley de convocatoria determina que tendrá un periodo de sesiones continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año.
Que la Asamblea tiene la misión histórica de aprobar una nueva Constitución, tarea que no puede quedar inconclusa por lo cual se hace imprescindible la ampliación.
Que la ley de convocatoria establece que la Asamblea establecerá su propio reglamento.
Que haciendo uso de esa atribución, la Asamblea se dotó de su propio reglamento, cuyo primer artículo determina que es originaria porque radica en la voluntad de cambio del pueblo como titular de la soberanía de la nación.
Ampliación. El nuevo plazo de la Asamblea Constituyente es hasta el 14 de diciembre.
Las representaciones políticas se comprometen a lograr los consensos necesarios para la aprobación de la nueva Constitución.
La determinación será remitida al Congreso para efectos de procedimiento constitucional y fines consiguientes de ley.















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ARRANCA EL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CONCERTACIÓN

Constituyente aprueba en plenaria ampliación hasta el 14 de diciembre

Tras seis horas de sesión, durante las cuales los partidos mostraron divisiones internas, la Asamblea alcanzó la votación necesaria para extenderse más allá del 6 de Agosto

Sucre/Grupo Líder

La plenaria sumó dos tercios para aprobar la ampliación

Grupo Líder



La Asamblea Constituyente decidió pedirle al Congreso Nacional que amplíe su periodo de sesiones hasta el 14 de diciembre. En una sesión que se prolongó por más de seis horas, los 217 representantes que estuvieron presentes en la plenaria se enfrascaron en una discusión que parecía estéril e hizo temer que no se llegara a los dos tercios requeridos.
Al final, lograron que se prorrogue el plazo de deliberaciones: 170 asambleístas votaron por el Sí, 22 por el No, 14 se abstuvieron y ocho no votaron. Eso fue para aprobar la resolución, pero como el documento fijaba dos fechas, 6 y 14 de diciembre, hubo que hacer una nueva votación. En ella, 150 se inclinaron por el Sí, ocho por el No, 26 se abstuvieron y 25 no votaron. Con ello se alcanzó dos tercios de los presentes para acordar la fecha. Sin embargo, para llegar a esa votación se tuvo que pasar por discursos arduos. El eje de discusión lo constituyeron las bases sobre las que se redactó el proyecto de resolución. Podemos, durante toda la plenaria, reclamó lo autoreferencial del documento, ya que se basaba en el artículo 1 del Reglamento Interno de Debates de la Asamblea que destaca el carácter originario de la misma. También criticaron que la única justificación para ampliar el plazo era que ya se estaba acabando el tiempo dado por la Ley Especial de Convocatoria (hasta el 6 de agosto) y los errores en los que incurrieron los asambleístas.
Mientras la oposición acusaba al MAS de haber perdido ocho meses en discutir si la Asamblea debía aprobar la nueva Constitución por dos tercios o mayoría absoluta, los masistas hablaban de la falta de un proceso preconstituyente y de la negativa de Podemos de concertar al interior de las comisiones.
Los podemistas, además, reclamaban la firma de un pacto que garantizara una nueva Constitución para dentro de cuatro meses. También exigían que la Comisión Visión de País "se ponga en regla", es decir, apruebe su informe de mayoría por dos tercios. Incluso un asambleísta de Podemos, Alejandro Boris Medina, acusó a Félix Cárdenas de haber sido jefe de circunscripción del MIR, de haber manejado una ONG (Organización No Gubernamental) de dicho partido y no haber rendido cuentas. Cárdenas ya había abandonado la sesión y no pudo defenderse. Otros ataques se lanzaron contra esta comisión. Por momentos, se temió que no se alcanzarían dos tercios para ampliar la Asamblea. Las divisiones internas del MAS y de Podemos hacían imprevisible la votación final. Y eso se pudo intuir desde el inicio de la sesión, cuando dos asambleístas del oficialismo y uno de la oposición se quejaron de no haber sido incluidos en la lista de oradores y más aún cuando los jefes de bancada comenzaron a hablar. Pese a que habían estado en discusiones durante toda la semana pasada, cuando hicieron uso de la palabra se demostró que el debate no estaba acabado.
Así por ejemplo, Juan Zubieta (MCSFA) aseguró que los cuatro meses propuestos no garantizaban nada, llamó a los asambleístas a emular a Ecuador y ampliar la Asamblea sin plazo. Orlando Ceballos (MBL) abogó por el Estado plurinacional y el carácter originario de la Asamblea, y aseguró que no había necesidad de pedir permiso al Congreso. Esas palabras bastaron para que la oposición reaccionara. Hugo Oliva (MIR) reclamó que se le dijera a la población cuál era el motivo para el incumplimiento del plazo fijado, al saludar los festejos por el año de la victoria de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el referéndum autonómico.
La mayoría de los asambleístas de la oposición se refirió a la división de visiones políticas que afectan los acuerdos. Freddy Soruco (A3-MNR) fue uno de ellos y usó como ejemplo los impasses en la Comisión Defensa y Seguridad. Óscar Zamora (Camino Al Cambio), también pidió no ir más allá de las autonomías departamentales, mientras que Samuel Doria Medina (UN) dijo que aún se puede llegar a consensos, pero para ello pidió poner en regla a la Comisión Visión de País. En este punto coincidieron los asambleístas de Podemos Gamal Serham y Rubén Darío Cuéllar.
Por su parte, Carlos Romero (MAS) cargó contra la oposición y aseguró que se quejaba por estar en contra del cambio, al cual definió como irreversible. Así transcurrió el tiempo hasta las 23:45, al filo de las seis horas de sesión y con la lista de oradores agotada. Cuando la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, se disponía a abrir la votación, hubo voces que reclamaron el uso de la palabra. Álvaro Azurduy, Jorge Lazarte y Rodolfo Rivas fueron los más molestos porque no pudieron participar de la ronda de oradores. A ellos se sumó Pedro Lima que incluso denunció haber sido agredido verbalmente por el primer vicepresidente Roberto Aguilar.
Al final, se aprobó una moción de suficiente discusión y se ingresó a votar. Así, la Constituyente logró extender su periodo hasta el 14 de diciembre de 2007 y definió un nuevo cronograma, que incluye la ampliación de trabajo en comisiones hasta el 13 de julio, las comisiones mixtas hasta el 27 y la aprobación del texto en grande hasta el 6 de agosto.
Ahora, el Congreso tiene la palabra. Según Doria Medina, un mes es un plazo muy apretado para que refrenden esta decisión, ya que también allí será complicado llegar a acuerdos.

DIVISIÓN
La mayoría de los asambleístas de la oposición se refirió a la división de visiones políticas que afectan los acuerdos.

AL ESTADO LE COSTARÁ UNOS BS 41 MILLONES
"Somos originarios acá dentro de la plenaria, pero reconocemos que somos derivados cuando se trata de pedirle plata al Tesoro General de la Nación", dijo el podemista Wilder Vaca, cuando recordó que el único motivo por el que el MAS aceptaba la aprobación de la prórroga de la Asamblea Constituyente por el Congreso era la necesidad de fondos para seguir pagando sueldos y a los funcionarios por cuatro meses más.
Ayer, desde La Paz, el ministro de Hacienda, Luis Arce, aseguró a ANF que el Tesoro General de la Nación (TGN) desembolsará lo necesario para garantizar el funcionamiento de la Asamblea.
Recordó que el presupuesto mensual de la Constituyente sumaba Bs 9,1 millones, por lo que en cuatro meses y medio de ampliación se deberán erogar Bs 40.950.000.
Arce aseguró que tomará contacto con la Asamblea para definir un presupuesto y las medidas necesarias para garantizar que los recursos lleguen hasta Sucre. Por otro lado, el diputado de Podemos Edwin Jiménez denunció ayer, según Los Tiempos, que asesores de la Unidad Técnica de Apoyo a la Asamblea Constituyente (UTAC) perciben sueldos superiores a los Bs 14 mil, vulnerando las disposiciones legales del actual Gobierno.
La duda nació, según dijo, del destino de los 9.114.000 bolivianos que el TGN le asignó a la REPAC para su funcionamiento, al margen de la cooperación internacional.
Jiménez anotó que ante ese requerimiento el Ministerio de la Presidencia le negó información porque la Asamblea estaba por encima de los poderes constituidos. El parlamentario denunció que esta no es la primera negativa a reportar los gastos de la Asamblea y eludir la fiscalización de los legisladores, también pidió cuentas sobre los gastos de la instalación de la Asamblea, el 6 de agosto, porque considera que hubo gastos inflados.

RESOLUCIÓN APROBADA
- Considerando. Que pese a los esfuerzos de la Asamblea y debido a factores internos y externos no se logrará cumplir con los plazos.
- Considerando. Que la ley de convocatoria determina un periodo de sesiones continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año.
- Considerando. Que la Asamblea tiene la misión histórica de aprobar una nueva Constitución, tarea que no puede quedar inconclusa por lo cual se hace imprescindible la ampliación.
- Considerando. Que la ley de convocatoria señala que la Asamblea establecerá su propio reglamento.
- Considerando. Que haciendo uso de esa atribución, la Asamblea se dotó de su propio reglamento cuyo primer artículo determina que es originaria porque radica en la voluntad de cambio del pueblo como titular de la soberanía de la nación.
- Ampliación. El nuevo plazo de la Asamblea es hasta el 14 de diciembre.
- Las representaciones políticas se comprometen a lograr los consensos necesarios para la aprobación de la nueva Constitución.
- La determinación aprobada será remitida al Congreso para efectos de procedimiento constitucional y fines consiguientes de ley. - Los informes de comisiones se presentarán hasta el 13 de julio; las comisiones mixtas trabajarán hasta el 27 de julio. Hasta el 6 de agosto se pretende aprobar en grande el proyecto de la nueva Constitución.
- Inmediatamente inicia el trabajo de la Comisión de Concertación conformada por la Directiva, los jefes de bancada y la comisión inherente al tema por tratar.