Política / Asamblea
Los partidos logran principio de acuerdo para la Constituyente
El MAS aceptó que haya dos referéndums y Podemos deberá retirar su propuesta de resultados regionalizados. Acordaron postergar el debate de los tiempos entre una y otra consulta nacional.
• ACUERDOS • Los jefes de bancada y autoridades del Congreso continuaron ayer buscando los acuerdos.
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Luego de más de una semana de negociaciones y a cuatro días de que concluya el plazo de la Asamblea Constituyente, las principales fuerzas políticas del Congreso lograron ayer un principio de acuerdo para ampliar el foro hasta el 14 de diciembre, compromiso que se consolidará hoy con la firma de un acuerdo que reconoce la realización de dos referéndums consultivos.
Los jefes de bancada y autoridades parlamentarias se reunirán a las 9.00 de hoy para definir el texto final del convenio, seis horas antes de que se instale la sesión de Congreso convocada para aprobar por dos tercios la modificación de la Ley de Convocatoria, incluyendo la ampliación del plazo, las dos consultas nacionales y el presupuesto, anunciaron fuentes de ambos frentes.
Explicaron que el acuerdo establece que haya dos consultas nacionales: una para los artículos no concertados en la Asamblea y otra para ratificar o rechazar el texto final de la nueva Constitución. El debate sobre los tiempos entre uno y otro fue postergado hasta que la Asamblea Constituyente avance su trabajo y se haga una consulta a la Corte Nacional Electoral, explicó el senador de Podemos, Luis Vásquez.
Este era el punto que hasta ayer había impedido el acuerdo. El MAS insistía en que las consultas sean simultáneas y Podemos pedía tiempos distintos.
El subjefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, César Navarro, complementó que "el primer acuerdo es legalizar el referéndum de los temas en disenso y el segundo que el Congreso convoque a ese referéndum". Entonces, agregó, "habrá un artículo que reconozca la necesidad de los referéndums sin todavía precisar si va a ser único o simultáneo". La actual Ley de Convocatoria sólo reconoce el referéndum ratificatorio del nuevo texto constitucional.
Para facilitar el acuerdo, Podemos decidió revisar su demanda de que la ratificación del nuevo texto constitucional sea aprobada por el 50% más uno de los votos en los nueve departamentos. "Se ha quedado en una consulta final sobre el tema y el día de mañana (hoy), luego de consultar con nuestro jefe nacional (Jorge Quiroga), vamos a hacer conocer nuestra posición", dijo Vásquez.
Otra base del acuerdo es el respeto a las mayorías y minorías en la Asamblea Constituyente, por lo que se determinó que este foro reglamente su participación. En consecuencia, según Vásquez, de aprobarse hasta el 6 de agosto el texto constitucional en grande, incluiría ambos informes.
El acuerdo se gesta cuando faltan apenas cuatro días para que concluya el plazo que se le dio a la Asamblea Constituyente para que entregue un nuevo texto constitucional. De hecho, ayer venció el plazo para el cierre administrativo de este foro.
El senador Wálter Guiteras (Podemos), quien se sumó ayer a la negociación y planteó que los temas técnicos del referéndum se posterguen, explicó que era necesario un acuerdo inmediato porque "teníamos que evitar que cada día gane mayores adherentes el pedido de cierre de la Asamblea Constituyente".
Hasta ayer, grupos de indígenas, profesionales y universitarios se pronunciaron por el cierre del foro constituyente y la elección de nuevos asambleístas.
LOS PUNTOS DEL ACUERDO
Plazo • Los congresistas ampliarán el trabajo de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre de 2007.
Presupuesto • También acordaron aprobar el presupuesto que solicite la Asamblea para los meses restantes de trabajo.
Reglamento • Además, se determinó pedir que la Asamblea reglamente la participación de las mayorías y minorías, y que la aprobación en grande del texto constitucional sea en base a los dos informes.
Concertación • Se determinó crear una comisión política, con alto nivel de decisión, que coadyuve a la búsqueda de consensos en la Constituyente.
Referéndums • Se determinó también incorporar en la Ley de Convocatoria el referéndum para dilucidar los artículos en los que no se llegue a dos tercios. De esta forma habrá dos consultas. Los tiempos entre ellas se definirán posteriormente.
Política / Asamblea
Los partidos logran principio de acuerdo para la Constituyente
El MAS aceptó que haya dos referéndums y Podemos deberá retirar su propuesta de resultados regionalizados. Acordaron postergar el debate de los tiempos entre una y otra consulta nacional.
• ACUERDOS • Los jefes de bancada y autoridades del Congreso continuaron ayer buscando los acuerdos.
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Luego de más de una semana de negociaciones y a cuatro días de que concluya el plazo de la Asamblea Constituyente, las principales fuerzas políticas del Congreso lograron ayer un principio de acuerdo para ampliar el foro hasta el 14 de diciembre, compromiso que se consolidará hoy con la firma de un acuerdo que reconoce la realización de dos referéndums consultivos.
Los jefes de bancada y autoridades parlamentarias se reunirán a las 9.00 de hoy para definir el texto final del convenio, seis horas antes de que se instale la sesión de Congreso convocada para aprobar por dos tercios la modificación de la Ley de Convocatoria, incluyendo la ampliación del plazo, las dos consultas nacionales y el presupuesto, anunciaron fuentes de ambos frentes.
Explicaron que el acuerdo establece que haya dos consultas nacionales: una para los artículos no concertados en la Asamblea y otra para ratificar o rechazar el texto final de la nueva Constitución. El debate sobre los tiempos entre uno y otro fue postergado hasta que la Asamblea Constituyente avance su trabajo y se haga una consulta a la Corte Nacional Electoral, explicó el senador de Podemos, Luis Vásquez.
Este era el punto que hasta ayer había impedido el acuerdo. El MAS insistía en que las consultas sean simultáneas y Podemos pedía tiempos distintos.
El subjefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, César Navarro, complementó que "el primer acuerdo es legalizar el referéndum de los temas en disenso y el segundo que el Congreso convoque a ese referéndum". Entonces, agregó, "habrá un artículo que reconozca la necesidad de los referéndums sin todavía precisar si va a ser único o simultáneo". La actual Ley de Convocatoria sólo reconoce el referéndum ratificatorio del nuevo texto constitucional.
Para facilitar el acuerdo, Podemos decidió revisar su demanda de que la ratificación del nuevo texto constitucional sea aprobada por el 50% más uno de los votos en los nueve departamentos. "Se ha quedado en una consulta final sobre el tema y el día de mañana (hoy), luego de consultar con nuestro jefe nacional (Jorge Quiroga), vamos a hacer conocer nuestra posición", dijo Vásquez.
Otra base del acuerdo es el respeto a las mayorías y minorías en la Asamblea Constituyente, por lo que se determinó que este foro reglamente su participación. En consecuencia, según Vásquez, de aprobarse hasta el 6 de agosto el texto constitucional en grande, incluiría ambos informes.
El acuerdo se gesta cuando faltan apenas cuatro días para que concluya el plazo que se le dio a la Asamblea Constituyente para que entregue un nuevo texto constitucional. De hecho, ayer venció el plazo para el cierre administrativo de este foro.
El senador Wálter Guiteras (Podemos), quien se sumó ayer a la negociación y planteó que los temas técnicos del referéndum se posterguen, explicó que era necesario un acuerdo inmediato porque "teníamos que evitar que cada día gane mayores adherentes el pedido de cierre de la Asamblea Constituyente".
Hasta ayer, grupos de indígenas, profesionales y universitarios se pronunciaron por el cierre del foro constituyente y la elección de nuevos asambleístas.
LOS PUNTOS DEL ACUERDO
Plazo • Los congresistas ampliarán el trabajo de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre de 2007.
Presupuesto • También acordaron aprobar el presupuesto que solicite la Asamblea para los meses restantes de trabajo.
Reglamento • Además, se determinó pedir que la Asamblea reglamente la participación de las mayorías y minorías, y que la aprobación en grande del texto constitucional sea en base a los dos informes.
Concertación • Se determinó crear una comisión política, con alto nivel de decisión, que coadyuve a la búsqueda de consensos en la Constituyente.
Referéndums • Se determinó también incorporar en la Ley de Convocatoria el referéndum para dilucidar los artículos en los que no se llegue a dos tercios. De esta forma habrá dos consultas. Los tiempos entre ellas se definirán posteriormente.
Editorial / Editorial
Principio de acuerdo
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Así, a la postre, las puertas de la conciliación están abiertas. Lo único que falta hoy es darle el toque final y que el pacto político, de caballeros, se cumpla así como inicialmente está planteado. De ese modo se ratifica, que alcanzar acuerdos sí es posible.
Al filo mismo del cierre de las deliberaciones formales de la Asamblea Constituyente, los partidos políticos dentro del Congreso, muchos de ellos con representación en el escenario constituyente, han demostrado al país que es posible concertar acuerdos, algunos de ellos cruciales, con lo que no habrá que precipitar las sensaciones de fracaso que rodeaban al proceso de aprobación de una nueva Constitución, acorde con los vientos de cambio que soplan, en el marco de la democracia.
Es evidente que se perdió mucho tiempo en las escaramuzas iniciales libradas por el oficialismo y la oposición, pero al final lo rescatable es que de una y otra parte hubo la voluntad de alcanzar acuerdos, por encima de los disensos, las desconfianzas y los prejuicios, extremos que son muy propios de la política.
Es posible que todavía queden temas por dilucidar, como por ejemplo el de las autonomías departamentales e indígenas, en cambio ha sido fundamental que el MAS haya cedido y aceptado la presentación a la plenaria de dos informes sobre la Visión de País, el de la mayoría y la propuesta de la oposición en minoría. En buen romance, se resolvió así una cuestión que define el contenido fundamental de la futura Constitución.
La reunión del martes en el Congreso Nacional fue muy fructífera, empero la de ayer ha sido mucho más porque permitió alcanzar un principio de acuerdo, sellar un compromiso político por el cual se han definido las modificaciones a la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, donde se establece la ampliación de las deliberaciones hasta el 14 de diciembre, además de la aprobación de un presupuesto extraordinario.
Por otro lado, se logró la aceptación de realizar dos referéndums, dejando aún pendiente las fechas, es decir, si van juntos o separados, y la modalidad de éstos. La oposición había planteado que el primero sea para que los votantes respondan a las preguntas sobre los temas no definidos en la Asamblea y que, después de 120 días se efectúe la segunda consulta, sobre la aceptación o el rechazo del texto completo de la Carta Magna. Estos detalles últimos merecerán aún un proceso de concertación.
Al parecer, el principio de acuerdo logrado establecería que Podemos revise aquella idea de los referéndums departamentales. El MAS considera que de ser así se plantearía una separación tácita del país. A pesar de esas discrepancias, ambas partes dijeron que están llanas a seguir deliberando sobre el tema.
Los partidos también han acordado que se busque un mecanismo de concertación dentro del escenario constituyente, que permita lograr los consensos necesarios en la Asamblea.
Un detalle importante es que el compromiso político establece el respeto a los dos tercios en la etapa de la revisión en detalle como en la aprobación en grande.
El MAS habría, en un gesto democrático, dejado de insistir en la aprobación en sólo grande el texto borrador propuesto por la mayoría hasta el 6 de agosto.
Así, a la postre, las puertas de la conciliación están abiertas. Lo único que falta hoy es darle el toque final y que el pacto político, de caballeros, se cumpla así como inicialmente está planteado. De ese modo se ratifica, una vez más, que los esfuerzos por alcanzar los acuerdos sí son posibles, en democracia.
Seguridad
Los Ponchos Rojos ensayan en un regimiento
Practican cómo marchar en la guarnición militar de Ayacucho, de Achacachi. La Razón estuvo ayer en el segundo de tres ensayos. Dicen que irán sin armas, con chicotes y solamente con la tricolor.
• Comandante y líder • El jefe del Regimiento Ayacucho y uno de los líderes de los Ponchos Rojos, ayer, en el segundo entrenamiento para ir a Santa Cruz.
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Instructores del Regimiento Ayacucho, de Achacachi, enseñaron a marchar ayer a los Ponchos Rojos, quienes participarán en la parada militar del 7 de agosto en la ciudad de Santa Cruz.
Ruperto Quispe, uno de los líderes de la agrupación de agricultores de la provincia Omasuyos de La Paz, señaló que el de ayer fue el segundo de tres ensayos. ´El primero fue la semana pasada, el segundo fue hoy (ayer) y el tercero será el viernes. Es importante el orden, y eso vimos, alineación en las filas y todo eso. Tuvimos instrucción en ese tema. Viajaremos a Santa cruz 100 Ponchos Rojos´.
Quispe manifestó que el martes, en Santa Cruz, ´vamos a marchar solamente con la bandera tricolor, esa es la orden de los militares. Ninguna otra. Cantaremos el Himno Nacional, además de La Patria y Salve oh Patria´.
Mientras que fuentes militares aseveraron que el viaje se producirá el sábado, el líder señaló que el grupo de 100 personas viajará ´el domingo por la mañana. Iremos primero en nuestros minibuses desde Achacachi a La Paz. Luego, desde esa ciudad, abordaremos una flota hasta la ciudad de Santa Cruz. Todos los gastos están cubiertos por las FFAA´.
Esta semana surgió la versión de que mientras un grupo de Ponchos Rojos desfila, otro estaría en los alrededores con el objetivo de cuidarlos de posibles agresiones. ´Es importante aclarar que solamente viajaremos los 100 y todos desfilaremos. No hay ningún grupo de seguridad que nos acompañará, eso es falso´.
Además, advirtió que no llevarán ningún tipo de armas. ´Cada uno desfilará con el poncho y el chicote colgado. Ninguna arma´.
La presencia de este sector en el desfile del martes generó malestar entre los cívicos cruceños. La Unión Juvenil Cruceñista llamó incluso a que la población se prepare para la defensa de Santa Cruz.
´Los Ponchos Rojos somos agricultores, principalmente. Somos jóvenes y también viejos´.
Precisó que para ser Poncho Rojo hay que cumplir con el servicio militar obligatorio y también ser dirigente. ´Así, la gente de su comunidad ya considera a uno como un Poncho Rojo´.
Acotó que se reúnen todos los domingos. ´En esos encuentros lo que hacemos es analizar cuáles son las medidas que podemos tomar para llevar desarrollo a nuestras regiones. Incluso estamos pensando plantear una ley para normar nuestras facultades. Además, vemos proyectos para presentar al Gobierno. Somos lecheros, tenemos ganado, somos agricultores, y trabajamos para mejorar nuestras condiciones de vida, como autoridades´.
Respecto a la imagen que tienen, precisó que ´nosotros no somos un grupo armado. Apostamos a la integración del país. Jamás pensaríamos en un levantamiento, aunque nos molesten los cruceños, nosotros no queremos ofender a nadie. No entre bolivianos. Eso sí, estamos dispuestos a defender en caso de que haya invasión de otro país. Tenemos que integrarnos desde Santa Cruz hasta el altiplano, esa es nuestra intención´.
Sin embargo, el año pasado desfilaron con armas. ´No somos un grupo armado. Pero sí guardamos reliquias de nuestros abuelos. Son fusiles de la Guerra del Chaco, de la revolución de 1952. Pero nos calumnian´, concluyó.
Rada contradice a Bersatti
Los ministros Alfredo Rada, de Gobierno, y Juan Ramón Quintana, de la Presidencia, llegaron ayer a Santa Cruz para coordinar los detalles de la parada indígena militar en medio de la polémica del uso del tipo de banderas que podrán utilizar los participantes en el desfile.
´Ni la wiphala (bandera andina) ni otros símbolos regionales serán portados por los representantes de los pueblos originarios y organizaciones sociales que el 7 de agosto participarán, junto a las Fuerzas Armadas, de la parada militar en Santa Cruz´, dijo el comandante del Ejército, general Freddy Bersatti; sin embargo, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que ´podrán portar las banderas regionales o las que ellos quieran´.
Mientras, se ultiman detalles para la llegada de 2 mil indígenas, quienes se alojarán en la Coordinadora de Pueblos étnicos en la periferie cruceña, en la Cidob y en los predios de la terminal bimodal. El Nuevo Día
Congreso sesionará para salvar la Constituyente
Asamblea. Los jefes de bancada no han logrado un acuerdo sobre la realización del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. Hay consenso de que el cónclave se extienda hasta diciembre
Protesta. Un grupo de estudiantes de la René Moreno está en huelga de hambre para que no se amplíe la Asamblea
Christian Peña/La Paz
La oposición y el oficialismo todavía no han logrado ponerse de acuerdo en el pacto político nacional para hacer viable la ampliación del plazo de la Asamblea Constituyente hasta el próximo 14 de diciembre. Los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria y el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, declararon ayer un nuevo cuarto intermedio en las negociaciones, el tercero consecutivo en esta semana, para que hoy, a partir de las 9:00, cada uno de los representantes vuelva a reunirse con propuestas de ley ya redactadas.
Lo que se busca es consolidar estos pactos para llegar a la sesión de Congreso nacional, convocada para hoy a las 15:00, con las decisiones tomadas y no para ingresar al plenario parlamentario sólo con intentos frustrados y con el riesgo de que la discusión se prolongue de manera innecesaria.
García Linera dijo que los esfuerzos están concentrados en buscar consenso sobre los referéndums propuestos por Podemos, porque se ha coincidido en que deben ser incluidos en la ley que saldrá del Congreso.
Sin embargo, si hasta el martes el tema de mayor discrepancia era la realización de manera simultánea del referéndum consultivo sobre los aspectos de conflicto en la Asamblea y el que validará la nueva Constitución, ayer se incluyó un nuevo aspecto que evitó lograr el consenso.
Se trata del planteamiento de Podemos, que si bien pide que se efectúe un referéndum nacional para la aprobación del nuevo texto constitucional, sugiere que la validación de la Carta Magna sea consolidada con el 50% más uno de los votos a escala departamental.
Para el Movimiento Al Socialismo, esta propuesta puede generar caos y enfrentamiento en el país, ya que si algún departamento pierde en los referéndums consultivos previos, puede movilizarse para evitar que se consiga, en esa región, el 51% de respaldo a la nueva Constitución Política del Estado.
Sin embargo, los masistas observaron que esta situación puede provocar dos interpretaciones. La primera, que en el departamento donde se perdió el referéndum, se deje sin efecto la nueva Carta Magna, aunque los otros ocho hubieran votado a favor; la segunda, que debido a la votación contraria al nuevo texto constitucional, para ese departamento regiría la actual Constitución.
El senador por Podemos Óscar Ortiz reconoció que además de la realización de los dos referéndums, el planteamiento de que los resultados de una consulta nacional obtengan en cada uno de los nueve departamentos la aceptación del 51% de la gente, ha provocado discrepancias.
"Nosotros proponemos el concepto de que la Constitución no se apruebe con simple mayoría nacional, porque puede haber departamentos que no estén de acuerdo con ella", explicó Ortiz, aunque reconoció que la bancada de su partido buscará la forma de tener una fórmula alternativa al planteamiento inicial.
Por su parte, el diputado César Navarro, del MAS, indicó que existen avances positivos que no pueden desvalorizar los acuerdos políticos logrados después de siete días de reuniones.
El parlamentario afirmó que entre los puntos ya consensuados está el tiempo de ampliación de la Constituyente, la necesidad de otorgar un presupuesto nuevo a la Asamblea y la inclusión en la normativa de la ratificación del respeto a los resultados del referéndum por las autonomías.
El plazo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente concluye el próximo lunes 6, pero los asambleístas piden una prórroga hasta el 14 de diciembre.
Wálter Guiteras propone un plan 'B'
El senador por Podemos Wálter Guiteras propuso ayer una salida alternativa a los conflictos con los cuales se han tropezado en las reuniones de coordinación.
De acuerdo con el congresista, si hay consenso respecto a la reglamentación para llevar adelante los referéndums, este tema debe ser pospuesto y sugiere aprobar los otros puntos en los cuales todos los representantes políticos están de acuerdo.
Este 'plan B' fue calificado por el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, como una salida interesante del 'entuerto' en el que se encuentran, aunque dijo que todavía no hay negociaciones.
Guiteras puntualizó que ésta puede ser una salida alternativa a este conflicto para darle la ampliación que requiere la Asamblea Constituyente, a fin de terminar una nueva Carta Magna que regirá al país y evitar más actos de repudio al cónclave chuquisaqueño, que para la visión de algunos sectores ha sido un fracaso.
La sesión del Congreso fue convocada para hoy a las 15:00, haya o no acuerdos.
Universitarios en contra de la ampliación
Un grupo de estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno inició una huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre y en las instalaciones de la Brigada Parlamentaria Cruceña, en protesta por la ampliación del plazo para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
Los estudiantes, liderados por representantes de la Federación Universitaria Local (FUL), se sumaron al piquete que se instaló el lunes en la sede de la Central Obrera Departamental (COD), que cuenta con el respaldo de la denominada Coordinadora de la Democracia.
El autodenominado presidente de esta coordinadora, Martín Dockweiler, dijo ayer que en todo el país está creciendo el rechazo a la prórroga a la Asamblea Constituyente, que solicitó al Congreso una ampliación del plazo hasta el próximo 14 de diciembre, ante la imposibilidad de presentar el lunes 6 de agosto un proyecto de Constitución, como se habían comprometido hace un año, cuando se instaló el cónclave en Sucre.
A su vez, en el Congreso continúan los debates para intentar un acuerdo para la aprobación de la ley ampliatoria.
Cívicos condicionan ampliación de la Asamblea Constituyente
Acuerdo. Participaron los representantes de siete de los nueve departamentos
Atentado. Los cívicos cruceños atribuyen al MAS la bomba casera
R. Aguirre / D. Moreno
La inclusión de la autonomía departamental "sin deformaciones" en la nueva Carta Magna y la aprobación de todos los artículos por dos tercios en todas las etapas son las principales condiciones establecidas por los presidentes de siete comités cívicos del país para aceptar la ampliación de las sesiones de la Asamblea Constituyente.
Los representantes de Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro se reunieron anoche en la capital chapaca y emitieron un manifiesto.
Además de la autonomía y de los dos tercios, los cívicos demandaron a la Constituyente mantener la actual división política del país con nueve departamentos, respetar la propiedad privada y conservar tanto al actual sistema de distribución de las regalías como el porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
En el documento se rechaza la Ley de Reconducción Comunitaria, por no haber sido consensuada con el sector productivo, por lo que se plantea el alejamiento de la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, y del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz. También se exige la destitución de los ministros del área económica, por considerarlos incapaces de frenar la espiral inflacionaria y la escasez de productos.
En el aspecto político, se exige mantener el análisis de la capitalidad plena y se repudia el clima de tensión en la sede de la Constituyente, que es atribuido al Gobierno. También se demanda expulsar a súbditos extranjeros que "disfrazados en ayuda asistencial y ONG se entrometen en asuntos internos".
Tras lamentar la ausencia del presidente, Evo Morales, lo invitan para la próxima reunión, marcada para el 8 de agosto en Santa Cruz.
Tarija levantó el ultimátum del 6 de agosto y descartó, de momento, declarar la autonomía 'de facto'.
En la reunión de prefectos, de la 'media luna', también en Tarija, se comenzó a analizar anoche la agenda que incluye las regalías, seguro de salud y la Constituyente. Para hoy está prevista una conferencia de prensa, con las conclusiones.
Explotó una bomba casera en el Comité
Una bomba de fabricación casera estalló ayer por la madrugada en el Comité pro Santa Cruz, mientras que una dinamita fue apagada antes de que explotara. La dirigencia cívica lo calificó como un 'atentado cobarde' que pretende acallar las voces de los comités, mientras que en el Gobierno no descartan la hipótesis del autoatentado.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía y la Fiscalía, el hecho ocurrió a las 4:00 de ayer, aproximadamente, aunque no fueron identificados los autores.
"Creo que el mensaje es claro, de intentar impedir que hagamos propuestas, que luchemos por las autonomías y que critiquemos algunas posiciones equivocadas del Gobierno", dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.
Por su parte, mientras el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, declaró ayer en Santa Cruz que instruirá una investigación para esclarecer el hecho, desde La Paz, el vocero presidencial, Álex Contreras, dijo que no descartaba la posibilidad de un autoatentado dirigido a crear zozobra días antes de la parada militar anunciada para el próximo martes 7, en El Trompillo.
El MAS insiste en lograr un acuerdo
Contrario. La oposición considera que no hay tiempo y que el reglamento de la Asamblea lo impide
Capitalidad. Los representantes de La Paz y de Chuquisaca mantienen sus diferencias sobre la sede de los poderes
Grupo Líder. Sucre
El camino para la aprobación en grande del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado se cierra. El reglamento interno de debates y el escaso tiempo restante dificultan tal posibilidad. Ahora, el oficialismo se aferra a un acuerdo político en la Asamblea, que la oposición ve como ilegal. Pero éste no es el único obstáculo que tiene que saltar porque ahora se le pusieron en frente los indígenas que le dieron plazo hasta el 6 de agosto para que apruebe la Carta Magna, caso contrario amenazan con impedir la continuación del foro para que se convoque a uno nuevo.
Para el oficialismo, un pacto político que permita la aprobación en grande es la única salida viable, así se cumpliría con el compromiso adquirido ante el país. "Soy partidario de los acuerdo políticos, hay que hacerlos porque la situación nos obliga", dijo el primer secretario del foro, Ignacio Mendoza (MAS).
La subjefe de bancada masista, Mirtha Jiménez, ratificó que ya se depuró más del 50% del texto constitucional y, frente a la indefinición del Congreso,el MAS tiene "la responsabilidad de entregar un texto depurado que nos permita decir hasta aquí hemos trabajado y si se alarga podemos consensuarlo", acotó.
La oposición no comparte ese criterio. Desde Podemos se ve inviable la intención de "imponer" dicha aprobación porque legalmente el reglamento se convierte en un freno y técnicamente ya no existe el plazo requerido.
Para el jefe de bancada del MNR, Guillermo Richter, "no es viable un acuerdo al margen de la legalidad".
"Si se pasa por alto cualquier procedimiento de negociación de carácter político nos pondremos en tela de juicio frente al soberano, porque la ciudadanía está expectante de la Asamblea", afirmó el jefe de bancada del MBL, Orlando Ceballos, aunque sugiere hacer los esfuerzos y no quedarse en la posición "cómoda de la derecha de plantear que es imposible la aprobación y no hacer nada".
Pero, ¿en qué consistiría el acuerdo político?. Para el tercer vicepresidente, Ricardo Cuevas, el acuerdo puede ser para "romper el reglamento. Operativamente es imposible la aprobación hasta el 6 de agosto. La única salvedad es que exista un acuerdo político y que se decida aprobar un texto en grande. Así se entregaría un borrador".
Hoy no habrá plenaria.
Visión de País sigue en suspenso
A pesar de que el MAS ya cedió, permitiendo que el informe de la oposición se tome en cuenta como documento de minorías en la comisión de Visión de País, la ausencia del presidente de la misma, Félix Cárdenas, impide que este tema sea definido.
La oposición exige que una definición se adopte dentro de la comisión, pero para ello es necesario que Cárdenas convoque una sesión donde considere la carta que le enviaron los constituyentes masistas Mario Orellana y Paulo Rojas, en la que comunican su decisión de retirar sus votos para el informe de Patria Insurgente.
Sin embargo, Cárdenas, que ya manifestó su rechazó a la actitud de los masistas, viajó a la ciudad de La Paz.
Por ello, la directiva apunta a que este tema se solucione en la plenaria, pero aún no encuentra el consenso necesario para asumir la responsabilidad de saldar este tema. Así lo señaló el primer vicepresidente, Roberto Aguilar.
Chuquisaca rechaza una compensación
A pocos días del cierre legal de las sesiones de la Asamblea Constituyente, La Paz plantea un fondo de compensación para Chuquisaca, pero no el retorno de los dos poderes. La región adelantó su rechazo porque considera que la demanda de capitalidad no es un capricho, sino una visión de un nuevo Estado sin centralismo.
Anoche, el presidente de la representación de constituyentes de La Paz, Macario Tola, dijo que se busca una reunión para plantear formalmente la compensación, como una alternativa de solución al retraso y a la postergación de Chuquisaca.
La oferta tiene el aval del Comité de Emergencia de La Paz y, según Tola, se plantea la misma bajo un criterio racional ante la eventualidad de que será difícil dar cumplimiento a los resultados de un referéndum.
El representante paceño enfatizó que los recursos que necesite Chuquisaca se tendrían que destinar también al área rural, donde hay sectores que demostraron su descuerdo con la capitalidad plena.
El rechazo del Comité Interinstitucional de la Capitalidad fue contundente. El líder cívico John Cava afirmó que no se tranzará.
"Estamos contra el centralismo, contra ese centralismo arrogante que ahora nos quiere callar con unos cuantos centavos, como lo hizo siempre. Nuestra visión no es regional, sino nacional", respondió Cava.
Gobierno revertirá las tierras ociosas en 2 años
Reglamento. El Presidente lanzará en Ucureña la normativa de la Ley de Reconducción Comunitaria. El agro responsabiliza al Ejecutivo por lo que pueda ocurrir. Anuncian escasez de productos en el país
Expectativa. Hace un año, el primer mandatario aprobó el proyecto de modificaciones a la Ley INRA en Ucureña
Hilton Heredia García
Tras la aprobación del Reglamento de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria a efectuarse hoy en la localidad de Ucureña (Cochabamba), el Gobierno pondrá sus ojos a un masivo proceso de redistribución de la tierra que contempla la reversión de miles de hectáreas principalmente en el oriente boliviano en un plazo de dos años.
La reversión se dará por incumplimiento total o parcial de la Función Económica Social (FES) en la mediana propiedad y la empresa agropecuaria, adelantaron fuentes gubernamentales.
A partir de la fecha, según el Gobierno, la tierra que exista en poder de unas cuantas familias que no trabajan y hacen negocio con ella se acabó. Ahora, quienes no cumplan la FES y conserven miles de hectáreas las perderán sin ningún pago y las tierras pasarán a manos del Estado para volver a distribuirlas. Para tal efecto, el INRA procederá a verificar cada dos años el cumplimiento de la FES, adelantó ayer el director nacional de Tierras, Cliver Rocha.
"Después del saneamiento y la entrega de títulos habrá dos años para verificar la FES. El proceso de reversión se inicia a denuncia de las entidades o asociaciones de la Comisión Agraria Nacional o departamental. Las tierras que se encuentran ociosas sin ser trabajadas serán revertidas al Estado", aseveró.
Por su lado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, confirmó que el primer mandatario pondrá en vigencia hoy en Ucureña la correspondiente normativa y entregará 5.000 títulos.
La autoridad lamentó que a unos días de consolidarse este proceso agrario, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) haya roto las negociaciones con el Gobierno, precisamente por no estar de acuerdo con estos temas.
También aseguró que la seguridad alimentaria para los bolivianos está garantizada para los próximos meses a pesar de la carencia e incremento de precios de algunos productos de la canasta familiar.
La ministra de Desarrollo Agropecuario, Susana Rivero, aseguró que el proceso para la formulación de dicho decreto ha sido complejo pero incluyente.
"Hemos convocado a cuatro talleres nacionales, con el fin de buscar líneas equilibradas en los temas normativos, a los cuales fueron convocados todos los sectores. Sin embargo, los empresarios rehuyeron sistemáticamente su participación hasta los tramos finales del proceso, cuando recién tardíamente consintieron en asistir al análisis técnico sobre los alcances del reglamento", puntualizó.
Por su parte, el presidente de la Confeagro, Mauricio Roca, y el asesor de la CAO, Luis Baldomar, indicaron que con este reglamento no existe seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
"Ninguna propiedad tendrá su derecho propietario garantizado. Cada dos años el INRA hará la verificación de la FES y eso es un absurdo. Imagínese que si el padre de alguien se muere y deja cientos de vacas a sus hijos y éstos la venden por alguna necesidad, pero desean quedarse con sus tierras, el INRA verificará la situación y se las revertirá", ejemplificó Baldomar.
Congabol anuncia desobediencia civil
Las federaciones afiliadas a la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) harán desobediencia civil a la normativa agraria, que presentará oficialmente hoy el Gobierno.
El presidente de la Congabol, Carlos Quaino, dijo que como sector se oponen a la promulgación de este reglamento ya que lo consideran anticonstitucional, si se toma en cuenta que la Ley 3545 fue demandada por inaplicable ante el Tribunal Constitucional debido a la forma en que fue aprobada en el Senado Nacional.
El máximo dirigente de los productores pecuarios del país consideró que el Gobierno no tomó en cuenta en la Ley 3545 la realidad que vive este sector y sólo está respondiendo a directrices que le dan desde Venezuela.
"No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia la confiscación de nuestras tierras bajo el pretexto de que éstas no cumplen la FES, nos defenderemos como Dios manda", advirtió.
Al mismo tiempo señaló que como productores dueños de fundos rústicos no permitirán marchas y asentamientos de campesinos del occidente, especialmente de los 'ponchos rojos'.
Por su lado, el titular de la Confeagro, Mauricio Roca, expresó su solidaridad con los ganaderos e indicó que el Presidente lleva al país al borde de un colapso alimentario. "Aquí se puede romper la paz y será el Gobierno el responsable de los futuros enfrentamientos", aseveró.
Puntos centrales
1.- Exclusión de la CAN. El reglamento establece que el quórum mínimo necesario para el funcionamiento de la Comisión Agraria Nacional (CAN) es de 12 miembros, señalando que, de los mismos, 5 deben pertenecer a los sectores sociales (Csutcb, colonizadores, mujeres Bartolina Sisa, la Cidob y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). El agro planteó que el quórum de 12 miembros se debe realizar con la presencia de 5 que no representen al Estado, sean éstos sociales o productivos.
2.- Falta de atribuciones. Las atribuciones son testimoniales, salvo en el proceso de designación de los titulares del INRA. Las decisiones se las deja a nivel central. El agro pidió que los dictámenes de la CAD sean vinculantes y de cumplimiento obligatorio.
3.- FES. El proyecto no permite utilizar los planes de manejo forestal aprobados por la Superintendencia para realizar esta actividad, como prueba de la FES. El agro exigió que se incluyan los planes de manejo forestal. También pidió que la verificación de la FES sea cada cinco años, pero el Gobierno fijó en 2 años.
4.- Carga animal. Se determinó que los terneros no serán considerados como ganado mayor. El agro dice que esto pone en riesgo el desarrollo del sector ganadero. Dentro de los parámetros para el cumplimiento de la FES en actividades pecuarias, se encuentra la carga animal de 5 hectáreas por ejemplar de ganado mayor. Otros temas conflictivos son la expropiación y los desmontes.
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