Política / Asamblea
Los indígenas se alejan del MAS y éste dice que no son sus bases
DEMANDAS • Los asambleístas del Conamaq y la Cidob consideran que uno de los pilares del Estado plurinacional es la representación directa en el Congreso, pedido que la Asamblea excluyó.
• EN SUCRE • Los miembros del Conamaq se movilizan en esta capital reclamando por el Estado Plurinacional Comunitario.
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Mientras las dos principales organizaciones que agrupan a los pueblos indígenas del oriente (Cidob) y occidente (Conamaq) ratificaron su distanciamiento del MAS por una supuesta traición a sus compromisos en la Asamblea Constituyente, dirigentes de este partido aseguraron ayer que éstas no representan a sus bases.
´Conamaq y Cidob son dos organizaciones más indígenas, más originarias, que han apoyado paralelamente a la construcción del instrumento político, pero no son la base social del MAS; por eso es que nos han estado jugando, incluso en el Pacto de Unidad, queriendo irse, queriendo declarar como preconstituyente a la Asamblea´, declaró Roberto Segovia, alto dirigente del oficialismo en la Constituyente.
Un día antes, el dirigente nacional del MAS, Santos Ramírez, declaró que la posición de la Cidob y del Conamaq, que decidieron alejarse del Pacto de Unidad, según declararon a La Razón los dirigentes Martín Condori y Justino Leaño, no representa a sus verdaderas bases. Ayer, el vicepresidente álvaro García evitó hacer comentarios argumentando que desconocía la decisión.
Hasta ahora, el MAS había mantenido el discurso de que era un instrumento político de sus bases reunidas en el Pacto de Unidad. Su principal tema de debate con la oposición en la Asamblea Constituyente, hasta la aparición de la capitalidad plena, fue el Estado plurinacional, que, tal como lo entienden los propios masistas, consiste en el reconocimiento de todos los pueblos indígenas originarios del país.
La ruptura entre indígenas y campesinos en el Pacto de Unidad se produjo por la decisión del MAS de no aceptar la participación directa de esos grupos sociales en el proyectado Congreso unicameral. Dos fuentes del oficialismo en Sucre revelaron que la orden de eliminar esa cuota indígena en el Parlamento salió del propio presidente Evo Morales.
Para el Conamaq, la Cidob y los constituyentes de base del MAS, no es posible entender un Estado plurinacional sin representación indígena ni campesina en el Congreso; por lo tanto, la propuesta incluida en el informe de mayoría de la Comisión Visión de País no se reflejaría en la práctica sin una cuota asegurada para ambos sectores en el Legislativo.
El asambleísta Pastor Arista (MAS-Conamaq) dijo que, como parte del Estado plurinacional, se debería reconocer en el Parlamento a los indígenas y campesinos, aunque reconoció que ´nosotros (Conamaq) no somos organizaciones sociales, sino gobiernos indígenas originarios´.
Afirmó que ´confiábamos en el MAS, por eso le hemos apoyado, porque queremos el cambio; pero en estos momentos ha disminuido. Al no permitir representantes directos (en el Congreso), está cayendo en el mismo juego de los partidos tradicionales´.
Según José Bailaba (MAS-Cidob), ´se ha debatido y se ha dicho: no hay una representación plurinacional si no hay una representación directa. Creemos que el tema no está concluido´.
Mario Orellana (MAS-La Paz), de la Comisión Visión de País, coincidió en que ´uno de los escenarios donde se refleja el Estado plurinacional justamente es en la conformación de lo que va a ser el nuevo Parlamento, pero con la participación directa de estos pueblos indígenas´.
Calificó como un ´exceso´ las declaraciones de Ramírez. ´No se puede decir que los pueblos indígenas originarios, aglutinados obviamente en la Cidob, en el Conamaq, pero también en el movimiento campesino, no son la base. Definitivamente son una parte, son la mitad de la base social del Estado plurinacional; la otra parte es la población mestiza´.
Por su parte, Vladimir Alarcón (MAS-El Alto) señaló que la falta de participación de los pueblos indígenas en el poder público implicaría que el Estado plurinacional se quedara en el papel. ´Si no hay una representación, participación en las decisiones, en la planificación, en la evaluación y en todas las actividades del poder público, de los indígenas y de las 36 nacionalidades, significa que no hubiera Estado plurinacional; esto estaría hecho en teoría, en letra y nada más´. Redacción Sucre
Los campesinos piden hablar
Representantes de los campesinos y de los colonizadores propusieron un encuentro con sus ahora ex aliados de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) y del Consejo de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq) para que sus dirigentes expliquen su decisión de retirarse del Pacto de Unidad.
La dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Irene Mamani, señaló que esas organizaciones no pueden abandonar el Pacto Social sin una consulta previa. "Se requiere de una reunión. Ellos así no más no pueden salir a la prensa", insistió Mamani, dos días después de confirmarse la ruptura entre indígenas y campesinos.
El dirigente campesino Isaac Ávalos dijo que recientemente no hubo ninguna reunión sobre el tema, pero coincidió que el problema podría haber surgido "por el tema de la representación (parlamentaria) que no ha entrado (en la Constituyente)".
Según Mamani, los dirigentes del Conamaq y la Cidob tomaron la decisión de alejarse por un mal asesoramiento y aseguró que el tema del Estado plurinacional está incluido en la Asamblea.
El MAS llama a una reflexión
El Movimiento al Socialismo (MAS) demandó a los dirigentes del Conamaq y de la Cidob reflexionar sobre su decisión de abandonar el Pacto Social, ya que con esta determinación debilitarán un movimiento histórico de reivindicación nacional.
"Nos necesitamos en términos históricos", reflexionó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.
En este marco, invocó a ambas organizaciones a reflexionar sobre la actual coyuntura del país y pidió calma y prudencia en su actuación. "No desmayen en este proceso de lucha, si ellos se desmarcan de este proceso de cambio, podrían perjudicar no sólo a su sector, sino al proceso de cambio que todo el pueblo boliviano está demandando", señaló el diputado del MAS.
Por su parte, el subjefe de la bancada del MAS en Diputados, César Navarro, demandó al Conamaq y a la Cidob promover un encuentro para exponer ideas y "conocer sus posiciones sobre los temas que observan".
"Creo que hace falta una reunión para ver las discrepancias acerca de sus pedidos y hacer conocer nuestra posición política", dijo el diputado masista.
Sociedad
La reversión de tierras está en marcha en el país
El Gobierno ejecuta desde ayer la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que agiliza la reversión de tierras. Los agropecuarios dijeron que no permitirán ninguna confiscación.
• SORPRESIVA DECISIÓN • El Presidente dispuso ayer en Ucureña que se cantará el himno con una mano en el pecho y otra en alto.
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Pese a la resistencia de los agropecuarios, el presidente Evo Morales puso en vigencia ayer la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que agiliza el proceso de reversión de tierras improductivas para redistribuirlas a las comunidades, bajo el control social y vigilancia de los campesinos, a través de la promulgación de su reglamento.
La nueva normativa que, según el Jefe de Estado, reemplaza a la reforma agraria de 1953 que "ha fracasado porque aún hay latifundio en el oriente", fue presentada en Ucureña, Cochabamba, ante unas tres mil personas que se dieron cita en esa localidad histórica. Allí se creó el primer sindicato del agro y se dictó la medida que es sustituida por la reforma que Morales la denominó "Revolución Agraria".
La ley de tierras es rechazada por el agro porque, según dicen, fue aprobada sin consenso y les quitará sus tierras. Esta norma apunta a ejercer una eficaz reversión de tierras que no cumplan la Función Económico Social (FES). Ante esa situación, Mauricio Roca, presidente de la Confederación Agropecuaria del Oriente (Confeagro), dijo que no permitirán la confiscación de sus tierras.
Además señaló que "toda vez de que el Gobierno tiene una ley y una consecuente reglamentación que no es, ni reconoce el modelo productivo del oriente del país, nosotros, en uso de nuestro derecho autonómico, solicitamos a la prefectura del departamento que toda la temática de tierras, recursos forestales y medio ambiente se discutan y se decida en el departamento de Santa Cruz".
"Todavía en el oriente siguen teniendo cinco hectáreas por una vaca", sostuvo Morales. "De paso algunos ganaderos quieren modificar (la ley) para tener más hectáreas por vaca. Compañeros están equivocados, esa es la lucha permanente por la tierra", dijo Morales.
La política de tierras, explicó Morales, lleva los programas de mecanización del agro, la redistribución de tierras, el Tratado de Comercio de Pueblos (TCP), con la nueva ley y su reglamento y los productos ecológicos.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, hizo mención al control social que tiene que haber en el saneamiento, tarea que —según dijo— hasta la conclusión de la gestión de Morales, en tres años y medio más, llegará a las 20 millones de hectáreas. "Todas las organizaciones agrarias a nivel departamental en el caso de Cochabamba, la Federación de campesinos, las de colonizadores, la central indígena, la Federación de mujeres campesinas, tienen el derecho garantizado de nombrar sus representantes en todos los procesos de saneamiento y reversión de tierras", aseveró.
"Este proceso no sólo depende de los movimientos sociales, también depende del Gobierno, de los parlamentarios y de los constituyentes", acotó Morales.
En el acto, el Presidente también entregó 5.166 títulos de propiedad de tierra, por una extensión de 701.678 hectáreas de terreno, a campesinos de todos los departamentos del país.
Tanto Morales como Almaraz criticaron que en 10 años anteriores se titularon casi nueve millones de hectáreas con $us 90 millones. Y en un año y medio de su gestión se tituló cerca de seis millones de hectáreas con una inversión de $us seis millones.
Pilares del nuevo reglamento de tierras
Visión social • Busca justicia, equidad y reconducir de manera comunitaria la Reforma Agraria, a partir del compromiso de los actores sociales en la interpretación y cumplimiento de la nueva normativa agraria.
Control en el saneamiento • Propone que todos los trámites y procedimientos agrarios tengan etapas, plazos cortos, control social y seguimiento en los procesos de saneamiento y reversión de tierras.
Reconocimiento del derecho propietario • Se recurrirá a una investigación con todos los instrumentos técnicos y científicos necesarios para verificar la veracidad de la posesión y declarar legalidad o ilegalidad.
Función económico - social • Garantiza el trabajo de la tierra, procurando que los sistemas productivos agropecuarios, los actores del sector privado transiten a un sistema eficiente, a uno semi intensivo de producción.
Opiniones
"Golpe duro a los productores"
Mauricio Roca, presidente de la Confeagro.
"Es un acto político que ha dado un golpe muy duro al sector productivo, pero de ninguna manera va a conseguir su objetivo de despojarnos de nuestras tierras. No existe ninguna ley, reglamento, decreto o norma abusiva que esté facultada para despojar del producto del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio que tiene el productor y que hoy en día presta un servicio invalorable al país que es la producción de alimentos. Además, se trata de una normativa que es inconstitucional, por lo tanto se presentarán lo recursos correspondientes, nosotros tenemos la situación claramente establecida, vamos a actuar en derecho. Dejamos claro al Gobierno que no le va a bastar tener los instrumentos legales de una ley nacida de la oscuridad, del odio y la confrontación".
"Es fruto de una sesión chuta"
ANTONIO FRANCO, diputado de Podemos.
"En primer lugar se está reglamentando una ley que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por ser fruto de una sesión que ha sido denominada "chuta", en la cual se habilitaron a senadores suplentes como titulares sin la debida acreditación. O sea, es una ley que carece desde nuestro punto de vista de legalidad y, adicionalmente, debemos recordar que se trabajó en una ley que se trató por más de seis meses, logrando acuerdos alrededor de un 80 por ciento de la ley y con el compromiso del MAS que, en el Senado de la República, se iba a continuar con el avance de las negociaciones para tener una ley consensuada para todos los sectores. Lamentablemente eso no se dio, por lo tanto las lagunas que existen en la ley o las imperfecciones que existen son varias".
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Política / Asamblea
Sólo un acuerdo permitirá la aprobación en grande
TRABA • Los asambleístas no tienen tiempo suficiente para aprobar el texto constitucional.
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La Asamblea Constituyente no aprobará la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en grande hasta el 6 de agosto, tal como se lo propuso el MAS, salvo un acuerdo político que contravenga el reglamento general posibilitando el trabajo en sábado y domingo, según coincidieron miembros de la directiva, entre ellos Roberto Aguilar (MAS).
´Depende mucho de si existe una voluntad el día de mañana (hoy) y la plenaria apruebe una salvedad de trabajar el día sábado, sino vamos a hacer una evaluación mañana mismo´, declaró, al salir de una reunión en la que la directiva decidió convocar a dos sesiones plenarias para hoy, una a las 10.00 y otra a las 16.00.
En objetivo de la primera es regularizar la conformación de los informes de las 21 comisiones y, el de la segunda plenaria, empezar a aprobar los informes.
Aguilar anticipó que esta noche se procederá con la lectura de los informes y, luego, ´lo que se va a hacer es votar los dos informes, para darle la formalidad al tema de la aprobación del informe de mayoría, que tiene que ser por mayoría absoluta, y el informe de minoría por aprobación. Esto valida los dos informes, de mayoría y minoría´.
El segundo vicepresidente, Mauricio Paz (Podemos) cuestionó la convocatoria a la plenaria sin que haya finalizado el trabajo de las comisiones mixtas. ´Van a empezar a aprobar los informes, no obstante que no han cumplido con la ritualidad reglamentaria que debería haberse dado´, criticó, tras remarcar que ´nadie conoce cuáles son los informes que van a discutirse, porque no nos han entregado´.
Dijo que éste es ´un atropello más" del Movimiento al Socialismo. ´Nos están llevando a la plenaria con el hecho de, simbólicamente, tratar de ir aprobando un texto constitucional en grande hasta el 6 de agosto´.
Según Aguilar, ´formalmente, si se utilizan las dos horas por (dar lectura a) cada informe, son 42 horas, divididas por nueve horas —que es lo máximo que puede sesionar la plenaria—, estamos hablando de aproximadamente cuatro días´ que serían necesarios para la aprobación en grande. Redacción Sucre
CÁLCULOS
84 horas • El constituyente Ricardo Cuevas (MNR-FRI) calculó que para la lectura de los informes de las comisiones se necesitan al menos 84 horas, ya que dos deben ser usadas para los informes en mayoría y otras dos para los de la minoría.
Imposible • Anteriormente, Samuel Doria Medina (UN) anticipó que no era viable aprobar respetando la norma el texto de la CPE hasta el 6 de agosto.
Política / Asamblea
Los partidos dan garantías a
la autonomía departamental
Los resultados del referéndum autonómico serán incorporados directamente en el nuevo texto constitucional. Oficialistas y opositores cedieron para dar luz verde a la ampliación.
• LAS REUNIONES • Los diputados Edmundo Novillo (MAS) y Arturo Murillo (UN) salen del encuentro en el que los parlamentarios acordaron los términos para ampliar la Asamblea.
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Las autonomías departamentales aprobadas en el referéndum del año 2006 serán incorporadas directamente en el texto constitucional que apruebe la Asamblea Constituyente, garantizando así su aplicación inmediata en las cuatro regiones donde ganó el SÍ: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Este es uno de los principales acuerdos a los que ayer llegaron parlamentarios del MAS, Podemos, MNR y UN, durante la negociación para ampliar el plazo de la Asamblea Constituyente y que concluyó con la redacción de un proyecto de ley de modificación de la Ley 3364, de convocatoria a ese proceso, documento que hoy será aprobado en la plenaria.
El artículo séptimo del proyecto redactado por oficialistas y opositores determina que el texto de la nueva Constitución deberá incorporar los resultados del referéndum autonómico, "aplicando lo dispuesto en los artículos 4 y 5" de la Ley de Convocatoria al Referéndum (3365).
El primero de ellos incluye la pregunta del referéndum y el segundo determina que "los departamentos que así lo aprueben accederán a las autonomías departamentales, una vez promulgada la nueva Constitución Política del Estado (CPE)".
"En los cuatro departamentos donde ganó el SÍ, la autonomía departamental ya es un hecho y eso no merece mayor debate´, declaró el senador Carlos Borth (Podemos). Dijo que sólo quedaría en discusión "lo que son las autonomías indígenas, provinciales, que es la nueva propuesta del MAS que no estuvo en el referéndum del 2 de julio (de 2006)´.
El MAS coincidió en que ahora el debate de la Constituyente debe centrarse en los otros niveles de autonomía. ´La pregunta del referéndum autonómico se incorporará al texto de la Constitución Política del Estado y esta pregunta no puede ser un tema de disenso que pueda ir a un segundo referéndum, tiene que ser aprobado por dos tercios´, declaró el subjefe de la bancada del MAS en Diputados, César Navarro.
Explicó que se decidió que incorporar ese tema en el acuerdo ´para superar un hecho de susceptibilidad que se ha generado por lo que fue la Comisión Visión de País y no así para negar o reafirmar o imponer la autonomía departamental´. En esa comisión, el oficialismo había bloqueado el informe de la minoría desdoblando sus votos en dos informes.
El acuerdo redactado ayer luego de dos semanas de negociaciones, establece también la realización de dos referéndums en tiempos distintos: uno para dirimir los temas en los que no haya respaldo de dos tercios de voto en la Asamblea y otro para ratificar el nuevo texto constitucional.
En este último caso, Podemos renunció a su demanda de que la aprobación sea por el 50% más uno de los votos de los nueve departamentos y aceptó que sea simplemente por mayoría absoluta del total de los votos. En contraparte, los masistas desistieron de su inicial propuesta para que se realice un solo referéndum para cumplir con los dos procesos.
´Si nosotros no cedíamos en los tiempos no había un principio de acuerdo, si Podemos no cedía en el referéndum departamental tampoco había un acuerdo, entonces todos hemos cedido algo para construir una propuesta colectiva´, explicó Navarro.
El proyecto de ley consensuado ayer será aprobado hoy, a partir de las 10.00, cuando se reinstale la plenaria convocada para ampliar la Constituyente. Paralelamente, en Sucre, los asambleístas tienen previsto reunirse para aprobar los informes de comisión.
Algunos artículos del proyecto de ley
Este es un resumen de las principales determinaciones incorporadas en el proyecto elaborado por los congresales oficialistas y opositores.
Plazo • Se modifica el artículo 24 de la Ley Nº 3364, ampliándose el plazo para la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre de 2007. Aprobado el texto final de la nueva CPE mediante el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Constituyente, este texto será remitido al Presidente de la República...
Aprobación • La Asamblea en sesión plenaria aprobará ambos informes (mayoría y minoría) conjuntamente. El proyecto de la nueva CPE será aprobado en grande por la plenaria, por mayoría absoluta de sus miembros presentes. En detalle, por dos tercios de voto de los miembros presentes en la plenaria.
Mecanismo • Los artículos que no alcancen los dos tercios de voto pasarán a la Comisión de Concertación y si en esta tampoco consiguen ese objetivo "serán puestos a consideración del pueblo soberano".
Consulta 1 • El referéndum dirimidor con carácter vinculante será convocado por el Congreso, que formulará las preguntas, y la aprobación será por mayoría absoluta.
Resultados • El Presidente del Congreso remitirá los resultados del referéndum dirimidor a la directiva de la Constituyente, que se encargará de incorporar sus resultados al texto concertado, sin incluir ninguna modificación, para luego aprobar el texto final y enviarlo al Jefe de Estado.
Consulta 2 • El Poder Ejecutivo convocará al Referéndum Constituyente (de aprobación o rechazo del nuevo texto constitucional) en un plazo máximo de 120 días, donde los bolivianos tomarán una decisión por mayoría absoluta. "Los resultados del referéndum son vinculantes, en consecuencia de cumplimiento obligatorio e inexcusable por todos los bolivianos", señala el proyecto de ley.
Presupuesto • El Tesoro General de la Nación tomará las previsiones respectivas para garantizar los requerimientos financieros de la Constituyente, asignando una partida extraordinaria a los asambleístas.
Informes • Los países e instituciones públicas y privadas que realizaron actividades en torno a la Asamblea, deberán informar sobre ellas a la directiva.
EL PROYECTO DE LEY
Artículo séptimo • "En el texto de la nueva Constitución Política del Estado, la Asamblea Constituyente incorporará los resultados del referéndum Nacional Vinculante convocado mediante Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales de 6 de marzo de 2006 Nº 3365, aplicando lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la mencionada ley".
Política / Asamblea
Los profesionales doblaron el brazo a la Constituyente
LOGRO • Consiguieron que la filiación a sus colegios sea obligatoria, rebajando sus tarifas.
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Bajo el compromiso de cobrar una matriculación equivalente a un salario mínimo nacional, los colegios de profesionales consiguieron que la Constituyente retroceda en su decisión de eliminar la filiación obligatoria a estas instituciones privadas para el ejercicio de la profesión.
La comisión de Desarrollo Social Integral aceptó esta figura y la Comisión Estructura del Nuevo Estado revisará su decisión de eliminar la filiación obligatoria para el ejercicio de la profesión.
"Sí, correcto, un salario mínimo nacional la matrícula de todos los colegios, pero también con el compromiso de que la colegiatura sea obligatoria", justificó el constituyente Edilberto Arispe, presidente de Desarrollo Social.
Roger Montenegro, dirigente de los colegiados, confirmó que "los profesionales de Bolivia han acordado que, para la matrícula de inscripción en sus respectivos colegios, ésta no será mayor a un salario mínimo nacional, que está entre los 540 y 550 bolivianos".
Actualmente, un recién titulado debe abonar hasta 500 dólares en algunos colegios de profesionales, para poder ejercer con el título que le fue otorgado por las universidades.
Política / Asamblea
La capitalidad sería separada de la plenaria
PROPUESTA
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El tema de la capitalidad plena sería separado del tratamiento de la plenaria, con la creación de la primera comisión especial de la Asamblea Constituyente, al margen de las 21 que trabajaron hasta ahora, para posibilitar la aprobación de los informes sin correr el riesgo de un estancamiento por las posiciones encontradas entre La Paz y Chuquisaca.
La propuesta fue presentada a la directiva por el MAS, aunque no de manera oficial, como salida alternativa al entuerto que mantiene en vilo al foro en Sucre, revelaron fuentes políticas.
El segundo vicepresidente, Mauricio Paz (Podemos), adelantó su desacuerdo con el nuevo planteamiento al argumentar que no cree que un reducido número de asambleístas pueda solucionar un tema que ha sido debatido por varias comisiones.
La brigada de constituyentes de Chuquisaca rechazó la intención del MAS de evitar el tratamiento de su demanda en los informes de cinco comisiones, en una de las cuales, Otros Órganos del Estado, entró por mayoría.
"No estamos de acuerdo. Que se conforme esa comisión, pero previamente esté inscrito en los informes por mayoría y por minoría. Al mismo tiempo, no hay problema que se conformen dos, tres o cuatro comisiones que puedan buscar coincidencia", señaló el asambleísta édgar Arraya.
Ayer, chuquisaqueños y paceños entraron en confrontaciones internas. Arraya desautorizó al presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava, quien planteó en Tarija que los ministerios del Ejecutivo funcionen en diferentes regiones del país y el alteño Johnny Valdez (MAS) aclaró que las organizaciones de El Alto no comparten con el repliegue, sino con la lucha por la sede desde la Asamblea. Redacción Sucre
REGLAMENTO
Artículo 28 • "El número de Comisiones y Comités, especificados en los Artículos 24 y 27 del presente Reglamento General, no impide la creación de otras que pudieran constituirse a partir de la propia dinámica de la Asamblea Constituyente".
Objetivo • La idea es que, en base a este artículo, se conforme una comisión especial que trate exclusivamente el tema de la demanda de capitalidad.
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Viernes 3, agosto de 2007
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Avances en el Congreso para ampliar la Asamblea
Proyecto. Los parlamentarios ingresaron en un cuarto intermedio hasta hoy, a las 11:00. En la reunión entre bancadas se acordó un proyecto de ley de 12 puntos. En Sucre, dos comisiones lograron consenso
Disenso. Edmundo Novillo (izq.), presidente de la Cámara de Diputados, tras la sesión a puerta cerrada entre bancadas
Grupo Líder
Los parlamentarios que buscan consenso en un proyecto de ley para ampliar la Asamblea Constituyente volvieron a declarar un cuarto intermedio, pero esta vez admitieron que ya se logró el acuerdo en casi todos los 12 artículos que discutirán en el Congreso Nacional, hoy a partir de las 11:00.
La prueba es un documento redactado sobre el cual se debatirá más en la forma que en el fondo.
Para avanzar, los oficialistas declinaron su planteamiento de que los dos referéndums, el consultivo y el que aprobará el nuevo texto constitucional, se realicen de manera simultánea. Los opositores, por su parte, dejaron de lado el planteamiento de que el referéndum que aprobará la nueva Carta Magna sea validado con el 51% en cada uno de los departamentos y aceptar el criterio del MAS, que pide una consulta que sea validada por los datos nacionales y no por los regionales.
El diputado Gustavo Torrico (MAS) explicó que los 'podemistas' quieren que se ponga por escrito en el proyecto de ley el respeto a los informes de mayorías y minorías de la Asamblea Constituyente, lo que él considera innecesario.
La oposición pretende evitar que el MAS vuelva a desdoblar su votación para aprobar informes similares en la Comisión de Visión de País y dejar sin opción de presentar una propuesta alternativa.
Como está acordado en los 12 artículos del proyecto de ley, se establece que los temas que no logren acuerdos en su tratamiento y generen dos informes, uno de mayorías y otro de minorías, serán remitidos al Congreso Nacional para que el Poder Legislativo convoque una consulta popular que defina la controversia.
Para el diputado Gustavo Torrico (MAS), esto abre la posibilidad de que temas como la capitalidad plena que exige Chuquisaca puedan ser sometidos a referéndum.
Con las autonomías indígenas puede ocurrir lo mismo, porque las departamentales están reconocidas por el referéndum del 2 de julio de 2006 y en el proyecto se reafirma este concepto en el artículo séptimo.
Para el senador Óscar Ortiz, de Podemos, las autonomías departamentales no se tocan, pero si hay controversia por la aplicación de las indígenas, éstas deberían ser aceptadas o negadas en base a los resultados de la consulta nacional, el llamado referéndum dirimidor.
Sin embargo, estas normas que se están elaborando, pueden no ser necesarias en caso de que los constituyentes consigan ponerse de acuerdo con todos los artículos de la nueva Carta Magna, aspecto que para el senador Luis Vásquez Villamor, de Podemos, es "un escenario idílico".
Los puntos del proyecto de Ley
1. Se amplía el plazo de trabajo de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre próximo.
2. En caso de disensos en las comisiones, éstas elaborarán dos informes, uno de mayorías y otro de minorías, los mismos que buscarán encontrar acuerdos en la Comisión de Concertación de la Asamblea.
3. Si en esta instancia no se logran consensos, se enviarán al Congreso Nacional estos puntos en controversia para que el Parlamento los conozca en detalle.
4. El Parlamento, en forma prioritaria, convocará a un referéndum dirimidor, en un plazo no mayor a los 120 días. El Congreso será el encargado de formular las preguntas de esta consulta popular.
5. La Corte Nacional Electoral organizará y ejecutará el referéndum, remitiendo los resultados al presidente del Congreso Nacional.
6. El presidente del Congreso remitirá los resultados finales del referéndum a la directiva de la Asamblea Constituyente, para que esta instancia convoque a una sesión inmediata a sus miembros e incorpore los artículos a la Carta Magna, sin modificación ni interpretación de ningún tipo. La Asamblea tendrá un plazo improrrogable de 30 días para aprobar por dos tercios el nuevo texto constitucional.
7. En el texto de la nueva Constitución, la Asamblea incorporará los resultados del referéndum por las autonomías departamentales.
8. Concluido este proceso en la Asamblea, el Poder Ejecutivo convocará un referéndum en un plazo no mayor a 120 días, para que los bolivianos aprueben por mayoría absoluta de votos el nuevo texto constitucional.
9. La Corte Nacional Electoral será la encargada de difundir publicidad con fines informativos y educativos de los referéndum.
10. Se autoriza al Tesoro General de la Nación la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria para atender los requerimientos financieros de la Corte Nacional Electoral y de la Asamblea Constituyente.
11. Todos los organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales deberán registrar ante la directiva de la Asamblea los nombres del personal, los montos erogados y el informe de actividades realizadas en apoyo a la Constituyente, para que esta instancia publique la información para conocimiento de la opinión pública.
12. Este artículo aún no ha sido tratado y tiene que ver, principalmente, con las disposiciones transitorias que se aplicarán durante el proceso de cambio de la antigua a la nueva Constitución.
Fin al enredo de colegios de profesionales
La nueva Constitución establecerá que todo ciudadano con título en provisión nacional podrá ejercer su profesión. "No estamos diciendo que es obligatorio inscribirse en el Colegio de Profesionales, porque sino también tendríamos que hacer lo mismo con los sindicatos", sostuvo el dirigente masista Armando Terrazas. Así se dio por cerrado el reclamo de los profesionales del país, que se oponían a la libertad del ejercicio profesional.
La inscripción a los colegios de profesionales será de Bs 550, equivalente a un salario mínimo y se anuló el único argumento que tenían los asambleístas de que los altos costos de matriculación limitan a los jóvenes profesionales.
Comisión de Defensa opta por statu quo
En la Comisión de Defensa hay una coincidencia: dejar intactos los títulos referidos al régimen de las Fuerzas Armadas y de la Policía para evitar el empantanamiento.
A pocas horas de que se cumpla el plazo para entregar el informe que tendía a ser por mayoría y minoría, se optó, según comentaron coincidentemente los asambleístas Gregorio Mamani y Freddy Soruco, en dejar todo como está, con algunas sugerencias que son más de forma que de fondo.
El general Fernando Peláez, actual inspector general de la Policía, señaló ayer que el Alto Mando de la entidad está de acuerdo con la posición de los asambleístas de la indicada comisión.
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Santa Cruz - Bolivia
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Viernes 3, agosto de 2007
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INRA iniciará revolución agraria en Santa Cruz
Tierras. Evo Morales puso en vigencia ayer en Ucureña el nuevo reglamento. El saneamiento durará sólo cinco meses. Estiman que hay un millón de ha ociosas en el departamento. Hay un plan piloto
Títulos. El Presidente entregó más de 5.000 documentos agrarios a los campesinos e indígenas de todo el país. Los productores del oriente no acatarán la norma
Hilton Heredia García
Agro: amparo constitucional por el nuevo reglamento de Ley INRA
El presidente Evo Morales promulgó en Ucureña (Cochabamba) el reglamento de tierras, que pone en vigencia una nueva reforma agraria en el país con el objetivo de reivindicar los derechos de indígenas, campesinos y colonizadores y acabar con el acaparamiento ilegal de tierras.
Tras el lanzamiento de la normativa, se pudo conocer que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene listo un plan piloto para aplicar en el departamento de Santa Cruz, donde se estima que existe un millón de hectáreas ociosas, según adelantó el director regional de esa institución, Dionisio Rivas.
"En Santa Cruz apenas existe un 40% en proceso de saneamiento. Nosotros sabemos que la capacidad productiva en el área rural es de 2,5 millones de hectáreas, sin embargo, actualmente apenas llega a 1,5 millones, por lo que creemos que falta por producir 1 millón en el departamento, es decir, tierras agrícolas que están ociosas", indicó.
Para efectuar la verificación de la Función Económica y Social (FES), el INRA anunció que se desarrollarán acciones a través de dos aspectos: el primero en el cual los funcionarios se dedicarán a tiempo completo a 'liquidar' procesos antiguos y el segundo que está orientado a formar a recursos humanos en la nueva ley.
"A corto plazo vamos a contratar una empresa para ejecutar acciones en el polígono uno de la provincia Chiquitos, en el cual se hará un proceso de saneamiento en 3 millones de hectáreas bajo la nueva normativa y, a fin de año, tenemos previsto firmar otro contrato para sanear otras 3 millones de hectáreas en las provincias Germán Busch y Ángel Sandóval. Todo esto bajo la supervisión de un plan piloto. Eso significa que el INRA se prepara para llevar adelante los procesos bajo un nuevo marco jurídico", indicó.
Asimismo aclaró que la reversión de tierras se hará después de verificar la Función Económica y Social cada dos años, mientras que la expropiación se puede dar una vez concluidos los procesos de saneamiento, es decir, en cinco u ocho meses.
El nuevo reglamento, promulgado ayer en Ucureña, no reconoce 'derechos ilegales sobre la tierra, obtenidos por mecanismos de fraude, estafa, soborno, corrupción y otros elementos delictivos', entre los cuales se halla la apropiación de tierras fiscales.
El reglamento asume además la lucha contra el fraccionamiento de propiedades grandes que se hacían para acogerse a los beneficios de la pequeña propiedad, tanto en tema de impuestos, pago de adjudicación y otros beneficios.
"En el caso de tierras fiscales acaparadas, traficadas o vendidas, además de resguardar las mismas para su redistribución, se seguirán acciones jurídicas agrarias (anulando o desconociendo los procesos) y juicios penales", señala el reglamento.
El documento está concebido, según el primer mandatario, para mejorar la producción y garantizar la soberanía alimentaria.
Morales aprovechó el acto para declarar el 2 de agosto como el 'Día de la Revolución Agraria'.
"Después de más de 70 años de celebrarse este 2 de Agosto como Día del Indio, por qué no recordarse a partir de hoy como Día de la Revolución Agraria", afirmó el primer mandatario y pidió al gabinete de ministros que de forma inmediata se emita un decreto supremo en ese sentido.
Morales fue recibido en Ucureña con grandes muestras de apoyo por parte de los campesinos y todas las organizaciones sociales de la región y el municipio de Cliza, donde se encuentra Ucureña, lo declaró 'ciudadano meritorio'.
El primer mandatario también entregó de manera simbólica 5.166 títulos agrarios de una extensión de 701.678 hectáreas a favor de poblaciones campesinas e indígenas.
Explicó que en Beni se titularon en días pasados 149.995 hectáreas; Cochabamba 65.365 ha; en La Paz, 11.000 ha; Oruro 53.000 ha; Pando 303.000 ha; Potosí 45.000 ha, Santa Cruz un millón de ha y Tarija, 2.706 hectáreas.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, destacó la importancia de la aprobación del Reglamento Agrario y afirmó que con esta nueva norma el Gobierno establece el control social efectivo en todos los procedimientos agrarios con normas claras establecidas en la ley. "Cómo es posible que en 10 años, los anteriores gobiernos hayan gastado 90 millones de dólares para sanear 9 millones de hectáreas; mientras que nuestro Gobierno en año y medio apenas 6 millones de dólares en el saneamiento de 5,5 millones de hectáreas", sostuvo.
Por su parte, los empresarios temen que el reglamento sirva para justificar un proceso de reversión y, expropiación de miles de hectáreas y por lo tanto, advirtieron que no acatarán la normativa.
Cabe recordar que la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) fue la primera organización en plantear desobediencia civil a la ley, según el titular de esa organización, Carlos Quaino.
A criterio del senador Róger Pinto, el tema de tierras es sensible en el oriente y el Gobierno debe tratarlo con más seriedad.
"El Gobierno hizo de una reforma agraria un proceso de linchamiento para ciertos políticos y líderes de la oposición. La regularidad de la verificación de la FES que el Gobierno maneja es la que nos preocupa, porque de acuerdo con la nueva redacción y reglamentación, hay una serie de elementos que quedan muy superfluos que permitirán la reversión y la expropiación de la tierra. El Gobierno quiso hacerlo de forma unilateral y las consecuencias pueden empezar por la desobediencia civil que se pueda dar en regiones como el oriente", advirtió.
La distribución
Gestión 1996-2006
36.815 ha
Son las tierras distribuidas en los gobiernos de Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, Mesa y Rodríguez.
Titulación en millones de ha
9,2
Son las tierras tituladas en las anteriores gestiones de gobierno (1996-2006).
Gestión de Evo Morales
494.899 ha
Son las hectáreas distribuidas en un año y medio por la actual administración gubernamental.
Titulación actual
5,5
Corresponde a la certificación y titulación de tierras realizadas por el Poder Ejecutivo en esta gestión.
Los pilares del reglamento
Visión social. Se garantiza el acceso a la tierra a campesinos e indígenas de manera justa y equitativa. Se eliminan las formas de burocracia y de retardación de justicia, tanto en las entidades agrarias administrativas como en las jurisdiccionales.
Trámites. El antiguo reglamento tenía más de 80 etapas y duraba dos años. Ahora tiene tres fases y el saneamiento durará cinco meses.
Lucha contra el fraude. No se permite más acaparamientos ilegales de tierra. Se verificará la veracidad de la posesión y se declarará su legalidad o ilegalidad.
Concepción de la FES. El nuevo reglamento no permite tener tierras de engorde; la especulación con ellas supondrá su reversión inmediata al Estado.
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