29 de octubre 07

La Directiva y la suprapartidaria se reunirán hoy
La Paz llama a defender el foro para evitar su cierre






El Comité de Defensa de La Paz llamó este domingo a las fuerzas sociales y políticas del departamento a trabajar para garantizar la continuidad de la Constituyente, que "está amenazada por la intransigencia chuquisaqueña", que exige capitalidad plena para Sucre. Hoy el Consejo Político y la Directiva de la Asamblea iniciarán el análisis de las vías de solución de los temas conflictivos.

El presidente del Comité de Defensa de La Paz, Luis Revilla, consideró imprescindible que l aregión "asuman la defensa de la Constituyente" con "acciones directas". Aunque no anticipó cuáles serían esas medidas, anticipó que en el curso de esta jornada convocaría a una "reunión departamental" para este lunes o, caso contrario, mañana.

La anterior semana, la Directiva del foro ofreció a Chuquisaca el traslado a Sucre de la Corte Nacional Electoral, propuesta que fue rechazada por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que, más bien, pidió el cambio inmediato del Legislativo, el inicio de la tansferencia paulatina del Ejecutivo, además de las instituciones que sean creadas por la nueva Carta Magna. Revilla tildó de inaceptable la propuesta, por lo que no será analizada.

El secretario general de la Prefectura, Alejandro Zapata, secundó la propuesta de tomar decisiones en un encuentro institucional que a más "tardar debería hacerse el martes". Incluso se mostró a favor de pedir a la Directiva de la Asamblea que "llame a una plenaria directamente en La Paz, bajo el resguardo de las instituciones paceñas".

El miembro de la Directiva, Ángela Villacorta, se abstuvo de emitir una opinión sobre las declaraciones de Revilla y Zapata y confirmó la reunión del Consejo Político suprapartidario para la mañana de hoy y la de la Directiva, desde las 14.30, de este día.

Recordó que dentro del Consejo Político hay una tendencia que pide mantener abierto el diálogo hasta encontrar consensos en los temas pendientes (como las atribuciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la reelección presidencial, entre otros) sin tocar el tema de la capitalía (establecidos en la resolución del 15 de agosto), convocar a la plenaria fuera de Sucre o cerrar la Constituyente.

El sábado, el asambleísta masista Carlos Romero sumó a estas tendencias un cuarto punto: enviar un "ultimátum" a Chuquisaca para que dé garantías a la Constituyente para proseguir el trabajo en Sucre.

El presidente del Comité Interinstucional, Jaime Barrón reiteró este ayer la exigencia de "anular la resolución del 15 de agosto para hablar de capitalía".

Anticipó que este lunes se determinará las acciones que en los siguientes días se "aplicarán para expresar el malestar de Sucre".

Consideró la huelga de hambre del prefecto David Sánchez, iniciada el jueves, como un respaldo a medias, porque "aún es una autoridad que representa al partido gobernante". La primera autoridad departamental no consideró aislada su protesta, respaldada sólo por funcionarios prefecturales, pues la consideró una expresión "genuina del espíritu chuquisaqueño".

El constituyente de UN samuel Doria Medina comentó que sólo la orden de detención, emitida por la Fiscalía de Chuquisaca contra la Directiva, es el único impedimento para no volver a sesionar en Sucre.

Sin embargo, el asambleísta Guillermo Richter, del MNR, rechazó el cambio de lugar de las sesiones, al igual que el dirigente de Concertación Nacional (CN) Franz Aguirre. El masista Romero afirmó que su partido todavía no tomó una decisión al respecto.

Capitalidad impide reanudar sesiones en Sucre
Consejo Político define hoy futuro de la Constituyente

El Consejo Político decidirá este lunes el futuro de la Asamblea Constituyente que redacta la nueva carta magna del país, tras el rechazo de Sucre a una propuesta decisiva para superar el conflicto de la "capitalidad", que provocó su receso.
• Debatirá tres alternativas, mantener abierto el diálogo, trasladar a otro departamento las sesiones o cerrar definitivamente el cónclave.
El Consejo Político define hoy el futuro de la Asamblea Constituyente que atraviesa por un período crítico al continuar siendo el tema de la capitalidad el principal escollo que impide la reanudación de sus sesiones en Sucre, por consiguiente, la redacción de la nueva Carta Magna que debe estar lista el 14 de diciembre próximo.
El jefe de Concertación Nacional (CN) y miembro de la Suprapartidaria, Franz Aguirre, sostuvo que los miembros del Consejo Político de Concertación debatirán tres alternativas para definir el futuro del cónclave.
La primera se refiere a la posibilidad de que Sucre y La Paz entablen un diálogo hasta encontrar una salida al polémico tema de la capitalidad y que el Consejo culmine el análisis sobre temas conflictivos.
La segunda, trasladar a otro departamento las sesiones del magno evento, y finalmente, la tercera, el cierre de forma definitiva del cónclave.
En tanto, el cuarto vicepresidente del foro, el asambleísta por Unidad Nacional (UN), Ángel Villacorta, confirmó la reunión en la Vicepresidencia, lugar donde se desarrollaron las reuniones de la Suprapartidaria creada con el fin de viabilizar el proceso constituyente en el país.
El pasado viernes, ese Comité, luego del fracasado acuerdo por presión del asesor de autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, como denunció el ministro de Defensa, Walter San Miguel, exigió el traslado inmediato del Legislativo a Sucre luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el cambio progresivo del Ejecutivo a esa ciudad.
Esta posición fue calificada por Villacorta, como la principal causa del posible fracaso del foro, a lo que sumó los intereses y manipulaciones de las organizaciones del oriente (prefectura, comité cívico).
Villacorta afirmó que el lunes es un día importante para el futuro de la Constituyente, porque la directiva se reunirá en horas de la tarde para determinar el reanudación del foro y el lugar de la primera plenaria, que por la emergencia se instalará en las siguientes 48 horas (miércoles) en cualquier departamento o escenario.
EVENTUAL CIERRE
En tanto, el oficialismo aseguró que en caso de un eventual cierre de la Asamblea Constituyente, el Gobierno, las organizaciones sociales y el MAS acudirán a otros mecanismos como un referéndum para que sea el pueblo el que decida el camino a seguir sobre algunos puntos que deberían incluirse por consenso en el texto de la futura Carta Magna.
Según el senador Ramírez los temas que pueden ser puestos a consideración del soberano serán, por ejemplo, latifundio, recursos naturales y el secreto bancario.
En el primer caso, la pregunta sería directa y se referiría a que si el pueblo está de acuerdo o no con "liquidar" el latifundio en el país. En lo tocante a la propiedad de los recursos naturales, la consulta tendría también carácter directo y aludiría a que se decida si todos los recursos naturales existentes en Bolivia deben ser revertidos a propiedad del Estado y finalmente, si debe persistir el secreto bancario.

SE ANALIZARÁ LA CONTRAPROPUESTA DE CHUQUISACA
Asamblea define su futuro en La Paz
La directiva tiene previsto definir hoy dónde reiniciar las sesiones; Sucre y Oruro son las alternativas
Sucre/Grupo Líder

La directiva de la Asamblea Constituyente se reunirá hoy, en la Vicepresidencia de la República, para definir dónde reiniciará sesiones desde el miércoles. Los cálculos políticos ya se han hecho y Oruro parte con ventaja para recibir las últimas sesiones de la Asamblea sobre Sucre, ya que siete miembros de la directiva pueden ser aprehendidos en cuanto pisen la Capital de la República, por su desacato al fallo que ordenó reponer al debate la demanda del retorno de poderes.
A esto se suma la decisión del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, de no permitir las sesiones del cónclave si no se anula la cuestionada resolución del 15 de agosto que "disolvió" por mayoría absoluta el pedido de Capitalidad Plena de la discusión en el foro. Sin embargo, el pasado viernes, el Comité Interinstitucional cumplió con un requisito para que la Asamblea retorne a Sucre: hizo una contraoferta y se abrió al debate para reinstalar las sesiones. Es por eso que antes de tomar una decisión, la directiva deberá analizar la contrapropuesta chuquisaqueña y emitir una posición al respecto.
La balanza parece inclinarse a favor de Oruro. Según el masista Carlos Romero, hay ofertas de esa ciudad para recibir al cónclave. Además, aseguró que Oruro debió ser la sede de la primera Constituyente, pero no lo fue por su clima.
Consultado si el acuerdo político que realizó la oferta a Chuquisaca no garantizaba que el tema pueda ser repuesto en la Asamblea y vuelto a sacar por dos tercios, Romero sostuvo, en la línea de su partido, que ya no hay confianza en Sucre y que luego puede haber otro tema para perjudicar el avance de la Asamblea.
A esto se suma la visita que el viernes realizó Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea, a Oruro con el fin de buscar lugar para sesionar con el cónclave. La figura jurídica que se tratará de utilizar para trasladar las sesiones es la misma que permitió los encuentros regionales. Sin embargo, en esa oportunidad no se realizaron sesiones plenarias, sino audiencias de comisiones por separado. A La Paz no asistirán todos los miembros de la directiva. Así lo anunció Mauricio Paz (Podemos), segundo vicepresidente de la Asamblea, que explicó que nunca estuvo de acuerdo con que el Consejo Político sesione en La Paz y que considera que asistir a esta reunión de directiva sería como respaldar una ilegalidad. El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó a los 255 constituyentes a contribuir al buen término del cónclave y criticó la postura de aquellos que buscan el cierre del foro, a los que denominó como grupos "antinacionales y antidemocráticos". Aseguró que hay fuerzas antinacionales, antipatrióticas y antidemocráticas que quieren ver clausurado el foro antes que éste pueda ofrecerle al país un proyecto de transformación estructural, aunque indicó que ese hecho es comprensible. Por su parte, el presidente cívico chuquisaqueño, Jhon Cava, aseguró que la Asamblea puede volver a Sucre, siempre y cuando se respeten los informes por mayoría y minoría sobre la capitalidad, aprobados en seis comisiones, y se los debata en la plenaria.
"Este debate se mantiene al interior de la Constituyente, en cuanto y tanto se garanticen y respeten los informes que actualmente se tienen aprobados en el tema de la sede de los poderes y así se puede ir avanzando en el dialogo sin ningún problema", avisó Cava.
Para hoy también se espera el pronunciamiento del Comité de Emergencia de La Paz, que definirá algunas de las votaciones de la directiva. Se prevé que los paceños rechacen la propuesta capitalina y ratifiquen la decisión del pasado jueves, de pedir el traslado de la sede de la Asamblea.
Si así ocurriera, lo más probable es que la Constituyente se divida en dos bloques, con sesiones en Sucre y Oruro. Para Raúl Prada (MAS), no se necesitan sesiones todos los días, sino plenarias dosificadas intercaladas con trabajos en la comisión de concertación para definir los artículos en disenso que deben ir a debate hasta el 14 de diciembre. Todo esto deberá quedar claro hoy por la tarde.

FIGURA JURÍDICA
La figura jurídica que se tratará de utilizar para trasladar las sesiones es la misma que permitió los encuentros regionales.

COMITÉ ESPERA RESPUESTA A CONTRAOFERTA
El Comité Interinstitucional de la Capitalidad espera la respuesta del Consejo Político Suprapartidario a la contraoferta enviada el pasado viernes. Una reunión de instituciones decidirá las medidas a seguir de no haber contestación hasta mañana, martes.
El presidente del Comité Interinstitucional por la Capitalidad, Jaime Barrón, informó que la población chuquisaqueña junto con sus instituciones espera la respuesta al planteamiento remitido a La Paz, donde sesiona el Consejo Político Suprapartidario. Según remarca, la contrapropuesta marca la postura firme de la región en el retorno de los Poderes del Estado a su sede original.
"No se ha recibido ninguna respuesta, esperamos que en el transcurso de las horas llegue algo", manifestó.
Barrón además anunció que el martes por la mañana se reunirán las instituciones para evaluar las medidas de presión a seguir en los siguientes días de no recibir respuesta del Consejo Político. Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, Jhon Cava, anunció que las movilizaciones se reactivarán esta semana luego de que el Comité de Movilizaciones así lo determine.
En sus partes más importantes, la contrapropuesta chuquisaqueña pide el respeto a los informes de mayoría y minoría que contienen la demanda de la Capitalidad y, en ese sentido, la restitución de su debate en el foro.
De la misma forma, se demanda el retorno inmediato del Poder Legislativo a Sucre, una vez promulgado el nuevo texto constitucional, y el retorno progresivo y gradual del Poder Ejecutivo, en el marco de la creación de un Estado Nacional moderno, desburocratizado y redimensionado que equilibre el desarrollo de las regiones. Este proceso debe ir materializándose según el avance del proceso descentralizador y de cambio que vive el país.
También el Comité Interinstitucional hizo conocer, la semana pasada, su rechazo contundente a la denuncia de que funcionarios de la Asamblea Constituyente comenzaron a recoger los equipos de computación de las diferentes comisiones. El eventual traslado de la Asamblea Constituyente a otra ciudad fue rechazado por la Junta Democrática de Bolivia. Cívicos de los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca no descartan con iniciar movilizaciones conjuntas.







Gobierno llama a buscar salidas para la Asamblea
Proceso. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó a los 255 constituyentes para que cumplan con mandato que tienen. Criticó las fuerzas antinacionales y antidemocráticas







Espera. Las bancadas de la Constituyente van a tener que tomar decisiones sobre la reinstalación del cónclave



Agencias. La Paz/Sucre

El Gobierno convocó ayer a los 255 constituyentes a contribuir al buen término del cónclave y criticó la postura de aquéllos que buscan el cierre del foro, a los que denominó grupos 'antinacionales y antidemocráticos'.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el Gobierno desea que la Constituyente cumpla el mandato de su creación y entregue el nuevo texto de la Constitución, para ello llamó a los asambleístas y a los diferentes sectores de la sociedad para contribuir al cumplimiento de las metas.
Sin embargo, criticó la existencia 'de fuerzas antinacionales, antipatrióticas y antidemocráticas' que quieren ver clausurado el foro antes que éste pueda ofrecer al país un proyecto de transformación estructural, aunque indicó que ese hecho es comprensible.
"Creemos que finalmente va a ser la voluntad popular representada en los asambleístas quienes triunfen en este momento, así que apelamos a que todos los constituyentes puedan contribuir a una conclusión feliz de la Constituyente", dijo.
La demanda de capitalidad reclamada por Sucre puso en jaque el desarrollo de la Asamblea Constituyente, demanda que es respaldada, aunque hoy con el argumento de no trasladar la sede del foro, por cívicos de la 'media luna' (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija), que incluso amenazaron con tomar medidas si eso ocurre.
La autoridad consideró que el país está viviendo días decisivos hacia la culminación de la Asamblea Constituyente, lo que genera 'crispaciones y susceptibilidades desproporcionadas' que hacen pensar incluso que el Gobierno interfiere en las decisiones para la culminación satisfactoria de la Asamblea.
En ese sentido, Quintana negó que el Poder Ejecutivo o el Ministerio que lidera hayan realizado gestiones para el traslado de las sesiones a otro espacio, tal como lo denunció Convergencia Nacional, partido miembro del foro.
Por el contrario, señaló que la postura del Ministerio de la Presidencia está en la línea que marcó el vicepresidente, Álvaro García Linera, de convocar una apertura de posiciones en pos de encontrar salidas favorables a la actual situación que rodea a la Constituyente.
Chuquisaca insiste en la capitalidad
El presidente del Comité Cívico de Sucre y miembro del Comité Interinstitucional, John Cava, volvió a condicionar ayer la reanudación de la Constituyente, siempre y cuando se respeten los informes por mayoría y minoría sobre la capitalidad, aprobados en seis comisiones, y se los debata en la plenaria del magno foro.
"Este debate se mantiene en el interior de la Constituyente, en cuanto y tanto se garanticen y respeten los informes que actualmente se tienen aprobados en el tema de la sede de los poderes y así se pueda ir avanzando en el diálogo sin ningún problema", avisó Cava.
En ese sentido, manifestó que esperan la respuesta a la carta que se presentó al consejo político, con el compromiso de buscar una solución para hacer viable la Asamblea.
"El funcionamiento de los poderes del Estado tiene como sede a Sucre, según el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, y este tema tiene que retornar al seno de esta instancia", dijo.




la jornada
Cobardía de Directivos de la Asamblea Constituyente inviabiliza las sesiones
Aprehensión no significa detención, Directivos de la Asamblea Constituyente serán conducidos ante la Fiscal del Distrito para que rindan informativa. Los "elefantes" escudan su falta de valor civil con pueriles pretextos. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben hacer conocer si deciden asentarse en Sucre o quedarse en la ciudad de La Paz, señalan representantes de Chuquisaca.


Redacción JORNADA
lunes 29, octubre 2007

Ante declaraciones del Constituyente del MAS, Roberto Aguilar, a nombre de la Directiva de la Asamblea Constituyente, en sentido que no saldrán de La Paz para no ser detenidos y llevados ante un Juez cautelar en Sucre, representantes chuquisaqueños, residentes en La Paz, en comunicado entregado a los medios de comunicación social, señalan que es inexplicable que el ex Rector de la UMSA haga quedar tan mal a los paceños por su falta de conocimientos en materia legal, pues como Constituyente cuenta con asesores abogados y debe asesorarse de ellos para emitir opiniones.

Ninguna orden de aprehensión significa detención de las personas, en el actual Código de Procedimiento Penal significa que se lo debe poner en presencia de la autoridad competente, ya sea policial o en este caso de la Fiscal del Distrito de Sucre para que rindan informativa, hecho lo cual dentro del "debido proceso" deben asumir defensa, por lo que se evidencia que los actuales Directivos de la Asamblea Constituyente adolecen de un complejo de elefantes, grandes gordos pero faltos de conocimientos, que induce a errores y que inviabilizan toda sesión de la Asamblea en Sucre, lo cual no es correcto, Chuquisaca no se opone a la reinstalación de las sesiones, sus dirigentes señalan que habrán movilizaciones, como lo hicieron en El Alto, La Paz u otros Departamentos con motivo de peticiones sectoriales o regionales.

Los Directivos de la Asamblea intentan confundir a los bolivianos para ocultar su cobardía de no constituirse en Sucre a defender lo que aprobaron. Lo curioso es, señalan, que sin convocar a sesiones de la Constituyente de mutuo propio la Directiva suspendió sesiones y se dio asuetos y ahora no quiere instalar sesiones en la capital de la República con el manido pretexto de que no hubieran garantías, cuando detrás de ellos tienen a la Policía y a las Fuerzas Armadas para precautelar por el orden legalmente constituido, por lo que dichos Directivos deben constituirse en Sucre y convocar a sesiones sin temor a ninguna represalia, enfatizan.

15 millones de dólares cobraron y no aprobaron nada

Respecto a que organizaciones de La Paz no permitirán sean aprehendidos y conducidos a Sucre, los residentes chuquisaqueños expresan que "habría que preguntar qué organizaciones defienden la postura de Roberto Aguilar y de los Constituyentes que han cobrado hasta la fecha unos ciento cuarenta millones de bolivianos (unos quince millones de dólares) sin haber aprobado ni una línea de lo que debería ser la Nueva Constitución Política del Estado. Lo grave, indicaron, es que Roberto Aguilar y los que aprueban en cuatro paredes de la Vicepresidencia de la República lo que debería ser objeto de deliberación, análisis, fundamentación de los 257 Constituyentes, solo les favorece a quienes se han aumentado viáticos de Bs. 290 por día, cuando en realidad no tenían por qué ser incrementado irregularmente ese monto, pues todos los Constituyentes tienen pasajes aéreos gratuitos para ir y salir de Sucre, viáticos para pernoctar en Sucre y si no están sesionando en dicha capital lo correcto es que los pasajes aéreos y viáticos que no fueron utilizados se los devuelva y revierta al Estado y quienes se encuentran sesionando en La Paz utilicen esos pasajes y viáticos y no se incrementen más dinero cometiendo malversación de fondos del Estado, por ello deben constituirse en Sucre y convocar a sesiones para que el pueblo se entere y constate que otros son los motivos por los cuales no quieren sesionar en dicha capital y no es precisamente por la inclusión de la Capitalidad Plena, que es otro tema más que debe ser motivo de deliberación, análisis por el Pleno de la Constituyente y que no necesariamente significaría adoptar inmediatas decisiones o resoluciones cuando el mismo requiere un cúmulo de fundamentaciones que hagan posible que todos los bolivianos formen convicción de lo que se trata y que además no es un tema de discusión entre paceños y chuquisaqueños o de estos con La Paz, sino que es obligación histórica del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo hacer conocer si quieren o no quedarse en la ciudad de La Paz, con ello bastaría para que Bolivia sepa a qué atenerse.

Si el Presidente y su gabinete así como el Congreso de la República optan por admitir que dichos Poderes deben estar asentados en Sucre que así sea, de lo contrario si deciden quedarse en La Paz, no hay dónde perderse, lo demás son poses demagógicas de los Constituyentes por La Paz, que entre paréntesis, muchos de ellos no son nacidos en La Paz sino en otros Departamentos donde precisamente se acepta que se discuta e incluya el tema de la Capitalía Plena", acotan los residentes chuquisaqueños.


Una veintena de personas ayuna en la Prefectura
Sucre/CORREO DEL SUR


Se incrementan los piquetes de huelga de hambre de los funcionarios de la Prefectura de Chuquisaca, encabezados por la máxima autoridad, David Sánchez, en su demanda de reincorporación de la propuesta de Capitalidad Plena al debate de la Asamblea Constituyente.
A la fecha, el número de personas en la extrema medida supera las veinte en distintas infraestructuras.
Ayer se instaló un nuevo piquete en las oficinas del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) con cinco ayunadores. Los otros dos piquetes están en el edificio central y La Madona.
Después de tres días de huelga, ayer, la salud del Prefecto se mantenía estable y recién hoy los médicos determinarán si corresponde darle de baja por las consecuencias para su salud si continúa con la medida de presión.
El director de Desarrollo Social de la Prefectura, Juan Pablo Álvarez, informó que el Prefecto y los demás funcionarios que están en huelga mantienen "inalterable" su decisión de reivindicar el tratamiento del tema de la capitalidad en el seno de la Asamblea.
Álvarez convocó a los trabajadores de salud y el magisterio a incorporarse a la huelga para hacer una sola fuerza hasta lograr que la Asamblea retorne a la legalidad, volviendo a incluir el tema de la capitalidad en el cónclave.
En la huelga de hambre de agosto y septiembre pasado, la Prefectura no participó.











Política

La Directiva analiza el convocar a una plenaria fuera de Sucre
PROPUESTA • Miembros del ente rector de la Asamblea Constituyente visitaron Cochabamba, Oruro y La Paz. Se busca convocar a una sesión para analizar el traslado de la sede del cónclave.



• LA SEDE • La imagen de archivo muestra una de las últimas sesiones de la Asamblea en Sucre, antes del 15 de agosto.
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Opiniones sobre esta Nota

En una reunión calificada como vital, esta tarde la directiva de la Asamblea Constituyente decidirá en La Paz el futuro del foro. Entre las opciones que se discutirán en el encuentro está la de convocar —esta semana— a los asambleístas a una plenaria fuera de Sucre para debatir el traslado de la sede del cónclave.
Hasta este domingo, tres ciudades habían sido visitadas por algunos miembros de la directiva con el objetivo de verificar si reúnen las condiciones para albergar dicha plenaria, según lo aseguró ayer Ángel Villacorta, asambleísta paceño por UN y miembro de este ente rector.
La presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte (MAS), junto a otros dos constituyentes, estuvo en Oruro. Roberto Aguilar (MAS) y Villacorta lo hicieron en La Paz —aunque no pudieron ingresar al Banco Central, ante la ausencia del responsable— y un miembro del partido oficialista visitó el teatro Achá, en Cochabamba.
´Recibiendo los informes se va a evaluar cuál es la posibilidad de realizar una plenaria, o máximo dos, fuera de Sucre para determinar, sólo la plenaria puede determinar el traslado de la sede´, manifestó ayer el asambleísta.
El sábado, el constituyente Carlos Romero (MAS) declaró a La Razón que se realiza un "estudio jurídico que permita cambiar la sede de la Asamblea".
Sucre fue declarada sede del foro en la ley de convocatoria a la Asamblea. Desde el 15 de agosto, sin embargo, las sesiones del cónclave fueron interrumpidas por la protesta chuquisaqueña contra la exclusión de su demanda de capitalidad del debate del foro. A esto se suma una orden de apremio de la Fiscalía chuquisaqueña contra siete miembros de la directiva, quienes este miércoles sustentarán un hábeas corpus en La Paz. El asambleísta Ricardo Cuevas (MNR-CC) señaló ayer que la oposición no aceptará ninguna propuesta que signifique realizar las plenarias fuera de la Capital. ´No aceptamos plenarias en otra ciudad´.
LAS REUNIONES, HOY
Consejo Político • A las 9.30 el ente suprapartidario se reunirá en la Vicepresidencia de la República. Los miembros de este Consejo buscarán culminar la aprobación de los temas pendientes: estructura del Estado, competencias departamentales, y tierra y territorio.
Directiva del foro • A las 14.30 los miembros de la directiva de la Asamblea analizarán la respuesta de Sucre a la propuesta del Comité Político sobre el tema de capitalidad. Luego recibirán los informes de los asambleístas que visitaron Oruro, Cochabamba y La Paz para definir si se convoca a una plenaria fuera de Sucre.
La Directiva y la suprapartidaria se reunirán hoy
La Paz llama a defender el foro para evitar su cierre






El Comité de Defensa de La Paz llamó este domingo a las fuerzas sociales y políticas del departamento a trabajar para garantizar la continuidad de la Constituyente, que "está amenazada por la intransigencia chuquisaqueña", que exige capitalidad plena para Sucre. Hoy el Consejo Político y la Directiva de la Asamblea iniciarán el análisis de las vías de solución de los temas conflictivos.

El presidente del Comité de Defensa de La Paz, Luis Revilla, consideró imprescindible que l aregión "asuman la defensa de la Constituyente" con "acciones directas". Aunque no anticipó cuáles serían esas medidas, anticipó que en el curso de esta jornada convocaría a una "reunión departamental" para este lunes o, caso contrario, mañana.

La anterior semana, la Directiva del foro ofreció a Chuquisaca el traslado a Sucre de la Corte Nacional Electoral, propuesta que fue rechazada por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que, más bien, pidió el cambio inmediato del Legislativo, el inicio de la tansferencia paulatina del Ejecutivo, además de las instituciones que sean creadas por la nueva Carta Magna. Revilla tildó de inaceptable la propuesta, por lo que no será analizada.

El secretario general de la Prefectura, Alejandro Zapata, secundó la propuesta de tomar decisiones en un encuentro institucional que a más "tardar debería hacerse el martes". Incluso se mostró a favor de pedir a la Directiva de la Asamblea que "llame a una plenaria directamente en La Paz, bajo el resguardo de las instituciones paceñas".

El miembro de la Directiva, Ángela Villacorta, se abstuvo de emitir una opinión sobre las declaraciones de Revilla y Zapata y confirmó la reunión del Consejo Político suprapartidario para la mañana de hoy y la de la Directiva, desde las 14.30, de este día.

Recordó que dentro del Consejo Político hay una tendencia que pide mantener abierto el diálogo hasta encontrar consensos en los temas pendientes (como las atribuciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la reelección presidencial, entre otros) sin tocar el tema de la capitalía (establecidos en la resolución del 15 de agosto), convocar a la plenaria fuera de Sucre o cerrar la Constituyente.

El sábado, el asambleísta masista Carlos Romero sumó a estas tendencias un cuarto punto: enviar un "ultimátum" a Chuquisaca para que dé garantías a la Constituyente para proseguir el trabajo en Sucre.

El presidente del Comité Interinstucional, Jaime Barrón reiteró este ayer la exigencia de "anular la resolución del 15 de agosto para hablar de capitalía".

Anticipó que este lunes se determinará las acciones que en los siguientes días se "aplicarán para expresar el malestar de Sucre".

Consideró la huelga de hambre del prefecto David Sánchez, iniciada el jueves, como un respaldo a medias, porque "aún es una autoridad que representa al partido gobernante". La primera autoridad departamental no consideró aislada su protesta, respaldada sólo por funcionarios prefecturales, pues la consideró una expresión "genuina del espíritu chuquisaqueño".

El constituyente de UN samuel Doria Medina comentó que sólo la orden de detención, emitida por la Fiscalía de Chuquisaca contra la Directiva, es el único impedimento para no volver a sesionar en Sucre.

Sin embargo, el asambleísta Guillermo Richter, del MNR, rechazó el cambio de lugar de las sesiones, al igual que el dirigente de Concertación Nacional (CN) Franz Aguirre. El masista Romero afirmó que su partido todavía no tomó una decisión al respecto.





la prensa
Los originarios acusan al MAS de transar sus propuestas en el Consejo Político
Indígenas denuncian que la "supra" frenó 4 demandas



La Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) y por el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq) denunciaron que el Consejo Político Suprapartidario obligó a los partidos con representación en la Constituyente a frenar cuatro de las siete "demandas fundamentales" que este sector pidió que sean incluidas en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Visión de País, Autonomía Indígena, Representación Directa en el Congreso y la propiedad directa sobre los recursos naturales en sus territorios son los temas objetados por los originarios de "tierras bajas" y los de "tierras altas".

Señalan que los consensos alcanzados por el Consejo Político Suprapartidario, al mando del vicepresidente Álvaro García Linera, son parte de este "retroceso" en cuanto al nuevo régimen indígena en el país.

Autonomías "recortadas"

Aunque la Cidob y la Conamaq reconocen que el proceso constituyente sí logró satisfacer sus reclamos en cuanto a "pluralismo jurídico" y la constitucionalización de sus modelos de consulta y formas de autogobierno, los originarios alertan que en los temas fundamentales hubo un retroceso "inadmisible".

El dirigente de Conamaq, Justino Leaño señaló que si bien son cuatro puntos en los que la Asamblea y el MAS fallaron a este sector, la autonomía indígena es su principal preocupación y, por el momento, su única demanda, pues la esencia de la misma fue alterada por el acuerdo del 11 de octubre en el Consejo Político.

El acuerdo establece que las autonomías indígenas tendrán competencias legislativas por debajo de las departamentales ya que se respetará una "prelación normativa" que obliga a respetar la jerarquía de la Constitución, las leyes nacionales, los decretos y las normas departamentales, todas, por encima de las regionales, indígenas y municipales.

"Poco a poco, han ido cediendo en todo, en la posibilidad de elegir a nuestros representantes de forma directa, y no hemos dicho nada. También está la propiedad de los recursos naturales. Le han puesto que esa propiedad será de todo el pueblo boliviano y hemos aceptado. Pero para las autonomías no nos han consultado y toda su esencia lo han cambiado. Éso más no podemos aceptar".

En cuanto a autonomías demandaron un modelo sin diferencias jerárquicas, que permita su autodeterminación y gestión en sus territorios sin importar que estos transgredan las fronteras departamentales. Sin embargo, el Consejo Político arribó a uno de los acuerdos fundamentales sobre el régimen estatal al establecer cuatro niveles autonómicos: departamental, regional, indígena y municipal.

Sobre las autonomías indígenas señala que: "los pueblos indígenas podrán ejercer su autonomía a través de las mancomunidades, pero sin afectar los límites departamentales o municipales".

Este último planteamiento no cayó bien entre los pueblos indígenas, hasta ahora, aliados del MAS y por causa del mismo amenazan con activar nuevamente sus medidas de presión.

Lázaro Tacoó, delegado de la Cidob a la Constituyente lamentó que el partido de Gobierno no haya mantenido el espíritu del modelo autonómico indígena que planteó este sector y que fue aprobado en el informes de mayorías de la comisión de Autonomías de la Constituyente.

"Han cambiado la esencia de nuestra propuesta, si pedimos autonomías es para ya no depender de los departamentos, porque ellos no atienden nuestras necesidades. Ahora, vemos que nos están limitando a los municipios y que vamos a depender de las prefecturas".

En tanto, Leaño lamentó este retroceso, que calificó como una "traición" del partido de Gobierno a los pueblos originarios.

Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, explicó que la parte más importante de la propuesta de autonomías indígenas residía en la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan reconstituir sus antiguos territorios, por más que estos traspasen los límites departamentales.

Varios de estos casos se podrían haber dado en el país, pues étnias como la aymara o la guaraní, que van más allá de un departamento.

Tampoco en Visión de País

Sobre Visión de País los originarios demandaron el establecimiento de un Estado Plurinacional comunitario, pero el Consejo Político definió el 18 de octubre, que este además de tener esa característica, sea "social, unitario y de derecho".

Leaño se refirió a este punto que establece un Estado plurinacional y democrático, el cual también rechazan pues —al parecer— sólo establece un país plurinacional "de título" y no en el fondo, como quieren los indígenas, pues no les permite constituirse en "naciones" con niveles más amplios de soberanía.

Destacan que su idea de "nación" conllevaba el otorgamiento de mayores niveles de soberanía sobre el dominio territorial.

El acuerdo, sin embargo, reconoce su preexistencia al periodo de la colonia, por lo que tienen derecho adquiridos anteriores a la creación del Estado republicano.

Sin representación directa

Sobre la representación directa en el Congreso, pidieron que sus representantes ante las instancias congresales y cualquier tipo de ente representativo se definan mediante los usos y costumbres de los pueblos, y no mediante el sufragio.

Según los acuerdos alcanzados por el MAS en el Consejo Político, el nuevo Estado respetará el Congreso bicameral y pese a que se aumentará el número de legisladores, no se prevé una representación diferenciada de los pueblos indígenas. Este punto confirma que los departamentos mantendrán su supremacía respecto de los otros niveles autonómicos ya que en el Senado éstos tienen una representación diferenciada.

Propiedad sin propiedad

Respecto a la esencia de las otras demandas objetadas, el dirigente explicó que en cuanto a la propiedad de los recursos naturales ellos pedian que se establezca su pertenencia y control absoluto por parte de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el acuerdo establecido por el Consejo dejá la propiedad en manos de todos los bolivianos y su administración a cargo del Estado.

Dicha administración puede ser delegada a los niveles autonómico como, por ejemplo, los territorios indígenas.

Respecto de la justicia comunitaria, los originarios reconocen que hay avances y rechazan las críticas de la oposición que advierten de los riesgos sobre los derechos humanos.

El dirigente de Cidob, Lázaro Taccó, aseguró que la justicia comunitaria no va en contra de los derechos humanos y, por el contrario, representa una forma de sancionar a los infractores, con el castigo físico o también con penas de servicio a la comunidad y de resarcimiento de los daños que puedieran haber causado con sus delitos.

Otros rechazan las críticas

Isaac Ávalos, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), acusó a los dirigentes indígenas de la Cidob y la Conamaq de utilizar el pretexto de su modelo autonómico para garantizar sus propias representaciones políticas.

"Ellos buscan constitucionalizar el tema de la elección directa de sus representantes, y mediante sus usos y costumbres".

"Sinceramente yo no les entiendo a estos compañeros de la Cidob y la Conamaq. Por qué están peleando el tema de autonomías pues ya esta definido y, para mi, la participación directa no va porque no tienen argumentos para crear sus propios diputados. Las autonomías ya están consensuadas y lo que quieren es obstaculizar el proceso de cambio".

Ávalos explicó que si la Constituyente o el Consejo Político ceden en la representación directa, aymaras y quechuas abarcarían todos los curules, por su presencia masiva en el país, por lo que no quedarían cupos para otros sectores, no solo indígenas.

Una fuente allegada al Gobierno señaló que esta propuesta fue vetada desde el mismo presidente Evo Morales, quien señaló que si los indígenas quieren tener representantes en el Poder Legislativo u otra instancia deben ganarse los votos.

Los originarios también reconocen lo avanzado en el Consejo Político cuando se incluyó como parte de los acuerdos el reconocimiento de la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas donde se respalda el derecho que tienen a no ser discriminados y la obligación del Estado de erradicar el racismo.

Román Loayza, asambleísta del MAS, asegura que es importante incluir este punto en la nueva Carta Magna pues permitirá a los indígenas, que son uno de los sectores mas discriminados, establecer sus derechos y sentar un precedente para que la exclusión y la discriminación sean eliminadas de Bolivia, y de esta forma precautelar su patrimonio cultural.

El viernes 26, el vicepresidente García Linera aseguró que los acuerdos alcanzados en el Consejo Suprapartidario logró avanzar en las principales demandas de los pueblos indígenas y de las regiones.

Los originarios, en cambio, alertan que la labor del Consejo y del mismo Vicepresidente García Linera fue "lapidaria" respecto de las demandas de los pueblos indígenas.

Originarios cedieron en la propiedad de recursos naturales

Tanto Adolfo Chávez, de la Cidob, como Justino Leaño, del Conamaq, admitieron que los indígenas cedieron en lo que respecta a la propiedad de los recursos naturales porque estipular que estos recursos pertenecen "exclusivamente" a los pueblos indígenas, hubiera generado multiples problemas con la población no indígena.

En las comisiones de Hidrocarburos, Tierra y Territorio y Recursos Naturales, Recursos Hídricos y Minería, se establece que la propiedad de esos recursos le pertenece al pueblo boliviano.

Por ejemplo, en la comisión de Hidrocarburos se señala además que "cualesquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, los recursos hidrocarburíferos son del dominio absoluto, directo, inalienable, imprescriptible e inembargable del pueblo boliviano, correspondiendo su administración al Estado Boliviano".

Expertos destacan que hubo avances

El especialista en asuntos indígenas, William Bascopé, explicó que la decisión de ubicar las autonomías indígenas al marco municipal implica limitar la posibilidad de gestión integral de los pueblos indígenas pues, en su mayoría, sus territorios son transdepartamentales e, incluso, trasnnacionales, como el es caso de los Ayoreos, cuyos dominios llegan hasta Brasil.

El experto en autonomías, Franz Barrios Suvelza, resalta que el reciente acuerdo implica claras ventajas para los pueblos indígenas. "El beneficio es que los indígenas cuentan, ahora, con el municipio como unos de los moldes sustantivos de realización autonómica. Hay que recordar que, antes de ello, era muy incierta su situación debido a la cantidad de opciones prácticamente inviables de territorialización indígena".

Barrios explica que las características propias de los pueblos indígenas, ubicados en un espacio territorial determinado, donde comparten valores comunitarios, obliga a que sus autonomías se ubiquen en el nivel municipal.

El experto destaca que, si la demanda de los pueblos indígenas se amplía más allá, los originarios se encontrarán con poblaciones multiculturales que cuestionarán su poder de representación y organización territorial.